Sentencia 6909 de septiembre 8 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DE CHEQUES FALSOS

ADULTERACIÓN SOBRE FORMULARIOS PERDIDOS DE LA CHEQUERA

EXTRACTOS: «1. El régimen normativo de la responsabilidad civil de los establecimientos bancarios, por el pago que realicen de cheques falsos o alterados, fundamentalmente se estructura al amparo de tres disposiciones legales, esto es, los artículos 732, 733 y 1391 del Código de Comercio, los cuales ameritan las precisiones que a espacio se expondrán, debido a que, dependiendo de las circunstancias peculiares del asunto, como el tratamiento jurídico no siempre será igual, no es dable asimilar lo que cada uno de estos preceptos prevé.

El último texto acabado de citar, enmarcado dentro de la regulación del contrato de cuenta corriente bancaria, dispone que “todo banco es responsable con el cuentacorrentista por el pago que haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya alterado, salvo que el cuentacorrentista haya dado lugar a ello por su culpa o la de sus dependientes, factores o representantes. La responsabilidad del banco cesará si el cuentacorrentista no le hubiere notificado sobre la falsedad o adulteración del cheque, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se le envió la información sobre tal pago”. Esta norma armoniza con el principio y la salvedad que en términos parecidos describe el artículo 732 ibídem, con referencia a la responsabilidad que asume el banco frente al depositante por el pago que haga de un cheque falso, toda vez que sólo difiere de la transcrita acerca del plazo en que ha de informarse dicha anomalía al librado, puesto que en este evento aquella responsabilidad cesa cuando “el depositante” no le notifique “dentro de los tres meses después de que se le devuelva el cheque, que el título era falso o que la cantidad de él se había aumentado”.

El artículo 733, por su lado, señala que “el dueño de una chequera que hubiere perdido uno o más formularios y no hubiere dado aviso oportunamente al banco, sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias”.

No hay duda que las reglas precitadas se asemejan a los artículos 123 y 124 del denominado proyecto Intal, dado que el primero de ellos enseña que “la alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, o la falsificación de la firma del librador, no pueden ser invocadas por este para objetar el pago hecho por el librado, si el librador dio lugar a ellas por su culpa, o por la de sus factores, representantes o dependientes”, y el segundo indica que “el librador que habiendo perdido el formulario o los formularios proporcionados por el librado no hubiere dado aviso a este oportunamente, sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueren notorias” (Banco Interamericano de Desarrollo - Instituto para la Integración de América Latina, Proyecto de ley uniforme de títulos valores para América Latina, 1966).

2. Por cuanto el tema que ocupa la atención de la corporación ha sido regulado de manera diferente en el sistema positivo colombiano, debido a que, antes del actualmente vigente tocante con los títulos valores —Decreto-Ley 410 de 1971—, imperó el de los instrumentos negociables consagrado en la Ley 46 de 1923, en orden a señalar algunas de las características más destacadas de una y otra legislación, expresa la Sala, en apretada síntesis, que con apoyo en el artículo 191 de la ley en mención, al estar prescrito que “todo banco será responsable a un depositante por el pago que aquel haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado, salvo que dicho depositante no notifique al banco, dentro de un año después de que se le devuelva el comprobante de tal pago, que el cheque así pagado era falso o que la cantidad de él se había aumentado”, se establecía así la teoría del riesgo creado que ubicaba en cabeza del banco la contingencia del pago de un cheque irregular, carga de la que sólo podía liberarse si el cuentacorrentista no daba aviso oportuno del fraude; ello equivalía a decir, a términos de la doctrina jurisprudencial, que se trataba de una “ ... responsabilidad de la cual no se exoneraba ni aún con la prueba de que la falsedad o la adulteración habían encontrado su causa determinante en la conducta negligente del cuentacorrentista, en la guarda del instrumento”. (G.J. t. CLII, Nº 2393, pág. 522) o, siguiendo la misma providencia, con otras palabras, “los perjuicios de dicho cobro indebido eran, pues, de cuenta del banco girado, siempre que el cliente le hiciera saber oportunamente el hecho fraudulento”.

A poco andar, la jurisprudencia vino a moderar la rigurosa postura legislativa, al admitir que si bien, por regla general, recaía sobre el banco la responsabilidad por el pago de un cheque falso o adulterado, también era cierto que aquella responsabilidad podía atenuarse o incluso excluirse, dependiendo del comportamiento específico que hubiera desplegado el cuentacorrentista, sin que, en todo caso, pesara sobre el actor la carga de demostrar la culpa del establecimiento, toda vez que la ley, sin reparar en la conducta subjetiva de este, imponía a la entidad la asunción del riesgo bancario (Sents. dic. 9/36, G.J. t. XLIV, Nº 1918 - 1919, pág. 405 y nov. 26/65, G.J. t. CXIII - CXIV, Nº 2278 - 2279, pág. 198, entre otras); para mejor decirlo, con términos de la propia corporación, repetidos en casi todos sus fallos, esto significaba que “como la medida de la responsabilidad de un banco por el pago de un cheque falso no se detiene en la culpa sino que alcanza el riesgo creado, no le basta el lleno de las precauciones habituales, sino que es preciso probar algún género de culpa en el titular de la cuenta corriente para que el banco quede libre” (G.J. Nº 1943, pág. 43).

De antaño, expresó sintéticamente la Corte:

“... el riesgo se manifiesta, pues, como una aspiración de la evolución del derecho moderno. ... La categoría pertinente aquí se funda por una parte en razones de política del derecho, en virtud de la consideración de que los riesgos normales de un oficio sean de cargo del que lo ejerza cuando ello convenga socialmente. Para las operaciones pasivas de los bancos, o sean las encaminadas a reunir fondos disponibles, estimó prudente el legislador ampliar la responsabilidad a cargo de ellos por encima del límite regular, en lo referente a pagos de cheques falsos o cuyas cantidades hayan sido aumentadas. La actividad de esas empresas, en lo pertinente, no debe realizarse a riesgo ajeno. Por consiguiente, en la realidad es necesario que haga parte de los gastos del negocio bancario la responsabilidad por riesgo a que se refiere la ley”. (Sent. jul. 15/38, G.J. t. XLVII, Nº 1940, pág. 68).

Posteriormente, con la expedición del Código de Comercio de 1971, se incorporó en el ordenamiento el criterio jurisprudencial antes anotado; y dentro de esta línea la Sala también ha aludido al llamado principio de responsabilidad de empresa, por virtud del cual “ ... como contrapartida de la actividad empresarial que es desarrollada por la institución bancaria en su propio interés y bajo su control, operación cuyo ejercicio acarrea, indudablemente, diversos riesgos, entre ellos, el de pagar cheques cuya falsificación no sea imputable al librador, el ordenamiento le atribuye, en inobjetable aplicación del principio ubi emolumentum, ibi incomoda, la obligación de soportar tal contingencia, imposición que, de todas formas, encuentra justificación igualmente válida en otros argumentos tales como que la falsedad se dirige y consuma contra el banco, pues, a la postre, el pago del cheque se produce con su propio dinero y no con el del cuentacorrentista, dada la particular naturaleza del depósito bancario”. (Sent. sept. 9/99, G.J. t. CCLXI, Nº 2500, pág. 258, y, en similar sentido, las de oct. 24/94, G.J. t. CCXXXI, Nº 2470, pág. 830, ago. 23/2000, exp. 5005 y jul. 11/2001, exp. 6201, no publicadas oficialmente).

3. Bajo las anteriores premisas, forzosa es la conclusión consistente en que el cuentacorrentista, en aquellas ocasiones en que un establecimiento bancario descarga un cheque falso o adulterado, no tiene el deber de acreditar ningún tipo de culpa de parte de este, como quiera que el mismo sistema jurídico se ha encargado de asignarle la responsabilidad aneja a los riesgos propios de la actividad que desarrolla. Como lo dijo esta corporación en el mentado fallo de septiembre de 1999, “ ... deviene inútil e insubstancial la tarea de emprender la acreditación de alguna culpa atribuible a ellas —se refiere a las entidades bancarias—, habida cuenta que la ley las considera responsables por el pago de los cheques adulterados, obligación que se extingue cuando por culpa imputable al titular de la cuenta corriente se hubiese producido la defraudación”.

Mas, ha de reiterarse cómo el hecho de ser este un régimen de responsabilidad profesional (Sent. sept. 17/2002, exp. 6434, no publicada oficialmente), que hace que ella se presuma a cargo del librado (Sents. sept. 30/86, G.J. t. CLXXXIV, Nº 2423, pág. 290 y jul. 27/94, G.J. t. CCXXXI, Nº 2470, pág. 103, entre otras), en manera alguna entraña que esa responsabilidad sea absoluta, en vista de que tanto el proceder del cuentahabiente o de aquellos por los que él ha de responder, como su posible influjo en la falsificación y pago del instrumento, habrán de ser detalladamente examinados, como presupuesto indispensable para que, fruto de esa valoración, se encamine, en una u otra dirección, la imputación respectiva.

Como se anticipó, ha sido uniforme la jurisprudencia al precisar que

“... por disposición del artículo 1391 del Código de Comercio, la responsabilidad del banco, derivada del pago de un cheque falso, cesa cuando “el cuentacorrentista haya dado lugar a ello por su culpa o la de sus dependientes, factores o representantes”, es decir, que la entidad bancaria queda exonerada de la responsabilidad empresarial de la que se ha hablado, originada en el pago de los instrumentos espurios, cuando el librador, o las personas por las que él responde, hubieren incurrido en culpa que hubiese “dado lugar a ello”. Pero, como es diáfano en la aludida regla, debe existir un vínculo de causalidad entre la culpa del librador y la adulteración del título valor, es decir, que hay lugar a la exoneración del banco en cuanto este demuestre la existencia de una culpa del girador ligada a la falsificación del cheque de modo que pueda colegirse que esta última debe su existencia a aquella otra. Por consiguiente, precisando lo que desprevenidamente se dijera en oportunidad anterior (G.J. Nº 1943, pág. 73 y transcrito en sentencia nov. 29/76), débese destacar acá y con singular énfasis, que no cualquier inobservancia atribuible al librador da lugar a la liberación de responsabilidad del banco acusado de pagar cheques espurios, pues para que tal exoneración se produzca es menester que la culpa de aquél se encuentre entroncada con la falsificación de los mismos, de modo que sea posible inferir que esta última debe su existencia a aquella otra”. (Sent. sept. 9/99, G.J. t. CCLXI, Nº 2500, pág. 258).

4. Aparte de que, como se ha venido insistiendo, en principio el banco librado es responsable por el pago del cheque falso y que de ello sólo puede sustraerse si demuestra cabalmente que lo anterior obedeció a culpa del librador, o de quienes lo representan, o de aquellos que de él dependen, es menester agregar que el establecimiento igualmente podría exonerarse de responsabilidad cuando se encuentre que no fue notificado oportunamente sobre la falsificación o adulteración del instrumento pagado, en torno de lo cual, esta corporación, en la última providencia citada, después de notar “una real situación de antinomia” entre los artículos 732 y 1391 del Código de Comercio, “en cuanto contemplan dos términos de caducidad distintos, uno de 3 meses y otro de 6”, se inclinó por la segunda de tales disposiciones mercantiles, para concluir:

“a) Que el término dentro del cual el cuentacorrentista debe dar aviso al banco sobre la falsedad del título pagado es de seis (6) meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1391 del C.C.; b) Que dicho término empieza a correr a partir del envío de la información suministrada por el banco al cuentacorrentista sobre el pago del cheque falso, la que bien puede darse al mismo tiempo con la devolución del título y el envío del extracto de la cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 728 íb.; o de alguna de las dos formas, según sea lo que ocurra primero; c) Que si no se da dicho aviso oportunamente, cesa la responsabilidad del banco por el pago del cheque falso”.

5. Aunque dentro del mismo tema de la responsabilidad, pero sin que haya lugar a confundirlo por tratarse de una hipótesis particularísima que, por lo mismo, merece un manejo disímil, impónese resaltar que el artículo 733 del Código de Comercio exige distinguir el pago de cheques falsificados o adulterados, sin mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera —riesgo propio de la circulación—, como lo prevén las normas aludidas en los párrafos precedentes, de aquel que se haga de títulos igualmente apócrifos, pero precedido de la “pérdida”, evento este que, como se analizará con detenimiento, está regulado exclusiva y preferentemente por la disposición que se acaba de mencionar.

Evidentemente, en esta especial circunstancia, el dueño de la chequera, que no es otro que el cuentacorrentista, según voces de los artículos 714 y 1382 ibídem, “que hubiere perdido uno o más formularios”, deberá avisar sobre dicho suceso a fin de que el banco se abstenga de hacerlos efectivos, porque de lo contrario, es decir, si no da noticia del hecho irregular o si lo hace de modo extemporáneo, la objeción por su pago sólo tendrá cabida si “la alteración o la falsificación fueren notorias”.

Pronto se avista así cómo a partir de un supuesto fáctico singular, esto es, el de la “pérdida” de uno o varios formularios de cheque, se modifica la forma como habrán de endilgarse los efectos derivados del pago de los mismos ilegítimamente diligenciados, puesto que tal hipótesis se sustrae de la regla general de responsabilidad a cargo del banco establecida, según se vio, en los artículos 732 y 1391 del Código de Comercio.

Efecto de lo anterior es que sin importar cuál haya sido la conducta del cuentacorrentista en el cuidado del talonario, él será el llamado a soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco sólo asumirá el resultado del pago del cheque apócrifo previamente perdido por el cuentacorrentista si este lo enteró tempestivamente del hecho de la pérdida, o si la falsedad es cuestión notoria.

Es notorio lo manifiesto, palmario, patente o, como lo ha dicho la Corte, “la evidencia clara de una cosa”, es decir, cuando “... ella supone un resalto a la simple vista de lo que se considera notorio, sin que para detectarlo se requiera de un análisis minucioso, una comparación de detalles minúsculos que sólo logran advertirse con ayudas técnicas o conocimientos. De allí que cuando lo que ha de calificarse como notorio, requiere para establecerlo de tales procedimientos, deja de serlo” (Sent. jul. 31/2001, exp. 5831, no publicada oficialmente). De suyo, entonces, para que la falsedad plasmada en el cheque previamente sustraído al cuentahabiente pueda catalogarse como notoria, requiere que aparezca de bulto a quien la aprecia, o que del examen normal del instrumento pueda colegirse su ocurrencia, sin tornarse necesario para establecerla observaciones detalladas o técnicas. Ante la presencia de adulteración semejante el banco responderá por el pago que haya hecho del título valor, independientemente de cualquier otra consideración, en especial, de si su cliente le dio o no aviso oportuno del extravío del formulario respectivo.

Ahora bien, en tratándose de una falsedad elaborada que, por ende, no alcance a ser calificada como notoria, la única circunstancia que impide que los efectos del pago del instrumento adulterado deban ser asumidos por el girador y que, por contera, conduzca a radicar la responsabilidad en el banco, es el aviso oportuno de la pérdida del formato de cheque, puesto que si tal información no se da “verá aquel restringida la posibilidad de objetarle a este el indebido desembolso”, que “estará limitada al hecho de que la alteración o la falsificación fueren notorias” (Sent. sept. 17/2002, exp. 6434, no publicada oficialmente). Por consiguiente, ante el aviso oportuno de la pérdida, el cuentahabiente podrá ejercer la facultad de objetar el pago, como quiera que él traduciría incumplimiento de la revocación de la orden documentada en el cheque (C. Co., art. 724).

No sin antes observar que, por razones suficientemente conocidas, el Código de Comercio se funda en este aspecto sobre bases análogas a las de otras codificaciones (1) con respecto al artículo 194 de la “Ley general de títulos y operaciones de crédito” de México, el expositor Joaquín Rodríguez Rodríguez indica: “... el problema es saber cuándo puede decirse que el librador o sus representantes, ''han dado lugar’ a la alteración o falsificación. Para apreciar esta culpa, deben tenerse en cuenta dos diversas hipótesis: primera, el cheque estaba redactado sobre una de las fórmulas del talonario que el banco proporcionó al cliente; segunda, el cheque no estaba redactado en una de las fórmulas indicadas. Si ocurre lo primero, el artículo 194, en su párrafo segundo, establece una clara presunción: la culpa del pago indebido es del girador; se supone que es este el que ha dado lugar al pago indebido, por haber incurrido en una negligencia en la custodia del talonario que el banco le proporcionó. De este modo, el girador soportará el pago del cheque falsificado, o alterado, cuyo importe le será cargado en su cuenta. Esta presunción tiene dos excepciones. La primera, es la que resulta del hecho de ser notorias la falsificación o la alteración. ... La segunda excepción es la que resulta del aviso dado al banco por el cliente de haber perdido o haber sufrido la substracción del talonario o de algunas de las fórmulas de cheques...” (Derecho Bancario, 7ª ed., Edit. Porrúa S.A., México, 1993, pág. 218, cursiva textual). Del mismo criterio participa el tratadista Raúl Cervantes Ahumada, autor del proyecto Intal (Títulos y Operaciones de Crédito, 14ª ed., Edit. Porrúa S.A., México, 2000, pág. 117).

(1) En compendio, el artículo 194 de la “Ley general de títulos y operaciones de crédito” de México, presenta un contenido equiparable con el de los artículos 732, 733 y 1391 del Código de Comercio colombiano, así: “La alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido, o la falsificación de la firma del librador, no pueden ser invocadas por este para objetar el pago hecho por el librado, si el librador ha dado lugar a ellas por su culpa, o por la de sus factores, representantes o dependientes. Cuando el cheque aparezca extendido en esqueleto de los que el librado hubiere proporcionado al librador, este solo podrá objetar el pago, si la alteración o la falsificación fueren notorias, o si, habiendo perdido el esqueleto o el talonario, hubiere dado aviso oportuno de la pérdida al librado. Todo convenio contrario a lo dispuesto en este artículo es nulo”. Por su parte, los artículos 5º, 35 y 36 de la ley Argentina de cheques —número 24452 de 1995 que derogó el Decreto-Ley 4776 de 1963, pero con reproducción sustancial de su texto en esta materia—, otorgan un tratamiento coincidente al asunto: “ART. 5º—En caso de extravío o sustracción de fórmulas de cheque sin utilizar, de cheques creados pero no emitidos o de la fórmula especial para solicitar aquellas, el titular de la cuenta corriente deberá avisar inmediatamente al girado. En igual forma deberá proceder cuando tuviese conocimiento de que un cheque ya emitido hubiera sido alterado. El aviso también puede darlo el tenedor desposeído. El aviso cursado por escrito impide el pago del cheque, bajo responsabilidad del titular de la cuenta corriente o del tenedor desposeído. (...)”, “ART. 35.—El girado(sic) responderá por las consecuencias del pago de un cheque, en los siguientes casos: 1. Cuando la firma del librador fuese visiblemente falsificada. 2. Cuando el documento no reuniese los requisitos esenciales especificados en el artículo 2º. 3. Cuando el cheque no hubiese sido extendido en una de las fórmulas entregadas al librador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º”. y “ART. 36.—El titular de la cuenta corriente responderá de los perjuicios: 1. Cuando la firma hubiese sido falsificada en alguna de las fórmulas entregada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º y la falsificación no fuese visiblemente manifiesta. 2. Cuando no hubiese cumplido con las obligaciones impuestas por el artículo 5º. La falsificación se considerará visiblemente manifiesta cuando pueda apreciarse a simple vista, dentro de la rapidez y prudencia impuestas por el normal movimiento de los negocios del girado, en el cotejo de la firma del cheque con la registrada en el girado, en el momento del pago”.

Ha de precisarse que el aviso previsto por el artículo 733 del Código de Comercio, referido como se viene diciendo a la pérdida o extravío de los esqueletos de cheques, sólo será oportuno si el banco lo recibe con antelación al pago del título, como quiera que tiene el propósito de prevenir que se haga efectivo el derecho que anormalmente se ha incorporado en el instrumento. Sobre el particular, precisamente, el mencionado autor Rodríguez Rodríguez expone que “... este aviso suprime la presunción a que nos venimos refiriendo —alude a la consagrada por el artículo 194 de la Ley Mexicana—, siempre que se haga oportunamente, es decir, antes del pago y con tiempo materialmente suficiente para impedirlo” (ob. cit. pág. 219), posición a la que adhiere Rafael de Pina Vara (Teoría y Práctica del Cheque, 3ª ed., Edit. Porrúa S.A., México, 1984, pág. 243).

En este punto, resulta menester destacarlo, surge nítido que el aviso en cuestión difiere sustancialmente de la notificación que imponen los artículos 732 y 1391 del Código de Comercio, pues esta, por corresponder a una eventualidad distinta, emerge con posterioridad al pago del cheque falso o adulterado.

En suma, el artículo 733 del Código de Comercio actúa sobre la premisa consistente en que una vez el cuentacorrentista ha recibido sin reparo la chequera, si uno o varios de los formularios salen de sus manos, a él le será atribuible semejante desatención en su custodia, de suerte que será su misma conducta la que le hará asumir las consecuencias del pago que se realice del cheque elaborado en uno de esos formatos, sin que en esta hipótesis pueda verse favorecido con la presunción de responsabilidad a cargo de la entidad bancaria, salvo que la falsedad sea notoria o que, no siéndolo, hubiere dado aviso oportuno del extravío, supuestos estos en los que responsabilidad recaerá entonces en el banco.

De paso, hállase pertinente precisar la tesis sostenida por la Sala en alguna ocasión cuando, tras citar los artículos 732, 733 y 1391 Ibídem indiscriminadamente recalcó que “ ... el banco estaba en el deber no sólo de acreditar la pérdida culposa del formulario, sino, además, que la falsificación no fue notoria, o sea, de difícil verificación, porque no se puede desplazar la responsabilidad del banco por el exclusivo hecho de la pérdida del cheque sin que se colme el otro supuesto previsto en el artículo 733 del Código de Comercio”. (Sent. sept. 30/86, G.J. t. CLXXXIV, Nº 2423, pág. 290), en el sentido de que la carga probatoria que allí se atribuye al librado en forma alguna comprende la demostración de la culpa del cuentacorrentista en la pérdida del esqueleto o esqueletos de cheque, ya que ello sería exigir la satisfacción de un requisito que la ley no prevé, pues, se reitera, el tratamiento particular que ofrece el citado artículo 733 parte de la simple y llana “pérdida”, seguida, eso sí, de la falta de enteramiento al banco o del anuncio extemporáneo. En lo que hace a la notoriedad de la falsedad es de verse que si, por mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, concierne a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, no resulta adecuado esperar que el banco sea el encargado de traer al proceso la evidencia de que “la falsificación no fue notoria, o sea, de difícil verificación”, habida cuenta que si el cuentacorrentista que ha extraviado el título y no lo ha comunicado al banco —o lo ha comunicado por fuera del término— es quien pretende reservarse el derecho de objetar el pago efectuado por el librado, es a él, y sólo a él, al que compete el cumplimiento de la carga de acreditar que el instrumento contenía una falsedad o alteración palpable, más si se tiene en cuenta que la consecuencia que se desprendería de dicha demostración, esto es, mantener a salvo la posibilidad de que el establecimiento pagador le reembolse la suma entregada, redundará en beneficio exclusivo del cuentahabiente.

6. Aplicadas las anteriores nociones, encuentra la Corte que el sentenciador para absolver al Banco Cafetero justamente se apoyó en que el instrumento falso por cuyo pago se le achaca responsabilidad correspondía a uno que se extravió de la “intermedia” de la chequera entregada a la sociedad cuentacorrentista, junto con otros títulos valores de esta especie, según la denuncia penal que se formuló al efecto; de esta manera le imputó culpa al librador por su negligencia en la custodia del talonario y por no haber emitido a tiempo la comunicación del extravío del cheque, ya que la noticia sobre el particular se produjo fue a raíz de la información suministrada por el banco a la demandante de que la cuenta corriente presentaba sobregiro, lo que apenas por este modo le permitió verificar su pérdida después del pago. En tal virtud, el Tribunal estimó que el demandado estaba exento de responsabilidad, con respaldo en el artículo 733 del Código de Comercio y habida consideración que según las pruebas recaudadas la falsificación del documento no era notoria ni burda.

7. Como está demostrado en el proceso que el cheque objeto de litigio fue sustraído bajo esas circunstancias del talonario que le fue entregado al representante legal de la sociedad demandante, pues este hecho se afirma en la demanda y trasluce en la denuncia penal que se presentó (c. 1, fls. 12 y 24), así como que el aviso dado al banco sobre la pérdida del título fue posterior a su pago, lo que igualmente se desprende con claridad del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la actora (c. 1, fls. 121 y 122), ha de observarse que el error de apreciación probatoria tocante con la culpa o negligencia que el Tribunal le atribuyó a la cuentacorrentista por el manejo descuidado de los formularios pierde toda connotación y trascendencia, ya que, como se subrayó, la base objetiva en que está afincada la exoneración de responsabilidad del banco consagrada en el artículo 733 del Código de Comercio hace referencia al no aviso oportuno del extravío del esqueleto, independientemente de que en la pérdida haya o no mediado culpa del dueño de la chequera o titular de la cuenta corriente, excepción que no se configura cuando la falsificación es notoria. Por lo demás, aún si se dejaran de lado los razonamientos enantes señalados, habría de estimarse que, en todo caso, sin contravenir esos postulados legales, las partes estipularon cómo en el evento de extravío de un cheque, la correlativa responsabilidad se radicaría en cabeza de la cuentacorrentista, como se contempló en la cláusula octava del contrato de cuenta corriente (c. 1, fl. 48), obligándolo igual a “dar aviso inmediato y por escrito”.

De esta manera, no inciden en la cuestión litigiosa los yerros en la ponderación de las pruebas en los que el casacionista pretende fundar que avisó en tiempo al banco sobre la falsificación del título, toda vez que este planteamiento resulta del todo ajeno a la notificación que debió remitir la demandante sobre el extravío del cheque antes de que fuera pagado por el banco y que el sentenciador echa de menos con respaldo en el artículo 733 del Código de Comercio. Recuérdese al efecto que mientras, con absoluto desenfoque, la censura pretende ubicar temporalmente la oportunidad de tal aviso entre tres y seis meses, afianzado en normas abiertamente impertinentes, los artículos 732 y 1391 del Código de Comercio, la norma apropiada es, como se ha realzado, el artículo 733 ibídem; y, valga repetirlo una vez más, está demostrado en este asunto que la comunicación se hizo después de haberse descargado el instrumento».

(Sentencia de casación, 8 de septiembre de 2003. Expediente 6909. Magistrado Ponente: Dr. César Julio Valencia Copete).

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