Sentencia 7011 de septiembre 12 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD

INEXACTITUD DEL TOMADOR EN CUANTO A SU CAPACIDAD ECONÓMICA

EXTRACTOS: «En inequívoco desarrollo del acerado principio de la uberrimae bona fides, que, como se ha aceptado de manera universal y pacífica, estereotipa por antonomasia al contrato de seguro, el artículo 1058 del Código de Comercio, con justeza, ha impuesto al tomador la carga de declarar con “sinceridad” el estado del riesgo, quedándole vedado, entonces, incurrir en reticencias o inexactitudes respecto de las circunstancias que lo rodean, so pena de que tal proceder, de suyo antijurídico, amén de violatorio de caros y basilares axiomas de acendrado contenido jurídico y ético, dé lugar —según el caso— a la nulidad relativa del negocio aseguraticio. Lo anterior, en la inteligencia que de haber conocido oportunamente el asegurador los hechos concernientes al precitado riesgo asegurado, en sus verdaderos y reales alcances, se hubiera abstenido de celebrarlo, o hubiera accedido a ello, pero en condiciones más onerosas para su cocontratante (relevancia de la reticencia o de la inexactitud). Es en ese sentido, que el referido artículo 1058, en lo pertinente, impera que “el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado de riesgo”.

Y es que, precisamente, en virtud de esa inconcusa, a fuer que plausible carga de comportamiento (carga informativa) que presupone, grosso modo, que se actúe con adamantina honradez, probidad, franqueza, transparencia, diligencia y responsabilidad, la obligatoriedad de declarar con sinceridad el estado del riesgo impuesta por el mencionado artículo 1058, está plena y razonablemente justificada, por cuanto el cumplimiento cabal de tal imperativo, in casu, permite al asegurador, como corresponde, conocer los pormenores del mismo por enteramiento procedente de quien, como el candidato a tomador, se supone que directamente cuenta con la información requerida para dicha finalidad, o que por lo menos, conforme a las circunstancias, tiene acceso a ella.

Además, de esa forma se le posibilita a la entidad aseguradora valorar la conveniencia o la pertinencia de asumir ese determinado riesgo, ajustando su decisión, como profesional que es, a “lo disciplinado por los cánones técnicos, jurídicos y financieros que gobiernan la materia, los cuales, contrastados con la información suministrada, le otorgarán los elementos de juicio necesarios para obrar con arreglo a su libertad contractual, genuina manifestación de la autonomía privada, máxime cuando ella ocupa el ‘rol’ de destinataria del deber en cuestión, consustancial a su calidad de desinformada —y por tanto pasible de tutela iuris—, dado que es el futuro tomador el que, por regla, está en condiciones de hacer cognoscible lo que la sociedad aseguradora desconoce acerca de su estado, en general” (sent. de agosto 2 de 2001, exp. 6146).

No en vano, rectamente entendido, se precisa que, en línea de principio, el asegurador, en materia informativa, está a merced del futuro tomador, lo que explica la especial —y justificada— preocupación del legislador, consciente de que el asegurador, cuando asume un riesgo (C. de Co., art. 1056), debe hacerlo con pleno conocimiento, vale decir, con sujeción a una creencia fundada de un específico estado fáctico (representación de un factum), de suerte que cuando se eclipsa su asentimiento —en forma indiscutida— y, por ende, se conculca su voluntas —y ello es acreditado—, es menester erradicar del cosmos negocial ese negocio viciado y espurio, en prueba fehaciente de que el quebranto del acrisolado postulado de la buena fe, es la regla, no debe quedar impune. Por tal razón debe recordarse que la génesis del actual artículo 1058 del Código de Comercio se encuentra en el artículo 881 del proyecto de Código de Comercio que el Gobierno Nacional encomendó a una destacada comisión de juristas en el año de 1958, norma respecto de la cual se consignó en la correspondiente exposición de motivos, que esta disposición “protege o resguarda la integridad de los principios que dicen relación a la declaración acerca del estado del riesgo. Somos absolutamente conservadores a este respecto. Más que conservadores, reaccionarios… El tomador está obligado a declarar con absoluta objetividad el estado del riesgo … Al tomador hay que exigirle el maximum de celo para asegurar el desenvolvimiento natural de los negocios de seguros” (1) .

(1) Proyecto de Código de Comercio, Bogotá 1958, Tomo II, pág. 256.

Es por este conducto, en atención a la vigencia del prenotado principio de la buena fe que, reitérase, de manera marcada y sistemática orienta la regulación y disciplina del contrato de seguro (durante todas sus fases), que la disposición mercantil en cita propende por que el asegurador tenga un conocimiento suficiente y oportuno de las características del riesgo (objetivas y subjetivas), a fin de que, en ejercicio de la autonomía privada, es decir, haciendo uso concreto de su libertad para contratar —cual lo autoriza el aludido artículo 1056 ibídem—, defina, a su arbitrio, si lo hace o no, puesto que “a diferencia de muchos otros contratos en que la astucia o habilidad de las partes pueden llevarlas a obtener ciertas ventajas amparadas por la ley, en el contrato de seguro esta noción ostenta especial importancia, porque tanto en su formación como en su ejecución él se supedita a una serie de informaciones de las partes, que … en lo que respecta al tomador o asegurado las hace al solicitar el seguro, las que exige la ley deben hacerse con pulcritud, que sean verídicas y que no haya callado ni ocultado circunstancias que de conocerlas el asegurador no habría consentido en el contrato o habría consentido en él bajo otras condiciones”. Tales “exigencias legales sobre la obligación de declarar sinceramente todas las circunstancias necesarias para apreciar exactamente el riesgo que se va a cubrir, además de ser requisito del objeto, constituyen la motivación para contratar…” y tienden a que el “consentimiento del asegurador se halle libre de todo vicio, especialmente del error” (CCXXXVII, pág. 1158).

Expresado en otros términos, lo que desea el legislador, conocedor de la singular mecánica contractual inherente al seguro, es que el asegurador, como parte potencial del contrato en comentario (C. de Co., art. 1037), al otorgar o declinar su asentimiento para contratar, lo haga con pleno —y transparente— conocimiento de las circunstancias relevantes o trascendentes que influyen, determinan o afectan el riesgo asegurable (riesgo extracontractual, por oposición al contractual).

Y como el asegurador, de ordinario, no se encuentra en capacidad de establecer por sus propios medios, “los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo”, el candidato a tomador deberá hacer una sincera y explícita declaración de conocimiento respecto de tales aspectos, que en el seguro sobre la vida, en la mayoría de ocasiones, se vierte en un cuestionario, técnicamente preparado por su destinatario, que contiene indagaciones concernientes a hechos que conoce —o puede conocer— el tomador, capitales y determinantes del asentimiento o de la intentio del asegurador, como se anotó.

Ahora, es incuestionable que la ley no ha consagrado una pormenorizada relación de los hechos que determinan el estado del riesgo en el contrato de seguro (numerus clausus), sin que tampoco pueda pasarse por alto que las circunstancias que ofrezcan incidencia en un evento concreto, in casu, pueden carecer de ella en otro distinto. Por tal razón, compete al juez, en cada caso específico, dado que se trata de una quaestio facti (2) , auscultar y validar, desde la óptica del singular contrato de seguro sub judice, cuáles acontecimientos fácticos pudieran interesar o incidir en el asentimiento del asegurador y cuáles no (juicio de relevancia o de trascendencia), ello con arreglo a las directrices previstas en el citado artículo 1058 del Código de Comercio, y claro está, en consonancia con los usos y con la praxis aseguraticia. Expresado en otros términos, “le corresponde al intérprete del seguro, en particular al juzgador del contrato, evaluar cuidadosa y racionalmente la conducta asumida por los extremos de la relación negocial a lo largo del iter contractual, con el propósito de establecer, en primer lugar, si en efecto el tomador quebrantó la carga de declarar fidedignamente los hechos o circunstancias determinantes del estado del riesgo. Y en segundo término, sólo en caso de que sea conducente, si no obstante existir un vicio en la declaración de asegurabilidad, el asegurador conoció o debió conocer —por su calificado oficio— los hechos que le sirvieron de apoyatura, todo sin perjuicio del tópico de la carga de la prueba” (sent. ago. 2/2001, exp. 6146).

(2) DONATI, Antigono, Trattato del Diritto Delle Assicurazioni Private, V. II, Giuffré, Milán, 1959, pág. 308. Cfme.: GASPERONI, Nicola, Contratto di assicurazione, en Novissimo Digesto Italiano UTEA, pág. 597.

Es por ello que un sector de la doctrina internacional (3) ha considerado que son circunstancias relevantes, per se, aquellas que se incluyen por el asegurador en el cuestionario que pone a consideración del futuro tomador, destacándose, por vía de ejemplo, lo atinente al interés asegurable; a la individualización de la cosa asegurada y a su valor o significado patrimonial; a la presencia de seguros anteriores; a la existencia o no de un revés de fortuna precedente; a la siniestralidad previa; a los antecedentes patológicos y genéticos de la persona del asegurado; a su ocupación; su domicilio, etc. Incluso, “… una condición subjetiva esencial que determina la asegurabilidad del individuo, puede ser su solvencia económica” (4) , según se resaltará ulteriormente, a espacio.

(3) HALPERIN, Isaac, El contrato de Seguro, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, Ed. 1946, pág. 115.

(4) MORANDI Juan Carlos Félix, Estudios de derecho de seguros, Buenos Aires 1971, pág. 233; Cfme.: M. PICARD y A. BESSON, Le Contrat d´Assurance, T. I., L.G.D.J., París 1982, pág. 126.

Del mismo modo, ya se precisó, es sabido que no todo tipo de reticencia o de inexactitud tiene vocación de generar nulidad relativa, pues es lo cierto que si, previo a celebrar el contrato, el asegurador ha conocido —o debido conocer— las referidas inconsistencias o distorsiones, no cabría predicar que su voluntad se vio alterada, a pretexto de haber sufrido engaño o caído en un error, lo que, entonces, cerraría el paso a la comentada nulidad sustancial, porque como lo precisó la Sala en reciente oportunidad, si “el asegurador, con anterioridad, tuvo ocasión de ponderar y sopesar el haz informativo reinante, de suerte que si en su condición indiscutida de profesional —con todo lo que ello implica— asintió en forma libre, amén de reflexiva y, por contera, aceptó celebrar el negocio jurídico asegurativo, es porque entendió que no existía un obstáculo insalvable o ninguna dificultad mayúscula llamada a opacar su voluntas o, que de haberla, sólo en gracia de discusión, asumía conscientemente las consecuencias dimanantes de su decisión, lo que no riñe con un eventual establecimiento de puntuales medidas y cautelas por parte suya” (sents. de ago. 2 de 2001, exp. 6146 y de abr. 11 de 2002, exp. 6825). Otro tanto se predica de las reticencias o inexactitudes que, desprovistas de relevancia o significación, se tornan intrascendentes en la esfera negocial, pues no obstante su materialización, por anodinas, no se constituyen en detonante de la anulación del seguro.

(...).

D. En adición a lo esgrimido, dado que interesa al punto materia de específico escrutinio, no está por demás precisar, en lo concerniente a las actividades económicas y los ingresos del señor Luis Eduardo Mariaca Marulanda para la época de celebración de la negociación y de las demás diligencias que le precedieron, que pese a que es dispersa la información arrojada por los diferentes medios de prueba obrantes a folios, resulta paladino que, en mucho, difería de lo expresado por el entonces candidato a tomador, al momento de solicitar el seguro de “Vida con Ahorro Temporal Renovable por Quinquenios”:

(...).

Pero la solvencia económica que el señor Mariaca quiso acreditar al solicitar el seguro, tampoco fue corroborada por la propia demandante, quien dijo que, para 1994, año en que se conviniera la citada negociación; en que se surtieron los actos previos a que expidiera la póliza y en el que acaeciera el fallecimiento del tomador (11 de julio), no sabía si “su compañero” tenía bienes de fortuna, cuentas bancarias, de ahorros, inversiones en acciones, etc. (fl. 3, cdno. 3), pese a que, según aseveró el 4 de agosto de 1994 ante la Fiscalía, ellos convivieron los últimos 15 años “… él trabajaba construcción (sic), y otras veces en la finca Roselló de Amalfi, nosotros la entregamos por que no nos dejaba ganancia, hace más o menos unos meses (fl. 27 ib., subrayado fuera de texto), sin que de esta declaración pueda deducirse que, por el tiempo en que hicieron vida marital, o al menos durante los primeros meses de 1994, la situación económica de la pareja acompasara, así fuera en grado de aproximación, con la planteada ante el agente de seguros, de suyo harto divergente: que contaba con “un patrimonio” de $ 250''000.000, y que, mensualmente, obtenía unos ingresos de $ 2''000.000.

(...).

Según el ad quem, así las inexactitudes “atrás señaladas” fueran atribuibles al tomador, “aquellas son irrelevantes o inocuas para haber influido en la proyección del consentimiento (sic) expresado por la parte demandada en el contrato de seguro soporte de acción, en la medida en que de haberlas sabido o conocido no hubiera contratado o lo hubiera hecho exigiendo una prima mayor”, porque corría mayor riesgo una persona del “perfil” formalmente declarado, a uno que, como el señor Mariaca, “no lo tenía” (fl. 38, cdno. 4).

A través de este razonamiento, pareciera que el ad quem quiso sugerir que, con total independencia de las verdaderas condiciones personales, comerciales y financieras del señor Mariaca, la póliza habría sido finalmente extendida, hipótesis que, ab initio, choca con el sentido común y aun con el cometido de la propia ley, pues parte del supuesto errado de que, ante la simple oferta de pago de la prima, la aseguradora estaría dispuesta —indiscriminada e irrestrictamente— a expedir pólizas como la entregada al señor Mariaca, sin que en esa decisión incidiera el que ella —como profesional que es— no contara con información cierta y confiable respecto de las circunstancias que rodean la normal actividad de cada peticionario en los planos laboral, comercial y personal, en cuanto le pudieran ser útiles y esclarecedoras, en cada caso, para valorar, como diáfanamente lo impone el artículo 1058 del Código de Comercio, el “verdadero estado del riesgo”.

Desde luego, es precisamente el conocimiento cabal de estos factores el que le permite decidir a la aseguradora, como genuina expresión del libre ejercicio de la autonomía privada que, en línea de principio, el ordenamiento jurídico le reconoce (C. de Co., art. 1056), si —atendidos los requerimientos propios de cada caso— acepta o no celebrar el contrato de seguro (decisión soberana), así como determinar lo atinente a la tasación del monto de la prima correspondiente, esto, claro está, en el evento de darse la primera hipótesis. De ahí que, como recientemente se precisó, “esa declaración del estado del riesgo bien puede hacerse en cuestionario que absuelve el tomador a pedido del asegurador, y allí se incluyen de ordinario no sólo preguntas relativas al riesgo físico como tal, esto es, al estado o facetas de la cosa o persona del asegurado, como su solvencia moral, su capacidad económica, sus oficios, aficiones y demás particularidades que, en general, las más de las veces sólo podrá conocer el asegurador por la declaración sincera que haga el tomadoresta información es tan necesaria para el asegurador como que de ella depende si asume o no y en qué condiciones el riesgo que se le propone” (sent. de abril 11 de 2002, exp. 6825).

Es más, en el presente asunto, la inexactitud en que incurrió el tomador relacionada con su capacidad económica, se torna aún más relevante, no sólo en atención a la notoria diferencia numérica entre el monto habitual de los ingresos declarados ante la aseguradora ($ 2''000.000) y los que verdaderamente pudiera obtener el señor Mariaca, acorde con lo manifestado al respecto, tanto por algunos testigos, como por la misma demandante, sino porque al tomador le fue expedida una “póliza de seguro de vida con ahorro temporal renovable por quinquenios hasta la edad de 80 años” (fls. 8 y 9, cdno. 1), de la que solamente se cubrió la prima correspondiente al primer año (contado a partir del 21 de abril de 1994), habiéndose consagrado, en forma expresa, que “este amparo será renovable por períodos anuales … siempre y cuando se paguen oportunamente las cuotas correspondientes” (fl. 9, ib.), de lo que es viable colegir —además— que el tópico de la capacidad económica no era intrascendente para el asegurador, quien tenía derecho a ser informado —de estimarlo necesario— acerca de la verdadera solvencia presente y futura del tomador-asegurado. Tal circunstancia reviste singular valía, pues, como lo ha resaltado la doctrina, tampoco “… puede perderse de vista la relación de la suma asegurada con la capacidad económica del tomador o asegurado. Si éste tiene conciencia de que su muerte ha de ocurrir a más o menos corto plazo … estará dispuesto a invertir la totalidad de sus haberes en la primera prima anual de un cuantioso seguro, lo que convierte al interesado en un riesgo esencialmente azaroso que, como tal, atenta contra la fidelidad matemática de los cálculos actuariales. De ahí la necesidad técnica del asegurador de investigar la solvencia financiera de sus candidatos y armonizarla racionalmente con la magnitud económica de las prestaciones eventuales a su cargo(5) .

(5) OSSA GÓMEZ, J. Efrén, Teoría General del Seguro, El Contrato, 2ª Ed. Temis, 1991, pág. 151.

De la señalada situación, como se anticipó, fluye de manera clara que la sociedad demandada —aun desde antes de expedir la póliza— tenía un interés legítimo en cerciorarse de la verdadera solvencia económica del tomador, dada la indiscutida relación entre ésta y la eventual verificación de las referidas renovaciones, ligadas, como recién se destacó, “al pago oportuno de las cuotas correspondientes”, las cuales pudieron tener lugar por un tiempo bastante considerable, casi 50 años, atendiendo que, para la época en que se solicitó la expedición de la póliza, el señor Mariaca contaba apenas con 31 años de edad.

H. Por tanto, evidénciase que las comentadas inexactitudes en torno a las declaraciones dispensadas por el señor Mariaca al momento de absolver el cuestionario que le formuló el agente, no estuvieron en consonancia con el acrisolado principio de buena fe que estereotipa en grado sumo al contrato de seguro, sin que pueda sostenerse, entonces, que esas informaciones no veraces involucraran inexactitudes de poca valía, anodinas o carentes de trascendencia, pues, se repite, nada menos que recayeron en aspectos personales de aquilatada y capital relevancia para el empresario, en orden a poder adoptar una decisión libre, auténtica y razonada, como se indicó. Sobre este tema, la Corte señaló, al pronunciarse ante una situación fáctica que guarda similitud con el presente asunto, pues allí, “… en la solicitud del seguro, el tomador dijo poseer bienes de fortuna e ingresos tales que, razonablemente, hizo concluir a la aseguradora demandada que la ocupación de aquel era la de ser un empresario dedicado a la industria del aserrío, y no un leñador que operase directamente la maquinaria de la que se dijo dueño…”, que, esa inconsistencia, que la Sala calificó, entonces, como una “distorsión trascendente de carácter informativo que impidió a la aseguradora realizar una evaluación integral de las circunstancias influyentes en relación con el riesgo”, de conformidad “con el artículo 1058 del Código de Comercio, debió conducir a que el tribunal declarara la nulidad relativa del contrato de seguro”, puesto que así se sancionan “los actos que, como las inexactitudes y reticencias que desfiguran el real estado del riesgo, insertas en la solicitud de seguro, traicionen esa requerida ubérrima buena fe…” (sent. de abril 11 de 2002, exp. 6825, ya citada), supuesta, claro está, la anunciada trascendencia.

I. Como corolario de lo anotado en líneas que anteceden, conclúyese que el cargo en estudio ha de prosperar, puesto que los yerros evidentes enrostrados por el casacionista tuvieron una clara incidencia en el fallo impugnado, al punto que, de no haber incurrido en ellos, el sentenciador de segunda instancia, en aplicación integral del artículo 1058 del Código de Comercio, hubiera revocado el fallo del a quo, para acoger la excepción de “nulidad relativa del seguro”, la que, oportunamente, formuló la aseguradora al contestar la demanda con que se dio inicio a este proceso.

(...).

En síntesis, la Sala destaca que los tópicos y respuestas materia de declaración inexacta impidieron a la aseguradora conocer y sopesar, como era su cometido natural, en qué podrían consistir las verdaderas actividades diarias, personales, laborales y mercantiles del candidato a tomador, así como su entorno de trabajo y las específicas condiciones atinentes a su situación patrimonial, distorsiones que, ab origine, viciaron su decisión libre de realizar la supraindicada contratación, como quiera que el ejercicio del principio de libertad contractual consagrado en el artículo 1056 del Código de Comercio, de plano, le fue conculcado a la aseguradora con motivo de que ésta, al contratar con el señor Mariaca, no tuvo fundada conciencia de los pormenores del riesgo —en su vertiente personal— que, por error, fue inducida a asumir, estructurándose con ello, al amparo del artículo 1058 ibídem, la nulidad relativa invocada por la demandada a título de excepción de mérito, la que por haber sido además demostrada, es preciso acoger como medio de defensa con aptitud para enervar las pretensiones de la actora, merced a su relevancia y trascendencia genético-funcionales, según se acotó precedentemente, a lo que se suma el hecho de no mediar evidencia de haber conocido —real o presuntamente— los “ … hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración”, a términos del último inciso de la precitada norma del ordenamiento mercantil.

Como las pautas con anterioridad expuestas son incompatibles con las ofrecidas por el juzgador de primera instancia, impónese revocar su sentencia, para acoger, en su lugar, la anunciada excepción perentoria de nulidad relativa».

(Sentencia de casación, septiembre 12 de 2002. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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