SENTENCIA 6941 DE JULIO 30 DE 1992

 

Sentencia 6941 de julio 30 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO

POR DAÑO ANTIJURÍDICO

EXTRACTOS: «Para el señor fiscal décimo de la corporación, doctor Fernando Ospina Henao, la sentencia merece ser confirmada. Así en su vista de 20 de marzo de 1992, observa:

“Conforme a la prueba testimonial recepcionada en el proceso, se concluye que los habitantes del sector en que ocurrió el accidente que causó la muerte al señor Celis Sánchez, con anterioridad a dicho insuceso, habían detectado irregularidades acerca del estado en el cual se encontraban los templetes que sostienen el poste que soporta los cables que conducen la energía eléctrica, y por tal razón habían llamado a las Empresas Municipales de Cali, a fin de comentarles los ruidos que se presentaban en el poste, y que dichas anomalías datan de hace algunos años.

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Es por lo tanto que no se puede hablar de fuerza mayor o caso fortuito en el presente caso, por cuanto el daño ya había sido detectado desde hacía mucho tiempo por la comunidad, y esta había comunicado dicha anomalía a las Empresas Municipales de Cali a fin de que arreglaran el posible daño, sin resultado alguno. Sólo bastó que se presentase la muerte del desprevenido ciudadano, para que los empleados de Emcali, subsanaran los daños que en ese lugar se presentaban, con los postes y templetes que soportaban las cuerdas conductoras de energía eléctrica.

Se puede afirmar por lo tanto que hubo desidia por parte de los funcionarios de Emcali, quienes a pesar de haber sido advertidos por los habitantes del sector, del daño que allí había, nada hicieron para solucionarlo, razón por la cual el ente demandado se hace administrativamente responsable por falla en el servicio, con ocasión de la muerte del señor Celis Sánchez por electrocución y debe indemnizar los perjuicios ocasionados.

La calidad de quienes comparecen al proceso como demandantes, se acredita con los documentos obrantes a folios 4 y 7 a 9 del cuaderno 1”.

Para la Sala le asiste la razón a la parte actora. La sentencia aquí recurrida y que acoge las súplicas de la demanda deberá confirmarse, ya que se ajusta a la realidad procesal.

Aparecen bien demostrados los extremos de la responsabilidad. En primer término, la muerte del señor Celis Sánchez y las circunstancias que la rodearon. En segundo término, que esa muerte le es imputable a la entidad pública Empresas Municipales de Cali, a cuyo cargo está el servicio de energía de la ciudad. En tercero, que esa conducta omisiva de la entidad produjo un daño a las personas damnificadas con el deceso del señor Celis Sánchez; personas que acreditaron estar legitimadas en su carácter de parientes del mencionado señor, mediante la prueba documental que se adjuntó al proceso y que muestran a la señora Ninfa Rubio vda. de Celis, como cónyuge supérstite y a las menores Adriana, Paola y María Luisa Celis Rubio, como hijas legítimas del matrimonio Celis Rubio.

Para la Sala la sentencia no merece reparos y el asunto estuvo bien manejado por el tribunal con apoyo en la tesis de la falla del servicio, puesto que tanto el a-quo como la fiscalía llegaron a la conclusión del manejo descuidado y negligente de la empresa demandada; la cual, pese a haber sido advertida con anticipación de la irregularidad que presentaba la instalación eléctrica en el sector de la tragedia, nada hizo para solucionarla.

Estima la Sala que en eventos como el aquí estudiado es más fácil el manejo del litigio desde la nueva perspectiva que presenta la Carta Constitucional en su artículo 90. Norma esta que a la letra dice:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste” .

Del texto que se deja transcrito se desprende, en términos generales:

a) Que la responsabilidad del Estado, directa y objetiva, surge de una acción u omisión.

b) Que esa acción u omisión debe ser imputable a una autoridad pública.

c) Que esa acción u omisión, imputable a una autoridad, cause un daño antijurídico a una persona natural o jurídica.

Con estos supuestos se entiende, en primer intento, la carga de la prueba de las personas implicadas en la controversia de responsabilidad, así: de un lado, deberá la parte demandante probar: a) La conducta de la administración (su acción u omisión); b) el daño que produjo a una persona o a un grupo de personas; y c) que entre aquella conducta y este daño existe una relación de causalidad adecuada.

A su turno la entidad demandada sólo podrá exonerarse o exculparse alegando y probando la fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima y el hecho, también exclusivo y determinante, de un tercero.

No se exonerará demostrando que actuó con diligencia y cuidado, es decir sin culpa o negligencia, o que todo se debió a un caso fortuito.

Se entiende así por qué se califica esa responsabilidad de objetiva. En principio, no juega el problema de la culpa, ya que la norma constitucional desplaza el problema de la antijuridicidad de la conducta de la persona administrativa (funcionamiento irregular del servicio público) y lo radica en la antijuridicidad del daño. Daño que es antijurídico no sólo cuando la administración actúa en forma irregular o culposa (forma obvia de antijuridicidad), sino también cuando esa actuación, pese a ser lícita o ajustada a la ley, lesiona a alguien que no tenía por qué soportar dicho daño.

Se dice, en principio, porque pueden existir hipótesis que no permiten el manejo de la responsabilidad desde la perspectiva exclusiva de ese daño antijurídico. Piénsese por ejemplo en algunos casos de responsabilidad nacidos del incumplimiento de obligaciones de medio y en los cuales esa responsabilidad sólo resultará comprometida cuando dentro de la infraestructura del servicio no se pusieron todos los instrumentos o elementos adecuados e idóneos para evitar la ocurrencia del perjuicio.

Juega aquí en la calificación de la responsabilidad por el daño antijurídico causado por la actividad lícita de la administración, un papel trascendental el principio de la igualdad frente a las cargas públicas, que no es más que una derivación obvia del principio constitucional de la igualdad de todas las personas frente a la ley (artículo 13).

También se entiende y justifica esa responsabilidad en tales términos con base en el principio fundamental contemplado en el artículo 1º de la Carta, el que nos habla de que “Colombia es un Estado social de derecho ... fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran ...” (subrayas fuera de texto).

Sobre el alcance que tiene el concepto “daño antijurídico” (lesión resarcible, en otros términos), razona así el profesor García de Enterría:

“Al construir la institución de la responsabilidad de la administración al margen de toda idea de ilicitud o culpa, el fundamento de aquélla se desplaza desde la perspectiva tradicional de la acción del sujeto responsable (que parte de la concepción primitiva de ver en la responsabilidad patrimonial la sanción a una conducta culpable) a la del patrimonio de la persona lesionada. La responsabilidad pasa a reposar de este modo sobre un principio abstracto de garantía de los patrimonios, dejando de ser una sanción personal por un comportamiento inadecuado para convertirse en un mecanismo objetivo de reparación, que se pone en funcionamiento sólo si, y en la medida en que, se ha producido una lesión patrimonial. El concepto de lesión patrimonial se convierte de este modo en el basamento mismo del sistema, lo cual hace especialmente necesario caracterizarlo con toda precisión desde un punto de vista técnico jurídico; nada perjudicaría tanto al progresivo sistema establecido en nuestro derecho que interpretarlo como una fórmula inespecífica, que o bien pudiese justificar cualquier pretensión indemnizatoria, por absurda que fuese, o bien remitirse a valoraciones de equidad según libres estimaciones de los aplicadores del derecho en cada caso. Nuestro sistema positivo, por el contrario, reposa sobre un profundo rigor técnico, que sólo precisa de una explicación coherente.

A estos efectos conviene comenzar por distinguir el concepto jurídico de lesión del concepto vulgar de perjuicio. En este último sentido puramente económico o material, por perjuicio se entiende un detrimento patrimonial cualquiera. Para que exista lesión resarcible se requiere sin embargo, que ese detrimento patrimonial sea antijurídico, no ya porque la conducta de su autor sea contraria a derecho (antijuridicidad subjetiva), sino, más simplemente, porque el sujeto que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo”».

(Sentencia de julio 30 de 1992. Expediente 6941. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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