Sentencia 6995 de mayo 14 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

MINISTERIO PÚBLICO

LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR

EXTRACTOS: «La sentencia del Tribunal deberá mantenerse en la forma como fue dictada, pero esta decisión no corresponderá a la revisión de fondo de la misma, sino a la falta de legitimación que para recurrir tenía el agente del ministerio público en las condiciones dadas.

Recuérdese que esta acción indemnizatoria de carácter contractual fue instaurada por la sociedad “Fernández Viñas Russi & Cía. Ltda.” contra el Fondo Vial del Atlántico; y que el a-quo, apartándose del concepto favorable de su fiscal colaborador, denegó las súplicas de la demanda. Pese a esto la actora se conformó con lo así decidido y no interpuso el recurso viable contra la sentencia correspondiente. No sucedió igual con el agente del ministerio público, quien apeló para que en esta segunda instancia se accediera a la indemnización pedida por la parte demandante.

Interpretadas literalmente las normas que gobiernan la actuación del ministerio público dentro de los procesos contencioso-administrativos, ya que es parte en todos, habría que concluir que la apelación interpuesta por el señor fiscal del tribunal es inobjetable.

Pero dadas las circunstancias que muestra este proceso, resumidas atrás, habrá que concluir que al conformarse la parte actora con la denegación de las súplicas de su demanda y no apelar, no podía hacerlo el agente del ministerio público, por carencia de interés para recurrir.

Para entender este aserto basta recordar que frente al proceso contencioso administrativo los agentes del ministerio público son, por un lado, partes imparciales forzosas no técnicamente principales ni secundarias, y que está justificada su intervención en todos los procesos para la salvaguarda del orden jurídico; y por otro, pueden ser partes demandantes en defensa de los intereses de la Nación o cuando piden la nulidad de los actos administrativos o la nulidad absoluta de los contratos administrativos o privados con cláusula de caducidad (CCA, art. 127).

Es obvio que este doble carácter tiene alcances y matices diferentes según el papel que asuma. Cuando interviene como parte imparcial (primera hipótesis) el interés de su accionar está orientado exclusivamente a la defensa del ordenamiento jurídico. Por eso entiende que puede conceptuar aun contra los intereses de la entidad pública involucrada como parte principal dentro del proceso.

En cambio, cuando formula una demanda, procesalmente su accionar no difiere del que cumple cualquier demandante dentro del proceso.

Quien formula una acción indemnizatoria, bien de reparación directa o contractual, actúa movido por un interés de carácter económico; interés que es renunciable porque sólo mira al interés del renunciante al tenor del artículo 15 del C.C. Razón por la cual se entiende que el demandante pueda desistir expresamente de su demanda, conciliar, allanar, transigir, etc. etc. y aun conformarse tácitamente con la decisión desfavorable de primera instancia al no apelarla. Hipótesis esta que implica el desistimiento tácito de las pretensiones de la demanda.

Tanto para accionar como para recurrir se requiere interés. Al no existir éste no habrá acción, y durante el trámite, lo desfavorable que contengan las distintas providencias justificará la interposición de recursos. Si esa desfavorabilidad no se da no procederá el recurso correspondiente.

Aplicando esta idea al caso subjudice se observa: La sociedad demandante, interesada en obtener una indemnización, formuló la demanda. Su interés, exclusivo, era de sentido meramente económico y, por ende, renunciable.

Para confirmar este aserto, se observa:

La intervención del ministerio público en acciones resarcitorias instauradas por los terceros interesados se entiende mientras subsista dicho interés; subsistencia que se presume durante todo el trámite del proceso. Pero cuando por voluntad del demandante se produce un acto o hecho que inequívocamente demuestre la cesación de ese interés, no podrá el ministerio público insistir en la culminación del proceso, por carecer de interés económico en las resultas del mismo, y porque no está legitimado para defender los intereses económicos de la parte actora.

En el caso subjudice, la misma defensa del patrimonio público que compete constitucionalmente a dichos agentes le impedía al señor fiscal apelar, porque la entidad pública había sido absuelta de la pretensión indemnizatoria formulada por la parte demandante.

Se entienden las ideas precedentes en los contenciosos de resarcimiento, porque en los de simple nulidad la parte actora no tendrá la libre disposición del proceso (el interés de legalidad no es privado ni negociable) y éste deberá culminar siempre en la forma normal u ordinaria, o sea mediante la sentencia. Interés que le permitirá al agente del ministerio público su intervención en todas las etapas del pro-ceso, en forma independiente y no condicionada por la conducta procesal de la parte demandante».

(Sentencia de mayo 14 de 1993. Expediente 6995. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

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