Sentencia 68813 de septiembre 12 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 304

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., doce de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por una Sala Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de la cual es su superior funcional.

2. La acción de tutela fue concebida en la Constitución de 1991 como un mecanismo preferencial para brindar protección directa, inmediata y efectiva a los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades en ejercicio de sus funciones, o también por los particulares en los casos específicamente señalados en la ley.

3. En relación con el derecho de petición la Corte Constitucional ha construido una sólida doctrina que fue precisada esquemáticamente en la sentencia T-377 de 2000(1) y reiterada entre otras en la Sentencia T-1160A de 2001(2), estableciendo que es una facultad otorgada a los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas y los particulares en los casos establecidos por la ley, frente a las cuales es imperioso obtener una resolución de fondo, clara, completa, precisa y oportuna en los términos previstos en el ordenamiento jurídico(3).

Las reglas básicas que rigen el derecho de petición, tal y como han sido precisadas por la Corte, son:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido(4).

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el legislador lo reglamente.

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994”(5) (resaltado fuera de texto).

A tales reglas se agregaron dos más en la Sentencia T-1006 de 2001(6):

“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder;

k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.

4. Descendiendo al asunto que ocupa la atención de la Sala, la solicitud de amparo hace relación a la falta de respuesta que recibieron las reiteradas solicitudes elevadas por el señor Diego Usuga Osorio para obtener de la subdirección de talento humano del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entidad para la cual labora en condición de provisional en el cargo de profesional universitario código 2044, grado 09, una certificación laboral con miras a entregarla a la Comisión Nacional del Servicio Civil en el marco del convocatoria 250 de 2011, diseñada para la provisión de cargos al interior del Inpec.

La radicación de la petición elevada por el ciudadano Usuga Osorio, desde el 8 de marzo de 2013, y las posteriores reiteraciones de la misma, calendadas 13 de marzo; 9 y 20 de mayo y 19 de junio del presente año, con destino al subdirector de talento humano del Inpec, se encuentra acreditada no solo con la documentación aportada por el accionante al libelo de tutela, la cual es lo suficientemente ilustrativa acerca de la persistencia desplegada para obtener de aquella dependencia la tan anhelada certificación laboral, sino que también es aplicable, en este preciso aspecto, la presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, ante la ausencia de pronunciamiento alguno por parte de la subdirección accionada, pese a que oportunamente fue vinculada al trámite tutelar(7).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela puede requerir informes a la persona natural o jurídica contra quien se hubiere presentado la acción y si el demandado omite contestar dichos requerimientos, sin justificación alguna, debe soportar la responsabilidad que esto implica. El precitado artículo 20 ibídem, establece la sanción al desinterés o negligencia de la autoridad pública o particular en el caso indicado anteriormente, esto es, cuando el juez de instancia requiere informaciones y éstas autoridades no las rinden dentro del plazo previsto. Si dicho informe no es rendido por la entidad demandada dentro del término judicial, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano la solicitud de amparo.

A propósito de la presunción de veracidad la Corte Constitucional ha señalado:

“La presunción de veracidad consagrada en esta norma [D.L. 2591/91, art. 20] encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas servidores o entidades públicas[17]. Hecha la anterior precisión, la Corte ha establecido que la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales (C.P., arts. 2º, 6º, 121 y 123, inc. segundo)[18].

Significa lo anterior que la subdirección de talento humano del Inpec, al no haber rendido el correspondiente informe solicitado por el juez de tutela de primer grado, sin que se conozca justificación alguna frente a ese negligente proceder, debe soportar la carga de tener como hechos demostrados que: (i) el actor, en reiteradas oportunidades, le solicitó la expedición de una certificación laboral, dada la competencia funcional que le asiste al interior de ese instituto(8), y que (ii) a la fecha de emisión del presente fallo de segundo grado la omisión en darle respuesta al derecho de petición elevado continúa verificándose, habiendo transcurrido 6 meses desde la radicación de la solicitud inicial, término que excede notoriamente los 15 días de que trata el Código Contencioso Administrativo.

En suma, al ser palpable la vulneración del derecho fundamental de petición invocado por el demandante, esta corporación no puede menos que darle curso a la prosperidad de la acción de amparo, frente a la incuria en que ha incurrido el subdirector de talento humano del Inpec, cuyo indiferente proceder, indiscutiblemente, ha irradiado sus efectos nocivos en la trasgresión del derecho al acceso al desempeño de cargos públicos que le asiste al actor, que la Corte Constitucional ha reconocido de la siguiente manera:

“…la carrera administrativa establecida en el artículo 125 de la Carta Política, constituye un principio del ordenamiento fundamental administrativo, erigiéndose como cimiento de la estructura del Estado; de esta forma, se hace efectivo el derecho fundamental consagrado en el ordinal 7º del artículo 40 de la Constitución Política, que garantiza todo ciudadano el acceso al desempeño de funciones públicas y cargos públicos. En el fallo de unificación, la misma Corte consideró:

“La Constitución de 1991, con las salvedades que ella misma indica, ha hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para la provisión de cargos al servicio del Estado, en todas sus ramas y órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de cada uno de ellos, para la permanencia de los empleados y para el retiro del servicio público (C.P., art. 125)” —T-843/2009—.

Lo anterior por cuanto existe un claro nexo entre la petición elevada por el actor, expedición de una certificación laboral, y la necesidad de demostrar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil la experiencia requerida en el concurso de méritos que busca proveer empleos en carrera al interior del Inpec.

En efecto, recuérdese que el señor Usuga Osorio se inscribió al concurso abierto de méritos para proveer las vacantes definitivas de los empleos de la carrera de la planta de personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según la convocatoria 250 de 2012 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, dentro del término reglado en la correspondiente convocatoria.

Conforme lo ilustró el accionante, en el Acuerdo 297 del 11 de diciembre de 2012, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, fueron fijadas las disposiciones generales de la reseñada convocatoria, de las cuales, para los efectos de la presente decisión, resulta pertinente traer a colación las siguientes:

“ART. 4º—Estructura del proceso. El concurso abierto de méritos para la selección de los aspirantes tendrá las siguientes fases:

1. Convocatoria y divulgación

2. Reclutamiento e inscripciones

3. Verificación de requisitos mínimos

4. Aplicación de pruebas.

a) Pruebas básicas y funcionales

b) Prueba comportamental

c) Prueba de análisis de antecedentes

5. Conformación de listas de elegibles.

6. Período de prueba”.

(…).

“ART. 9º—Causales de exclusión de la convocatoria. Son causales de exclusión de la convocatoria las siguientes:

1. No entregar en las fechas previamente establecidas por la CNSC, los documentos soportes para la verificación de requisitos mínimos y para la aplicación de la prueba de análisis de antecedentes, entregarlos incompletos, entregarlos extemporáneamente o presentar documentos ilegibles”.

(…).

“ART. 20.—Recepción de documentación: Los aspirantes inscritos en la convocatoria deben allegar en los términos fijados en la página web www.cnsc.gov.co, los documentos necesarios que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribieron.

La entrega de los documentos de manera oportuna es una obligación a cargo del aspirante y se efectuará únicamente a través del aplicativo que disponga la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC.

Los documentos deberán enviarse organizados en la forma en que precise el aplicativo y conforme a las instrucciones que emita la CNSC, que serán dadas a conocer con antelación a los aspirantes en el momento de realizar la citación y determine la fecha de entrega, al igual que los documentos que debe aportar el aspirante.

Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a los que disponga la CNSC o los que sean entregados extemporáneamente, no serán objeto de análisis.

(…).

“La no presentación por parte de los aspirantes de la documentación de que trata este artículo, dentro de los plazos fijados, dará lugar a entender que el aspirante desiste de continuar en el proceso de selección y, por ende, quedará excluido del concurso, sin que por ello pueda alegar derecho alguno”.

(…).

“ART. 22.—Certificaciones de estudios y experiencia.

(…).

“PAR.—(…) No se aceptarán para ningún efecto legal los títulos, diplomas, actas de grado, ni certificaciones de estudio o experiencia que se aporten extemporáneamente o en la oportunidad prevista para las reclamaciones frete a resultados de verificación de requisitos mínimos o de valoración de antecedentes”.

La rigurosidad así expuesta en los apartes transcritos de la convocatoria 250 de 2012 diseñada por la CNSC, frente al aporte de la documentación exigida para continuar en el concurso de méritos, explica la contundencia de la solicitud de amparo deprecada por el accionante, pues no se trata simplemente de constatar la omisión de la subdirección de talento humano del Inpec para suministrar la certificación requerida por el petente, sino de determinar los alcances que tal actuar negligente y desconsiderado tiene frente a la continuidad del señor Usuga Osorio en el concurso de méritos, ya tantas veces mencionado, en el legitimo ejercicio del derecho de acceder a cargos públicos.

Recuérdese que según lo expuesto hasta este momento el concursante, aquí demandante, se encontraría en la fase tres de la estructura del concurso —Verificación de requisitos mínimos—, y según el numeral 1º del artículo 9º ibídem, se edifica como causal de exclusión de la convocatoria “No entregar en las fechas previamente establecidas por la CNSC, los documentos soportes para la verificación de requisitos mínimos y para la aplicación de la prueba de análisis de antecedentes, entregarlos incompletos, entregarlos extemporáneamente o presentar documentos ilegibles”; es decir, que por una circunstancia no atribuible al accionante, estaría en riesgo su continuidad en el proceso de selección, pues conforme lo precisó el propio demandante “el no envío del certificado de prestación de servicios corresponde a tiempos de gran relevancia para poder acceder al cargo al cual aspire; así mismo porque en mis solicitudes se puntualizó que lo requerido era para ser ingresado en el marco del concurso 250 de la CNSC”.

Recalca la Sala que el incumplimiento en que se vio avocado a incurrir el accionante para cargar se específico documento no le es atribuible como de manera equivocada lo coligen el a quo y la CNSC, ni mucho menos comparte esta colegiatura que en este evento se configure el daño consumado de que trata el numeral 4º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, alternativa a la que recurrió el juez de tutela de primera instancia para desestimar la solicitud de amparo, sin ahondar siquiera, mínimamente, a las consideraciones que lo llevaban a llegar a dicha conclusión.

Según lo indica el accionante y se evidencia de las pruebas allegadas a la actuación, lo que a la postre, conforme se precisó en líneas anteriores, se encuentra respaldado por la presunción de veracidad que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el actor intentó desde el 8 de marzo de 2013, conseguir que la subdirección de talento humano del Inpec le expidiera su certificación laboral, indicándole de manera expresa que tal información era necesaria para presentarla en al interior del concurso de méritos dispuesto para esa misma Institución, lo que reiteró en cuatro (4) oportunidades más, ello en atención a que, inicialmente, la fecha límite para cumplir con la obligatoriedad de cargar la documentación feneció el 25 de junio de 2013.

Entonces, se pregunta la Sala ¿por qué reprocharle al actor que incumplió con los términos dispuestos por la CNSC para cargar un documento —certificación laboral— que hasta el momento no ha sido suministrado por la subdirección de talento humano del Inpec en atención a su decidía y falta de interés?, o lo que es más obvio ¿cómo aplicarle al accionante el al principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, cuando lo cierto es que por culpa exclusiva de la mencionada demandada no fue posible que el demandante cumpliera con los términos establecidos para la inclusión de información?

Absurdo, por decir lo menos, resulta el aserto según el cual ha de supeditarse el deber legal que le corresponde a la dependencia accionada para suministrar el tipo de información requerida, al uso de mecanismos supletorios —como la acción de tutela—, para que el actor hubiese obtenido en término la tan anhelada certificación, pues con ello se le impondría una carga adicional que resulta contraria al principio de eficiencia que debe regir el correcto ejercicio de la administración pública.

Asimismo, conforme se indicó en precedencia, tampoco resulta acertado predicar que en el presente evento se estructuró un daño consumado, figura que la Corte Constitucional ha determinado de la siguiente manera:

“4. El fenómeno del daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental.

Con el fin de ejemplificar la anterior afirmación resulta pertinente traer a colación la Sentencia T-448 de 2004, en la cual se recopilaron algunos de los eventos en los cuales la jurisprudencia constitucional ha considerado que se configura un daño consumado y otros en los cuales ha aclarado que éste no se presenta:

“(…) algunas de las hipótesis de cuando se presenta el daño consumado según la jurisprudencia de la Corte son las siguientes: (i) cuando el actor fallece y es obvio que desaparecen los fundamentos fácticos que motivaron la solicitud de amparo(9), (ii) cuando se ha cumplido el término de la sanción impuesta por medio de un acto administrativo a pesar de que se pueda establecer de manera posterior que dicho acto fue expedido con violación al debido proceso(10), o (iii) en una hipótesis similar, cuando se ha cumplido el término de la sanción disciplinaria, y por tanto, no tendría mayor objeto un pronunciamiento sobre la afectación de los derechos fundamentales originados con la actuación investigativa y sancionadora de la Procuraduría(11) (…).

Por el contrario, no se presenta daño consumado cuando (i) se reclama la licencia de maternidad con el fin de amparar los derechos a la maternidad y al mínimo vital, dentro del año siguiente al parto, según interpretación autorizada de los artículos 43, 44 y 53 de la Constitución(12), (ii) tampoco cuando la Registraduría tarda en expedir la cédula de ciudadanía, independientemente de que para la época de los fallos de tutela, ya se hubiere efectuado la jornada electoral, pues la tenencia del documento es indispensable para identificarse, celebrar contratos y gozar de los demás derechos políticos, no sólo el del sufragio(13). O (iii) cuando se verifica la vulneración de los derechos fundamentales de aquellas personas que, como resultado del trámite de extradición, son entregadas a la jurisdicción de otro estado con fines judiciales. En estos casos ha considerado la Corte que, a pesar de que el Estado pierde jurisdicción sobre la persona, si se constata la vulneración de los derechos fundamentales del extraditado, especialmente el derecho al debido proceso, es deber del juez de tutela ordenar a las autoridades administrativas que impulsen los trámites diplomáticos pertinentes para reversar el acto de extradición(14). No se presenta tampoco daño consumado (iv) cuando ante la necesidad de una intervención quirúrgica polifuncional (que puede tener varios efectos positivos) se logra determinar que uno de los propósitos de la intervención no es posible, mas no así los otros”(15).

5. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, tiene un carácter eminentemente preventivo mas no indemnizatorio, por regla general(16). En otras palabras, su fin es que el/la juez/a de tutela, previa verificación de la existencia de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden para que el peligro no se concrete o la violación concluya; sólo excepcionalmente se permite ordenar algún tipo de indemnización(17).

En este orden de ideas, en caso de que presente un daño consumado, cualquier orden del juez/a de tutela resultaría inocua(18) o, lo que es lo mismo, caería en el vacío(19) pues no se puede impedir que se siga presentando la violación o que acaezca la amenaza. La única opción posible es entonces la indemnización del perjuicio producido por causa de la violación del derecho fundamental, la cual, en principio, no es posible obtener mediante la mencionada vía procesal”(20).

Para el caso que ocupa la atención de la Sala, si bien es cierto en el desarrollo del concurso de méritos para proveer cargos al interior del Inpec —convocatoria 250 de 2012— habría fenecido el lapso para el cargue de la documentación, en atención a la fase de “Reclutamiento e inscripciones”, lo cierto es que la etapa subsiguiente trata de la “Verificación de requisitos mínimos”, lo cual significa que aún no se ha producido el perjuicio que el actor pretende evitar con el ejercicio de la presente acción constitucional, pues la CNSC tiene la posibilidad de recepcionar la certificación laboral emanada de la subdirección del Inpec, y tenerla en cuenta para los fines a que haya lugar.

Es más, para la fecha en que el a quo negó la acción de amparo deprecada por el señor Usuga Osorio —16 de julio de 2013— se encontraba vigente el término que la CNSC amplió, según el Acuerdo 430 del 11 de julio hogaño, hasta el día 23 del mismo mes y año, para que las personas inscritas al concurso hicieran el cargue de la documentación que no pudieron ingresar en atención a la contingencia suscitada el 25 de junio de 2013, previa acreditación de dificultades técnicas; es decir, no deviene acertada la afirmación del juez de tutela de primera instancia, cuando puntualizó que: “se observa que al no tener respuesta oportuna se le vulneró el derecho fundamental de petición, dándose frente a esta situación un daño consumado que hace improcedente la protección por esta vía, porque el ejercicio de la acción constitucional se dio cuando ya había vencido el término para presentar los documentos” (resaltado fuera de texto).

Atribuirle negligencia o desidia al actor por el hecho de no haber acudido desde el mes de diciembre de 2012 ante el Inpec en procura de la emisión de la certificación de experiencia laboral que requiere, desconoce la contundencia del material probatorio arribado al diligenciamiento y la seguridad jurídica que rige las relaciones sociales, la cual permite a cualquier ciudadano partir de la presunción que la autoridad pública ante la cual formula una solicitud cumplirá sus deberes de conformidad con la Constitución y la ley, en este caso, que el Inpec atendería la solicitud dentro de los 15 días siguientes a su radicación.

No puede entonces, el actor sufrir las consecuencias de una omisión enteramente atribuida al Inpec, verificándose que la ausencia de presentación de los soportes correspondientes el 25 de junio de 2013, se debió no a la inobservancia de la convocatoria por parte del accionante, sino a un evento que no dependía de su voluntad.

Adicionalmente, se verifica que el actor se inscribió en término y que el día 25 de junio de 2013, dentro del lapso dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, procedió a ingresar al sistema habilitado con miras a efectuar la carga de documentos que tenía en su poder, lo cual se desprende de la misma respuesta otorgada por dicha entidad.

Es del caso establecer que los problemas de falta de atención de peticiones por parte del Inpec fueron conocidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y reconocidos por el director del Inpec, cuestión que motivó en principio una ampliación de los términos dispuestos para la carga de documentos.

Es así como la Comisión Nacional del Servicio Civil en la respuesta a la acción de tutela adujo:

“Una vez surtida la etapa de inscripciones el 6 de mayo de 2013 se procedió a citar por medio de la página WEB de la Comisión Nacional del Servicio Civil a los aspirantes inscritos para realizar el cargue de documento del 14 de mayo al 29 de mayo para la etapa de verificación de requisitos mínimos y la posterior aplicación de la prueba de análisis de antecedentes.

No obstante, previa solicitud del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, entidad que manifestó tener inconvenientes en la elaboración de las certificaciones laborales, la CNSC en garantía de los derechos de los aspirantes inscritos y estableció como fecha límite el 25 de junio inclusive”.

En este orden de ideas, es tan admisible la razón que expone el actor en el curso del presente trámite en orden a avalar la recepción de su documentación, que fue acogida por la Comisión Nacional del Servicio Civil en un primer momento, para variar de manera general los límites temporales de tal acto.

Resulta evidente que la acción de tutela no se dirige a desconocer la validez de la convocatoria ni su legalidad como acto administrativo de carácter general y abstracto, sino a exponer una situación particular que individualmente considerada, da lugar a la recepción de documentación por fuera del término establecido en ella, por evidenciarse que el actor trató por todos los medios de ajustar su comportamiento a las previsiones de la misma, efectuó su inscripción de manera oportuna y cargó los documentos que estaban en su poder el 25 de junio de 2013.

De otro lado, es importante resaltar que en este caso el concurso de méritos se dirige a proveer la planta de personal del Inpec, misma autoridad que desconoció sus funciones y omitió la entrega de la documentación requerida oportunamente por el accionante.

Conforme lo reconoció la propia Comisión Nacional del Servicio Civil, según el literal h) del artículo 12 de la Ley 909 de 2004 le corresponde “Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y desarrollo de la carrera de los empleados públicos…” deber que se desconocería en este caso particular de impedir la radicación de la certificación laboral mediante la cual Usuga Osorio pretende acreditar su experiencia.

Finalmente, dentro de los parámetros de la convocatoria se encuentra excluida, expresamente, la facultad de efectuar quejas por recepción extemporánea de documentación, razón por la cual no existe un mecanismo diverso a la acción de tutela con miras a garantizar el derecho al acceso de cargos públicos del accionante.

Tampoco es viable admitir que el actor cuenta con la acción de nulidad, pues es evidente que por la perentoriedad de los términos del concurso la acción contenciosa, no constituye un mecanismo eficaz para la defensa de tal garantía, pues de no procederse inmediatamente a la protección de la misma en el evento de excluirse al ciudadano Diego Usuga Osorio del concurso, este perdería la posibilidad de presentar el examen de conocimientos y asistir a las demás etapas del proceso de selección; sin que posteriormente pueda remediarse tal situación, por presentarse en ese evento si, un daño consumado.

Necesario resulta establecer que la acción de tutela tiene efectos interpartes y solo se vislumbra procedente en el presente evento dadas las particulares condiciones del caso tales como: (i) la acreditación de las recurrentes y oportunas solicitudes presentadas ante la subdirección de talento humano del Inpec, (ii) la falta de atención oportuna a las mismas, (iii) el hecho que el actor acreditó haber cargado documentos el 25 de junio de 2013, y (iv) la constatación que en la fecha no se ha efectuado aún el proceso de verificación de requisitos mínimos ni la emisión de la lista de admitidos al concurso.

En ese orden de ideas se ordenará al subdirector de talento humano del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que en el improrrogable término de veinticuatro (24) horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, expida y entregue la certificación laboral requerida por el señor Diego Usuga Osorio. Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá habilitar el ingreso EXCLUSIVO de la certificación aducida, y tener en cuenta la experiencia ahí reportada para la etapa de verificación de requisitos, para lo cual enviará correo electrónico al actor con la información pertinente dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del término otorgado al Inpec para la emisión de la correspondiente certificación.

La experiencia acreditada se tendrá en cuenta hasta el 25 de junio de 2013 —fecha en que se debía realizar el cargue de documentos de conformidad con la convocatoria—.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la improcedencia de amparo de los derechos invocados, conforme fue dispuesta en del fallo de tutela emitido el 16 de julio de 2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. En consecuencia, TUTELAR los derechos fundamentales de petición y acceso a cargos públicos del ciudadano Diego Usuga Osorio, los cuales fueron vulnerados por la subdirección de talento humano del Inpec.

2. ORDENAR al Subdirector de Talento Humano del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que en el improrrogable término de veinticuatro (24) horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, expida y entregue la certificación laboral requerida por el señor Diego Usuga Osorio. Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá habilitar el ingreso exclusivo de la certificación aducida, y tener en cuenta la experiencia ahí reportada para la etapa de verificación de requisitos, para lo cual enviará correo electrónico al actor con la información pertinente dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del término otorgado al Inpec para la emisión de la correspondiente certificación.

La experiencia acreditada se tendrá en cuenta hasta el 25 de junio de 2013 —fecha en que se debía realizar el cargue de documentos de conformidad con la convocatoria—.

3. CONFIRMAR la decisión de compulsa de copias efectuada al Subdirector de Talento Humano del Inpec, para que disciplinariamente se investigue la omisión advertida en esta actuación.

4. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. En firme esta determinación, remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.»

(1) Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

(2) Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.

(3) Al respecto se pueden consultar las sentencia T-452 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; T-150 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-807 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-422 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-054 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(4) En relación con el derecho a obtener “pronta resolución” como elemento esencial del derecho de petición, esta corporación ha sostenido que: “(...), la llamada ‘pronta resolución’ exige el deber por parte de las autoridades administrativas de pronunciarse respecto de la solicitud impetrada. Se trata de una obligación de hacer, en cabeza de la autoridad pública, que requiere del movimiento del aparato estatal con el fin de resolver la petición ya sea favorable o desfavorablemente en relación con las pretensiones del actor y evitar así una parálisis en el desempeño de la función pública y su relación con la sociedad”. Sentencia T-159 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(5) Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(6) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(7) Folio 41, cuaderno del tribunal.

(8) Según respuesta emitida por el coordinador del grupo de tutelas del Inpec, “La subdirección de talento humano —Inpec, es el responsable de dar respuesta a la solicitud del señor Diego Usuga Osorio, en virtud a las competencias institucionales establecidas mediante Decreto 4151 del 03 de noviembre de 2011”. —Folio 58 del cuaderno del tribunal—.

(9) Sentencia T-253 de 2004.

(10) Sentencia T-758 de 2003.

(11) Sentencia 873 de 2001.

(12) Sentencia T-999 de 2003.

(13) Sentencia T-964 de 2001

(14) Sentencia SU-110 de 2002.

(15) Sentencia T-416 de 2001.

(16) Al respecto, ver las sentencias T-803 de 2005, T-448 de 2004, T-873 de 2001, T-498 de 2000, T-170 de 1996, T-164 de 1996, T-138 de 1994, T-468 de 1992 y T-456 de 1992, entre otras.

(17) El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 25, regula la excepcional hipótesis de indemnización por vía de tutela de la siguiente forma : “Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido. Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”.

(18) Sentencias T-288 de 2004, T-496 de 2003, T-436 de 2002, SU-667 de 1998, T-170 de 1996, T-164 de 1996, T-596 de 1993 y T-594 de 1992, entre otras.

(19) Sentencia T-309 de 2006, T-496 de 2003 y SU-667 de 1998, entre otras.

(20) Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 2010.