Sentencia 69 de abril 9 de 1986 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

RENUNCIA ¿QUÉ ES? LA RENUNCIA NO PUEDE SER INSINUADA, NI SUGERIDA POR PERSONA DISTINTA A SU AUTOR

Renuncia es la dejación espontánea y libre de algún bien o derecho por parte de su titular. No puede ser un acto sugerido, inducido ni mucho menos provocado o compelido por persona distinta de su autor

TESTIMONIOS

Los testimonios son pruebas de las cuales no puede ocuparse la Corte por impedírselo el artículo 7º, de la Ley 16 de 1969

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Hernández Sáenz

Rad. 69

Acta Nº 9

Bogotá, D.E., nueve de abril de mil novecientos ochenta y seis.

La firma “Colombianos Distribuidores de Combustibles S.A.” fue condenada en ambas instancias a pagarle al señor Ernesto Laverde Peña pensión de jubilación causada por despido injusto. Y con el ánimo de librarse de esta condena, recurrió en casación contra el fallo del segundo grado, proferido por el Tribunal Superior de Bogotá con fecha de 31 de julio de 1985.

Pretende así que la Corte infirme ese fallo y que, luego de revocar el del juzgado, la absuelva de todas las peticiones del demandante.

Así lo expresa la demanda de casación (fls. 6 a 15 de este cuaderno) que contiene un solo cargo, cuyo texto es el siguiente:

Cargo único

“Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, esto es, por ser violatoria de la ley sustancial a causa de la aplicación indebida de los artículos 19, 61 (D.L. 2351/65, art. 6º, lit. b), 62 (D.L. 2351/65, art. 7º, par.) del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 1513 y 1514 Código Civil, lo que condujo a la violación del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, también por aplicación indebida.

El quebranto de las anteriores normas se produjo en forma indirecta, por haberlas aplicado indebidamente el ad quem en el caso sub lite, pues con fundamento en ellas impuso a la demandada la obligación de pagar una suma periódica de dinero por concepto de pensión sanción, siendo así que su correcta aplicación ha debido conducir a exonerar a mi representada de los pedimentos de la demanda.

La violación de la ley se produjo por haber incurrido el sentenciador en los siguientes errores de hecho que de manera ostensible se exhiben en los autos y que son los siguientes:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo terminó por renuncia del señor Laverde, aceptada por la empresa.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la renuncia presentada por el trabajador fue encontrarse éste turbado por un mal irreparable y grave.

3. No dar por demostrado, estándolo que el consentimiento expresado por el trabajador fue voluntario y libre”.

Los yerros fácticos anotados se originaron en la equivocada apreciación de unas pruebas y la falta de apreciación de otras conforme con la siguiente relación:

I. Pruebas apreciadas erróneamente: a) La demanda que inició el proceso, en cuanto a la confesión que ella puede contener; b) Carta de renuncia dirigida al demandado por el trabajador y que figura en folio 17 del expediente; c) Documentos que aparecen en folios 25, 26 y 27; d) Testimonio de Norberto Niño, y e) Interrogatorio de parte del gerente de CODI.

II. Pruebas no apreciadas: a) Carta dirigida por CODI al trabajador, en folio 18 del expediente; b) Carta dirigida por el gerente de relaciones de CODI al trabajador y que figura en folio 19 del expediente; e) (sic) Documento de liquidación de prestaciones, en folios 20 y 21 del expediente; d) Carta de noviembre 30 de 1978 en folio 26A del expediente, y e) Interrogatorio de parte absuelto por el demandante en folios 30, 31, 32 y 33.

En cuanto a la prueba testimonial que no está calificada para la casación por la vía del error de hecho, el cargo la menciona por estar la sentencia apoyada también en la misma, pero para los efectos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969 y la jurisprudencia de esa honorable sala, se demostrarán inicialmente los yerros respecto de las pruebas calificadas.

“Capítulo sexto: Demostración del cargo

El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6º del Decreto-Ley 2351 de 1965 dispone que “el contrato de trabajo termina: ... b) Por mutuo acuerdo ...”. Esta regla emana del principio lógico que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si se acuerda con un empresario los términos y condiciones en que se prestará un servicio, nada más claro y legal fluye cuando por un mismo acuerdo se termina esa relación.

La ley prohijando tal principio señala pautas de protección para una u otra parte de modo que el vigor de la una no se aproveche de la indefensión de la otra. Surgen así los vicios del consentimiento que en sus formas de error, fuerza y dolo la ley sanciona en defensa del más débil. Tales vicios contenidos en nuestro Código Civil, deben tener características que desvían el consentimiento de quien lo presta. Por eso, y para el asunto que nos ocupa, no toda fuerza vicia el consentimiento sino aquella que produce una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición y que le infunda un justo temor de verse expuesta a un mal irreparable y grave. De suerte que la fuerza hace obrar en contrario a quien la sufre; el individuo forzado y aun cabe, el tan sólo amenazado, debe perder su libertad de decisión y obrar de manera que se produzca un resultado en su contra producto de un medio al que no se puede resistir. Se pierde la voluntad y quien padece la fuerza queda a merced del agente que la produce. En materia laboral, como acertadamente en mi sentir lo ha entendido la Corte Suprema, un contrato de trabajo puede terminar por mutuo consentimiento y el ofrecimiento de una parte a la otra de una suma de dinero no es forma de coacción, más bien puede convertirse en un atractivo o en una justa compensación por terminar el contrato. Ese ofrecimiento sería injusto o contrario a derecho si el destinatario nunca pudiere estudiarlo, sopesar su pro y sus contras, si más que ofrecimiento fuere imposición, si no fuere capaz de colocar sus condiciones, si lo limitara en su querer. Pero si el ofrecimiento toma un tiempo de estudio, se compensa en dinero, satisface las condiciones pretendidas por el ofrecido, no puede decirse que sea producto de coacción; nace el mutuo consentimiento. CODI sugirió a Laverde renunciar, no impuso, éste lo aceptó siempre y cuando se le reconocieran, “... las prestaciones económicas, tales como un valor equivalente a la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y un aseguramiento proporcional al tiempo trabajado para mi pensión de jubilación a la edad de 55 años ...” lo que “... sería suficiente para llegar a un mutuo acuerdo para la terminación de mi contrato de trabajo”. Esto consta en los documentos en folios 25, 26A y 27 aportados por el actor, con sello de la empresa, elaborados por el demandante como así lo manifiesta en su declaración en folio 31. Entre otras cosas alega que el documento en folio 26A fue corregido por el señor Norberto Niño lo que no está probado ni reconocido por éste y si así fuere en nada sustancial varía el querer del actor, ostensible y sin lugar a dudas que se plasma en la carta de noviembre 30 de 1978 (fl. 25). Basta la simple comparación de los documentos a folios 25, 26A y 27.

Por otra parte, si el tribunal superior hubiere apreciado rectamente los documentos en folios 25 y 27 y tenido en cuenta los que aparecen en folios 19, 20, 21, 26A y la declaración de parte en folios 30 y 31 no cabe duda que la empresa aceptó las condiciones del demandante. Se concedió la indemnización en forma de bonificación y se aceptó la pensión. Además véase en folios 27 y 17 que el señor Laverde aceptó los cambios en la renuncia que propuso la empresa. Es claro y nítido que no había discrepancia en la renuncia, lo había en el texto de la carta de renuncia, cuestión diferente, al final saldada por el propio demandante. Tan libre, voluntario y espontáneo fue el consentimiento de Laverde que impuso condiciones, como lo fue la bonificación y la pensión.

Por otro lado, los argumentos de Laverde se basan en conjeturas no en hechos como el traslado, el no aumento de sueldo, que de producirse es amplia la defensa que la ley estatuye para tales casos.

Vale traer a colación una importante pieza jurisprudencial, reclamada de tiempo atrás, y que la empresa acoge en todo su vigor para éste y otros casos.

Es el fallo de junio 21 de 1982, magistrado ponente Juan Hernández Sáenz, que en sus apartes menciona: “En la vida del derecho, el mutuo consentimiento, o sea el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para realizar un negocio jurídico, tiene en principio plena validez”. Pero si el consentimiento de alguna de esas personas está viciado por error, fuerza o dolo, el acto es susceptible de invalidación.

Por mutuo acuerdo entre empleados y empleador debe siempre celebrarse el contrato de trabajo. Y en la misma forma puede modificarse, o aun extinguirse por resciliación. Pero esta última no exige esencialmente que la gratuidad sea el móvil determinante para uno o para ambos contratantes cuando quieran de consuno fenecer el contrato. Bien puede una de las partes ofrecerle a la otra una compensación en dinero o en especie para que se acepte rescindir el contrato, sin que esa oferta pueda calificarse por sí misma como una forma de casación o de violencia ejercida sobre la contraparte.

Si quien recibe la oferta decide aceptarla porque la encuentra conveniente para sus intereses, no hay base para sostener que el contrato de trabajo fue roto unilateralmente por el oferente y que hubo una víctima de un obrar contrario a derecho que debe ser indemnizada. Aquella manifestación expresa de uno de los contratantes de aceptar lo ofrecido por su contraparte no puede calificarse como intrínsecamente inválida, puesto que no cabe olvidar tampoco que el error, la fuerza o el dolo no se presumen sino que deben demostrarse plenamente por quien alegue haberlos padecido.

En el presente caso, como surge de las pruebas que se detallarán más adelante, la simple oferta de Bavaria de pagarles una compensación en dinero a aquellos trabajadores suyos que aceptaran renunciar al empleo, no puede suponerse o reputarse ilícita, ni puede calificarse tampoco como una coacción moral y/o una maniobra engañosa del patrono que intentara mostrarles a los empleados que la propuesta les era favorable para sus intereses pecuniarios.

Bien podían aquéllos, a su albedrío, aceptar o no la oferta de la empresa. Al acogerla renunciando, su dimisión, admitida por el patrono, extinguía el contrato por acuerdo mutuo. Si la rechazaban, el contrato continuaba en todo su vigor conforme a sus prístinas cláusulas, una de las cuales precisamente tenía dispuesto que el traslado del trabajador a ciudad distinta a la de su enganche requería el consentimiento de éste, como pudo esclarecerse en la inspección ocular que estaba estipulado en los contratos de trabajo de la mayoría de los demandantes. Dicho compromiso no podía extinguirlo o variarlo Bavaria mediante pactos, arreglos o convenios realizados con personas o entidades distintas del propio trabajador signatario de su contrato individual, desde luego aquellos extraños eran terceros absolutos frente al contrato y, por ende, carecían de facultad para desmejorar el asalariado en sus condiciones contractuales expresas, estipuladas por él mismo con el empresario.

O sea, que si en tales hipótesis, Bavaria disponía por sí sola el traslado de un trabajador a ciudad distinta de la de su sitio de labores convenido, incumplía claramente el contrato y llegaba a romperlo, si el empleado no aceptaba expresamente el cambio de lugar, con todas las consecuencias que la ley laboral prevé para ese obrar ilegítimo de su patrono (Jurisprudencia y Doctrina, revista mensual, ago./92, T. Xl, Nº 128, págs. 652 a 662).

Una cuestión de radical trascendencia, que el tribunal superior apreció indebidamente, es la carta de renuncia en folio 17, reconocida por el actor y en la que presenta renuncia del cargo. Obsérvese que Laverde no exterioriza los motivos que en este pleito alega. El tribunal superior ha debido mirar la regla clara del parágrafo del artículo 62 (subrogado D.L. 2351/65), pauta aplicable a patrono y empleador, lo que demuestra que el actor en este pleito ya no puede alegar los motivos que expone. De no querer renunciar ha debido así expresarlo o motivar su decisión con la “coacción” que pretendía sufrir. No lo hizo así; luego es claro que su querer sí era renunciar. Al fin y al cabo vienen a mi memoria dos principios aplicables, uno que emana de la sabiduría popular “quien calla otorga” y otro de raigambre jurídica “quien calla cuando debe hablar, quien no contradice en ocasión conveniente da a entender que consciente y aprueba” (Socorro, Tribunal Superior, Sent. jun. 28/898). El testimonio de Norberto Niño en que el tribunal basa el fallo, muestra las conversaciones entre Laverde y la empresa, y es evidente que el desacuerdo estaba en la forma de la renuncia, y no en éste en sí. La intervención del funcionario de la empresa fue a solicitud del propio Laverde y para indicar cómo se presentaba la renuncia (fl. 71). Claramente surge que el demandante tuvo tiempo suficiente para estudiar la propuesta, contraponer y por último consentir a través de una carta de renuncia, lo que era el fin del consorcio CODI, Ernesto Laverde. El tribunal acogió el testimonio de Norberto Niño (testigo de ambas partes) para deducir la existencia de un mal irreparable y grave sin observar la documental existente. El tribunal se aviene a acepciones de la Real Academia dando a entender que la providencia de la Corte antes transcrita no tiene asidero, porque al hacerse por la empresa la propuesta de la compensación económica y al aceptarse por el oferido ya no habría dejación voluntaria. Nada más absurdo. El representante legal de la empresa informa que por su cargo, Norberto Niño tenía que ver con las renuncias y despidos. En este caso, intervino como él lo manifiesta, más como amigo del propio Laverde.

Para terminar surge un hecho que refrenda todo lo expresado. Si realmente Laverde, hombre culto, abogado, no quisiera renunciar, además de así expresarlo, y no manifestar lo contrario como lo hizo, hubiera accionado el aparato judicial en busca del reintegro. Ello me permite pensar, que el trabajador quiso la renuncia, pero años después se arrepintió del acuerdo”.

Se considera

Renuncia es la dejación espontánea y libre de algún bien o derecho por parte de su titular. No puede pues ser un acto sugerido, inducido ni, mucho menos, provocado o compelido por persona distinta de su autor.

Entonces, quien dimite de un empleo tiene pleno derecho para redactar a su albedrío la comunicación correspondiente, sin que su patrono pueda interferir la manifestación prístina del renunciante porque, si así lo hace, ya no habrá la espontaneidad esencial en cualquier dimisión sino una especie de orden que el empleador le imparte al subalterno suyo para que se retire del servicio.

La renuncia pedida o insinuada en los términos de su presentación por aquél que debe resolver sobre ella, no es renuncia verdadera sino apariencia simple de una dimisión que, de consiguiente, no es equiparable jurídicamente a un retiro voluntario del servicio por parte del empleado cuando se trata de esclarecer las circunstancias en que feneció un contrato de trabajo.

Y así como la renuncia debe ser integralmente libre y espontánea, también queda al talante del patrono aceptarla o no, según los términos en que haya sido presentada y sus modalidades concretas, para que así en caso de admitirla, pueda concluirse con certeza que aquel contrato terminó por mutuo consentimiento de quienes lo habían celebrado.

Los razonamientos anteriores permiten ya el examen de este cargo, en especial, las pruebas en que funda la existencia de los errores de hecho que denuncia.

De allí resulta lo siguiente:

a) En el documento que obra al folio 17 del primer cuaderno, el sentenciador ad quem halló que se trataba de una renuncia que el demandante Laverde Peña le presentó a CODI. Como esto mismo se lee en dicho escrito, no aparece yerro manifiesto en su apreciación;

b) En cuanto a los documentos que obran de folios 25 a 27 del mismo cuaderno, el tribunal se limitó a reconocer su existencia en el proceso, sin referirse para nada al contenido o al valor probatorio de los mismos (fl. 110, C. 1). Luego en realidad se abstuvo de evaluarlos y, por ende, no llegó a su apreciación equivocada, como lo alega el ataque sin fundamento certero para este aserto;

c) En las cartas que aparecen a folios 18 y 19 de aquel cuaderno, CODI le manifiesta a Laverde que le acepta la renuncia del empleo y que, dado su retiro voluntario, le reconocerá graciosamente una pensión de jubilación temporal desde la fecha en que cumpla 55 años de edad y aquélla en que el Instituto de Seguros Sociales le conceda la de vejez, por reunir los requisitos pertinentes. No dicen nada tales documentos sobre las circunstancias en que se produjo la dimisión del actor. Luego el dejar de apreciarlos no pudo inducir al sentenciador ad quem a cometer manifiestamente los errores de hecho que el cargo denuncia;

d) En la liquidación de prestaciones sociales del señor Laverde (fls. 20 a 21, C. 1) se dice que él renunció. Pero como esta escueta afirmación nada ilustra sobre los antecedentes o móviles del retiro del trabajador, la falta de examen de tal documento no demuestra tampoco la existencia patente de aquellos desatinos fácticos;

e) La carta del 30 de noviembre de 1978, dirigida por Laverde a CODI (fl. 26A, C. 1), contiene una renuncia condicionada de él que, precisamente por las evidentes enmiendas manuscritas en su texto original, deja ver que fue un propósito frustrado de dimitir del empleo cuyo examen, lejos de comprobar los errores fácticos acusados, llevaría a conclusiones antagónicas a las planteadas en el cargo. Entonces, su falta de apreciación por el tribunal no hace patentes los dichos dislates;

f) En el interrogatorio de parte que absolvió el demandante (fls. 31 a 33, C. 1), nada confiesa en cuanto a la voluntariedad de su renuncia que alega CODI. Antes bien, se reafirma en sus puntos de vista contrarios a esta tesis que planteó durante las instancias del proceso. De consiguiente, la falta de apreciación del interrogatorio mencionado no pudo ser fuente de los errores susodichos, y

g) Al no haberse encontrado la existencia evidente de los yerros fácticos propuestos en el cargo a través del estudio de las pruebas hábiles en casación laboral, el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 le impide a la sala analizar el testimonio de Norberto Niño que también se cita como fuente de tales yerros, aunque se anota que esa declaración fue un soporte principal de la sentencia impugnada.

Todo lo expuesto conduce a concluir que el cargo examinado no puede triunfar.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA el fallo acusado.

Costas a cargo del recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Rafael Baquero Herrera—Germán Valdés Sánchez—Juan Hernández Sáenz. 

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

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