Sentencia 6893 de diciembre 13 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL

DE HIJO DE MUJER CASADA

EXTRACTOS: «El casacionista presupone que la acción de investigación de la paternidad extramatrimonial del hijo concebido por mujer casada, amparado por la conocida presunción pater is est quem nuptiae demostran (C.C., art. 214), sólo puede promoverse si, al tiempo de la demanda, ya existe sentencia ejecutoriada que declare que el hijo no es del marido, de donde colige que si aquélla llegare a adelantarse sin la observancia de esta exigencia, la notificación del auto admisorio de la demanda a los herederos del presunto padre, no tiene la virtualidad de interrumpir el término de caducidad de los efectos patrimoniales de la filiación, efecto que, a juicio del casacionista, sólo se producirá una vez cause ejecutoria el fallo que acoja la acción de impugnación.

Al respecto, clara y delanteramente se advierte, sin prolijas elucubraciones, que el impugnante parte de una premisa ayuna de soporte ex lege y jurisprudencial, de suerte que como corolario de ella, termina alterando el alcance de la ley, en lo tocante con la inoperancia de la caducidad de los referidos efectos económicos.

a) En cuanto a lo primero, para mayor claridad e ilustración, es menester recordar que el artículo 3º de la Ley 75 de 1968, al precisar que “el hijo concebido por mujer casada no puede ser reconocido como natural”, salvo que ocurra alguna de las tres hipótesis que allí se establecen, entre ellas, que “por sentencia ejecutoriada se declare que el hijo no lo es del marido”, tan solo ha previsto que “el cambio de estado del hijo, de legítimo a natural —extramatrimonial—, sólo se produce por la concurrencia del reconocimiento paterno o, eventualmente, por la oportuna declaración judicial de la paternidad, con la sentencia firme que acoja la impugnación de la indicada legitimidad presunta; requisitos estos que al decir de la Corte, no se proponen en la ley dentro de un determinado orden cronológico fijo, sino como factores cuya reunión es indispensable para la operancia del reconocimiento y para que así pueda entenderse alterada la condición civil” (CXIX, pág. 341).

De allí, entonces, que no pueda predicarse —en manera alguna— que para la promoción del proceso de investigación de la paternidad, sea necesario, ab origine, e inexorablemente, tener la certeza de que el demandante no está cobijado por la presunción de paternidad legítima que obra en favor de las personas habidas en el matrimonio, interpretación esta que no puede ser admitida, no sólo porque no está en consonancia con el diáfano propósito del legislador de facilitar el establecimiento de la verdadera filiación —es decir, propender porque se esclarezca la paternidad de una persona, derecho este nada menos que de estirpe fundamental—, sino también del propio texto de la ley que, implícitamente, mas no por ello carente de elocuencia, descarta esa exigencia, al posibilitar la acumulación en un mismo proceso, de la acción de impugnación de la filiación legítima, con la de investigación de la que tiene un origen extramatrimonial (L. 75/68, art. 3º, num. 3º, inc. 2º).

Repárese, mutatis mutandis, en orden a validar el referido aserto, que para la jurisprudencia “…es criterio sólidamente decantado el de que el reconocimiento de paternidad extramatrimonial que se haga de hijo de mujer casada preexistente a la ejecutoria de la sentencia que declare que tal no lo es del marido no sufre desmedro en su validez ni puede, simplemente por ello, ser anulado, sino que permanece en estado de pendencia, para producir todos sus efectos, hasta cuando se ejecutorie la sentencia que destruya la presunción de paternidad legítima que ampara al hijo,” (cas. civ., mar. 1º/91), todo lo cual pone de relieve, aun desde esta perspectiva, la significación jurídica que reviste la definición tempestiva de la prenotada impugnación, según se indicó.

De consiguiente, la infirmación de la presunción de paternidad legítima es, pues, un presupuesto de la pretensión de reconocimiento de la paternidad extramatrimonial formulada por hijo de mujer casada, pero no de la demanda de investigación propiamente dicha (petitum), por lo que no es requisito de procedibilidad de ésta, stricto sensu, sino de la sentencia estimatoria de aquella súplica. Por esta razón, la exitosa impugnación de la paternidad legítima, no debe, necesariamente, ser acreditada al momento de la proposición del libelo genitor en que se solicita la declaración de filiación extraconyugal, tanto más si uno y otro pedimentos se acumulan —o se pueden acumular—, sino que ella debe —eso sí— estar establecida para el momento en que el juez debe resolver sobre la segunda de las pretensiones referidas (posterius), o sea, al instante en que se dicta o profiere el fallo judicial pertinente.

En este orden de ideas, no es obstáculo para la declaratoria de filiación extramatrimonial, que el demandante, en proceso separado y ulterior, hubiere impugnado su paternidad legítima, pues lo importante es que al momento de proferirse la sentencia en aquél, ya hubiese triunfado definitivamente en éste y que de ello exista prueba idónea en el proceso primigenio, interpretación esta que se entiende como la más racional y ajustada a derecho —a fuer que se considera la más bienhechora de cara a los basilares y sensibles derechos de las personas, objeto de celosa y cautelosa tutela legis—, máxime si en la demanda no se hizo referencia alguna a la condición de casada de la madre del demandante, como en este caso aconteció, pues aunque en el proceso se demuestre que lo era al tiempo en el que el demandante fue concebido, “lo importante para que prospere la petición es que al momento de hacerse la declaración judicial de paternidad, el hijo demandante no esté amparado con presunción de legitimidad, ya porque no la tenga, ora porque haya sido destruida totalmente. Obrar de otro modo sería proceder con notoria injusticia frente al hijo a quien se hubiere ocultado el verdadero estado civil de su madre para cuando lo concibió, estado que se viene a descubrir luego, sea por revelación de la parte demandada o por otra causa, cuando ya estaba en movimiento la acción de investigación de la paternidad natural” (se destaca; CLII, págs. 281 y 282).

b) Y en cuanto a lo segundo, esto es, frente a los efectos patrimoniales de la declaración post mortem de paternidad extraconyugal, baste decir que si para su formulación por parte de quien se encuentra cobijado por una presunción de paternidad legítima, no es menester acreditar a priori que ésta fue derribada, como quedó analizado, no puede menos que concluirse que con la notificación del auto admisorio de la demanda que con tal propósito se formule, en la oportunidad legal pertinente, quedan reunidas las condiciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, para que la ulterior sentencia favorable a la filiación extramatrimonial produzca “efectos patrimoniales …a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio”, sin que para ello importe que la decisión favorable a la impugnación de la paternidad legítima se hubiese producido en vida del presunto padre o con posterioridad a su muerte, antes o después de iniciado el proceso de investigación de la paternidad, pues esa determinación, se itera, sólo interesa como presupuesto de la pretensión de filiación extramatrimonial, sin que el momento en que se produce tenga incidencia real en los aludidos efectos económicos, dependientes tan solo de que la demanda a través de la cual se promueve la acción de investigación de la paternidad, se notifique en forma oportuna.

Por tanto, no se equivocó el ad quem en la interpretación de las normas que se adujo fueron violadas, habida cuenta que la ley no estableció, ora explícita, ora implícitamente, que la impugnación de la paternidad legítima fuera requisito sine qua non para que pudiera solicitarse la investigación de la paternidad extramatrimonial, cuya declaratoria sí depende del éxito de aquélla. De ahí que el momento en que se adopte la determinación en torno a la filiación ninguna injerencia tiene en las consecuencias patrimoniales que se derivan del acogimiento del estado civil pretendido, cuando los herederos y el cónyuge del presunto padre, ya fallecido, fueron enterados en oportunidad de esa concreta aspiración (L. 75/68, art. 10)».

(Sentencia de casación, 13 de diciembre de 2002. Expediente 6893. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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