Sentencia 6944 de marzo 13 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

RETENCIÓN DE CESANTÍAS

EN CASO DE DENUNCIA PENAL

EXTRACTOS: «En concepto de la censura para que el patrono pueda retener el auxilio de cesantía, de acuerdo con lo establecido en el ordinal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, es menester que además de la denuncia interpuesta por la empleadora contra el trabajador se pruebe la existencia de un auto cabeza de proceso en su contra, que es lo que determina la existencia de una acción penal.

Del examen de la denuncia presentada por el funcionario de la empleadora, se deduce que la empresa tomó como base los mismos hechos que motivaron la terminación del contrato de trabajo. En tal documento el denunciante es claro en señalar quién es la persona sindicada y contra quién se dirige la denuncia, actitud que expresamente manifiesta al solicitar que se le reciba indagatoria al ex trabajador.

El Tribunal dedujo que el juzgado adelantó la investigación preliminar contra el trabajador, con base a la certificación expedida por el Juzgado de Maní (Casanare) que obra a folio 309 del expediente.

La acción del empleador no podía llegar más allá de la que desarrolló al interponer la denuncia, pues después de tal acción su intervención en el proceso se encontraba limitada por la reserva sumarial consagrada en la ley penal. No podía enterarse de lo que ocurría durante las diligencias previas ordenadas y solo podía hacerse parte civil en el proceso hasta cuando se decidiera dictar el auto cabeza del proceso.

Si bien es cierto que el juzgado de Maní no adelantó el trámite conforme a lo establecido en los artículos 341 a 353 del C. de P.P. vigente para esa época (Decreto 0050 de 1987), tal error no puede imputársele al empleador quien cumplió con iniciar la acción que era lo que le correspondía como consecuencia de la carta de despido, sin tener obligación de saber cuál era el trámite que seguía a su acción y con la sola convicción de que las acusaciones proferidas contra el actor debían ser decididas por la justicia penal ordinaria.

No es cierto como lo afirma el recurrente que la copia de la denuncia no tiene valor probatorio por no constar en ella la ratificación del denunciante pues, como se sabe, esta es una diligencia que se practica con posterioridad a su interposición y que consta en el expediente y no en el documento introductorio. De todas maneras su práctica se deduce de la existencia de las diligencias previas que tan solo se pueden iniciar cuando la denuncia ha sido debidamente ratificada.

De otra parte, no era posible a la empleadora conocer la situación procesal del denunciado precisamente por los hechos aducidos en la comunicación de despido. Todo a consecuencia de que el juzgado del conocimiento expidió el auto ordenatorio de la práctica de indagación preliminar como se desprende del documento de folio 309 sin percatarse que en la denuncia el sindicado era el trabajador y de esta suerte al enviar el expediente a la policía judicial equivocó el trámite legal, por cuanto lo que correspondía conforme al artículo 346 del Decreto 0050 de 1987 era decidir en el término de 15 días la procedencia del auto cabeza de proceso o del inhibitorio. Desde luego esta situación impidió al patrono conocer la suerte de la denuncia frente a la imposibilidad de constituirse en parte civil de dicha acción con arreglo al artículo 39 del Código de Procedimiento Penal vigente para entonces. Siendo así que solo el trabajador como sindicado estaba en condiciones legales de conocer su situación jurídica originada en la investigación, no correspondía a la empleadora hacerlo por simple incapacidad legal por lo que se ha precisado anteriormente. De otra parte, el pago de las cesantías retenidas se hace exigible en el momento en que la autoridad penal decide definitivamente sobre la responsabilidad del trabajador y, de esta suerte, el término de prescripción de la acción laboral para reclamarlas se computa desde la ejecutoria de la respectiva providencia y no desde el momento de la extinción del contrato de trabajo, como lo aduce la impugnante.

Así, el Tribunal no se equivocó al decidir que la petición sobre cesantías se formuló antes de tiempo al no aparecer que la justicia penal hubiese decidido definitivamente lo de su competencia».

(Sentencia de casación, marzo 13 de 1995. Radicación 6944. Magistrado Ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valverde).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto por el criterio mayoritario me permito exponer las razones que me llevan a discrepar de él así:

La figura de la retención patronal de la cesantía o la de su pérdida consiste en que el empleador queda facultado para retener el auxilio de cesantía del trabajador a la finalización del nexo laboral, con el objetivo de resarcirse directamente de los perjuicios que la conducta de este haya podido generarle. Los motivos que autorizan la retención figuran definidos taxativamente y entre ellos se contemplan los actos delictuosos cometidos en perjuicio del empleador. Se trata de un mecanismo excepcional y restringido no sólo en atención al carácter vital que para el trabajador afectado reviste la cesantía sino también porque la regla es que el empleador tiene prohibido deducir, retener o compensar los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, salvo autorización escrita de estos para cada caso o por decisión judicial.

Cuando la causal de retención es el delito, naturalmente la calificación de la correspondiente conducta por parte del empleador es insuficiente. Se requiere entonces del pronunciamiento de la justicia penal pues sólo ella tiene la potestad de definir si el trabajador incurrió en un comportamiento delictuoso en contra del patrono.

Consecuentemente si el empleador invoca un delito del trabajador para retenerle la cesantía, corre con todas las responsabilidades y riesgos inherentes a su decisión, y es así como debe adelantar las gestiones conducentes a que la justicia penal emita la respectiva decisión condenatoria. En este sentido también vale la pena aclarar que la sola denuncia penal carece de mérito para justificar al patrono en la retención y ni siquiera alcanza para justificar la suspensión del proceso laboral por prejudicialidad, pues esta requiere la iniciación de la investigación penal (C. de P.C. 170-1), ya que como bien se ha observado no es el denunciante el que define si procede iniciar el trámite criminal sino el funcionario judicial competente.

El trabajador a su turno tiene la posibilidad inmediata de acudir ante la justicia laboral, pues el texto legal que autoriza la retención no impide el ejercicio de la pertinente acción, y entender lo contrario implicaría exigirle al trabajador que demuestre su inocencia como requisito para accionar, siendo que el principio constitucional y penal indica que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable, luego el juez del trabajo debe presumir la inocencia del trabajador y el empleador tiene la carga de desvirtuar dicha inocencia con la única prueba admisible que es la sentencia condenatoria penal.

Ahora bien, si se presenta demanda por el trabajador en reclamo de la cesantía retenida y se comprueba que se ha iniciado un proceso penal en contra del demandante a propósito del motivo de dicha retención, el juez laboral deberá evacuar las pruebas del caso y suspender el señalamiento de la audiencia de juzgamiento por un término máximo de tres años hasta que se allegue copia del fallo penal en firme (CPC art. 172). Si vencido el término máximo no se allega la prueba pertinente, el juez laboral deberá dictar sentencia bajo la presunción constitucional de inocencia del accionante y ordenar, por ende, el pago del derecho. E igual decisión deberá adoptar en caso de que en el informativo no obre evidencia respecto a la iniciación de la respectiva investigación penal.

Esbozado lo anterior, observo que el fallo de casación del que me aparto, siendo que debió anular la sentencia impugnada para acoger los planteamientos efectuados en el segundo cargo formulado por el apoderado del actor, la prohijó en cambio pese a que en mi sentir presenta los siguientes errores:

1. Otorgarle a una simple denuncia penal el suficiente valor para excusar la falta de pago de la cesantía al demandante en los autos y no haber observado que dicha denuncia sólo condujo a unas “diligencias preliminares” que se iniciaron en noviembre 12 de 1988, según el documento de folio 309, sin que haya datos acerca de la iniciación verdadera de un proceso penal.

2. Entender que correspondía al trabajador accionante que reclama su cesantía retenida por la empleadora que le imputó delito, la tarea de probar la inexistencia de un proceso penal en su contra, siendo que conforme al artículo 177 del C. de P.C., la carga es del empleador en tanto persigue demostrar su excepción.

3. Admitir que la petición del demandante fue hecha antes de tiempo, en el entendido de que éste debe esperar la decisión penal absolutoria para poder reclamar su cesantía, lo cual implica presumirlo culpable de delito hasta tanto no demuestre su inocencia, contrariando así el canon constitucional.

4. Concluir que el término de prescripción para el cobro judicial de la cesantía del trabajador a quien se le retiene el derecho por habérsele atribuido delito, sólo comienza a computarse desde la ejecutoria de la sentencia penal, siendo que la norma sobre retención no cambia la regla acerca de que la cesantía es exigible a la terminación del vínculo laboral y mal podría modificarla porque hacerlo implicaría vulnerar el derecho fundamental del trabajador como ciudadano de que se le presuma inocente.

5. Autorizar el procedimiento erróneo del tribunal que si estimó acreditada la existencia de un proceso penal debió ordenar la suspensión del proceso laboral y si no la halló, le correspondía disponer el pago de la cesantía y no declarar probada una petición antes de tiempo a todas luces infundada.

En estos términos dejo salvado mi voto.

Francisco Escobar Henríquez. 

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