Sentencia 6880 de septiembre 21 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS

DESDE CUÁNDO SE APLICAN LAS CAUSALES DE LA LEY 617 DE 2000

EXTRACTOS: «La actora fundamenta como causales de pérdida de investidura del diputado M... las siguientes:

1. Violación al régimen de incompatibilidades por parte del demandado, sin precisar cuál, por haber aprobado la Ordenanza 339 de 14 de noviembre de 1998, por medio de la cual se establecen prestaciones a favor de los diputados y empleados del departamento. Aduce que, sin tener la facultad para ello, ya que, los diputados se arrogaron prerrogativas no establecidas para los entes territoriales, se fijó el régimen prestacional contraviniendo la Constitución Política y la ley.

2. Violación al régimen de conflicto de intereses, causal en que incurrió el demandado, pues aprovechando su calidad de diputado, se benefició para fines personales de la citada ordenanza.

3. Indebida destinación de dineros públicos, ya que intervino en la aprobación del presupuesto del departamento para la vigencia de 1999, y el departamento canceló las prestaciones que, en forma ilegal, se autodecretaron los miembros de la Asamblea Departamental del Meta y los empleados del ente territorial.

4. Tráfico de influencias: porque aprovechó el cargo para obtener beneficios personales y hacer obtener beneficios a otras personas.

La Ley 617 de 2000 en su artículo 48 creó la institución de la pérdida de investidura de diputados de conformidad con las siguientes causales:

“1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.

2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos según el caso, o a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso(sic), o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por la indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley”.

Con respecto a la primera de las causales citadas, encuentra la Sala que el artículo 86 de la misma ley establece: “Régimen de transición para el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los cuales se refiere la presente ley, regirá para las elecciones que se realicen a partir del año 2001”, o sea que el régimen de inhabilidades o incompatibilidades a que se refiere la Ley 617 sólo regirá para las elecciones que se realicen a partir del año 2001, que no es el caso objeto de estudio, pues el demandado fue elegido diputado en las elecciones celebradas en el año de 1998.

Ocurre que en el caso en estudio, como fundamento de la demanda, no aparece citada causal alguna componente del régimen de inhabilidades es incompatibilidades que pudieran aplicarse a los diputados.

De otro lado, dado que los hechos sobre los que se fundamenta la solicitud de pérdida de investidura tuvieron ocurrencia antes de la vigencia de la 617 de 2000, las otras causales mencionadas: conflicto de intereses, indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias debidamente comprobado contempladas en los numerales 1º, 4º y 5º del artículo 48 de la mencionada ley, son causales a las cuales no se les puede dar efecto retroactivo, ya que la Ley 617 de 2000 fue promulgada el 9 de octubre de 2000, y los hechos se refieren al trámite de la Ordenanza 339 de 14 de noviembre de 1998, es decir, que tuvieron ocurrencia con anterioridad a la fecha en que se hizo operativa la figura de la pérdida de investidura para diputados, dado que la ley no indicó que las causales citadas operaban respecto de su ocurrencia “en cualquier tiempo”.

Por lo anterior no resulta menester el estudio de la situación concreta que se endilga al demandado, pues como ya se advirtió las causales sobre las que se basa la demanda a lo sumo podrían ser alegadas dentro de un proceso disciplinario distinto al de la pérdida de investidura».

(Sentencia de septiembre 21 de 2001. Expediente 6880. Consejero Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero).

SALVAMENTO DE VOTO

En mi criterio, la pérdida de la investidura de diputados, que es una sanción, no vino a ser creada apenas por la Ley 617 (9 de octubre de 2000), sino que ya se encontraba establecida en el inciso segundo del artículo 299 de la Constitución Política, al siguiente tenor:

“El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”.

La expresión “no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas” implica, a mi juicio, que un diputado no puede salir impune donde un congresista saldría sancionado. Siendo la pérdida de la investidura una sanción por la infracción al régimen de incompatibilidades, hace parte de dicho régimen, del mismo modo que las penas son parte del régimen penal o disciplinario.

La Constitución fijó, entonces, a los diputados, un código mínimo de ética idéntico al de los congresistas. Y defirió a la ley la competencia para fijarles a los primeros un régimen aun más estricto.

Luego la demanda debía prosperar.

Camilo Arciniegas Andrade 

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