Sentencia 69416 de enero 14 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL - SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Rad. 69416

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Aprobada Acta 3

Bogotá, D.C., catorce de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las condiciones de los internos en las cárceles colombianas.

1.1. Condiciones inhumanas de los internos en las cárceles colombianas.

En el Fallo T-153 de 1998 la Corte Constitucional, al estudiar las condiciones de reclusión de internos en la Cárcel Modelo de Bogotá y la Nacional de Bellavista de Medellín, declaró que la situación en los establecimientos penitenciarios del país configuraba un estado de cosas inconstitucional, debido a la situación de indignidad en que se encontraban los internos; en ese sentido, concluyó que tales condiciones “... son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados”.

Señaló la Corte Constitucional, además, que se estaba desconociendo la Ley 65 de 1993 —Código Penitenciario y Carcelario—, en la que se establece que las cárceles deben albergar únicamente personas sindicadas y que las penitenciarías están destinadas únicamente para ejecutar las penas impuestas en la sentencia de condena, norma que al ser vulnerada contribuye a la sobrepoblación carcelaria.

1.2. Derechos de los internos.

La Corte Constitucional ha reiterado que “... si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos desde el momento en que estos son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de los presos”(1). En este orden de ideas y de manera recurrente la Corte ha indicado que en aras a la relación de sujeción entre los reclusos y el Estado, este último tiene deberes muy especiales orientados a que aquellos ejerzan plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos y de forma parcial los que fueron restringidos.

1.3. Tratados internacionales.

La postura expresada por la Corte Constitucional corresponde con los tratados suscritos relativos a los derechos humanos, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad, por lo tanto es menester tenerlos como referencia de estudio y de aplicación; en ese sentido, hizo especial referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —Ley 74 de 1968—, en donde, entre otras cosas, se plasmó el derecho de los reclusos a ser tratados dignamente y el de la resocialización como objeto de la pena; en ese sentido, indicó:

“Así, el inciso 2º del artículo 5º de la Convención Americana establece que [n]adie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, y el inciso 6º determina que “[l]as penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

A su vez, el numeral 1º del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que “[t]oda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, mientras que el numeral 3º consagra que “[e]l régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados...”.

Los tratados en mención se refieren al principio de la presunción de inocencia, y en especial a dos consecuencias, la primera es la privación de libertad para los sindicados como medida extrema, a la que se debe recurrir únicamente en situaciones que realmente lo ameriten; este postulado se ratifica en las reglas de Tokio —las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, adoptadas mediante la Resolución 45 de 110 de la Asamblea General, el 14 de diciembre de 1990— en donde se señala que “... solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima”. La segunda consecuencia hace referencia a la separación de los reclusos por categorías, lo que conlleva a no mezclar a los sindicados con los condenados.

En ese sentido, apuntó la Corte Constitucional:

“Para la situación bajo análisis no es ocioso transcribir algunas de las pautas contenidas en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos:

9.1.) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual.

2.) Cuando se recurra a dormitorios, estos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones.

(...).

10. Los locales destinados a los reclusos, y especialmente aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo concerniente al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.

(...).

19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza”.

1.4. La existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario.

Respecto a la situación de los reclusos en todo el país, la Corte Constitucional determinó que esta ameritaba declarar un estado de cosas inconstitucional, figura que, según esta corporación, constituye una respuesta jurisdiccional a vulneraciones generales de los derechos fundamentales; en ese sentido, explica la Corte:

“Esta corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general —en tanto que afectan a multitud de personas—, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional”.

Y frente a la situación concreta en la que se encuentran los reclusos, justificó la medida del estado de cosas inconstitucional, en el entendido que:

“Del análisis histórico surge la conclusión de que la actitud del Estado ante estas situaciones es siempre reactiva, es decir que solamente ha actuado en este campo cuando se encuentra en presencia de circunstancias explosivas, como la actual. En esas circunstancias ha recurrido tanto a la despenalización o la rebaja de penas, como a la construcción apurada de centros de reclusión.

En efecto, la inacción de las autoridades ha significado la violación sistemática de los derechos de los reclusos, durante décadas, y a pesar de las muchas solicitudes y críticas elevadas con respecto al sistema penitenciario no se percibe ninguna política oficial para modificar de raíz la gravísima situación carcelaria del país”.

2. Análisis del caso concreto.

Atendiendo los factores que en el año 1998 llevaron a la Corte Constitucional a declarar el estado de cosas inconstitucional y considerando que el plazo de cuatro (4) años dado en la sentencia T-153 para que el Ministerio de Justicia, el Inpec y el Departamento Nacional de Planeación lograran “... la realización total del plan de construcción y refacción carcelaria en un término máximo de cuatro años” fue incumplido, como lo muestra la presente demanda donde la Defensoría del Pueblo reporta la situación de extremo hacinamiento en la que se encuentran los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santa Marta —la prisión tiene capacidad para 337 reclusos y actualmente está ocupada por 1.149 internos, con un grado de hacinamiento del 300%— y lo ratifican recientes estudios que indican cómo, no obstante la construcción de las cárceles que se impulsó por efectos de la anterior sentencia, el impacto no será significativo “... si se mantiene la forma significativa en la que ha venido aumentando la población carcelaria y en los últimos años —que de continuar, no podrá ser cubierta por los 22.453 cupos que se abrirán a través de las nuevas cárceles—”(2).

Según se analizó en acápites anteriores, desde el plano del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional, solo es posible acudir al instrumento extremo de la cárcel, si en ella quien es confinado recibe un trato digno a su condición humana.

Bajo este contexto, respecto a los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, para la Sala no existe duda sobre la situación de indignidad en la que se encuentran, pues así se puede establecer de lo informado por la Defensoría del Pueblo y del registro fotográfico que aquella aportó —ver folios 49-61—, en donde se observa como, por ejemplo, los internos duermen en los pasillos del centro de reclusión, el cual, además, “... se encuentra invadido por ratas y toda clase de plagas, las que de noche y en cualquier hora del día se desplazan por las instalaciones del penal” —según se indicó en la demanda, folio 4, hecho que no desvirtuado por los demandados—.

La anterior situación no fue negada por el Inpec. Todo lo contrario, tal institución la confirmó y responsabilizó de la misma al Congreso por aplicar un “populismo punitivo” que aumentó el nivel de la población carcelaria. Al respecto, apuntó:

“Por todo lo anterior, se considera que la solución no es cerrarle las puertas a los centros penitenciarios para nuevos privados de la libertad, la solución está en obligar a las entidades responsables para que cumplan con su cometido y manifestarle al congreso que no todo debe pagarse con cárcel, que el populismo punitivo nos está causando un daño como sociedad y que el sistema no se encuentra con la capacidad de soportar una cantidad tan grande de personas privadas de la libertad” —destacado del texto—.

Sobre lo expuesto por el Inpec, efectivamente, en fallo de tutela de 27 de marzo de 2012, Radicación 58729, esta Sala consideró los efectos del incremento en la criminalización frente al hacinamiento carcelario(3), precisando que esa consecuencia debía ser previamente calculada por el Estado para garantizar a los nuevos internos condiciones dignas de reclusión:

“... tal tendencia impulsada así estatalmente, requiere que se calculen y, sobretodo, se respalden presupuestalmente los efectos de tales determinaciones, entre los que se tiene que solo es posible acudir al instrumento extremo de la cárcel, si en ella quien es confinado recibe un trato digno de su condición humana; así como es una elección del Estado y de sus órganos políticos, impulsar una política de criminalización y para ello se actúa con inmediatez y urgencia, con esa misma diligencia se debe actuar frente a las consecuencias que ese proceder genera, una de ellas, el trato que van a merecer aquellos que, aplicada tal alternativa, se verán privados de su libertad”.

Desde otros contextos territoriales, el tema de las consecuencias del hacinamiento carcelario frente a la dignidad humana de los reclusos, tampoco ha pasado inadvertido. En un caso reciente, la Suprema Corte de los Estados Unidos, fallo Brown v Plata (2011), frente a una situación de hacinamiento equivalente a “casi el doble”(4) del número de cupos carcelarios en el Estado de California —en el caso sub júdice, el hacinamiento llega al triple—, avaló una decisión de la Corte del Distrito que ordenó la reducción de la población carcelaria, incluso a costa de dejar en libertad a determinados internos(5). El concepto de dignidad humana que debe prodigar una sociedad civilizada, según la Suprema Corte, resulta un parámetro fundamental de valoración:

“Para encarcelar, la sociedad toma de los presos los medios para satisfacer la propia necesidad. Así, los prisioneros dependen del Estado para comer, vestirse y contar con atención médica adecuada. Una falla de la cárcel para proveer de sustento a los internos ―puede producir tortura física o una muerte lenta‖ (―Estelle vs. Gamble‖, 1976). Así como un interno puede morir de hambre si no se lo alimenta, puede sufrir o morir si no se lo atiende médicamente. Una cárcel que priva a sus internos del sustento básico, incluyendo la atención médica adecuada, es incompatible con el concepto de dignidad humana y no puede tener lugar en una sociedad civilizada”.

Sin llegar al extremo sugerido en el citado fallo, esta Sala considera que debe protegerse el derecho fundamental a la dignidad humana de los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, siguiendo en ese sentido los criterios expuestos en el fallo de tutela de 27 de marzo de 2012, Radicación 58729, concediéndole a los demandados las posibilidades de ampliar la oferta penitenciaria de tal establecimiento, bien sea remodelándolo o construyendo uno nuevo, de tal manera que así se genere una situación sostenible y, de paso, garantizando otros derechos como el estipulado el artículo 63 del Código Penitenciario, según el cual:

“Los internos en los centros de reclusión, serán separados por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental. Los detenidos estarán separados de los condenados, de acuerdo a su fase de tratamiento; los hombres de las mujeres, los primarios de los reincidentes, los jóvenes de los adultos, los enfermos de los que puedan someterse al régimen normal.

La clasificación de los internos por categorías, se hará por las mismas juntas de distribución de patios y asignación de celdas y para estos efectos se considerarán no solo las pautas aquí expresadas, sino la personalidad del sujeto, sus antecedentes y conducta (destacado de la Sala).

Al paso que ello propiciaría una mejoría en las condiciones de salubridad, recreación y resocialización que se deben ofrecer a los internos, aspectos que, según el informe de la Defensoría del Pueblo, Regional Magdalena, están actualmente seriamente debilitados.

Es preciso señalar que el sentido de la protección no configura una intromisión en la gestión política de asuntos propios de otras ramas del poder público, sino una resolución concreta a un conflicto jurídico, como le corresponde al juez de tutela, de conformidad con los hechos que los accionantes acreditan, la contradicción ejercida por los accionados y lo probado en el proceso. En otras palabras, se trata de la aplicación de la función jurisdiccional concretada en el juez de amparo y que se activa, en este caso, por la situación de inminente riesgo en el que se encuentran los derechos fundamentales de los accionantes, que no admite más aplazamientos para su atención. Se requiere de una sentencia que aquellos puedan ejecutar, sentencia que concreta, en todo caso, las protecciones especiales que normativa y jurisprudencialmente respaldan sus derechos y que a lo largo de esta decisión se han desarrollado, sin que ello impida la aplicación de políticas públicas, que permitan de forma general y permanente atender otros casos que se presenten, sin necesidad de que los afectados acudan al órgano judicial.

Por lo anterior y en aras de propiciar una garantía efectiva a los derechos fundamentales de los internos, impera dar directamente la orden tanto al Ministerio de Justicia como al Inpec —entidades debidamente vinculadas a este proceso como partes accionadas—, a fin de que, según sus competencias, pero de forma coordinada entre ellas, con la novísima Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —SPC— y con las demás entidades que deban ser convocadas para cumplir lo dispuesto, procedan a cumplir de manera inmediata con la protección otorgada, para lo cual contaran con un plazo prudencial de dos (2) meses a fin de establecer el plan de trabajo a ejecutar; acto seguido, iniciaran todas las gestiones presupuestales y administrativas necesarias tendientes a mejorar, reubicar o si es del caso incrementar el cupo penitenciario, opciones que deben quedar concretadas en el término que esta Sala fijará en dos (2) años, en caso de que se trate de adecuaciones o remodelaciones, o tres (3) años, si se trata de una obra nueva, atendiendo la disponibilidad presupuestal.

De otra parte, la Sala encuentra importante que, más allá de la solución al conflicto jurídico concreto que se suscitó entre las partes —internos del Establecimiento Penitenciario de Santa Marta y el Inpec - Ministerio de Justicia—, se precisa exhortar tanto al órgano legislativo como al ministerio antes indicado, a fin de que, frente a la política criminal que puedan aplicar en futuras reformas legislativas, tomen también la precaución de respaldar económicamente las consecuencias que generan tales medidas sobre el aumento en la población carcelaria y el imperativo infranqueable según el cual solo puede someterse a una persona a reclusión si se le aseguran unas condiciones dignas, de acuerdo a los estándares indicados por la jurisprudencia que antes se reseñó; este tipo de estudios previos, si bien no son obligatorios, resultan convenientes y en tal sentido han sido impulsados por la doctrina y la legislación extranjera(6).

Corolario de lo anunciado, la Sala estima procedente revocar parcialmente el fallo impugnado, para ampliar la protección a la garantía de dignidad humana de los internos recluidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santa Marta.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - en Sala de Decisión de Acciones de Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR el numeral primero del fallo objeto de decisión, concediendo protección a la garantía fundamental a la dignidad humana de los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, en contra del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el establecimiento penitenciario antes indicado.

En consecuencia, se ordena a las autoridades accionadas que en el plazo improrrogable de dos (2) meses, de conformidad con sus competencias, definan un plan de trabajo a fin de que inicien las gestiones administrativas y presupuestales necesarias tendientes a mejorar o reubicar a los internos accionantes o si es del caso incrementar el cupo penitenciario, opciones que deben quedar concretaras en el plazo perentorio de dos (2) años, en caso de remodelaciones o ampliaciones, o de tres (3) años, si se trata de obra nueva, según las consideraciones expuestas en la presente decisión.

EXHORTAR al Ministerio de Justicia y el poder legislativo, por medio de las presidencias del Senado y Cámara, a fin de que, para futuras reformas legislativas, prevean y respalden los costos financieros que estas implicarían en el aumento de la población interna carcelaria, según las consideraciones expuestas en la presente decisión.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR copia de esta decisión al juez de primer grado y a los intervinientes en el proceso.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver, entre otras, las sentencias T-424 de 1992; T-522 de 1992; T-596 de 1992; T-219 de 1993; T-273 de 1993; T-388 de 1993; T- 437 de 1993; T-420 de 1994; T-705 de 1996.

(2) Balance de los primeros cinco años de funcionamiento del sistema penal acusatorio en Colombia, Corporación Excelencia en la Justicia, Embajada Británica, Bogotá, 2011, p. 77.

(3) Se apuntó en ese sentido: “Si a lo anterior se le agrega la actual tendencia política expresada en el aumento de penas y la tipificación de nuevas conductas, al mismo tiempo que se restringen las posibilidades de disminuciones punitivas por salidas alternativas al proceso penal ordinario —Ley 890 de 2004 “Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal”, la Ley 1098 de 2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia”, Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal”, la Ley 1453 de 2011, conocida como ley de seguridad ciudadana—, todo ello respalda la conclusión del citado informe, que es apoyada por el Ministerio de Justicia en su intervención ante esta Sala, en el sentido que las condiciones de hacinamiento y, en consecuencia, de indignidad de los internos en las cárceles, contrario a ser mitigada, tiende a agravarse de forma alarmante”.

(4) Según el fallo: “El grado de hacinamiento en las prisiones de California es excepcional. Las cárceles de California fueron diseñadas para albergar a unos 80.000 internos, pero en la época en la que el TJT emitió su orden, la población carcelaria era de casi el doble. Las cárceles estatales californianas operaron en casi un 200% de su capacidad de diseño durante, por lo menos, once años. Los internos se apiñan en espacios que ni siquiera han sido diseñados para albergan gente. Tanto como que casi 200 internos vivan en un gimnasio, apenas vigilados por dos o tres oficiales penitenciarios; tanto como que 54 presos compartan un solo baño”.

(5) Según la decisión revisada: “EL TJT escuchó testimonios durante catorce días y emitió un fallo de 184 páginas, logrando amplias conclusiones de hecho. El TJT ordenó a California reducir su población carcelaria en un 137.5% de la capacidad original de sus cárceles, en un plazo de dos años. Suponiendo que el Estado no construya nuevas instalaciones y amplíe dicha capacidad, la orden requiere una reducción de 38.000 a 46.000 personas en la población carcelaria. Porque parece cierto que el Estado no logrará construir lo necesario para cumplir, la población carcelaria debe reducirse en, por lo menos, alguna proporción. El TJT no ordenó cumplir esa reducción de una determinada forma. En cambio, le ordenó al Estado que formule un plan de cumplimiento y lo someta a la aprobación del TJT.

Al momento del sometimiento del caso a juicio, las unidades penitenciarias californianas albergaban aproximadamente a 150.000 internos. Esto es casi el doble del número para el que fueron diseñadas estas unidades y así se ordenó a California que reduzca su población carcelaria en un 137,5% de su capacidad.”

(6) En ese sentido: Graham, Kyle, Crimes, Widgets, and Plea Bargaining: An Analysis of Charge Content, Pleas, and Trials, En: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2004194