Sentencia 6889 de junio 21 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6889

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., veintiuno de junio de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en el proceso ordinario que promovieron María Eugenia de las Mercedes Castillo de Santana y Aquiles Santana Lagos contra Ana Joaquina, Juan Antonio y Magdalena Samudio Pedraza, como herederos de Antonio Samudio Alonso, así como también contra los herederos indeterminados del mismo y demás personas indeterminadas.

I. Antecedentes

El referido proceso fue promovido para que se declarase que las actoras han ganado, mediante usucapión, el dominio del inmueble descrito en la respectiva demanda, ubicado en la vereda de Neusa, municipio de Sopó (C/marca), y se ordénase la respectiva inscripción inmobiliaria.

Fincaron sus aspiraciones en que han ejercido la posesión del predio desde el 19 de febrero de 1991, precisamente cuando la adquirieron de Enrique Villarraga Muñoz a título de compraventa, según escritura pública 1136 de la Notaría 27 de Bogotá; el nombrado Villarraga, a su turno, venía poseyéndolo desde cuando compró los mismos derechos a Clemente Pedraza, conforme a la escritura pública 1752 de 21 de agosto de 1982, corrida en la misma notaría; el precitado Clemente los había comprado a Rosa Pedraza vda. de Samudio (escritura pública 0002 de ene. 4/71, Notaría 4ª de Bogotá); ésta última lo había poseído desde el año 1960, a la muerte de su cónyuge Antonio Samudio Alonso, y a título de gananciales; este causante se había hecho al derecho real de dominio y posesión del bien por compra que le hizo a Gustavo Alcides Alonso (escritura pública 10 de 7 de ene. /53, Notaría 3ª de Bogotá).

Entre todas las personas nombradas “ha habido una cadena ininterrumpida de cesiones a título de venta de los derechos de posesión sobre el predio “El Manantial” que entre sí y sucesivamente se han trasmitido como cesionarios los últimos de Villarraga, éste de Pedraza y el mismo de Rosa Pedraza vda. de Samudio, sumando sus posesiones, basados en “justo título”, a la fecha de presentación de esta demanda, 33 años continuos.

Según el certificado del Registro de Instrumentos Públicos, el último propietario que aparece inscrito es Antonio Samudio Alonso; las restantes anotaciones posteriores, “que allí constan como ''falsa tradición'', corresponden a la cadena ininterrumpida de sucesivos poseedores que se han trasmitido hasta mis poderdantes el derecho que ejercen con esta demanda”. O sea que el tiempo de posesión que se ha ejercido y trasmitido a los actores “es más de 3 veces superior a 10 años y proviene de justo título (compraventa)” (Resalta ajena al texto).

Los demandados determinados “fueron reconocidos como únicos herederos y causahabientes de Antonio Samudio Alonso” dentro del sucesorio adelantado en el juzgado promiscuo de familia de Zipaquirá.

Los actos posesorios de los distintos poseedores han consistido, fundamentalmente, en labores agrícolas, cultivos varios, pastoreo, cría y levante de ganado, edificaciones y mejoras.

Ana Joaquina, Juan Antonio y Magdalena Samudio Pedraza se opusieron a las pretensiones, alegando especialmente “que no es verdad que haya existido cesión de derechos de posesión, sino cesión de derechos de acciones, cosa muy distinta de lo afirmado, por lo tanto no puede sumar posesiones”. Agregaron que “no han vendido ni cedido sus derechos y acciones en la sucesión de su padre sobre ese predio”, y que en consecuencia, tienen la posesión legal del fundo desde la muerte de su progenitor.

Lo que Clemente Pedraza adquirió de la cónyuge sobreviviente, Rosa Pedraza vda. de Samudio, son los “derechos y acciones que a la vendedora le pudieran corresponder en la sucesión sobre el citado predio”.

También se opuso el curador ad litem de los demandados indeterminados, cuestionando que el predio a usucapir, según se desprende de su respectiva área, hace parte de otro de mayor extensión, y que el texto de la demanda menciona un folio de matrícula inmobiliaria diferente al que se anexó a la misma.

La demanda fue reformada para incluir como demandados a Clemente Pedraza Pedraza, Silvestre Perilla Martín y Luis E. Villarraga M.; y aunque dicha reforma también tomó nota del aspecto cuestionado del área del predio, el curador ad litem replicó que, no obstante que ahora coincidía la extensión del mismo, perseveraba en la oposición porque “al parecer” el fundo pertenece a otro de mayor extensión.

Clemente Pedraza, Luis Enrique Villarraga y Silvestre Perilla Martín se allanaron a las pretensiones y reconocieron sus fundamentos de hecho (fls. 104 y 105, cdno. 1).

Con sentencia desestimativa que profirió el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá concluyó la primera instancia, la cual confirmó el Tribunal Superior de Cundinamarca al desatar la apelación interpuesta por la parte actora, mediante fallo de 29 de agosto de 1997, el que fuera recurrido en casación por la misma parte.

(...).

Consideraciones

Estos tres cargos cabalgan sobre la idea contrastante de que lo vendido es justamente lo que fluye del acto escriturario, o sea, simples derechos y acciones sobre el predio. Y añadido que la solución es única para todos, salta la justificación de su despacho global.

Acaece, en verdad, que la inconformidad expresada a través de ellos se reduce al hecho de que el tribunal no hubiese pasado por justo título el que adujeron los pretensos usucapientes. Pero frente a todo, lo alegado, lo cierto y evidente es que si el contrato blandido por los actores alude a la venta, no del bien mismo, sino a los derechos y acciones que sobre él tiene el vendedor, eso solo, por encima de cualquiera consideración, elimina de cuajo la posibilidad del título que con el carácter de justo exige la prescripción adquisitiva de corto tiempo. Pues resulta coruscante que el convenio celebrado en dichos términos, no puede considerárselo como apto, ni siquiera en apariencia, para servir de medio a la traslación, no de meros derechos de posesión, sino del dominio, débese seguir, en acato de las voces del artículo 765 del Código Civil, que aquí no se presentó título idóneo a dichos efectos. Y naturalmente que cuando el código aborda en el artículo siguiente la labor de decir cuáles títulos no son justos, parte de la premisa de que haya, obviamente cuando se encara el caso de los traslaticios, no un título cualquiera, sino uno que, teniendo simiente en un acto jurídico del enajenante, posea virtualidad para una ulterior transmisión de la propiedad. En bien de la brevedad, siempre se requiere una relación jurídica con el antecesor de la posesión, sendero por el que tratará de explicar el poseedor regular cómo entró en posesión de la cosa.

Dicho en otros términos, no puede haber justo título en quien celebra un negocio jurídico que, por su propia naturaleza, le está diciendo de antemano que el objeto de transmisión no es la cosa en sí sino los escuetos y eventuales derechos que llegaren a corresponderle al enajenante que así habló. Porque solamente es justo el título que hace creer razonadamente en que se está recibiendo la propiedad; y que si a la propiedad no se llegó a la postre, se debió, antes que por defecto del título, a la falencia en la tradición; caso típico del tradente que, siendo apenas poseedor, no es dueño de la cosa, y mal podo trasmitir esta calidad (nemo plus jure trasfiere potest quam ipso habet).

En una palabra, recibe el nombre de justo título traslaticio el que consistiendo en un acto o contrato celebrado con quien tiene actualmente la posesión, seguido de la tradición a que él obliga (C.C., art. 764, inc. 4º), da pie para persuadir al adquirente de que la posesión que ejerce en adelante es posesión de propietario. Precisamente por esta condición especial es que la ley muestra aprecio por tal clase de poseedores, distinguiéndolos de los que poseen simple y llanamente; y denominándolos regulares los habilita para que el dominio que, en estrictez jurídica no les llegó, puedan alcanzarlo mediante una prescripción sucinta, que, poseen simple y llanamente; y denominándolos regulares los habilita para que el dominio que, en estrictez jurídica no les llegó, puedan alcanzarlo mediante una prescripción sucinta, que, para el caso de los inmuebles, es de diez años. Salta al punto la esclarecedora idea que Andrés Bello quiso que en materia posesoria figurase en el Código Civil chileno, pues el artículo 830 del proyecto correspondiente al año 1853 establecía tres clases de posesión, a saber: la que va unida al dominio, que es la ejercida por el verus domino; la que ejerce quien no es dueño pero tiene justo título y buena fe, denominada posesión civil; y, por último, la que ejerce quien ni es dueño ni tiene justo título o buena fe, llamada posesión natural. Y aunque finalmente no quedó consagrada esa brillante división tripartita de la posesión, el caso es que la mencionada en segundo término quedó a la postre denominada como posesión regular.

Lo que realmente acontece con el justo título es que la ley, sabedora como está de que el poseedor no se ha hecho al dominio por razones puramente jurídicas, no desea extremar su rigor y viene entonces en pos de quien tenía razones fundadas para pasar por propietario, sin serlo, permiténdole la posibilidad de una prescripción más generosa en cuanto a su duración; para decirlo de una vez, es ésta otra de las ocasiones en que la ley mira con buen favor las situaciones que crea la apariencia, pues fundada como puede estar en la falibilidad humana, se cuida de calificarla como infértil del todo. Le atribuye uno que otro efecto jurídico, más o menos importante: en la de ahora se patentiza con la dulcedumbre con que la ley mira a ese poseedor, distinguiendolo del de posesión simple; esto es, carente de justo título.

Para compendiar, nada mejor que remembrar el criterio que al respecto ha plasmado desde vieja data esta corporación, al asegurar que “la teoría del justo título posesorio está predicada como elemento para ganar el dominio por la usucapión cuando no es verdadero dueño quien vende y entrega a quien recibe de buena fe y, sin embargo, no adquiere la propiedad en el acto, porque nadie recibir lo que no tiene su autor” (Sent. feb. 27/62, XCVIII, 52).

Lo aluciado no significa, ni con mucho, que al promotor de la pertenencia se le esté exigiendo que demuestre de antemano su “dominio” sobre la cosa, argumento éste que el impugnador le achaca pertinazmente al tribunal. Lo que se reclama es que sin ser propiamente dueño, al menos hubiese parecido serlo, según las connotaciones y características que del justo título vienen de plasmarse; y vino a acontecer que a ello se oponen las especiales circunstancias del caso bajo examen; así la naturaleza misma del acto jurídico celebrado por los aquí pretensos prescribientes —venta de derechos y acciones—; y aun más si de ello se siguió una inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos que ni candorosamente permite florecer la creencia de ser dueño, si es que, precisamente y como correspondía, se hizo figurar en la columna de “falsa tradición”. Aunque el sentenciador no fue feliz en expresar esta idea, seguramente que a ello se quiso referir.

Quinto cargo

Señala que el sentenciador violó el artículo 765 del Código Civil por “error de derecho derivado de su errónea interpretación y como consecuencia de ello, también de los artículos 407 del Código de Procedimiento Civil, 673, 762, 764 y 2528 del Código Civil y 48 de la Ley 160 de 1994”.

La censura es desarrollada haciendo ver que el tribunal cayó en equivocación al confundir el “justo título” para la prescripción, dentro de los modos constitutivos u originarios para adquirir el dominio, con el requerido frente a los traslaticios del dominio, como es el caso de la venta, pues en tanto que en los primeros no concurre acto proveniente del dueño y tienen por lo tanto como objeto cosa ajena, (C.C., art. 2512), en los segundos si debe existir acto derivado de aquel en cuya cabeza está radicado el dominio que transmite, como no ocurre frente a la prescripción, cuya acción se encamina precisamente a obtener ese derecho que el prescribiente no tiene”.

El sentenciador, pues, erró porque “entendió para los fines de la prescripción que dicha norma “exige que la tradición del domino de bienes raíces, debe efectuarse por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos, debe entenderse que el título que se inscribe debe referirse a la venta de la propiedad e inscribirse la naturaleza del acto como modo de adquisición”, llevándolo luego a señalar “que en el sub lite, la transferencia no fue del derecho de dominio sino de derechos y acciones y no se registró como compra-venta de la sociedad sino en la parte correspondiente a la inscripción “falsa tradición””.

Consideraciones

El despacho aislado de éste obedece a que su basamento difiere de los que se vienen de considerar.

Ciertamente, los recurrentes, ahora tornadizos, hacen tabla rasa de la posición jurídica asumida en todo el juicio, consistente ella, como se sabe, en que fincaron sus aspiraciones de usucapión ordinaria en el hecho, anunciado explícitamente y sin asomo de duda, de haber adquirido el bien a través de compraventa, pues alegan que el título que hacen valer no es traslaticio sino constitutivo de dominio, como es el de la prescripción cuyo reconocimiento persiguen.

Punto que así presentado reclama una precisión. Bien es cierto que la posesión regular no necesariamente dimana de un título traslaticio de dominio; también puede tener por hontanar uno de aquellos denominados constitutivos u originario de dominio, cual expresión paladina de que se sirvió el artículo 764 del Código Civil. Y sin que el caso de ahora importe utilidad para detenerse en la crítica que a tal nomenclatura se hace a propósito de que los menos títulos no constituyen dominio, cumple anotar que es verídico que la misma norma pasa por tal, al lado de la ocupación y la accesión, la prescripción. Se comprende perfectamente la mención que de los dos primeros allí se hace, supuesto que no queda difícil imaginar a un ocupante que se convierta en poseedor regular después de descubrirse, por ejemplo, que la cosa no era en verdad, y pese a todo lo que parecía, res nullius, o que la propiedad del árbol a la que acceden los frutos era apenas aparente. No sucede lo propio con que figure la prescripción, pues refulge que si la posesión es el fundamento de la prescripción, ésta no puede hacer las veces de antecedente, de aquella; en el punto una de las dos cosas, pero no ambas a la vez. La doctrina critica el punto así: “En efecto, de los títulos constitutivos de dominio sólo la ocupación y la accesión sirven para adquirir la posesión. La prescripción, al contrario, supone la posesión, es resultado de ella cuando ha durado el tiempo señalado por la ley; y por la prescripción basada en la posesión se adquiere el dominio; la posesión es necesariamente anterior a la prescripción y no puede ser a la vez causa y efecto de ella” (Luis Claro Solar, “Explicaciones de derecho civil chileno y comparado”. Tomo VII. De los bienes, pág. 477).

De tal modo que causa extrañeza el hecho de que no haya quedado lo del proyecto de Bello de 1853, en cuyo artículo pertinente no figuraba la prescripción. Más incluida como quedó, la única explicación racional es que sólo se mirará como título tal una vez que se haya consumado, y nunca antes; porque cumplida la prescripción, será entonces el mejor título de la posesión subsiguiente.

Visto lo cual, ningún asidero jurídico asiste a la parte recurrente cuando invoca la posesión como camino recorrido para llegar a la prescripción, y al propio tiempo que el título de aquella es ésta.

Tal explanación jurídica descarta obviamente toda prosperidad del cargo.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que la Sala Agraria del Tribunal Superior de Cundinamarca profirió en el proceso arriba mencionado.

Costas del recurso de casación, a cargo de la parte demandante y recurrente. Tásense.

Notifíquese y devuélvase oportunamente al tribunal de procedencia».

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