Sentencia 1655 de marzo 6 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 700012331000200201655 01, mar. 6/2003

C.P. Ligia López Díaz

Actor: Liliana del Carmen Pérez Sánchez

Referencia: acción de cumplimiento

Fallo

Decide, la Sala el recurso de impugnación interpuesto por la actora contra la Sentencia del 12 de diciembre de 2002 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, mediante la cual se negó la acción de cumplimiento solicitada por la parte actora en contra del departamento de Sucre.

Antecedentes

a) La Solicitud.

La señora Liliana del Carmen Pérez Sánchez, obrando por medio de apoderado, presentó escrito el 14 de noviembre de 2002, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, solicitando el cumplimiento por parte del departamento de Sucre del artículo 38 de la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001.

Afirmó que se desempeña como docente vinculada a la Escuela Rural Manzanares del municipio de Chalán, departamento de Sucre.

Señaló los respectivos períodos de prestación de servicios, así: de marzo 1º a diciembre 24 de 2000, de julio 25 a octubre 15 de 2002, y de octubre 16 a diciembre 16 de 2002; a pesar de lo cual, para el año 2002 no fue vinculada de manera provisional a la planta de personal docente.

Manifestó que en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001, solicitó al gobernador del departamento accionado, el cumplimiento de la mencionada norma, siendo negativa la respuesta.

Agregó que el plazo para su vinculación, ordenada en la ley incumplida venció el 1º de febrero de 2002 y a la fecha su situación laboral no ha sido definida.

b) La renuencia.

A folio 28 obra repuesta del gobernador del departamento de Sucre, en donde afirmó que negó la petición de la actora por no cumplir los requisitos para vincularla de manera provisional a la planta de personal docente.

c) La oposición.

Mediante escrito que obra a folios 28, el gobernador de Sucre dio contestación a la demanda señalando que no accedió a las peticiones presentadas, con fundamento en la Directiva Ministerial 03 del 24 de enero de 2002, reglamentada por el Decreto 1278 del 19 de junio de 2002, “la cual establece que las vinculaciones provisionales se producirán cuando la Nación fije las plantas de personal en cumplimiento al artículo 40 de la Ley 715 de 2001, lo que hasta la fecha no se ha producido. El derecho que le asiste a los actores, se hará efectivo una vez se cumplan los mismos”.

d) La Sentencia Impugnada.

Mediante Sentencia del 12 de diciembre de 2002, el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre (fls. 31 a 35) negó las súplicas de la demanda.

El a quo estableció que no se cumplen los presupuestos para acceder a las pretensiones, ya que la accionante se encuentra dentro de varias situaciones de excepción que consagra el parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 725 del 2001, específicamente que fue contratada en reemplazo de la titular de la plaza.

e) La impugnación.

Mediante escrito que obra a folios 37, la accionante, impugnó la anterior decisión, para lo cual afirmó que cumple los requisitos ya que no se encuentra dentro de las situaciones que consagra el parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 725 del 2001, pues aunque su vinculación es de reemplazo, la contratación es de tiempo completo.

Consideraciones de la Sala

La acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997, busca hacer efectivo el Estado social de derecho y tiene como finalidad proporcionar a toda persona la oportunidad de exigir ante la jurisdicción contenciosa, que las autoridades públicas y los particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, cumplan el mandato de la ley o lo previsto en un acto administrativo, para que la normatividad tenga concreción en la realidad y su vigencia real y efectiva no quede supeditada a la voluntad particular de la autoridad pública encargada de su ejecución.

Mediante el ejercicio de la presente acción, la señora Liliana del Carmen Pérez Sánchez pretende se ordene al gobernador del departamento de Sucre cumplir con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, es decir, su reincorporación como docente al servicio del departamento accionado.

En primer lugar, la Sala observa que la accionante solicitó el cumplimiento de la norma y la autoridad accionada dio respuesta negativa a la anterior solicitud, situación que aparece probada a folios 2 y 28, por lo que se constituye el requisito de renuencia, establecido en el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 393 de 1997.

La norma invocada como incumplida es el artículo 38 de la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, la cual señala en lo concerniente:

“ART. 38.—Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del sistema general de participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.

(...).

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que al 1º de noviembre de 2000 se encontraban contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional, previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de la entidad territorial...” (negrillas fuera del texto para destacar).

Si bien la accionante estaba vinculada como docente a 1º de noviembre de 2000, el artículo 38 de la Ley 715 establece como presupuesto para que resulte procedente la vinculación de manera provisional para el año 2002 —pretensión concreta de la accionante—, que se cumplan los requisitos para el ejercicio del cargo y que los contratos no hayan sido suprimidos por un proceso de reorganización del sector educativo o de la entidad territorial, situaciones que no pueden ser verificadas mediante las pruebas allegadas al proceso.

Por otra parte se advierte que el Decreto 1278 del 19 de junio de 2002 “Por medio del cual se expide el estatuto de profesionalización docente”, en el parágrafo del artículo 13 prevé:

“PAR.—Los educadores contratados por órdenes de prestación de servicio que tienen el derecho a ser vinculados en virtud del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, serán regidos por las normas de este estatuto y, por ende, nombrados provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, en los cargos vacantes de la planta de personal que fije la Nación en ejercicio de su competencia especial dada por el artículo 40 de la Ley 715 de 2001” (negrillas fuera del texto para destacar).

De acuerdo con lo anterior, además de los presupuestos arriba indicados para la procedibilidad del nombramiento, resulta necesario que la Nación haya fijado las plantas de personal en la entidad territorial accionada (L. 715/2001, art. 40, num. 2º) y que existan vacantes para vincular a los accionantes, aspectos que no están probados en el expediente, menos aún cuando se trataba de un reemplazo.

La Sala advierte que a través de la presente acción no pueden pretermitirse requisitos que el mismo legislador ha establecido para la aplicación y cumplimiento de una norma por parte de la autoridad competente.

La Ley 393 de 1997 señala como requisito para la procedencia de la acción de cumplimiento que la consagración del deber jurídico cuyo cumplimiento se exige constituya un mandato imperativo e inobjetable exigible a la autoridad a la cual se le reclama su cumplimiento.

Es decir que se encuentre frente a una obligación clara, expresa y exigible, siempre y cuando se cumplan los supuestos que consagra la ley. Por lo tanto para que proceda la acción de cumplimiento es necesario que no haya duda sobre el alcance de la norma cuyo cumplimiento se exige.

El parágrafo segundo del artículo 38 de la Ley 715 de 2001 consagra:

PAR. 2º—Para los efectos de la presente ley se entiende por orden de prestación de servicios toda relación contractual directa entre un departamento o municipio y un docente o administrativo para la prestación de servicios de enseñanza o administrativos en una institución educativa oficial por un término no inferior a cuatro meses con dedicación de tiempo completo exceptuando los que nombran para reemplazar docentes directivos docentes o administrativos en licencia horas cátedra y otra modalidad que no implique vinculación de tiempo completo" (negrillas fuera del texto para destacar).

En el caso concreto, el tribunal consideró que la actora no reúne los requisitos que señala el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, por cuanto se encuentra dentro de las excepciones que consagra el parágrafo segundo de dicho artículo al “haber sido contratada para reemplazar a una docente que en su momento se encontraba fuera de servicio porque se le concedió la calidad de amenazado”; para el a quo es una modalidad que no implica tiempo completo.

La actora alegó que si bien actuaba en reemplazo, laboró tiempo completo por cuanto cumplía la carga académica completa, aclarando que la figura jurídica de tiempo completo se refiere es al cumplimiento de la intensidad horaria, a pesar de que el docente sea contratado por reemplazo.

La determinación del alcance preciso de esta norma no se resuelve a través de la acción de cumplimiento, porque exige una discusión que no corresponde a este tipo de procesos y como no existe una obligación legal expresa, clara y exigible, la Sala confirmará el fallo impugnado.

Por lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la providencia impugnada por las razones expuestas en la parte motiva.

2. DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Ligia López Díaz—Germán Ayala Mantilla—María Inés Ortiz Barbosa—Juan Ángel Palacio Hincapié.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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