Sentencia 6989 de agosto 29 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CALZADO Y VESTIDO DE LABOR

CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN

EXTRACTOS: «Mediante las resoluciones acusadas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conminó al Banco Anglo Colombiano, con multa de diez veces el salario mínimo ($ 168.114.00) con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, en caso de incumplimiento, para que dentro de los 20 días siguientes a su ejecutoria, acreditara haber dado cumplimiento al artículo 7º de la Ley 11 de 1984.

La conminación hecha a la entidad bancaria, de conformidad con la parte motiva de la Resolución 01, se originó en el hecho de que en la visita practicada al banco, la funcionaria del Ministerio del Trabajo solicitó las constancias de entrega de dotaciones a los empleados con sueldo igual a dos salarios mínimos y no fueron suministradas, por lo cual se determinó requerirlo para que acreditara haber cumplido con dicha obligación.

El artículo 7º de la Ley 11 de 1984 es del siguiente tenor:

“El artículo 1º de la Ley 3ª de 1969, reformatorio del artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:

Suministro de calzado y vestido de labor. Todo patrono que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega del calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador”.

El artículo transcrito es claro al prescribir que “todo patrono” tiene obligación de suministrar dotaciones de calzado y vestido de labor a los trabajadores permanentes que hayan cumplido más de tres meses de servicio y cuya remuneración mensual no sobrepase el tope fijado por la ley. No excluye trabajador alguno sea cual fuere la clase de actividad que desempeñe.

Tampoco podría hacerlo sin exceder la ley el artículo 1º del Decreto 982 de 1984, el cual precisa que las dotaciones deben ser apropiadas a la clase de labor que desempeñen los trabajadores y de acuerdo con el medio ambiente en donde ejercen sus funciones; pero ello no significa dispensa de la obligación porque el vestido indicado sea el de uso corriente, como trata de interpretarlo la parte actora.

De la anterior normatividad, surge con absoluta claridad la obligación de los empleadores y el correlativo derecho de los trabajadores al suministro gratuito de las dotaciones. En ese sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil el 3 de abril de 1986, en concepto que concluyó afirmando que “no se excluye trabajador alguno, sea cual fuere la clase de actividad”.

En consecuencia, no existió interpretación alguna de dichas normas por parte del ministerio; éstas son claras y no hacen discriminaciones por la labor desempeñada; de lo cual se colige que el hecho de solicitar la comprobación de su cumplimiento no implica en modo alguno que los funcionarios estuvieran interpretando la ley o declarando derechos individuales, o dirimiendo controversias reservadas a los jueces.

Simplemente en desarrollo de su función relacionada con la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones laborales, el ministerio exigió la demostración por parte del empleador de la observancia de una obligación legal.

Por esa razón, a juicio de la Sala, no se configura infracción del artículo 486 del CST, y tampoco de los artículos 1º y 22 del Decreto 062 de 1976; el ministerio ejerció su facultad legal de vigilancia y control de conformidad con los artículos 485 y 486 del CST.

En este orden de ideas debe concluirse que no fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados y en consecuencia no se accederá a las peticiones de la demanda».

(Sentencia de agosto 29 de 1995. Expediente 6989. Magistrada Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto de siempre quiero manifestar que no comparto lo resuelto en este asunto, porque en mi sentir sí era procedente la anulación del acto acusado.

En efecto, el artículo 7º de la Ley 11 de 1984 modificó el 1º de la Ley 3ª de 1969; el 2º de ésta, que continuó vigente, se refiere al “calzado y overoles”; por tanto, es incuestionable, para mí, que la Ley 11 de 1984 no creó una nueva prestación, sino que se limitó a reglamentar la ya existente, dirigida a dotar de esos elementos a los trabajadores que por la índole de su labor, especialmente dura, intensa y preferentemente material, se exponían a deteriorar sus prendas o vestido habitual. De suyo, donde no existe ese riesgo no tiene por qué aplicarse el suministro mencionado.

En numerosas oportunidades el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prohijó esta interpretación.

Así las cosas, considero que cuando el Banco Anglo Colombiano discutió la existencia y carácter de esa presunta obligación frente a sus empleados, esto es, en cuanto para este tipo de actividades no es necesario usar prendas especiales sino las que normalmente visten todas las personas, esos argumentos eran serios y atendibles. Por consiguiente, cuando el ministerio pretendió obligarlo al reconocimiento señalado, implícitamente estaba declarando derechos individuales, lo cual está vedado por el Código Sustantivo del Trabajo, que recalca el carácter conciliador de los funcionarios de ese organismo y les prohíbe sustituir o suplantar a los jueces en esa tarea.

Es decir, que aun en el supuesto de que fuese cierto que la prestación aludida se le aplica a los trabajadores del banco, esa conclusión implica un juicio de valores, una definición de una controversia jurídica, que no le es dable dirimir a los inspectores de trabajo porque es competencia exclusiva de los jueces. Por ende, debieron prosperar las pretensiones de la demanda.

Atentamente,

Carlos Arturo Orjuela Góngora. 

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