Sentencia 6933 de enero 28 de 1993

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 6933

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Actores: María Prisca Cantillo Peña y otros

Demandado: La Nación - Policía Nacional

Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).

Procede la Sala a decidir sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia de 31 de julio de 1991, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la cual se dispuso:

“Primero. Declárase la responsabilidad administrativa de la Nación Colombiana - Policía Nacional ,por la muerte de Tomás Herrera Cantillo, ocurrida el 18 de marzo de 1987, en predios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica UPTC, Tunja, a consecuencia de los impactos por disparos de arma de fuego (revólveres), que le causaron miembros de la Policía Nacional.

“Segundo. Condénase a la Nación Colombiana —Policía Nacional— a pagar a María Cantillo Peña, en su calidad de madre de Tomás Herrera Cantillo, lo equivalente a un mil gramos oro puro, por concepto de perjuicios morales conforme al precio que tenga dicho metal a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, según certificado expedido por el Banco de la República

“Tercero. Condenar a la Nación Colombiana —Policía Nacional— , a pagar a cada uno de los hermanos de Tomás Herrera Cantillo, esto es a: Juan Herrera Cantillo, María del Carmen Herrera Cantillo, Diomedes Cortés Cantillo y Rocío Armesto Cantillo, el equivalente a quinientos gramos oro puro, por concepto de perjuicios morales subjetivos, conforme al precio que tenga dicho metal, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, de acuerdo con certificado que expida el Banco de la República.

“Cuarto. El pago se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

“Quinto. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

“Sexto. Si este fallo no fuere apelado, consúltese con el honorable Consejo de Estado”.

I. Antecedentes

1. Las pretensiones.

Mediante escrito presentado el 18 de marzo de 1989, ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, los señores María Prisca Cantillo Peña, Juan Herrera Cantillo, María del Carmen Herrera Cantillo, Diomedes Cortés Cantillo y Rocío Armesto Cantillo, en ejercicio de la acción de reparación directa, formularon demanda contra la Nación —Policía Nacional—, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“Primera: Que se declare que la Nación (Policía Nacional) es administrativamente responsable de la muerte del ciudadano Tomás Herrera Cantillo, ocurrida en predios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Municipio de Tunja, departamento de Boyacá, el día 18 de marco (sic) de 1987, cuando fue asesinado por miembros de la Policía Nacional acantonados en Tunja.

“Segunda: Declarar igualmente, a la Nación (Policía Nacional) administrativamente responsable de los daños y perjuicios causados y que se causen, en el futuro, a los demandantes María Prisca Cantillo Peña, Juan Herrera Cantillo, María del Carmen Herrera Cantillo, Diomedes Cortés Cantillo y Rocío Armesto Cantillo.

“Tercera: Que se condene a la Nación (Policía Nacional) a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en pesos colombianos de las siguientes cantidades de oro puro, según certificación que de su precio dé el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

“a) María Prisca Cantillo Peña: Mil gramos;

“b) Juan Herrera Cantillo, María del Carmen Herrera Cantillo, Diomedes Cortés Cantillo y Rocío Armesto Cantillo: Quinientos gramos por cada uno.

“Cuarta: Que se condene a la Nación (Policía Nacional) a pagar los perjuicios materiales causados y que se causen en el futuro, con motivo de la muerte de Tomás Herrera Cantillo, a favor de los demandantes, teniendo como base un Salario diario de novecientos pesos ($ 900.oo) o la que se demuestre, dentro del proceso, o por último, el Salario mínimo existente el 18 de marzo de 1987 y que exista a la fecha de la sentencia, y teniendo en cuenta el cálculo de la vida probable de la víctima, la profesión y su explotación futura: que se tenga en cuenta el cálculo de vida probable de los demandantes, aplicándose así, el reajuste de la condena en la forma establecida en el artículo 178 del CCA.

“Quinta: La Nación dará cumplimiento a la sentencia dentro del término fijado por el artículo 176 del CCA. y las sumas resultantes devengarán intereses comerciales por los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del fallo y moratorias, después de este término, según el artículo 177, inciso final del CCA”.

2. Fundamentos de hecho.

Aparecen ampliamente relacionados en la demanda a los folios 15 a 20 y se reducen, en síntesis, a lo siguiente:

Tomás Herrera Cantillo era hijo de Juan Herrera y María Prisca Cantillo y hermano materno de Juan Herrera Cantillo, María del Carmen Herrera Cantillo, Diomedes Cortés Cantillo y Rocío Cantillo.

La víctima Tomás Herrera Cantillo estudiaba en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, funda un periódico estudiantil y con su producto se sostenía él, su hermano Juan Herrera Cantillo y además giraba para su progenitora y otros hermanos en Mompós.

El 18 de marzo de 1 987, una marcha de protesta de los estudiantes de la Universidad mencionada origina el bloqueo del tránsito automotor, lo que obligó al uso de la fuerza pública para normalizar la situación. Los agentes de la Policía Nacional arremetieron contra el estudiantado universitario, penetraron a los predios del centro educativo, en donde, al utilizar armas de fuego, causaron la muerte de Tomás Herrera Cantillo y lesiones en William Rodríguez Ortiz. Para complemento, el Mayor encargado del procedimiento impidió que se le prestaran los auxilios y asistencia médica necesarios a los heridos.

Se presentó, pues, una falla en el servicio, la que originó graves daños, configurándose así la responsabilidad administrativa a carro (sic) del ente demandado y originándose a su cargo la obligación de indemnizar los perjuicios causados a los demandantes.

3. Actuación procesal.

Agotado el período probatorio se les brindó la oportunidad a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones de conclusión y el concepto de fondo.

La actora en su escrito de folios 64 a 67, básicamente reitera los planteamientos consignados en la demanda, cuestiona severamente la actuación de los miembros de la Policía Nacional en los hechos narrados, quienes “desbordaron todo principio de disciplina interna y social, dispararon sobre un grupo de muchachos dando como resultado la muerte de Tomás Herrera Cantillo causando un perjuicio, cuyo resarcimiento se ha demandado”.

El Fiscal del Tribunal solicitó en su concepto que se accediera a las súplicas de la demanda en cuanto a la declaración de responsabilidad. Sobre los perjuicios morales sugiere que se reconozcan a la madre y hermanos en la proporción señalada por el Consejo de Estado y con respecto a los perjuicios materiales, estima que no fueron acreditados.

4. La sentencia recurrida.

Para el Tribunal en el sub judice se presentó una ostensible falla del servicio por parte del personal de la Policía Nacional que intervino en el operativo adelantado frente a los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, al ingresar a sus predios y disparar contra aquellos con el lamentable y trágico resultado que dio origen a este proceso. Esta falla del servicio y su consecuencia: la muerte del estudiante Tomás Herrera Cantillo, configuraron la responsabilidad del ente demandado.

Como reconocimiento indemnizatorio para la madre del occiso el a quo dispuso el pago equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro fino y para los hermanos el equivalente en pesos a 500 gramos del mismo metal.

Para la Fiscal Séptima de la Corporación, el fallo consultado debe confirmarse, por cuanto “están demostrados los elementos axiológicos que determinan la responsabilidad de la Nación - Policía Nacional (...)” (fls. 108 A 115).

II. Consideraciones de la Sala

Sea lo primero hacer referencia al cuestionamiento formulado por el apoderado de la Nación —Policía Nacional— sobre la legitimación en la causa por activa, deducida de no haberse probado el parentesco del occiso con Juan Herrera, a quien la parte demandada identifica con su padre.

Precisamente con miras a clarificar lo relacionado con el estado civil de los demandantes y la víctima, oficiosamente se dispuso traer al proceso las copias de las actas de registro civil del occiso y sus hermanos (fls. 120 a 124), de las cuales se infiere, sin lugar a dudas, que la señora María Prisca Cantillo Peña era la madre de Tomás Herrera Cantillo y este, a su vez, hermano de Juan Herrera Cantillo, María del Carmen Armesto Cantillo y Diomedes Cortés Cantillo.

Ahora bien, la Sala considera que el fallo consultado debe confirmarse por cuanto la declaración de responsabilidad a cargo de la Nación —Policía Nacional— , así como la tasación de los perjuicios morales en favor de los demandantes, acompasan con una acertada interpretación jurídica de las disposiciones constitucionales y legales aplicables al sub judice y con las orientaciones jurisprudenciales de esta Sección sobre liquidación de perjuicios morales para los padres y los hermanos de la víctima fallecida.

Realmente ninguna duda se presenta sobre la falla del servicio de la Policía Nacional como generadora de su responsabilidad administrativa en el fallecimiento trágico del estudiante Tomás Herrera Cantillo. Los miembros de esa institución armada procedieron abiertamente en forma contraria a los más elementales principios de legalidad, humanidad, prudencia y disciplina profesional. 

No era con una agresión armada como tenían que organizar y permitir el uso de la vía pública ocupada por los estudiantes que protestaban alguna medida oficial que afectaba los intereses de la comunidad. El uso de las arenas de fuego era innecesario para cumplir su cometido, ni siquiera eran agredidos con arma de ese tipo. De otra parte, olvidaron los uniformados que conforme al artículo 29 del Decreto 1355 de 1970 “solo cuando sea estrictamente necesario, la Policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo...”. 

Esta, por lo demás, ha constituido una constante posición de la Sala al exigirle a la fuerza pública la máxima prudencia y mesura en la utilización de la fuerza, y con mayor razón en el uso de las armas a las que solo en condiciones extremas y plenamente justificadas pueden acudir, para en esa forma dar cumplimiento a la obligación de salvaguardar la vida de los ciudadanos y el orden social. 

Si los policías portaban cascos, escudos protectores y hasta armas de fuego, a más de estar preparados profesionalmente para este tipo de actuaciones, y si los estudiantes en ningún momento dispararon contra los agentes oficiales, resulta inexplicable el desproporcionado, ilegítimo y violento comportamiento asumido por estos frente a los alumnos de la Universidad, al ingresar a sus predios y dentro de los mismos hacer uso de las armas de fuego, conforme se deduce de las distintas constancias procesales sobre el particular. 

Esa falla se hizo aún más protuberante con el comportamiento del oficial que comandó el operativo al impedir que se le prestaran los auxilios médicos necesarios a la víctima y con la actitud mañosa, elusiva e ilícita del teniente que disparó su revólver y luego pretendió esconderlo y desviar la investigación de su conducta. Tan evidente y ostensible fue la conducta de estos oficiales de la Policía Nacional que se determinó su separación absoluta del servicio.

Como consecuencia de la falla en el servicio resultó muerto Tomás Herrera Cantillo, estableciéndose así un nexo de causalidad entre la falla y el resultado dañoso, de donde surge estructurado la responsabilidad administrativa a cargo de la parte demandada, así como la obligación indemnizatoria correspondiente en favor de los demandantes, a quienes habrá de resarcirse de los perjuicios morales recibidos, en la forma que lo hizo el Tribunal, es decir, con el reconocimiento para la progenitora del occiso de una suma equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro fino y para los hermanos el equivalente en pesos a 500 gramos del mismo metal.

Por último, comparte la Sala el criterio del a quo al negar el reconocimiento de perjuicios materiales por cuanto procesalmente no se acreditaron, ni como daño emergente, ni como lucro cesante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia consultada, esto es, la de 31 de julio de 1991, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2. Para dar cumplimiento a los artículos 176 y 177 del CCA, expídanse copias auténticas de las sentencias, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes, haciendo las previsiones pertinentes contenidas en el artículo 115 del C. de PC.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha, veintiocho (28) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).

Magistrados: Juan de Dios Montes Hernández, Presidente de la Sala—Daniel Suárez Hernández—Carlos Betancur Jaramillo—Julio Cesar Uribe Acosta.

Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.