Sentencia 6986 de diciembre 4 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SINDICATOS

DISOLUCIÓN POR FUSIÓN

EXTRACTOS: «La Sala procede a resolver el fondo de la contención planteada, para lo cual tiene en cuenta que, en síntesis, los cargos formulados contra los actos administrativos acusados son los siguientes:

1. Violación del derecho de audiencia y de defensa, pues en la actuación administrativa que dio lugar a los actos enjuiciados a la sociedad demandante(*) debió citársele para que actuara en el trámite de la solicitud de cancelación en el registro sindical de la inscripción del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Cervecería y Similares.

2. No era viable jurídicamente la fusión de un sindicato de empresa (Sinaltrabavaria) con otro sindicato de industria (Sintrainducersi), no obstante que para dicha fusión sindical se invocara la declaratoria de unidad de empresa de varias sociedades, decretada por la Resolución Nº 874 del 8 de marzo de 1991 proferida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; a lo sumo tal unidad de empresa sería procedente únicamente en torno del Sindicato de Cervecería Unión S.A., que es la empresa a la cual el mencionado Ministerio consideró como matriz de todas las demás.

3. No era posible que se procediera a la cancelación en el registro sindical de la inscripción del sindicato por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin la previa autorización judicial.

En el primer cargo alega la parte demandante que se infringió el artículo 29 de la Carta sobre el debido proceso que debe aplicarse en toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, expresión que alude a la garantía del derecho de audiencia y defensa consagrado en el artículo 84 del C.C.A.; que como la accionante tenía interés directo en las resultas de las decisiones administrativas, debió ser citada para que actuara en el trámite de la solicitud de cancelación del registro sindical de la inscripción, habérsele dado la oportunidad de exponer sus opiniones antes de tomarse tales decisiones e informada públicamente de las mismas, y darse trámite a los recursos interpuestos, todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 35, 46, 48 y 52 del citado código.

Sobre el tópico considera la Sala que la autonomía de los trabajadores para constituir, organizar, administrar y fusionar o disolver y liquidar a sus organizaciones sindicales, está plenamente garantizada por nuestro ordenamiento jurídico, y que mientras en el ejercicio de tales derechos respeten la normatividad que los rige, no pueden ser objeto de condicionamientos, orientaciones o imposiciones externas que les limite o restrinja su voluntad en tales tópicos. Vale decir, que está excluida cualquier injerencia del patrono en el proceso de formación, funcionamiento, fusión o extinción de los sindicatos de trabajadores, por corresponder tales decisiones exclusivamente a los asalariados, si bien es cierto en eventos excepcionales pueden intervenir las autoridades del Estado, como acontece en los casos en que por presentarse alguna de las causales de ley la autoridad judicial debe decretar la suspensión o cancelación de la personería jurídica.

Diferente es la relación que, dentro de un mutuo respeto, debe existir entre el sindicato y el patrono, como medio para determinar las condiciones en que se habrán de desarrollar las relaciones de trabajo y el cumplimiento de las obligaciones que a uno y otro imponen las normas laborales.

Es por lo anterior, que la Sala considera que el Ministerio acertó cuando consideró que la demandante carecía de legitimación en la causa para intervenir en el proceso administrativo de cancelación de la inscripción del “Sindicato de Trabajadores de la Industria de Cervecería y Similares”, pues como se dijo, tales son decisiones y actuaciones ajenas a la voluntad del patrono y que por ende deben cumplirse sin injerencia alguna de su parte.

Por tales razones, no prospera este cargo.

El segundo cargo, en criterio de la Corporación tampoco está llamado a prosperar, por las siguientes razones:

Ante la ausencia de una norma laboral que señale los efectos de la fusión de sindicatos, que según el artículo 376 del CST es atribución exclusiva de la asamblea general, la jurisprudencia de la Sala ha considerado pertinente, con sustento en el artículo 19 ibídem, recurrir a lo previsto en el artículo 172 del Código de Comercio que consagra la fusión como una forma de disolver las sociedades, ya que un sindicato se extingue cuando se fusiona con otro para integrar una nueva organización sindical, evento en el que los dos desaparecen, o para subsumirse en el otro, caso en el cual uno desaparece subsistiendo el que lo absorbe. (Sentencia del 16 de junio de 1995, expediente Nº 6865, actor: Cervecería Águila S.A., Consejera Ponente: Doctora Dolly Pedraza de Arenas; y sentencia del 1º de octubre de 1980 proferida con ponencia del Dr. Ignacio Reyes Posada dentro del proceso 1142 promovido por el Sindicato de Trabajadores de Pantex).

Consecuentemente con lo anterior, para cuando se expidieron los actos administrativos acusados, “Sintrainducersi” no existía; su extinción jurídica se había producido en virtud de su fusión con Sinaltrabavaria. La declaratoria de unidad de empresa decretada por la Resolución 874 de 1991 a que se alude en la demanda (fl. 35 ibídem) y que consta en el plenario (fls. 21 a 27 ibídem y fls. 6 a 12 cdno. Nº 2) fue declarada nula en sentencia del 8 de marzo de 1994, expedientes números 5933 y 5934 (acumulación de procesos), actor: Cervecería Unión S.A. y Sindicato de Trabajadores de Cervecería Unión S.A., Consejera Ponente: Doctora Dolly Pedraza de Arenas, pero únicamente en cuanto involucró a Cervecería Unión S.A., en la referida unidad de empresa que en dicho acto administrativo se declaró, lo cual quiere decir que tal unidad de empresa subsistió en lo atinente a las demás sociedades (Bavaria S.A., Cervecería Águila S.A. y Cervecería del Litoral S.A.).

Por ende, quienes laboraban en las aludidas sociedades, lo hacían en una misma unidad empresarial, integrada por distintas personas jurídicas, por lo que no eran los trabajadores de Cervecería del Litoral S.A. extraños a la empresa Bavaria. Por esa circunstancia no es contrario a la ley que Sintrainducersi, sindicato de industria, como se anota en la resolución acusada Nº 5654 de 1991 (fl. 2 cdno. ppal) hubiera sido absorbido por Sinaltrabavaria, continuando este último con la misma naturaleza de sindicato de empresa (fls. 20, 76 y 86 ibídem).

Pasa la Sala a referirse al tercer cargo formulado contra los actos impugnados, el cual es compartido por la señora Procuradora Quinta Delegada cuando expresa que en virtud del literal e del artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo (Ley 50 de 1990, artículo 56) “resulta incuestionable que la competencia para cancelar la inscripción en el registro sindical está en cabeza del respectivo juez laboral, en el evento en que la organización se encontrare incursa en alguna de las causales de disolución, una de cuyas modalidades es la fusión” (fl. 126 ibídem).

Sobre el tópico considera la Sala que cuando la Ley 50 de 1990 adicionó un inciso al artículo 401 del CST y dispuso que “En el evento de que el sindicato ...se encontrare incurso en una de las causales de disolución...” corresponde al juez laboral disponer la disolución y liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical, se está refiriendo a situaciones diferentes a la disolución por voluntad de los miembros de la agremiación; pues no debe olvidarse que tal disposición fue adoptada por nuestro legislador para tutelar el derecho y libertad de sindicación amparados de tiempo atrás en el marco de los convenios que sobre la materia se han adoptado dentro de la OIT y que Colombia ha ratificado, derechos y libertades confirmados luego en el artículo 39 de la Constitución del 91. Exigir que quienes han constituido una asociación deban obtener autorización o pronunciamiento judicial para ponerle término, resulta no solo violatorio de los aludidos convenios, sino abiertamente contrario al derecho de libre asociación consagrado de manera genérica en el artículo 38 de la Carta, y en forma expresa en el artículo 39 del mismo ordenamiento jurídico.

Si como quedó dicho, el sindicato se disolvió al disponer sus integrantes que se fusionara a Sinaltrabavaria, el ministerio no podía actuar en forma diferente a como lo hizo, disponiendo la cancelación del registro sindical correspondiente.

No prospera, en consecuencia, este cargo contra los actos administrativos impugnados por la parte demandante.

Así las cosas, no habiéndose desvirtuado en el plenario la presunción de legalidad de los actos acusados, las pretensiones de la demanda deben denegarse».

(Sentencia de diciembre 4 de 1995. Expediente 6986. Magistrado Ponente: Dr. Joaquín Barreto Ruiz).

__________________________________