Sentencia 6991 de abril 21 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO

DAÑOS CON ARMA DE FUEGO

EXTRACTOS: «En primer lugar la Sala observa que las lesiones causadas en la humanidad del hoy occiso señor Anselmo Torres Gómez fueron ocasionadas por el agente de la Policía Nacional, señor Juan Carlos Quijano Ortiz, calidad esta que fue acreditada por documentos idóneos de carácter oficial allegados al proceso (fls. 5, 6 y 9 del C. Nº 4).

Por otra parte, es cierto que en el momento de la ocurrencia de los hechos no se verificó si el arma utilizada era de dotación oficial, circunstancia alegada por la entidad demandada al manifestar que en el presente caso existe responsabilidad personal del agente; sobre este particular, y con el objeto de una mayor precisión y claridad, es importante transcribir el pronunciamiento hecho por la Sala en un caso similar; expediente Nº 7717, actor, María Hosana Cerinza de Molivia, Magistrado Ponente, Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Allí se dijo:

“Aquí se pregunta la Sala: ¿si no tenía revólver particular, a quién pertenecía el utilizado para dar muerte a los dos ciudadanos? La respuesta es obvia: al comando de la Policía. Se puede en esto sentar la siguiente presunción: cuando un miembro de un organismo armado hiere o mata a alguien con un arma de fuego se presume que ésta es de dotación oficial. Por lo tanto, correrá a cargo de la entidad destruir la presunción, demostrando que el arma era particular y que estaba amparada o no con salvoconducto” (se resalta).

Así las cosas, entra en juego una doble presunción, a saber:

a) Cuando un agente de los cuerpos armados del Estado infiere un daño con su arma de fuego, se presume que ésta es de dotación oficial; la prueba en contrario es de cargo de la entidad demandada.

b) Sobre la anterior presunción se monta otra: el daño causado con arma de dotación oficial se presume cometido por una falla del servicio; es lo que se ha denominado el regímen de la falla presunta.

Luego en el caso sub lite el régimen de responsabilidad a aplicar será el de la falla del servicio presunta; por tal razón la administración tiene a su cargo demostrar fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero exclusivo y determinante; esa prueba, sin embargo, no existe; como tampoco existe prueba del hecho de un tercero o de la víctima, o la fuerza mayor, con carácter de exclusivos, los que, de ser demostrados hubieren exonerado a la administración de responder por los perjuicios ocasionados a la demandante».

(Sentencia de abril 21 de 1994. Expediente 6991. Magistrado Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

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