Sentencia 6919 de mayo 21 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6919

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil dos.

Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada respecto de la sentencia proferida el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala de Familia, en el proceso de investigación de la paternidad promovido por Tatiana Calderón Bernaza, en cuyo nombre actuó la Defensoría de Familia de Garzón (Huila), contra Wilson López Aguilar.

Antecedentes

1. El proceso aludido se promovió con el fin de que se declarara la paternidad extramatrimonial del demandado respecto de la menor demandante, y para que, como consecuencia de ello, se fijara una cuota mensual alimentaria a cargo de aquel.

2. Como soporte de las pretensiones, se adujo en la demanda que hacia el mes de mayo de 1994, Sandra Milena Calderón Bernaza laboró en casa del demandado, quien la obligó a tener relaciones sexuales, como resultado de las cuales aquella quedó en estado de embarazo, por lo que fue despedida de su trabajo a finales del mes de agosto de ese año, motivo por el que se trasladó a vivir a Florencia (Caquetá), lugar donde nació Tatiana Calderón, el 16 de abril de 1995.

3. Admitida la demanda por el Juzgado Promiscuo de Familia de Garzón (Huila), el demandado le dio contestación oponiéndose a las pretensiones.

4. La primera instancia finalizó con sentencia proferida el 31 de marzo de 1997, estimativa de las pretensiones de la demandante, decisión que confirmó el Tribunal Superior en fallo de 8 de septiembre de la misma anualidad, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado.

La sentencia del tribunal

Para respaldar la sentencia de primera instancia, el ad quem precisó que como el nacimiento de la demandante ocurrió el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y cinco, como resultado de un embarazo, ello significa que su concepción pudo tener lugar entre el 20 de junio y el 17 de octubre de 1994 y que “Las partes están de acuerdo en que la madre del menor laboró en la casa del demandado, contratada por la esposa de éste y se demostró que lo hizo durante más de cuatro meses, es decir desde mayo hasta mediados de septiembre de 1994”.

Igualmente encontró demostrado, que los testigos Concepción Velásquez Morea, Raquel Camacho de Pérez, Elsa Ortiz Cerón y Luz Marina Scarpeta Rodríguez, daban fe “sobre la buena conducta de Sandra Milena y frente a los hechos investigados lo único pueden asegurar es que ésta trabajó donde Wilson López Aguilar y, según ella, de allí ella salió embarazada” (fls. 39 y 40, cdno. 5).

A continuación descartó los testimonios de Virgelina Plazas, María Lucía Ramírez Plazas y Over Ortega Bermúdez, la primera, porque el demandado habló con ella antes de su comparecencia del juzgado, lo que “siembra la duda en el juzgador sobre la veracidad de los testimonios”; la segunda, porque “busca favorecer al demandado”, y el último, porque sostuvo que nunca tuvo relaciones con Sandra Milena (fls. 40 y 41, cdno. 5).

Luego de este análisis, el tribunal concluyó que, dado el vínculo laboral entre Sandra Milena Calderón y Wilson López, por la época en que pudo tener lugar la concepción, podía deducirse el trato carnal entre ellos, agregando que dicho vínculo “clandestiniza aún más la relación”, circunstancias que, aunadas al indicio derivado de la prueba genética que arrojó como resultado la compatibilidad —aunque no determinó el índice de paternidad—, así como al mayor crédito que merece la declaración de la madre, cuya versión sobre el tiempo laborado fue respaldada, permitía establecer la paternidad reclamada (fls. 41 y 42, cdno. 5).

La demanda de casación

Un solo cargo formuló el recurrente contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior, con apoyo en la primera de las causales de casación consagradas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. En él se acusó el fallo por haber incurrido en violación directa de los numerales 4º, 5º y 6º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, a consecuencia de “error de hecho manifiesto en la interpretación de los testimonios” rendidos por Concepción Velásquez Morea, Raquel Camacho de Pérez, Elsa Ortiz Cerón, Luz Marina Scarpeta Rodríguez, Virgelina Plazas Plazas, Ana Cecilia Ramón Carvajal, María Lucía Ramírez Plazas y Over Ortega Bermúdez, así como en la apreciación de las declaraciones de la madre de la menor demandante.

Luego de hacer una síntesis sobre cada una de dichas declaraciones, destacando que a las cuatro primeras nada les constaba sobre los hechos investigados (fls. 13 y 14, cdno. 6), señaló el recurrente que tales testimonios “… no tienen fuerza de plena prueba, suficiente para acreditar los hechos de la demanda”, ya que se trata de “…declaraciones de testigos incompletas, sin razón del hecho que se declara”, y que no se refieren a ninguna de las circunstancias que configurarían las causales que habilitan decretar judicialmente la paternidad (fl. 20, cdno. 6).

Por otra parte, agregó que el tribunal incurrió en error de hecho en la apreciación de los testimonios rendidos a petición del demandado, cuyas versiones igualmente destacó para evidenciar que “tampoco le consta nada sobre las relaciones de pareja entre Wilson y Sandra Milena”, pero que sí narran “sin preámbulos cómo actuaba Sandra Milena nocturnamente” (declaración de Virgelina Plazas; fl. 14, cdno. 6), señalando la censura que el fallador no les “dio el valor que en sí tienen”, declaraciones testificales éstas que “aportan conceptos claros y precisos” sobre los hechos del litigio, las que “favorecen en todo” al demandado, conforme a las cuales aparece demostrado “que entre el presunto padre y la madre” de la menor Tatiana Calderón, no pudieron “existir ni existieron tales relaciones sexuales” y que por otro lado, dejan en claro que “ni —el— vecindario ni familiares, ni amigas tuvieron conocimiento de tal embarazo”, además de precisar que la madre de la citada menor “antes de empezar a trabajar vivía también en Florencia (Caquetá), como lo hace de ver de muy buena fe el demandado” y estuvo también en esa ciudad “durante un año después de irse de Guadalupe (H.)” (fl. 20, cdno. 6).

Aseveró luego el recurrente que el tribunal declaró la paternidad de Wilson López Aguilar en relación con la menor Tatiana Calderón, sin que se hubieran “…agotado todos los medios probatorios que establece el artículo 7º de la Ley 75 de 1968… simplemente solicitó la prueba del H.L.A. (fl. 12, cdno. 5) y se atiene a la respuesta que obra al (fls. 14 y 38 cdno. 5) sin gestionar dónde se podría practicar para agotar esa prueba”, pese a lo cual se atuvo a la “impresión sobre la paternidad compatible” a que se refiere la prueba que obra sobre el particular, la cual no demuestra “plenamente la paternidad”, ni genera tampoco “certeza legal”, lo que significa que no está “demostrado el parentesco que se debate” (fl. 21, cdno. 6).

Finalmente, tras citar jurisprudencia de esta corporación en relación con la apreciación de los testimonios como prueba, insistió en que, en este caso, el tribunal, por los errores de hecho así denunciados, quebrantó las normas aludidas, razón por la cual, a su juicio, debía casarse la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y se nieguen las pretensiones de la demanda.

Consideraciones

1. Se sabe que la labor investigativa de la paternidad extramatrimonial es tarea no exenta de dificultad, particularmente cuando ella se finca en la existencia de relaciones sexuales entre el presunto padre y la madre para el tiempo en que pudo ocurrir la concepción (L. 75/68, art. 6º, num. 4º), toda vez que, como es la usanza, el trato carnal suele ocurrir en la intimidad de los amantes, como tal ajeno a la vista a los terceros y a su conocimiento directo, por lo que, las más de las veces, ese trato se infiere del comportamiento que la pareja se dispensa personal y socialmente, o por la presunción de hombre que se edifica a partir de la existencia de determinados vínculos —de hecho o de derecho— que establecen hombre y mujer.

No obstante, la prenotada dificultad —que no imposibilidad— no puede constituirse en valladar insuperable para la determinación del estado civil de hijo —máxime en la hora de ahora signada por los avances en materia de pruebas genéticas—, motivo por el cual, al valorar la prueba testimonial, cuando de ella se trata, deben los jueces ser conscientes de dicha situación y, a partir de ella, “dentro de un marco de aquilatada severidad, pero evitando caer en crudos excesos” (CCXII, pág. 286) —summun ius, summa injuria—, indagar si de los hechos declarados por los testigos, válidamente se puede colegir, atendidas las máximas de la experiencia, que entre la madre y el presunto padre se presentó comunidad de cuerpos por la época en que biológicamente se originó la vida, o si, por el contrario, son versiones de corrillo, de oídas —de auditu—, o conjeturas, hijas de la malicia o de la suspicacia a las que no puede el juzgador plegarse para fundar en ellas la declaración de paternidad.

Sobre este particular ha precisado la Sala que “el derecho fundamental de conocer la progenitura, no puede verse afectado por la dificultad de probar un hecho que, como la relación carnal, se desenvuelve normalmente en la esfera privada de la pareja, que, en estos menesteres, procura guardarse del conocimiento directo de terceros, quienes lo derivan como observadores de la comunión personal y social entre la madre y el reputado padre, la cual, debe ser ciertas aquellas, refleja necesariamente la intimidad amatoria de estos” (cas. civ. de 8 de noviembre de 2000, exp. 5792). De ahí, entonces que en orden a obtener la prueba de las aludidas relaciones, “lo fundamental es que los declarantes depongan sobre episodios que ante ellos ocurrieron, ciertamente indicativos, a juicio del juez, de que la pareja tenía relaciones sexuales” (cas. civ. de agosto 13 de 1979), razón por la cual, no es dable exigir al testigo que declare sobre la relación sexual misma, a menos que tenga un particular conocimiento de ella, sino que atestigüe sobre “los comportamientos o actitudes públicas y privadas de los amantes que en alguna forma evidencien o reflejen el trato sexual requerido para establecer la paternidad” (cas. civ. de 26 de febrero de 2001; exp. 6353).

Empero, es incontrovertible que esa relativa amplitud —o moderada y racional laxitud— en la valoración de la prueba testimonial, para con fundamento en ella establecer el trato carnal entre la madre y el presunto padre en la época en que pudo tener lugar la concepción, no puede servir de basamento para que los jueces, amparados en la discreta autonomía de que gozan para formarse su convencimiento sobre los hechos, infieran la existencia de tales relaciones de alguna situación de mera cercanía entre aquellos referida por los testigos, o de cualquier conducta o relación social que a ellos les conste, siendo menester que el hecho atestiguado tenga, por su naturaleza intrínseca, la idoneidad suficiente para evidenciar, con un confiable grado de certeza, que la relación íntima se presentó, en orden a erradicar el llano subjetivismo o la simple especulación.

Será necesario, entonces, que el hecho o hechos sobre los cuales dan fe los testigos, permitan “suponer razonablemente que hombre y mujer están ligados por un vínculo que supera los linderos de la mera amistad, el afecto y el aprecio, aislada o conjuntamente considerados. Porque manifestaciones de esta índole las ofrece la vida cotidiana, sin que sea válido ver junto a ellas, necesariamente, relaciones de concúbito. Ha de guardarse el juzgador, por lo mismo, de refundir en un mismo concepto ambas cosas. De ahí que la ley haya atinado a establecer los perfiles que a tal trato le dan la fisonomía advertida; debe por lo tanto analizarse con arreglo a su naturaleza, antecedentes, continuidad e intimidad. Vale expresar, un trato que se traduzca en hechos que por su propia índole, tangibles y perceptibles por los sentidos, reiterados y no esporádicos o momentáneos, manifiestos, fuertes y persuasivos, denotadores de lazos de especial confianza, apego, adhesión y familiaridad, pongan en evidencia que no ha podido sino desembocar, por el mismo grado de casualidad que ofrecen, en el acceso carnal, porque precisamente son las que de ordinario preceden a unión semejante. Como es compresible, ingenuo e inútil fuese establecer una relación fáctica de esa estirpe, pues serán las condiciones propias de cada caso particular, examinado por ejemplo, el grado de cultura de las gentes, el ámbito social, el medio ambiente y otras circunstancias, las que indiquen mas o menos su realización. En compendio, es cuestión que debe entregarse al examen ponderado del juzgador (cas. civ. de 12 de mayo de 1992, sin publicar)” (CCLII, pág. 852).

Es importante relievar que la Corte no desconoce el vívido y plausible deseo, que en general, le asiste a los juzgadores de instancia, orientado a la consecución de providencias justicieras, amén que acordes con los dictados y con los derroteros trazados por el ordenamiento jurídico, a fortiori, en materias que involucran tópicos de indiscutida sensibilidad social, cual acontece con las relaciones familiares, muy especialmente en punto tocante con la investigación de la paternidad. Empero, si bien entiende que dicho proceder, en línea de principio, se torna laudable, tampoco puede dejar de censurar —con firmeza— que el juzgador, en guarda de obtener el prenotado resultado, resquebraje los postulados que, ab antique, estereotipan la ciencia procesal, so capa de hacer justicia, pues su desmedido afán por conseguirla, termina por franquearla y, de suyo, paradójicamente, por empañarla, habida cuenta que tan nobilísimo y edificante propósito en manera alguna los autoriza para efectuar un examen ligero o incluso, dadivoso o acomodaticio en torno a las pruebas recaudadas.

La virtual injusticia, huelga manifestarlo, no se combate con injusticia, de suerte que para remediarla no resulta de recibo eclipsar caros y basilares postulados que ancestralmente, informan el derecho. Quien así obra, soslaya el milenario y penetrante mensaje transmitido por Ulpiano, quien precisó que la locución ius hunde sus raíces en el vocablo iusticia que “según lo define elegantemente Celso, es el arte de lo bueno y equitativo. Por cuyo motivo alguien nos llama sacerdotes, pues cultivamos la justicia, profesamos el conocimiento de lo bueno y equitativo, separando lo justo de lo injusto…” (Digesto, I.1).

Al juez en su arraigada función de custodio de la justicia, en suma, no le está permitido ensanchar el alcance de la prueba, como si fuera una sustancia elástica que ad libitum, pudiera halarse conforme a las circunstancias de la litis, toda vez que, con discernimiento, equilibrio y buen juicio, debe sopesarla, a fin de otorgarle su exacto valor demostrativo, sin restarle su mérito, es cierto, pero tampoco asignándole más del que, ab initio, intrínsecamente posee. Hacer lo contrario equivaldría a distorsionar su genuino significado, en clara muestra de floración de un patente error in iudicando, así se origine en el bizarro deseo de favorecer a uno de los extremos de la relación procesal, como tal convicto de parcialidad. Bien reseñaba el maestro Piero Calamendrei que la imparcialidad, en sí, es “virtud suprema del juez”, por manera que cuando lo narrado acontece en la praxis, es menester corregir el aludido desbordamiento jurisdiccional, a través del rompimiento del fallo judicial proferido a espaldas del contenido —objetivo— de la prueba, dueña de una prédica enteramente disímil (plus), por lo tanto llamada a imperar y a servir de sólido sustentáculo para casar la decisión prohijada por el tribunal, en desarrollo del evidente error de hecho detectado por la Corte.

2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, situada única y exclusivamente en el terreno de la prueba que obra en el plenario, es evidente que el tribunal, según lo predica la censura, erró de hecho en la apreciación de los testimonios (fl. 19, cdno. 6), específicamente de los rendidos por Concepción Velásquez Morea, Raquel Camacho de Pérez, Elsa Ortiz Cerón y Luz Marina Scarpeta Rodríguez, toda vez que de ellos no se podía deducir, en forma alguna, que entre Sandra Milena Calderón Bernaza y Wilson López Aguilar, “existieron tales relaciones sexuales” (fl. 20, cdno. 6), puesto que de ellas lo único que se colige, como lo refiere el recurrente, es que “nada les consta” (fl. 14. ib.).

En efecto, al ser interrogado cada uno de los declarantes “sobre la relación que conoció de la pareja”, en alusión a Sandra Milena y a Wilson, todos ellos contestaron que “No me consta nada de eso” (Concepción Velásquez); “Yo de eso no sé, lo que a mí me consta es que ella trabajó ahí en la casa de Wilson, eso de amores no me consta nada” (Raquel Camacho); “yo de eso sinceramente no se nada…, no me consta nada deso (sic) del trato de Wilson para con la menor” (Elsa Ortiz); “a mí no me consta nada” (Luz Marina Scarpeta). Más aún, las mismas testigos señalaron que “la comunidad tampoco decía nada”, por lo menos “Antes de ella salir de esa casa”, e insistiendo el interrogador sobre el conocimiento que pudieran tener de alguna relación sentimental, respondieron que “No señor, nosotros por fuera no le veíamos nada; No, ninguna”; “No, nunca, no me consta nada” (se resalta; fls. 5 vto. 6, 7 y 14, cdno. 3).

Así las cosas, de nuevo en el campo probatorio, in concreto de lo que revelan las probanzas que militan en el expediente y que son objeto de escrutinio, resulta inexplicable que el tribunal, pese a haber aceptado que dichos testigos “frente a los hechos investigados lo único que pueden asegurar es que ésta trabajó donde Wilson López Aguilar y, según ella, de allí salió embarazada”, hubiere inferido que de dicho vínculo laboral, que “clandestiniza aún más la relación sexual”, se colegía el trato carnal entre la madre de la menor demandante y el demandado (fls. 40 y 41, cdno. 5), como quiera que ninguna máxima de la experiencia le permite al juzgador suponer, sin grave e inconsulto atentado contra el régimen que disciplina la prueba, que cuando entre dos personas existe una relación laboral, por regla general, igualmente existe una de tipo amoroso y sexual. Ello, sin más consideraciones, es inadmisible, a fuer que equivocado. De ahí la prudencia y el buen juicio que el juzgador debe observar al momento de examinar el material probatorio, en orden a no trocar la valoración por la suposición —o inversión— y por ende, incursionar en una actividad que, por abusiva, antojadiza y ajena a la realidad, le está vedada, in radice, a todo administrador de justicia en el que debe campear la ponderación, la ecuanimidad y la serenidad.

Ahora bien, aunque el tribunal también adujo que le daba “credibilidad a la madre”, por haber trabajado en casa del demandado y por su edad e inexperiencia (fl. 42, cdno 5), es evidente que ante la deficiencia o fragilidad de la prueba testimonial, no se podía “dar como un hecho cierto que el padre extramatrimonial de la menor Tatiana es Wilson López Aguilar, porque la demandante así lo dice”, tal y como lo resalta la censura (fl. 19, cdno. 6). Si en aras de probar la paternidad extramatrimonial, bastase la manifestación jurada de la madre, no existirían los procesos de investigación de aquella. Es por eso, por vía de elocuente ejemplo, que el notario no puede expresar el nombre del padre en el acta de nacimiento, así la madre lo haya declarado, en tanto no haya sido aceptada la atribución por aquel (L. 75/68, art. 1º, num. 1º, inc. 5º).

De allí, entonces, que resulte innecesario acometer el análisis de la declaración de Sandra Milena Calderón, con miras a establecer si incurrió en ostensibles contradicciones que le quitaban mérito a su testimonio, como lo pretende demostrar el impugnante, pues es claro que así ella fuese coherente, por sí sola no podría servirle de báculo a la sentencia estimatoria de la pretensión de filiación, dado que se trata de una versión interesada.

E igual acontece con el indicio deducido del “Examen de genética” visible el folio 8 del cuaderno 3, que el propio fallador demerita por no determinar “el índice de paternidad o número de probabilidad de que un individuo sea el padre de otro dentro de una misma población” (fl. 42, cdno. 6), pues, ya lo ha precisado la Sala, “de cara al derecho positivo patrio, “la peritación antropoheredobiológica —o la que simplemente se soporta en la determinación de los grupos sanguíneos— no constituye motivo del cual, por sí sólo, pueda inferirse necesariamente la paternidad extramatrimonial, sino que requiere de otros elementos persuasivos que conduzcan a establecer cuándo se produjo el trato carnal entre hombre y mujer”, pues “lo que se desprende de un examen o grupo de exámenes como aquel de cuya apreciación se duele el censor, es una mera probabilidad” (cas. civ. de 4 de diciembre de 1990)” (CCXL, pág. 286), en la medida en que de él —o de ellos— “Tan sólo puede colegirse que… no resulta imposible la paternidad alegada por el censor, pero igualmente, no descarta la experticia que el padre podría ser otro barón cuyas pruebas genéticas arrojen también grupos y factores sanguíneos compatibles con los de la madre y con quien reclama la paternidad” (cas. civ. de abril 18 de 2001; exp. 5943. Cfme.: cas. civ. de diciembre 10 de 1999, exp. 5320).

Por supuesto que otra sería la conclusión si el dictamen practicado fuese de aquellos que en la hora actual la ciencia ofrece, con fundamento en los cuales puede establecerse la paternidad en un porcentaje superior al 99% toda vez que; en presencia de uno de ellos, “se impone hoy la declaración de ciencia frente a la reconstrucción histórica” (cas. civ. de 10 de marzo de 2000; exp. 6188).

3. En consecuencia, surge con incontrastable evidencia que el tribunal erró de hecho al apreciar las pruebas, por lo demás en forma manifiesta, al considerar que de ellas se podía colegir la existencia —confiable— de relaciones sexuales entre la madre de la demandante y el demandado, para el tiempo en que pudo tener lugar la concepción, lo que provocó el quebrantamiento del numeral 4º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, en la medida en que con soporte exclusivo en dichos medios de prueba, no podía predicarse la paternidad extramatrimonial del señor López, lo que avala, igualmente, la trascendencia del prenotado yerro, exigencia requerida en la esfera casacional para erradicar del universo judicial una providencia permeada por equivocaciones facti in iudicando.

Por consiguiente, el cargo prospera.

4. Antes de dictar la sentencia de reemplazo correspondiente y teniendo en cuenta la acentuada importancia que en este tipo de procesos —hoy por hoy— tiene la prueba pericial, la Corte, en uso de las facultades que le conceden los artículos 179, 180 e inciso 2º del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, ordenará oficiosamente la práctica de un examen sobre la huella genética del DNA, en especial, el examen VNTR y/o STR, a la análoga HLA con el fin de establecer la posible paternidad del señor Wilson López, frente a la menor Tatiana Calderón.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia proferida el 8 de septiembre de 1997 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala de Familia, en el proceso de investigación de la paternidad promovido por Tatiana Calderón, en cuyo nombre actuó la defensoría de familia de Garzón (Huila), contra Wilson López Aguilar.

Antes de proferir la sentencia sustitutiva, se ordena de oficio la práctica de un dictamen pericial por parte del laboratorio de genética médica de la Universidad Nacional, entidad que deberá realizar al señor Wilson López Aguilar y a la menor Tatiana Calderón Bernaza, con sujeción a lo establecido en la Ley 721 del 2001, un examen sobre la huella genética del DNA, en especial, el examen VNTR y/o STR, o la análoga HLA o, en todo caso, los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9% que se estén verificando al momento de concurrir los interesados, con el fin de determinar, en la forma más certera posible, la paternidad de la citada menor. Con ese propósito, se oficiará a la universidad antes mencionada, entidad que por conducto de esta Corte citará a aquellos.

Los gastos de la pericia serán de cargo de las partes por igual (CPC, art. 179). Se confiere un término de veinte días para la práctica de esta prueba.

Sin costas en casación por haber prosperado el recurso.

Notifíquese.

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