Auto 6907 de julio 28 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

DETENCIÓN DOMICILIARIA

PROCEDENCIA

EXTRACTOS: «El artículo 396 del nuevo Código de Procedimiento Penal enseña

“Cuando se trate de hecho punible cuya pena mínima prevista sea de dos años de prisión, o menos, el funcionario judicial podrá sustituir la detención preventiva por detención domiciliaria si establece que el sindicado por sus características familiares, laborales y vínculos con la comunidad comparecerá al proceso, y no coloca en peligro a la comunidad. En tal caso le impondrá caución y ordenará que la detención preventiva se verifique en el domicilio del sindicado. Adicionalmente podrá imponer la obligación de realizar trabajo social durante el término de la detención domiciliaria o los fines de semaná''.

De la disposición antes transcrita se tiene que la detención domiciliaria sólo procede como medida de aseguramiento sustitutiva de la detención preventiva en los casos en que al procesado se le sindique de un delito cuya pena privativa de la libertad sea, en su mínimo la de dos años de prisión, o menos, siempre que el funcionario considere que por sus características familiares, laborales y de vínculo con la comunidad, no coloca a ésta en peligro y que comparecerá al proceso cuando se le solicite. Cuando esto ocurra, deberá prestar caución para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del otorgamiento del beneficio aludido.

Esta medida indudablemente podrá ser aplicada por el funcionario de instrucción desde el momento mismo en que le resuelva la situación jurídica al procesado, luego de haberle escuchado en declaración de indagatoria. Pero, en el evento de haberse dictado fallo condenatorio de primera, segunda o única instancia y en él se declara la improcedencia del subrogado penal de la condena de ejecución condicional bajo la consideración del requisito previsto en el numeral 2o del artículo 68 del Código Penal, la medida sustitutiva que se reclama resulta improcedente, pues, la privación de la libertad obedece a la evaluación que el juez realiza sobre su personalidad, para concluir que requiere de tratamiento penitenciario, es decir, que el procesado representa un peligro para la comunidad.

Por ello, si como en el presente caso los juzgadores de instancia le negaron a Osorio Gómez la condena de ejecución condicional, no podrá la Corte en un incidente como el que ahora se plantea por parte de la defensa, entrar a desconocer las determinaciones adoptadas por aquéllos en sus fallos, pues, como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, ello sólo es posible en la providencia que ponga fin al recurso extraordinario de casación, en el evento de la prosperidad de la demanda que se presente, siempre y cuando contenga la acusación sobre el punto concreto».

(Auto de julio 28 de 1992. Radicación 6907. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Carreño Luengas).

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