Sentencia 7021 de octubre 28 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

REFORMATIO IN PEJUS

IMPUGNACIÓN DE SENTENCIA INHIBITORIA

EXTRACTOS: «La prohibición de reformar en perjuicio del único apelante fue establecida en cumplimiento del principio del procedimiento civil conforme al cual el proceso no podía adelantarse ex officio. Se entendió así que el juez de la apelación sólo estaba facultado para revisar la sentencia cuando se propusiera ese medio de impugnación y exclusivamente dentro de los términos que fijara el apelante. En consecuencia, si el superior reformaba la sentencia en perjuicio del único recurrente, actuaba sin competencia porque el apelante no se la había otorgado y la ley le impedía resolver oficiosamente.

La prohibición de la “reformatio in pejus” no ha permanecido inmutable y ha sufrido importantes variaciones tanto en el proceso penal como en el civil. En el procedimiento penal anterior a la Constitución de 1991, por ejemplo, se le permitía al superior reformar la sentencia en perjuicio del condenado porque el legislador consideró entonces que los jueces debían imponer las penas que correspondían realmente y no las que resultaran limitadas por el efecto formal de la apelación, que no siempre se adecuaban a la sanción aplicable, de manera que se hacía prevalecer el interés de la sociedad en el juzgamiento de los delitos sobre el particular del infractor de la ley que actuaba como recurrente. El artículo 31 de la nueva Constitución, en cambio, hace primar este último interés: aunque exista mérito para agravar la pena, el superior no puede hacerlo en perjuicio del apelante único. En materia civil, el Decreto 2282 de 1989 autorizó la reforma en perjuicio del único apelante en tratándose de la impugnación de la sentencia inhibitoria (art. 357, CPC). La razón de ser de esa reforma, según la ley de facultades (Ley 30 de 1987), fue la celeridad procesal, a la que se dio más importancia que a la certeza jurídica que se logra con el cabal cumplimiento del principio de las dos instancias, pues no puede olvidarse que el fallo inhibitorio —que el propio estatuto procesal le ordena al juez evitar (arts. 37-4 y 41)— es meramente formal en la medida que omite pronunciarse sobre el derecho sustancial controvertido cuya definición y efectividad es el primordial objetivo del procedimiento (art. 4º, CPC).

La prohibición de reformar en perjuicio del único apelante ha tenido en la legislación laboral una regulación y una razón de ser distinta a la de los procesos civil y penal. Así lo indican no sólo los principios propios del derecho del trabajo que informan su contenido sino los textos procedimentales que buscan desarrollarlos.

Desde la expedición del Código Procesal del Trabajo en 1948, los juicios laborales se han orientado a lograr la efectividad de los preceptos que consagran los derechos sustanciales de las partes vinculadas por las relaciones de trabajo. Y aunque pudiera admitirse que nuestras normas procesales no han logrado el mismo nivel de garantía del principio protector de los asalariados alcanzado por estatutos de procedimiento laboral de otros países, es indudable su presencia y operancia en figuras como la aplicación de la norma y la interpretación más favorables, la condena ultra y extra petita y la obligatoria consulta de la sentencia adversa al trabajador.

También con la expedición del Código Procesal del Trabajo se consagró como una de las causales de casación laboral la de contener la sentencia del Tribunal decisiones que hicieran más gravosa la situación de la parte que apeló de la sentencia de primera instancia o de aquella en cuyo favor de surtió la consulta, causal que en el procedimiento civil vino a tener autonomía con la reforma de 1971 (art. 357-4, CPC) y que la de 1991 debió restringir para acomodarla al nuevo ordenamiento introducido al último inciso del artículo 357.

El juez laboral de la primera instancia es, antes que su superior funcional, el llamado a imponer el cumplimiento de los principios del procedimiento que administra, pues es a él a quien corresponde fijar los hechos del proceso por estar en inmediación con las pruebas, en tanto que el de segunda instancia cumple básicamente una función de revisión de la legalidad de la providencia del inferior. Y si como consecuencia de la sentencia inhibitoria de primer grado, el juez de la apelación viniera a ser el que, para decidir de fondo, examinara por primera vez las pruebas, que adicionalmente él no practicó, se desconocerían normas y principios básicos del proceso laboral pues en realidad se estaría eliminando la primera instancia, o sea la etapa de juzgamiento más importante dentro de la estructura del proceso laboral.

En el proceso laboral la celeridad está subordinada a la adecuada defensa de las partes (art. 48) y debe así mismo someterse a principios de mayor jerarquía como el de la doble instancia, el de la protección del trabajador y el de la prohibición de la reformatio in pejus.

Las anteriores precisiones permiten concluir que la prohibición de reformar en perjuicio no puede ser vista de igual manera en el proceso laboral y en el proceso civil, pues el primero debe ser enfocado a la luz de sus propios principios cuando el trabajador es el único apelante.

Como por imperativo legal del proceso laboral la sentencia adversa a las pretensiones del trabajador debe ser necesariamente consultada, es decir que respecto de ella debe haber dos pronunciamientos de fondo y no uno solo, esa garantía no se cumple cuando el superior revoca el fallo inhibitorio y rechaza las peticiones del trabajador demandante, pues entonces se profiere que por primera vez una decisión sobre el tema en litigio, sin posibilidad alguna de la segunda revisión en instancia superior que obligatoriamente debe producirse por disposición del artículo 69 del CPT.

La regulación legal autónoma de la competencia del superior en la apelación de autos y sentencias laborales contenida en los artículos 82 a 85 del CPT no permite la aplicación extensiva de una excepción como la prevista en el último inciso del artículo 357 del CPC, tal como quedó modificado por el Decreto 2282 de 1989, de manera que para poder darle cabida en los juicios del trabajo a una restricción semejante sería necesaria su consagración expresa en una norma laboral de jerarquía legal que así lo dispusiera.

Hay sin duda reforma en perjuicio cuando el superior revoca la sentencia inhibitoria de su inferior y en su lugar deniega las pretensiones del trabajador demandante que ha sido apelante único. En ese caso el juez de alzada sólo podrá confirmar la decisión inhibitoria o reemplazarla por una favorable al apelante.

Como en el presente proceso el Tribunal revocó la sentencia inhibitoria del juzgado que sólo fue apelada por el demandante y dictó la de remplazo absolviendo totalmente a la demandada, desconoció con ello la prohibición de la reformatio in pejus e incurrió en su decisión en la causal segunda de casación laboral prevista por el artículo 87 del CPL.

Prospera el cargo y por este resultado la Corte queda revelada del estudio de los restantes.

No es posible, en sede de instancia, hacer un pronunciamiento sobre el fondo del asunto litigioso, pues la causal de casación invocada sólo permite en este caso la confirmación de la decisión de primera instancia, como lo solicitó en forma subsidiaria el recurrente».

(Sentencia de casación, octubre 28 de 1994. Radicación 7021. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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