SENTENCIA 6951 DE OCTUBRE 23 DE 1992

 

Sentencia 6951 de octubre 23 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PERJUICIOS MATERIALES

PARA PADRES DE LA VÍCTIMA

EXTRACTOS: «Concluye entonces la Sala que en el caso examinado la falla del servicio sí se presentó, como también se dieron los daños y la relación de causalidad entre éstos y aquella, estructurándose así la responsabilidad extracontractual de la administración, que genera a su cargo la obligación indemnizatoria de los afectados. La Sala, como se advirtió, sobre este punto comparte la determinación del a-quo al declarar administrativamente responsable a la parte demandada, por la muerte y lesiones personales de que fueron víctima Luis Carlos Cáceres España y Pedro Pablo Contreras Cajiao, respectivamente.

Con relación a los reconocimientos indemnizatorios impetrados, se observa:

a) Por el fallecimiento de Luis Carlos Cáceres España: 

Reclaman sus padres y hermanos, perjuicios de orden material y moral. El Tribunal consideró que no hay prueba “de que para el momento de su fallecimiento hubiera estado desempeñando alguna labor determinada y por otra parte según comunica la Administración de Impuestos Nacionales éste no declaraba ninguna renta ni patrimonio” y descarta que los padres estuviesen percibiendo dinero del occiso, por consiguiente, deniega indemnizarlos por este concepto.

Para la Sala, en este aspecto el fallo apelado debe modificarse En efecto, las distintas constancias aportadas al proceso, de carácter documental y testimonial, permiten deducir que el occiso, si bien no tenía un empleo definido al morir, sí desarrollaba actividades laborales en la docencia y la música, de las cuales percibía los ingresos económicos para su propio sostenimiento y el de sus ancianos padres, al decir de las dos personas que en sus declaraciones se refirieron sobre este particular.

De otra parte, considera la Sala que en torno de la ayuda que los hijos prestan a sus padres cuando éstos requieren de su colaboración, no debe ser tan exigente ni drástico el criterio de valoración de la prueba aportada para demostrar dicho apoyo. Ahora bien, recuérdese que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundada, en los términos del artículo 1° de la Constitución Política, “en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran”, lo que implica que tales principios merecen el máximo respeto e incondicional respaldo, de tal forma que puedan desarrollarse y aplicarse cabalmente a toda la sociedad. En este orden de ideas, esa solidaridad de las personas, se inicia dentro, del grupo humano primario o inicial que lo constituye la familia y, es dentro de ésta en donde primordialmente comienza a regir tal solidaridad, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, para progresivamente expandirse hacia todo el grupo social. Por naturaleza y por principio, la solidaridad comienza en la familia, porque es el grupo humano que con mayor facilidad permite el ejercicio de ese espíritu solidario. Es la propia Carta Política la que en su artículo 42 consagra que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad ...”.

De otra parte y sobre el mismo tema cabe señalar que de acuerdo con el artículo 411 del C. C., se deben alimentos, entre otros, a los ascendientes legítimos y naturales, es decir, que por mandato legal a los hijos les corresponde una obligación alimentaria para con sus padres. Tal obligación, por regla general se satisface, porque además el cumplimiento de la ley es lo normal y, en cambio, su incumplimiento o violación es lo anormal, lo excepcional, lo irregular. En tales condiciones, cabe presumir en los hijos el cumplimiento de los compromisos alimentarios para con sus progenitores, sin que se haga necesaria tal comprobación; la circunstancia contraria podrá establecerla la administración, acreditando que el obligado no satisfacía la prestación debida para con sus padres, desvirtuándose por contera tal presunción; Este mismo criterio deberá aplicarse cuando se afirme la existencia del pago de obligación alimentaria de padres a hijos.

De acuerdo con lo anterior, presume la Sala que los progenitores de Luis Carlos Cáceres España sí percibían la ayuda económica que se afirma él les brindaba y, por consiguiente, ante su deceso, aquellos se vieron privados de la misma con los efectos económicos perjudiciales, cuyo resarcimiento reclaman y que habrá de reconocérseles. Como no se demostró un ingreso determinado, estima la Sala que para calcularlo se debe tomar como base el salario mínimo legal de la época, actualizado de acuerdo con los índices de precios al consumidor. Se aclara que en el presente caso se atenúa el derrotero jurisprudencial sobre los 25 años (*), en consideración a la avanzada edad de los padres y a la imposibilidad de los demás hermanos para económicamente colaborarles. La condena a imponer por este concepto se hará en abstracto por cuanto no se hallan acreditadas las fechas de nacimiento de José María Cáceres Rodríguez y María Lourdes España Almario, para establecer la vida probable de los mismos.

(*) El derrotero jurisprudencial que se "atenúa" es el que ha fijado el Consejo de Estado así: “Perjuicios materiales. La jurisprudencia de la Sala que se aplica a estos eventos tiene dicho que a los perjuicios materiales por lucro cesante tienen derecho los padres que acreditan que para su sostenimiento dependían de la ayuda económica suministrada por la víctima que, que ceso o disminuyó con ocasión del daño, pero igualmente ha precisado que su reconocimiento sólo se extenderá hasta la fecha en que el lesionado cumpliría los 25 años, edad a la cual se presume que los hijos se separan del hogar de sus padres para conformar su propia familia" (Sentencia de octubre 22 de 1992, expediente 6623) (N. del D.)

Para efectos de liquidar en concreto esta condena, el Tribunal tendrá en cuenta las siguientes pautas:

— Con los registros civiles de nacimiento o las partidas eclesiásticas de bautismo de José María Cáceres Rodríguez y María Lourdes España Almario, y con base en las tablas colombianas de mortalidad adoptadas por la Superintendencia Bancaria, se establecerá el término de vida probable de cada una de estas personas, lapso éste durante el cual se les reconocerá la indemnización correspondiente.

— La base económica de liquidación será el salario mínimo legal vigente en enero de 1987, actualizado a la fecha de la liquidación de acuerdo con los índices de precios al consumidor, en la forma jurisprudencialmente acostumbrada para estas liquidaciones.

— El monto salarial se dividirá, dada la edad de los beneficiados y la de la propia víctima, en dos partes iguales, una que corresponde al 50% de los ingresos que se estima el occiso destinaba para su personal sostenimiento y el otro 50% para beneficio de sus progenitores, por partes iguales del 25% para cada uno de ellos.

— Se liquidarán dos períodos: el debido o consolidado, que comprende desde la fecha del daño, hasta la ejecutoria de esta sentencia; y el futuro o anticipado que va desde la ejecutoria del fallo hasta el cumplimiento del término de vida probable de cada uno de los padres del occiso.

— Se utilizarán las siguientes fórmulas:

Para la actualización:

 

Para el período futuro o anticipado:

 

 

Donde:

, es la suma buscada; Ra, la renta actualizada; n, corresponde al número de meses por indemnizar; i, es el interés técnico mensual (0.004867).

Con relación a los perjuicios de orden moral la Sala comparte lo dispuesto por el a-quo en favor de los padres de Luis Carlos Cáceres España, para reconocerles el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro fino. En cambio, considera que la negativa a indemnizar a los hermanos debe modificarse, por cuanto es dable presumir en éstos el dolor y la aflicción moral inherente al deceso de un hermano, conforme lo ha entendido y aplicado la Sala en recientes pronunciamientos, entre otros el de 13 de agosto de 1992, expediente 6894, con ponencia del consejero Daniel Suárez Hernández. Se reconocerá entonces el equivalente en pesos a 500 gramos de oro fino en favor de cada una de las siguientes personas: Henry, Rosebel y Armando Cáceres España.

(Sentencia de octubre 23 de 1992. Expediente 6951. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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