Sentencia 7050 de noviembre 22 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7050

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil uno.

Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de septiembre de 1997 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dictada en el proceso de la Compañía de Seguros Antorcha de Colombia S.A. contra la Cooperativa de Transportadores de Zipaquirá - Cootranszipa Ltda.

I.Antecedentes

1. La compañía demandante solicitó que se declare que la. cooperativa demandada es responsable civilmente de los daños y perjuicios causados por la pérdida que la Compañía Pintuco S.A. sufrió con ocasión del robo de un cargamento de dióxido de titanio en momentos en que era transportado de la ciudad de Cartagena a Bogotá, y por tanto se la condene a pagar la cantidad de $ 10.713.601.27, como suma que corresponde a la indemnización pagada por la compañía aseguradora, “más la devaluación o corrección monetaria de dicha suma, desde el 20 de marzo de 1987”, y a título de perjuicios derivados de la mora, desde la misma fecha, “los intereses corrientes sobre la suma antes indicada.

2. En apoyo de sus pretensiones señaló la sociedad actora los hechos que a continuación se resumen:

La compañía Pintuco S.A. contrató con la cooperativa demandada el transporte entre las ciudades de Cartagena y Bogotá de un cargamento de dióxido de titanio.

El vehículo que transportaba el cargamento partió de la ciudad de Cartagena el 27 de enero de 1987, y cuando transitaba por el municipio de Valdivia fue asaltado “y desapareció junto con la mercancía”.

La dueña de la mercancía la tenía amparada con una paliza específica de seguro de transporte, expedida por la Compañía de Seguros Antorcha de Colombia S.A., aseguradora que, en consecuencia, canceló el 29 de marzo de 1987 la cantidad de $ 10.713.601.27.

En virtud del pago por concepto de la indemnización proveniente del siniestro amparado, la aseguradora demandante se subrogó legalmente en los derechos de la compañía Pintuco S.A. “contra los responsables por la pérdida sufrida”. esto es, contra la demandada, que incumplió con su obligación proveniente del contrato de transporte.

3. La demandada se opuso a las pretensiones y planteó la excepción previa de falta de competencia, así como la de mérito que denominó “inexistencia del nexo causal entre la demandante y la demandada”.

En primera instancia se denegaron las pretensiones de la demanda mediante sentencia que apeló con éxito la compañía aseguradora, toda vez que el tribunal la revocó y, en su lugar, declaró civilmente responsable a la cooperativa demandada “por la pérdida de la mercancía que le fuera confiada para su, conducción”, condenándola a pagar la suma de $ 10.713.601.27, “cantidad que corresponde al monto de la indemnización que ésta pagó, de acuerdo al valor de las cosas”, sin corrección monetaria ni intereses, siendo ésta la decisión ahora impugnada en casación por el actor.

Il. La sentencia del tribunal

El ad quem sostiene que cuando una compañía aseguradora cancela el valor de la indemnización proveniente de la ocurrencia de un siniestro, se subroga en los derechos del asegurado por el sólo ministerio de la ley, esto es, sin la concurrencia de las partes contratantes”, pero únicamente hasta el valor de la suma pagada, “pues es verdad averiguada que dicho contrato de seguro es eminentemente indemnizatorio, no pudiendo ser fuente de ganancias"; así lo tiene previsto el artículo 1096 del Código de Comercio y lo ha interpretado la jurisprudencia.

Hace ver que la subrogación opera una vez acreditado el pago de la indemnización por parte del asegurador al asegurado y por ella “se hace titular, como sujeto activo de esa relación, de las garantías propias del crédito y de todas las acciones que tenía su antecesor contra el obligado principal y contra los solidarios” concepto que le lleva a concluir que el elemento básico e indispensable para que opere dicha figura jurídica es el pago, de manera que ante su ausencia, “el asegurador vendría a ser un extraño ajeno dentro de la relación”, requisito cuya comprobación en el expediente le corresponde a la compañía aseguradora, a la que también le asiste el deber de probar los perjuicios y su cuantía.

Encuentra demostrada la existencia del contrato de transporte entre la demandada y la empresa Pintuco S.A., así como el contrato de seguro y la ocurrencia del siniestro que condujo a la pérdida total de la mercancía, es decir, el incumplimiento de la obligación principal a cargo del transportista.

Tras la pericia que decretó de oficio, el tribunal accedió a lo pretendido en la demanda pero únicamente en el monto pagado por la compañía aseguradora al asegurado, “sin incluir la devaluación monetaria ni los intereses pedidos”, interpretando de esa forma los alcances del artículo 1096 del Código de Comercio, agregando que aun sin pronunciamiento expreso “se supone que a partir de la ejecutoria de este fallo, con base en la sentencia de condena proferida por la jurisdicción, empiezan a correr los intereses legales contemplados en el artículo 1617 del Código Civil”, decisión a la que arribó luego de desechar la excepción de mérito planteada como de inexistencia del vínculo, tras sostener de la acción subrogatoria deviene por el sólo ministerio de la ley “aún contra la voluntad del causante del daño”.

III. La demanda de casación

Amparada en la causal primera de casación, un sólo cargo se formula contra la sentencia del tribunal, así:

La parte recurrente le imputa a la sentencia de violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 1º, 2º, 515, 822, 864, 871, 1036, 1037, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1054, 1072, 1077, 1079, 1080 (antes de la modificación sufrida por el la L. 45/90, art. 83), 1083, 1085, 1088, 1089, 1096, 1098 y 1110 del Código de Comercio y de los artículos 1530, 1531, 1536, 1602, 1603, 1604, 1613, 1614, 1625, 1626, 1627 (inc. 1º), 1666, 1667, 1668 y 1670 del Código Civil; por falta de aplicación de los artículos 5º y 8º de la Ley 153 de 1887, 26, 27 (inc. 2º), 28, 30, 31 y 1627 (inc. 2º) del Código Civil, 831 del Código de Comercio y 177 (inc. 2º) del Código de Procedimiento Civil; y por aplicación indebida del artículo 27 (inc. 1º) del Código Civil.

La recurrente expresa que el contrato de seguro, al tenor del artículo 1088 del Código de Comercio, es de mera indemnización y “en ningún caso podrá constituir una fuente de enriquecimiento"; de suerte que en el evento del hurto de una mercancía “sólo se podrá resarcir al asegurado el daño directo sufrido por éste, consistente en la pérdida de la misma, ... se pretende reparar al asegurado el daño emergente”, siendo factible la indemnización por el lucro cesante únicamente cuando las partes contratantes así lo han pactado expresamente. Agrega que “si la suma asegurada es superior a la pérdida sufrida, no podrá el asegurado reclamar aquélla sino simplemente ésta, y si dicha suma asegurada es inferior a la pérdida sufrida, la obligación del asegurador tan solo se extenderá a aquélla”.

A continuación argumenta que de la ocurrencia del siniestro emergen dos vínculos jurídicos: “el derivado de una relación eminentemente contractual entre asegurado y asegurador” del cual surge la obligación a cargo del asegurador de cancelar la indemnización acordada en el evento de que ocurra el siniestro, y de otra parte “un vínculo totalmente distinto entre el asegurado y los terceros responsables del daño”, que puede ser, según el caso, de índole contractual o extracontractual.

Afirma que si una persona sufre la pérdida de un bien que no se encuentra asegurado, debe reclamar la reparación directamente del responsable de tal hecho, buscando la indemnización que podrá incluir el daño emergente y el lucro cesante y que derivará de una relación contractual o se intentará como reclamación de índole extracontractual según el caso; situación que debe ser idéntica para cuando el bien se encuentra amparado por un seguro de daños respecto de la reparación que se intente contra el tercero, siendo entonces facultativo de éste acudir a dicha reclamación o hacer efectivo el seguro y, entonces, la aseguradora deberá “si se cumplen los requisitos contractuales proceder a cancelar el monto de la indemnización en la forma en que hubiere sido acordado en el respectivo contrato”.

Si la reparación la intenta el asegurado directamente de la compañía aseguradora y ésta le cancela la correspondiente indemnización, es obvio, añade el censor, que aquélla cuenta con la posibilidad de “perseguir a aquellos terceros que ocasionaron el daño pues de lo contrario, el causante del mismo se vería beneficiado ya que nunca estaría obligado a reparar el daño y, por consiguiente gozaría de un enriquecimiento sin causa justificativa alguna”, razón por la cual la ley tiene previsto que en dicha hipótesis “el asegurador que pague una indemnización se subroga por el solo ministerio de la ley, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro”, lo que explica también la obligación impuesta por el legislador al asegurado, en el sentido de prohibirle la renuncia de sus derechos contra los responsables del siniestro, (C.Co., art. 1097).

En esa misma medida hace énfasis en que la ley es clara cuando establece que la subrogación comprende la totalidad de los derechos que corresponderían al asegurado, derechos que consisten precisamente, agrega la censura, “en perseguir al tercero responsable del siniestro y el de obtener de éste el pago de los perjuicios ocasionados, incluyendo el resarcimiento del daño emergente y del lucro cesante de acuerdo con los derechos que tiene, ... el asegurado”, lo que implica que “no se trata tan sólo de un reclamo numérico”, sino de un reclamo de una indemnización, con un límite: “el monto pagado al asegurado, pero ello no desvirtúa su carácter sustancial”.

En su sentir, la disposición contenida en el artículo 1096 del estatuto mercantil es fiel reflejo de la naturaleza del contrato de seguro de daños que no pretende lucro ni ventaja alguna, entendiendo que el asegurador ya los obtuvo por el recaudo de las correspondientes primas.

En esas condiciones, aunque no es factible concebir el seguro de daños como fuente de enriquecimiento, tampoco es dable, a su juicio, apreciarlo como fuente de empobrecimiento, situación que se da cuando se le niega el factor de la corrección monetaria “como un mecanismo tendiente a mantener el equilibrio en las relaciones contractuales, sin que tal incremento pueda considerarse como un enriquecimiento de quien lo percibe”.

De esa manera, añade, cuando el legislador impone un límite a la subrogación en favor de la compañía de seguros que paga un siniestro cuya responsabilidad deriva de un tercero, no puede inferirse de ello “que se ha desnaturalizado el concepto del derecho involucrado en la indemnización, ni mucho menos que con la sola comparación de las sumas pueda derivarse la extinción de la obligación”, por el contrario, debe entenderse que el asegurador puede perseguir al tercero responsable en los mismos y amplios términos otorgados al acreedor original, con la salvedad de que dicha subrogación comprenderá sólo “hasta el importe pagado por el asegurador”, es decir “no podrá perseguir la indemnización por el lucro cesante o por el daño emergente si éste fue mayor a la suma asegurada (...), pero sí podrá perseguir el monto de la indemnización cancelada”.

Quiere el legislador, según lo interpreta la censura, que las compañías aseguradoras reciban, en virtud de la subrogación prevista en el citado artículo 1096 de la ley mercantil, lo mismo que cancelaron a título de indemnización, lo cual implica que aquellas no pueden recibir más de lo cancelado, pero tampoco menos, de manera que “en la forma en que ha venido siendo interpretada tal disposición, la única persona que sufre el desmedro patrimonial sin responsabilidad de ninguna índole es la compañía de seguros teniendo como contrapartida el beneficio y provecho del responsable del siniestro, lo cual, en su opinión, linda con el absurdo. Sería la primera disposición jurídica que premia la culpa o el dolo y castiga la diligencia, el cuidado y el cumplimiento de los contratos”.

La situación jurídica de los responsables del daño frente a la indemnización de los perjuicios no tiene por qué ser diferente si se la mira en relación con la reclamación que de ellos haga en forma directa el asegurado, o la reclamación que pretenda la compañía aseguradora, por que si en el primer evento los causantes del daño deben cancelar la totalidad de la indemnización, entendiendo dentro de ella la corrección monetaria, ese mismo tratamiento debe aplicarse al segundo evento, sin que la palabra “importe” pueda excluir la posibilidad de condenar por tal concepto toda vez que “si bien el fenómeno de la subrogación no puede ser fuente de enriquecimiento para el asegurador mucho menos lo puede ser para el causante del perjuicio”.

Finaliza su argumentación expresando que ese es el sentido que el Consejo de Estado ha dado al artículo 1096 del Código de Comercio, lo que se complementa con el artículo 1627 del Código Civil que dispone que para que el pago sea liberatorio no puede ser “realizado a través de cosa distinta de la que se deba, y en tal sentido el acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa”, de manera que no podrá entenderse que existe pago “cuando el acreedor es obligado a recibir, con carácter liberatorio, un valor distinto al que efectivamente corresponde a la prestación adeudada”, principio que se incumple con la interpretación mediante la cual se le da “un significado simplemente nominalista y formal, y no sustancial a la obligación de repetir contra el tercero cuando media un contrato de seguro”.

Consideraciones

La Corte, al abordar recientemente el punto ahora discutido, reiteró el criterio nominalista que, a ojos vista, consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, cuyo amplio estudio, que abarca en gran medida, por no decir que en su totalidad, el análisis de la línea argumentativa que expone el casacionista en la especie de esta litis, es bien traerlo a colación. He aquí su reseña:

"a) Dijo en 1981 que “cuando por presentarse el siniestro la compañía aseguradora cubre el valor de la respectiva indemnización, por ministerio de la ley, o sea, sin concurrencia de las partes contratantes, el asegurador se subroga en los derechos del asegurado indemnizado contra el autor del daño, pero sólo hasta el valor de la suma pagada. (...). Como ha sido rector en materia de seguros que este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio (C.Co., art. 1088) es apenas obvio que circunscriba el derecho del asegurador que ha pagado el valor del seguro a obtener, del autor del daño, apenas el monto de la suma pagada y no una cantidad superior" (1) .

(1) Cas. Civil de 22 de enero de 1981, G.J. CLXVI, pág. 156.

b) Confirmó y amplió este criterio en 1985 al puntualizar que “en orden a precisar los alcances de la subrogación legal que consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, ha de tenerse en cuenta que la indemnización que paga el asegurador estará determinada por el valor del daño derivado del siniestro, evaluado al momento de su ocurrencia e indemnizado en términos del contrato, lo cual excluye, desde luego, los intereses o perjuicios moratorios que el artículo 1080 impone al asegurador, en su caso, pues estos desbordan el concepto de daño asegurado. La suma que limita el derecho del asegurador, “transmitido” ope legis por el asegurado, es la del día del pago de la indemnización, y a esa suma ha de quedar limitada también la responsabilidad del causante del siniestro.

"Si con miras a la correcta interpretación del citado artículo 1096 se consultan sus antecedentes, cuya importancia en este campo reconoce el artículo 27 del Código Civil, será necesario insistir que la expresión “hasta concurrencia del importe” no puede tener alcance distinto al que indica su tenor literal. Ello es así por cuanto, como lo tiene admitido la doctrina general de los autores, el asegurador, a consecuencia de un siniestro indemnizable, no puede sufrir perjuicio en la acepción jurídica de la palabra. Y no puede sufrirlo porque la indemnización que él pagó al asegurado tiene un origen contractual, y porque ha recibido con la prima la contraprestación correspondiente a su obligación y porque opera en función del cálculo de las probabilidades" (2) .

(2) Cas. Civil de 6 de agosto de 1985, G.J. CLXXX, pág. 239.

c) En 1993 tuvo la oportunidad de expresar que “ha querido el legislador otorgarle al pago del seguro con subrogación una naturaleza de orden público, con la imperatividad, obligatoriedad y consecuencias allí indicadas, con cierta autonomía de lo que ha ocurrido cuantitativamente antes o después del pago. En efecto, para determinar el límite cuantitativo del objeto subrogado se toma en cuenta únicamente el valor de lo pagado por el seguro, con independencia del valor de las primas pagadas, o del mayor valor del objeto asegurado o de las circunstancias posteriores al pago, como son su deterioro monetario, improductividad financiera, etc. Luego se trata de un límite cuantitativo fijado por la ley que, a la vez que satisface los intereses privados del asegurador y el asegurado, también da seguridad jurídica al monto exacto a reclamar y garantiza certeramente derechos de terceros y, concretamente, los del autor del daño. Por eso, prescribe el artículo 1096 del Código de Comercio que la subrogación legal del asegurador en los derechos del asegurado contra el tercero responsable, tiene como límite la suma pagada de acuerdo a lo asegurado, que, por su naturaleza debe entenderse restrictivamente para los efectos cuantitativos, porque esa es la clara intención inequívoca del precepto, y que, por lo tanto, no permite extender o completar su sentido de tal manera que desborde dicho límite. (...). Por consiguiente, reitera la Sala su doctrina en el sentido de la improcedencia de corrección monetaria e intereses sobre el derecho subrayado legalmente y fundado en la suma pagada por concepto del seguro" (3) .

(3) Cas. Civil de 23 de septiembre de 1993, G.J. T. 2464, pág. 567.

d) En 1995 reafirmó su jurisprudencia, la cual se halla vigente, al manifestar que “la expresión “...hasta concurrencia del importe...” a que alude el artículo 1096 del Código de Comercio, debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil, razón por la cual no puede tener un aIcance distinto al que señala su tenor literal. La razón de ser de este precepto estriba en el carácter indemnizatorio de esta especie de contrato, motivo por el cual no puede ser fuente de ganancias o riqueza”. Y más adelante agrega que “el cimiento de la subrogación no es propiamente la protección patrimonial del asegurador, al cual, de todas formas, se le abre la posibilidad de la subrogación, la cual, en verdad, tiene por objetivo básico la necesidad de evitar el enriquecimiento del causante del daño, así como enervar la posibilidad de que el asegurado obtenga un doble pago del perjuicio. El carácter indemnizatorio lo fija la ley para la prestación a favor del asegurado, desde luego, para evitar allí también que la ocurrencia del siniestro se torne en una fuente de lucro, no de restablecimiento del equilibrio patrimonial para éste. Todo lo cual se halla inspirado en nítidos principios de moral social. Y si pudiera decirse que ese carácter indemnizatorio se traslada a la pretensión del asegurador que ha pagado, en frente del directo causante del daño, sólo podrá ser dentro del marco de su propia erogación, no sólo por lo ya dicho, sino también porque no se entendería cómo si el asegurador sólo queda obligado frente al asegurado a pagarle una suma determinada por razón de la pérdida sufrida por éste, él si pueda exigirle al causante del daño una corrección monetaria que no ha cubierto, máxime cuando no fue el directamente perjudicado”.

"Luego no puede acudir el censor a la supuesta necesidad de “mantener el equilibrio de las relaciones jurídicas” como un presupuesto para aplicar la corrección monetaria que depreca, puesto que si el pago de la indemnización no es factor de desequilibrio contractual o empobrecimiento del asegurador sino de pago de una prestación debida, mucho menos, resulta serlo el reembolso nominal de la indemnización" (4) .

(4) Cas. Civil de 13 de octubre de 1995, G.J. núm. 2476, pág. 1123.

Concluyó la Corte en la citada sentencia reiterando que “Son tan sólidos los criterios jurisprudenciales acabados de memorar, que la Sala no puede menos de prohijarlos en esta nueva ocasión. En efecto, todos ellos, a una, descubren las potísimas razones que entregan una fisonomía jurídica muy propia a la subrogación que consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, de lo cual es diamantino reflejo el mandato por fuerza del cual la aseguradora no tiene más derecho que a la suma que efectivamente pagó por virtud del contrato de seguro. Dicha norma, pues, lejos de contener descuidadas voces legislativas, denota una ratio legis respetabilísima, y hace de su preceptiva el acuñamiento de un raciocinio sazonado, particularmente si en cuenta se tiene que acaso esa es la manera más aconsejable como se preserva el equilibrio de todas las relaciones jurídicas que se dan cita en el punto.

No es de recibo argüir entonces, que cuando así se decide resulta desnaturalizado el carácter indemnizatorio de la obligación subrogada, porque, insístese, la del artículo 1096 en cita es una subrogación de estirpe singular; tanto, que no tiene la fuente común del fenómeno conocido como pago realizado por un tercero, ya que la aseguradora ha pagado deuda propia, la misma que a su cargo surgió del contrato de seguro, lo cual repugna, hay que admitirlo, si pasase por persona digna de ser indemnizada. Es claro que ella tiene derecho a ser reembolsada, más no indemnizada, y esto mismo pone fuera de lugar la invocación del criterio de equidad que en eventos indemnizatorios ha tenido presente la Sala, atendiendo pautas como la del artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

En otros términos, al pagar el asegurador, libera o extingue la obligación del autor del daño, respecto del asegurado, hasta la cuantía de lo pagado, merced a la existencia de un contrato de seguro que protegía a la persona que precisamente le trasladó el riesgo, quedando aquí subrogado, hasta esa cuantía, en los derechos del asegurado, según el imperativo legal. Es posible que de cara a esta disposición, el monto de la condena a cargo del responsable del daño no resulte igual a aquel que hubiera arrojado si el demandante fuese la propia víctima, porque para ésta no existe norma que de suyo limite, y su reclamo, ese sí indemnizatorio, podría gozar de mayor amplitud; mas, como ya se dijo, el diverso resultado se explica por la presencia de un asegurador que, con arreglo a sus fines, ayuda a paliar las pérdidas, sin que por ello adquiera la calidad de víctima o de directamente perjudicado, pues el hontanar de su obligación es muy otro, a saber, el contrato de seguro, dentro de cuyo marco ha recibido contraprestación. Total que el asegurador no puede pretextar que la consabida limitación legal implique un empobrecimiento suyo. Ni es dable alegar, por otra parte, que sin la corrección monetaria el demandado resultaría pagando una cosa diferente a la debida, en lo que se violaría el artículo 1627 del Código Civil, pues sea lo que fuere el caso es que el censor pasa de largo ante el hecho de que es la propia norma la que deja lugar a reservas, al disponer, a renglón seguido, que todo ello es sin “perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes”, con lo que dejó de lado explicar, como es de necesidad en un recurso dispositivo, porque su caso lo enmarca en la regla general y no cuadra dentro de las excepciones, siendo que, como viene de verse, la subrogación del artículo 1096 es asaz particular.

Y comoquiera que la Corte estima que la solución dada por la ley es la más justa de todas, antinómico fuera reconocer la corrección monetaria que edificada sobre el postulado de la equidad ha dispuesto la corporación en otros asuntos” (Sent. ago. 25/2000, exp. 5445).

De ese modo, hallando la Sala que no sólo son muchas sino persuasivas las razones que referidas se dejan, desemboca en la conclusión de que el cargo no prospera.

IV. Decisión

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que en el proceso de la referencia y con fecha 29 de septiembre de 1997 profirió la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Costas a cargo del recurrente. Tásense.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de procedencia.

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente disiento de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala y, en tal virtud, debo salvar mi voto por cuanto considero que el cargo estaba llamado a prosperar, en orden a reconocer, en sede de instancia, la corrección monetaria de la suma que la compañía aseguradora le canceló a Pintuco S.A., por concepto del siniestro amparado en virtud de la póliza de seguro de transporte a que se refiere la demanda.

Los argumentos que motivan mi desacuerdo con la sentencia, son los mismos que expuse en el salvamento que hice al fallo proferido por la Sala el 25 de agosto de 2000 (exp. 5445), a los cuales me remito. Allí se consideró:

1. La acción subrogatoria consagrada en la legislación colombiana en el artículo 1096 del estatuto comercial, a emulación de lo acaecido en el derecho comparado, está íntimamente enlazada con la institución de la subrogación disciplinada por el ordenamiento civil, al punto que los fundamentos y los postulados medulares que le sirven de apoyatura en este específico régimen, en general, son los que informan, “ab initio”, la figura en la esfera mercantil, corolario del acerado principio indemnizatorio que, con tanto ahínco, campea en los seguros de daños —a diferencia de los de personas—, según explícita y autorizada mención realizada en la exposición de motivos del proyecto de Código de Comercio Colombiano del año 1958. Ello explica, de un lado, que se tengan por fundamentos capitales de este instituto —entre otros— los siguientes:

a) Evitar, a ultranza, que el responsable del daño no se exonere de responsabilidad, merced al pago efectuado por el asegurador al beneficiario del seguro, primigenio acreedor de aquél, pues en caso contrario, se le estará libertando de un débito que, trasciende, ello es primordial, la esfera del “ius privatum”, así la condena, en línea de principio, se limite al mero resarcimiento patrimonial. Expresado en otros términos, es claro que el ordenamiento desea que la conducta del victimario, no quede impune.

b) Impedir que el responsable del daño, a la postre, pueda beneficiarse en caso de que el asegurador no estuviera realmente facultado para recuperar el monto indemnizado al beneficiario, merced que, en últimas, se traduciría en una especie de —insólito— premio por haber generado el perjuicio, dado que, por esa vía, se le liberaría de responsabilidad pecuniaria.

c) Obviar que el beneficiario del seguro pueda resultar enriquecido, en la medida en que si no existiese la subrogación “ex lege”, bien podría obtener, por parte de su asegurador, el resarcimiento del daño por él experimentado, a la par que de manos del propio autor del mismo, lo que evidentemente repugna a los más elementales principios.

d) Complementariamente, posibilitar que la entidad aseguradora, conforme a las circunstancias, pueda recibir unos recursos encaminados a lograr una más adecuada explotación profesional de la actividad aseguradora, toda vez, indirectamente, se atenúan —así sea en mínima medida— los resultados adversos de la siniestralidad.

Y también explica, del otro, que el axioma relativo al origen y al carácter del derecho radicado “a posteriori” en el subrogado, sea predicable del asegurador que, en desarrollo del contrato de seguro, ha procedido a indemnizar las pérdidas dimanantes de la realización del riesgo asegurado, esto es de un derecho derivado y, en tal virtud, ayuno de sustantividad y autonomía, como quiera que la entidad aseguradora, he ahí la importancia del fenómeno sustitutivo que aflora de la subrogación, adquiere el mismo derecho que antes del pago residía en la órbita patrimonial del asegurado —damnificado, de suerte que cuando acciona no lo hace enarbolando una prerrogativa naciente de la materialización de un perjuicio propio, como si se tratara de obtener una indemnización orientada a resarcir un daño autónomo, completamente desligado del cumplimiento de la prestación asegurada a su cargo. Por ello, con evidente razón, la doctrina le asigna un carácter típicamente derivado (1) , calidad ésta que se erige en la piedra de toque de la problemática que nos ocupa, en la medida en que es el que justifica y recrea la intangibilidad del crédito de la entidad aseguradora, el que no sufre la más tenue alteración por migrar del asegurado al asegurador. Muy por el contrario, dicho derecho, “per se”, permanece indeleble (2) , por manera que los responsables del siniestro, como lo impera el artículo 1096 del Código de Comercio —en muestra de diciente acatamiento de la prenotada etiología y naturaleza—, podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado.

(1) Cfme. Antigono Donati, Trattato del Diritto delle Assicurazioni Private, Giuffré, Milán, 1954, T. II, pág. 476; Adriano Fiorentino, L. Assicurazione Contra I Danni, Dott, Nápoles, 1949, pág. 136; Antonio Brunetti, In tema di surrogazione dell''assicuratore, en Rivista Assicurazioni, Roma 1942, pág. 29; Joaquín Garrigues, Contrato de Seguro Terrestre, Madrid, 1982, pág. 200 y Arturo Díaz Bravo, Notas sobre la Subrogación del Asegurador en el Derecho Mexicano y comentarios a la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Colombiana de fecha 23 de septiembre de 1993, en Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros Nº VII, Bogotá, 1995, pág. 290.

(2) Así, por lo demás, categóricamente lo manifiesta la doctrina, en general. Entre otros autores, el profesor Luis Díez Picazo, observa “Que el subrogado ejercita el crédito inicial que adquiere y lo ejercita por tanto con su original integridad y con todas las facultades a él anexas”. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Vol. I, Civitas, Madrid, 1979, pág. 801. Cfme: Luis Pascual Estevill, El Pago, Bosch, Barcelona, 1986, pág. 270, Giorgio Giorgi, Teoría de las Obligaciones, Vol. VII, Madrid, 1930, pág. 277.

Y si el derecho del asegurador naciente del pago en referencia es derivado, como en efecto lo es, cuando lo ejerce y obtiene su reconocimiento, ora en el campo extrajudicial, ora en el judicial, no debe experimentar mengua de tipo cualitativo o cuantitativo, menos por razones predicables únicamente del funcionamiento de la entidad aseguradora —como se examinará—, y no del damnificado, óptica que, en sana lógica, es la llamada a orientar la definición fidedigna de este tópico, pues se insiste en que el empresario en mención sustituye al damnificado originario e, “ipso jure”, se convierte en su nuevo titular, aun cuando la extensión y alcance de su prerrogativa jurídica, precisamente por ser derivada y no originaria o autónoma, como se indicó, están determinados “a priori”, vale decir que se establecen en función del derecho transferido —en sentido amplio— (3) .

(3) Como lo reseñan los profesores M. Picard y A. Besson, en virtud de la subrogación legal, el derecho del asegurador —“se modela con arreglo al que tenía el asegurado”—. Por ello su “acción contra el tercero tiene la misma naturaleza y el mismo alcance que el del asegurado”. Les Assurances Terrestres, T. I, L.G.D.J, París, 1982, pág. 496. En este mismo sentido, el profesor Marcel Fontaine, expresa que la subrogación en materia de seguros, “en todo caso, funciona según los principios generales de la subrogación”. Droit des Assurances, Larcier, Bruxelles, 1996, pág. 255.

Empleando una gráfica representación muy socorrida en la doctrina internacional, quien paga, en este caso el asegurador, se pone la misma máscara del beneficiario-damnificado, o entra en su armadura, de la cual se convierte en titular (4) , o también, de conformidad con diciente metáfora utilizada en el mundo asegurativo, el empresario de seguros “se coloca en los zapatos del asegurado” (5) .

(4) Vid: René Abeliuk, Las Obligaciones, T. II, Editorial Jurídica de Chile y Temis, pág. 1993.

Desarrollando idea similar, don Luis Claro Solar puntualiza que, quien efectúa un desembolso, por obra de la subrogación, “es colocado en todo y por todo en el sitio y lugar del acreedor a quien paga; puede todo lo que él podía para la satisfacción de su crédito”. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Vol. VI, Editorial Jurídica de Chile, 1979, pág. 272. Análogo criterio es empleado en el campo del seguro. Es así como los doctrinantes André Favré Rochex y Guy Courtieu, al momento de esclarecer lo relativo al alcance del derecho conferido por la subrogación al asegurador, anotan que éste puede ser ilustrado a través de una singular fórmula “Nada más que la indemnización pagada... Pero toda la indemnización”. Le Droit du Contrat d'' Assurance Terrestre, L.G.D.J., París, 1998, pág. 270.

(5) “to be entiled to stand in the shoes of the assured (“d''avoir le droit de se mettre dans les chaussures de l''assuré”), en Cumul des prestations, recours et subrogation en matiére d''assurance privée et publique, reporte general de reimer schmidt y dieter w. Lüer, 4º Congreso Mundial de Aida, Lausana (Suiza), 1974, pág. 8.

2. En adición a lo ya esgrimido, dada su significación en el presente asunto, no puede soslayarse que la corrección monetaria no se erige o se desdobla en un factor adicional del daño —propiamente dicho—, como otrora se sostuvo por un sector de la doctrina y de la jurisprudencia del ramo (daño emergente), toda vez que la supraindicada corrección, en estricto sentido, no es más que lo que denota su significado semántico: la mera actualización —adecuación o ajuste— de la suma originariamente desembolsada a raíz de la floración del perjuicio, sin que ella entrañe alteración o mutación objetiva del quantum primigenio, de suerte que lo que se obtenga por esta vía, no es otra cosa que la agregación de un monto de índole típicamente correctivo, indefectiblemente ligado con una fuente surgida y materializa ex ante (6) . De allí que no pueda hablarse de un aumento real de la suma indemnizada, en manera alguna constitutivo de un enriquecimiento en cabeza del peticionario de la actualización en comento, pues se reitera que lo que persigue el referido plus es preservar, en su cabal extensión, el poder adquisitivo de la moneda y, por reflejo, la capacidad liberatoria ínsita en los signos monetarios de curso forzoso (valor puramente intrínseco), todo con meridiano apoyo en la equidad, en atención a que el daño, como tal, sigue siendo el mismo (unicidad del perjuicio) (7) .

(6) Ya en el año de 1984, en Sentencia del 30 de marzo, la Sala Civil de la Corte recordó que, “...en ausencia general de norma expresa que lo consagre..., mediante interpretación legal de las normas vigentes, el derecho al pago íntegro de los perjuicios causados contra el responsable extracontractualmente..., comprendiendo dentro de aquel derecho al quantum equivalente a la corrección monetaria. Factor éste que ha sido incluido en este derecho, más como exigencia de la actualización de la reparación del daño al momento en que efectivamente se verifica el pago, que como daño emergente propiamente dicho”.

(7) En este mismo sentido, el doctor Javier Tamayo Jaramillo, en salvamento de voto a la Sentencia del 13 de octubre de 1995 —referente a este mismo punto—, bien puso de manifiesto que, “Con el otorgamiento de la corrección monetaria al asegurador solo se le está manteniendo el valor intrínseco a la indemnización que recibió del asegurado y que, en virtud de la subrogación, ahora pretende ser recuperada por el asegurador contra el tercero responsable. Concedida la corrección monetaria al asegurador subrogado, el equilibrio patrimonial es perfecto pues el responsable pagó el valor intrínseco exacto del daño, lo que significa que no se empobrece injustamente en favor del asegurador; el asegurado queda completamente indemnizado por el seguro... y, finalmente, el asegurador recibe exactamente el mismo valor intrínseco que pagó al asegurado con motivo del siniestro, lo que significa que no se enriquece injustamente a costa del responsable del daño”.

Elocuente sobre este particular, por decir lo menos, es el lozano, a fuer que justiciero criterio general acogido por la Sala en reciente providencia del 9 de septiembre de 1999 —que de haberse conservado inalterada, como estimamos correspondía hacer, hubiera conducido inexorablemente a variar la jurisprudencia de la Corte en este tópico— conforme al cual: “Si, como hoy universalmente se acepta, la labor de interpretación y aplicación de la ley a cargo del juzgador solamente rinde verdaderos frutos, cumpliendo a cabalidad su cometido, cuando lo conducen a decisiones razonables y justas, es decir, cuando hace de la ley un instrumento de justicia y equidad, tórnase forzoso sentar que, justamente, ante la ausencia de norma expresa que prohíje la corrección monetaria en nuestra legislación y dado que la inestabilidad económica del país y el creciente deterioro del poder adquisitivo del dinero son circunstancias reales y tangibles que no pueden pasar desapercibidas al juez a la hora de aplicar los preceptos legales que adoptan como regla general en la materia, el principio nominalista, el cual, de ser aplicado ciegamente conduciría a graves e irreparables iniquidades, ha concluido la Corte, que ineludibles criterios de justicia y equidad imponen condenar al deudor a pagar en ciertos casos, la deuda con corrección monetaria”.

“Si bien no pude desconocerse que en alguna oportunidad la Corte justificó la corrección monetaria de las condenas en la necesidad de indemnizar un daño emergente, no lo es menos que en la actualidad, en todos aquellos eventos en los cuales de manera concreta ha inferido la necesidad de reconocerla, ha acudido explícita o implícitamente, como fundamento de tal reconocimiento, a la equidad...”.

No hay, pues, a la vista de las consideraciones que anteceden, por qué acudir al equívoco argumento del enriquecimiento, no sólo por cuanto está cimentado en una premisa errónea, como se acotó, sino porque lo que se verificaría en caso de no accederse a la prenotada corrección, si de justicia se trata, será paradójica y diametralmente el fenómeno contrario, esto es el empobrecimiento de la entidad aseguradora, lato sensu, —con todo lo que ello puede suponer de cara a la comunidad asegurada—, la que ulteriormente recibiría valores envilecidos, concretamente en economía de estirpe inflacionario, como la colombiana, sobre todo en tratándose de las décadas precedentes (ochenta y noventa). Empobrecimiento éste, hay que registrarlo, que no tendría una explicación o una causa jurídica que lo soporte, en clara contravía de granados postulados que informan la ciencia jurídica contemporánea: uno de ellos, de acentuada valía, que el derecho —en línea de principio— es bipolar y, por contera, llamado a propiciar un equilibrio en las relaciones inter-personales, el cual no debe resquebrajarse a pretexto de que el asegurador, una sociedad comercial económicamente solvente, no se afecta si lo obtenido por la vía de la subrogación es menor, en términos reales, a lo que en su oportunidad desembolsó, a título de indemnización (8) .

(8) No se equivocan los doctrinantes Nicolás H. Barbato y Gustavo R. Meilij, al apuntar —“in extenso”— que: “también se ha dicho que el reajuste por desvalorización podría llegar a configurar un enriquecimiento indebido para la aseguradora”. Este argumento —empero— no resiste el análisis. No creemos que pueda discutirse que la aseguradora tiene un derecho conferido por el artículo 80 a reclamar de terceros responsables lo que haya debido pagar en virtud de siniestros provocados por estos; en consecuencia, si tal suma es reajustada, nunca puede existir un enriquecimiento de dicho asegurador, pues el reajuste no constituye un aumento de riqueza, sino, precisamente, un procedimiento por el que se evita que en razón de la pérdida de valor adquisitivo de la moneda, el acreedor reciba menos que lo que en realidad le corresponde. Hay un aumento nominal de importes, pero no un enriquecimiento, palabra que, por definición, se refiere al aumento de la riqueza. Tratado de derecho de seguros, Zeus, Rosario, 1975, págs. 310 y 311.

Si el asegurador, merced a la sustitución que, “ministerio legis” se produce con ocasión del cumplimiento de la prestación asegurada, pasa a ocupar el lugar del asegurado - damnificado, es consecuente entender que este reemplazo iuris no altera, en manera alguna, el derecho de crédito radicado primitivamente en cabeza de la víctima, el que en tal virtud permanece incólume. Tanto es así que el artículo 1669 del Código Civil, como diáfano reflejo de la aludida transferencia —“transmisión” o “traspaso” en la terminología empleada por don Andrés Bello—, estatuye que, “la subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas del antiguo" (9) .

(9) Elocuente sobre el particular, es la autorizada opinión del profesor J. Efrén Ossa G, coredactor del Código de Comercio del año 1971, según la cual “La subrogación legal no se halla establecida para enriquecer al asegurador y, por reflejo, a sus reaseguradores, ni para lastimar los derechos patrimoniales del asegurado, ni para aliviar o perjudicar la posición jurídico-económica del responsable del daño asegurado. Así se explica que solo puede operar —hasta concurrencia— de la indemnización pagada por el asegurador que la ley presupone”. De ahí que —como lo hemos visto, el asegurador adquiere, con la subrogación, exactamente el mismo derecho que el damnificado—, luego —“hay que concluir que la pérdida de poder adquisitivo de la suma indemnizada proveniente de la desvalorización monetaria gravita sobre el responsable del siniestro—. Teoría general del seguro, Vol. II, Temis, 1991, págs. 193 y 194.

3. Así las cosas, no sirve de rodela para negar el derecho a la corrección monetaria argumentar que este mecanismo actualizador conspira, de alguna forma, contra el principio indemnizatorio latente en los seguros de daños, pues lo que en realidad quiere significar tan neurálgico postulado, en su real y cristalina esencia, es otra cosa enteramente diferente: evitar que el asegurado se enriquezca a costa del asegurador y, por reflejo, de la comunidad —o masa— asegurada, bien entendida, habida cuenta que el seguro, en desarrollo de potísimas y centenarias reglas, no puede constituirse en fuente de enriquecimiento. Por ello es por lo que aquel no está legitimado para recibir suma superior al monto de los perjuicios sufridos o experimentados, tanto más cuanto que la prima del seguro se calcula, como se sabe, en función del riesgo asumido (ecuación prima-riesgo). A este último respecto, categórico es el artículo 1088 del Código de Comercio, a cuyo tenor: “Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento”.

En esta misma línea argumentativa, corresponde entender que el asegurador no pueda perseguir una suma superior a la previamente indemnizada al beneficiario-damnificado (circunscrita a su valor o expresión real), ya que ello sería tanto como tolerar su indebido enriquecimiento y correlativamente el empobrecimiento del agente del daño, a sabiendas de que la entidad aseguradora, merced al pago realizado, sustituye jurídicamente al asegurado, quien por mandato legal, no podía, ni puede enriquecerse “en perjuicio ajeno—, a la par que por elementales reglas propias del derecho común. Es en este sentido en que debe asimilarse el contenido del artículo 1096 del Código de Comercio, en concreto las locuciones “...hasta concurrencia de su importe”, referentes a la fijación de un límite objetivo de su pretensión, en la inteligencia, claro está, de que la actualización o ajuste monetario, como se analizó, forma parte rigurosamente del concepto “importe” y, por ende, no puede ser escindido y menos catalogado como un “plus” inconexo o huérfano de ligamen, puesto que la corrección monetaria no tiene el carácter de ganancia o de riqueza para el que la reclama, sea el asegurador, sea otro sujeto diferente. La suma —ya— corregida, en términos reales, es igual a la que nominalmente se ajustó.

No se olvide que el pago de la indemnización asegurativa, si bien extingue la obligación propia y autónoma del asegurador frente al beneficiario del seguro —quien paga una deuda de naturaleza personal—, puede ser inferior al monto del daño irrogado por el victimario (C. Co, art. 1079), motivo por el cual sólo hasta el límite indemnizado, junto con su correspondiente, actualización, puede la entidad aseguradora intentar la acción subrogatoria (C. C., art. 1670). He ahí descrita, “ex novo”, la genuina “ratio” del precitado aparte del artículo 1096, muy diferente a la esbozada por la H. Corte en las diferentes sentencias que han prohijado la tesis de la que respetuosamente discrepamos, en las que ha creído hallar en la referida norma, al amparo del artículo 27 del Código Civil, la explicación de su tesitura.

Tal es la orientación de la sentencia del 13 de octubre de 1995, ratificatoria del contenido de las providencias del 22 de enero de 1981 y 23 de septiembre de 1993 —acogidas “in extenso” por el fallo materia de este salvamento—, con sujeción a la cual “Como ha sido rector en materia de seguros que este contrato no pueda ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio (C. Co, art. 1088) es apenas obvio que circunscriba el derecho del asegurador que ha pagado el valor del seguro a obtener, del autor del daño apenas el monto de la suma pagada y no una cantidad superior”.

Huelga decir, a riesgo de ser repetitivos, que la indexación o corrección monetaria no se traduce en ganancia o riqueza para el que la percibe; simplemente es una justa, a la vez que legítima adecuación de la suma nominalmente reclamada. No en balde, a conciencia, se alude a una mera actualización o ajuste, otorgado con arreglo a la equidad, aquilatado y, a su turno, equilibrado criterio empleado por la propia Corte, con carácter general, según se anotó en otro aparte de este escrito, sin que hasta ahora se halla dicho que en aquellos casos en que se ha concedido, se ha hecho con el confesado propósito de enriquecer al acreedor y, por tanto, de empobrecer al deudor.

Por consiguiente, a manera de síntesis de lo expuesto en este literal —en similares términos a los consignados en el proyecto original de la sentencia en comentario: expediente 5445—, debe anotarse que el límite que restringe el derecho de la entidad aseguradora que ha reconocido previamente una indemnización, expresado en la fórmula legal: “hasta concurrencia del valor del importe pagado”, no se halla fijado para indicar que su derecho sólo se extiende a la suma nominal que fue materia de reconocimiento “ex contractu”, sino para evitar que por esa específica vía la compañía pueda ejercer —para sí— la acción indemnizatoria plena, procurándose un beneficio patrimonial que no le pertenece y que, además, está reservado privativamente a la víctima cuando el pago de la suma asegurada no repara íntegramente el daño; tampoco el tenor literal del precepto: “importe pagado”, que fija la cuantía de un crédito, excluye que éste corresponda a una deuda de valor y no meramente nominal, máxime que, como es sabido, en otros casos en los que el legislador ha empleado términos que atañen con el nominalismo monetario o con una época determinada, la jurisprudencia ha reconocido el ajuste, el cual se involucra como concepto de actualización, en orden a determinar el monto adeudado por su valor intrínseco y, de suyo, real; además, la interpretación de ese límite legal en los términos en que fue concebido, acompasa, o por lo menos no se excluye, con la afirmación de que la recuperación de lo pagado por parte de la compañía debe darse de manera efectiva y no en forma disminuida por efecto de la devaluación monetaria; y, en fin, no queda duda que el pago realizado por el asegurador se halla indisolublemente ligado, por lo menos en cuanto atañe a su destinación, con el tema de la indemnización de perjuicios —los del asegurado—, para cuya reparación plena se ha considerado y aceptado la aplicación de la corrección monetaria.

4. De otro lado, cumple reseñar que el empleo “ex lege” de las expresiones “hasta ocurrencia de su importe”, no puede ser utilizado como argumento suficiente —o definitorio— para cercenar la posibilidad en cabeza de la entidad aseguradora de obtener el prenotado reajuste monetario, no sólo por cuanto su inteligencia es muy otra, como ya se delineó, sino también porque no está en consonancia con el alcance otorgado por la, doctrina y por la jurisprudencia de las naciones europeas y del cinturón latinoamericano que, en su oportunidad, inspiraron la “mens legislatoris” patria y, por tanto, la redacción individual del texto del artículo 1096 del estatuto mercantil, inalterado desde la promulgación del Código de Comercio vernáculo.

En efecto, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el vocablo “importe” no puede ser visualizado como inequívoca, amén que confesa expresión del principio nominalista, por cierto inaplicable tratándose de obligaciones de valor, según lo corrobora un amplio sector de la doctrina (10) , en atención a que en el ámbito jurídico denota, precisamente, lo mismo que revela su significado en el lenguaje corriente: “Cuantía de un precio, crédito, deuda o saldo” (Diccionario de la Lengua Española).

(10) Cfme. Jorge Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, 1983, págs. 192 y 193; Enrique C. Banchio, Obligaciones de Valor, Lerner, Buenos Aires, 1965, pág. 91; Jaime Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Montecorvo, Madrid, 1981, págs. 331 y ss. y Antonio Hernández Gil, Derecho de Obligaciones, Ceura, Madrid, 1983, págs. 201 y ss.

El término “importe”, por lo tanto, debe ser entendido no como el corolario de una fría e inconexa cifra, objeto de desembolso precedente por parte de la entidad aseguradora, sino como el resultado de su actualización monetaria, ya que se repite que la corrección, “stricto sensu”, no adiciona o agrega valor real, simplemente propende por conservar la capacidad liberatoria del dinero (valor intrínseco), es decir del “importe” otrora cancelado. Nada más (11) .

(11) Corrobora este acerto la doctrina nacional. Así, por vía de ejemplo, el Dr. Andrés Ordóñez Ordóñez, en forma precisa, advierte que las expresiones —hasta la concurrencia de su importe—, hacen claramente relación a un importe en términos reales y no nominales. Tan sencillo es esto que basta reemplazar la expresión “importe” por su equivalente “valor”. Si el asegurador se subroga hasta la misma concurrencia del valor pagado a su asegurado, es claro que ese valor debe ser valor real y no nominal, sobre todo si nos encontramos en un medio económico inflacionario. Comentario jurisprudencial a la Sentencia del 23 de septiembre de 1993, CSJ, en Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, Nº VI, Temis, Bogotá, 1995, pág. 256.

Atribuirle propiedades limitativas a la dicción en comento, es conferirle carta de ciudadanía a interpretaciones aisladas, amén que ceñidas, virtualmente, a la escueta gramática, en todo caso dueña de una connotación divergente en el mencionado contexto, como se enunció. Bien decía San Pablo, que la letra mata, y el espíritu vivifica, sentencia milenaria que, en la esfera de la dogmática jurídica; está en total armonía con la proscripción de interpretaciones cegadoras que, hundiendo sus raíces en los axiomas de la decimonónica Escuela de la Exégesis, hoy por completo superados, se aferran al dictado lexicográfico, dándole la espalda al sentido teleológico de la norma jurídica, “in concreto”, al tiempo que articulada, como debe ser, con la preceptiva restante, no en vano integrante de un sistema, rectamente entendido.

Y decimos igualmente que la señalada interpretación no está en consonancia con los antecedentes legislativos tomados en cuenta para la factura del precepto contenido en el artículo 1096 del Código de Comercio, habida cuenta de que todas las legislaciones que inspiraron —en forma prevalente— la redacción del título V del libro cuarto del Código de Comercio, emplean, en lo fundamental, la misma terminología (12) , sin que por ello en tales naciones se afirme que la “voluntas legislatoris” haya sido la de impedir que el asegurador, por la vía de la subrogación, obtenga la actualización monetaria, esto es que, de plano, no cuente con las herramientas jurídicas enderezadas a paliar los letales efectos de la inflación.

(12) En orden cronológico: Francia, artículo 121: “ ...hasta concurrencia de la indemnización pagada”; México, artículo 111: “... hasta la cantidad pagada...”; Italia, at. 1916 “... hasta la concurrencia del importe de la misma “la indemnización”, y Argentina, artículo 80 “... hasta el monto de la indemnización abonada”.

Así, por vía de diciente ejemplo, la doctrina italiana, tejida alrededor del artículo 1916 del Código Civil del año 1942, contentivo de una redacción prácticamente idéntica a la de nuestro artículo 1096 del cuerpo mercantil, es terminante al avalar que la acción subrogatoria y la corrección monetaria, no son en modo alguno incompatibles, al punto que el asegurador, por esta específica senda, bien puede perseguir, en caso de materializarse un proceso inflacionario, la actualización de la suma —o importe— que previamente pagó. En este sentido, el catedrático de la Universidad de Roma, profesor Antigono Donati, identificado con el parecer del doctrinante Sergio Ferrarini, observa que, “si en el lapso de tiempo comprendido entre el pago de la indemnización y su reconocimiento por parte del tercero se presenta una devaluación —de la moneda— ...la subrogación tiene lugar por el importe superior al pagado por el asegurador. Y no puede ser de otra manera, porque preservándose el mismo débito, el que originariamente era de valor, no puede mudar su naturaleza para transformarse en una deuda de dinero” (13) .

(13) Trattato del Diritto delle Assicurazioni Private, Vol. II, op. cit, pág. 479.

De igual manera, la doctrina argentina, sólo para auscultar dos de las cuatro legislaciones en comento, es fulminante al momento de rechazar una interpretación restringida del artículo 80 de su ley del contrato de seguro de 1967, como también lo es, se registra, la jurisprudencia de esa nación.

Así en el plano doctrinal, los profesores Issac Halperin y Juan Carlos F. Morandi, ponen de relieve que en virtud de la subrogación “La transferencia se produce con todas las garantías y derechos, tanto de fondo como procesales; si se considera un supuesto de subrogación la solución es idéntica conforme al propio del artículo 771, Código Civil. Debe juzgarse que incluye el derecho al incremento por desvalorización (14) .

(14) Cfme: Rubén Stiglitz, derecho se seguros, T. II. Buenos Aires, Abeledo Perrot, págs.. 486 y ss., Ignacio Escuti, Efraín H. Richard, Horacio Roitman y José I. Romero, Indexación en el derecho argentino y comparado, De Palma, Buenos Aires, 1979, pág. 478 y Eduardo Zannoni, Revaluación de obligaciones dinerarias. Indexación, Astrea, Buenos Aires, 1977.

Y en el plano jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo del año 1976, en el que en forma encomiable corrigió su cuestionado criterio —restrictivo— vertido en providencia anterior, precisó que “...resulta ajustado a toda lógica y al correcto juego de la equidad y al principio de la igualdad, considerar que el pago efectivo de los daños resultantes de un siniestro en favor de la víctima, no puede servir para mejorar la suerte del culpable, liberándolo del incremento indemnizatorio por depreciación monetaria. De lo contrario, cuanto más grave fuese el daño e indispensable su reparación urgente (lesiones corporales, arreglos de vehículos para permitir su rápida utilización y el cese del lucro cesante), más aliviado de sus obligaciones se vería el deudor con el consiguiente empeoramiento de las condiciones del acreedor...”. Y más adelante concluyó que, “...como la aseguradora se subroga en los derechos y acciones del asegurado pasando a ocupar su lugar, es obvio que pueda reclamar todo aquello que hubiese pretender el subrogado. No altera lo expuesto, la limitación resultante del mencionado artículo 80 en cuanto concede al asegurador derecho a actuar como subrogante hasta el monto de la indemnización que abonara, ya que el plus por depreciación monetaria no significa sino una adecuación de la misma suma pagada a los fines de mantener su valor originario” (El destacado es ajeno al texto original).

5. Tampoco resultan definitorios, debemos resaltarlo con el fin de obviar equívocos, los argumentos de estirpe meramente asegurativa que se emplean para denegar el “exequatur” referente a la corrección monetaria o indexación.

Se afirma, por vía de ilustración, que “el funcionamiento de tal subrogación no es por proteger pecuniariamente al asegurador, quien por el contrario, encuentra en el cobro de la prima la contraprestación económica de sus compromisos, siendo allí, dentro de la relación asegurado-asegurador donde se fija el equilibrio contractual, el cual por virtud de la aplicación de los principios de “cálculo de probabilidades” y la “previsión de los imprevisible”, no se resquebraja ni sufre mella alguna cuando el asegurador paga la indemnización, es decir cuanto cumple lo pactado, motivo por el cual, continúa el pronunciamiento, —“la sociedad aseguradora no se empobrece por pagar lo que debe en razón de un contrato cuya singular estructura le permite obtener la contraprestación económica con base en principios técnicos universales. Si así no fuera, no se sabría, entonces, qué papel jugaría la prima dentro del contrato de seguro"— (Sents. de 1995 y 2000, en lo fundamental ligadas con el planteamiento realizado en el fallo del 6 de agosto de 1985).

Tal afirmación, empero, no tiene virtualidad de impedir que el asegurador pueda obtener que la suma pagada en su oportunidad sea corregida, en la medida que el recobro —o recupero como se apellida en algunas naciones americanas— que emerge de la subrogación, en sí mismo considerado, no persigue afianzar el equilibrio de la relación asegurativa, dado que éste, en línea de principio, debe obtenerse a través de la prima, por ello concebida, “expressis verbis”, como “precio del seguro” (art. 1045, num. tercero), en asocio de un adecuado programa de reaseguros y, claro está, de su apropiada gestión empresarial, entre otros factores más, sin que se torne, en todo caso, en despreciable, en atención a que como acertadamente lo confirma la doctrina especializada, —el asegurador, mediante la subrogación, puede obtener unos recursos suplementarios que le permitan una mejor explotación del negocio del seguro (15) , igualmente en beneficio inequívoco de la masa asegurada.

(15) Fernando Sánchez Calero, Ley de contrato de seguro, Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 652. Acorde con la idea inmediatamente expuesto, el Dr. Walter Villa Zapata, expresa que —el asegurador que logra recobrar —vía de subrogación— las cantidades que pagó a su asegurado, generalmente le confiere a éste un mejor y preferente trato, tanto respecto de la prima que puede verse reducida, o en general, dispensarle un trato más permeable en la futura relación contractual—. La subrogación en el derecho de seguros peruano, en revisto Ibero-Latinoamericana de Seguros, Nº X, Bogotá, 1997, pág. 151.

Es cierto, que la estabilidad financiera de la entidad aseguradora no pude fincarse en la prosperidad de las acciones de subrogación, sin perjuicio de que —en deteminados casos— pueda contribuir al señalado propósito, pero siempre con un carácter más indirecto y residual. Pero derivar de este inconcuso hecho, la existencia de un sólido racionamiento que justifique la impertinencia de tales acciones, es algo que desborda la “intentio” del legislador nacional y comparado, convencidos de su acentuada relevancia genética y funcional. De allí que un amplio sector de la doctrina foránea no dude en reconocer que la subrogación del asegurador, ontológicamente analizada hunda sus raíces en consideraciones —más— de política legislativa general, en guarda a perservar caros principios que, por su significación, trascienden de la mera relación asegurativa, al punto que interesan al orden público y a la colectividad toda.

Por consiguiente, desde una perspectiva dialéctica, el argumento en cita —a la postre—, se torna neutro, habida cuenta de que ni quita ni pone rey, por lo menos de cara a la problemática objeto de examen. Parafraseando al maestro R. Von Ihering, hay que preconizar que es como “la espada de Bernardo: ni pincha ni corta”, a más que no guarda relación con la etiología, ni mucho menos con su funcionamiento, aspectos que no difieren del desarrollo conferido en los ordenamientos civil y comercial.

Que “el fundamento de tal subrogación no es proteger pecuniariamente al asegurador” (Sent. de oct. 13/95, refrendada en el mes de ago./2000), según lo afirma la tesis mayoritaria, no quiere significar, “per se”, que deba prohijarse una postura nominalista, llamada a desconocer sus intereses o los de su reasegurador, ya que si “no se empobrece por pagar lo que debe en razón de un contrato” (ib.), ello no autoriza a que se le niegue algo a que tiene derecho, menos cuando no existe un precepto que, con claridad, esto es que no arroje duda de ninguna especie, disponga en ese sentido, como no lo hace, ciertamente, el artículo 1096 del Código de Comercio, o cualquier otra norma jurídica inmersa en el estatuto comercial.

Entonces, que el cumplimiento de la prestación asegurada por el asegurador no pueda ser considerado como detonante de un daño o de un perjuicio, propiamente dicho —dado el previo cobro de la prima, a su vez que el carácter aleatorio connatural al seguro, entre varios argumentos— (16) , no quiere significar que no pueda demandar al responsable del mismo, luego de haber indemnizado al asegurado-damnificado, en consideración a que no está sustentando la acción subrogatoria pertinente en un derecho autónomo —o propio—, sino, como se ha señalado, en uno típicamente derivado, del cual era primitivamente titular el precitado asegurado. He aquí el “ quid” del tópico en examen, muy otro que el de inhibir la procedencia de la acción en referencia, en la inteligencia de que el asegurador, por el camino de la subrogación, no puede enriquecerse, máxime cuando ha percibido “ex ante“ la prima de seguro, aspectos ajenos a la médula de la figura subrogatoria, como ya se acotó, muy especialmente a sus fundamentos cardinales, objeto de insoslayable fractura cuando se limita o restringe su procedencia hasta el monto de lo originariamente pagado por el asegurador, únicamente, haciendo —para ello— tabla rasa de los efectos implacables, a más de variables que, en materia monetaria, el transcurso del tiempo genera, muy al contrario de lo que acaece, “mutatis mutandis”, con el aluvión, según las voces del precepto consignado en el artículo 719 del Código Civil, concebido magistralmente por don Andrés Bello, como “... el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas”, calidades éstas que, de ordinario, no pueden predicarse de la inflación: presurosa y protagónica, conforme lo enseñan, en la órbita probatoria, las máximas de la experiencia.

(16) Cfme: Ivone Lambert Faivre, Droit des Assurances, Dalloz, París, 1990, pág. 336.

Por último, esclarecido lo anterior, importa aludir a un aspecto que, de ordinario, es —y ha sido— objeto de sistemáticos equívocos. Nos referimos, al aparente enriquecimiento que la subrogación le genera al asegurador directo, quien en adición de la prima pagada por el tomador del seguro, se dice, recibe unos fondos de manos de su reasegurador que, según la tipología y estructura del contrato, pueden ser suficientes para cubrir la prestación asegurada, esto es su débito respecto del beneficiario del seguro. Y decimos aparente, pues en caso de que medie un contrato de reaseguro, con cargo al cual el asegurador-reasegurado obtenga una indemnización con motivo del surgimiento del siniestro respecto a la relación asegurativa primigenia —mecanismo contractual no sólo legítimo, sino imprescindible para la buena marcha de la entidad aseguradora—, el importe que se obtenga en virtud de la subrogación, le corresponderá, proporcionalmente, a la sociedad reaseguradora, por manera que si el reasegurado (compañía de seguros), por cuenta propia, no retiene ninguna proporción en el —riesgo cedido—, no tendrá ningún derecho frente a la cantidad recuperada que, “—in toto—”, pertenecerá al reasegurador. En caso contrario, en la hipótesis ya descrita, obviamente se patrocinaría un claro enriquecimiento patrimonial, en desmedro de la comunidad reaseguradora, con paladino resquebrajamiento del principio indemnizatorio, igualmente predicable del vínculo reasegurativo (17) .

(17) A este respecto, el profesor J. Efrén Ossa, certeramente anota en su obra que “el temor de que el asegurador pueda enriquecerse por la vía de la subrogación —carece de todo fundamento porque, merced al principio de la —comunidad de suerte— entre asegurador y reasegurador, el carácter indemnizatorio del reaseguro, el derecho a la subrogación que corresponde —in integrum— al asegurador ha de ser compartido por el reasegurador en proporción a la cuota en la indemnización del daño asegurado”. Teoría General del Seguro, T. II, Op. cit, pág. 185.

6. Y ya prácticamente para terminar, cumple subrayar que por la vía del razonamiento vertido en el fallo que obtuvo la mayoría, complementariamente a la gestación de las vicisitudes ya evidenciadas, se conculcan sendos fundamentos de la subrogación —antes pincelados—, en especial los que atañen al insoslayable prurito de evitar que, en el campo civil, la conducta del agente del daño quede impune y, por tanto, carente de condena pecuniaria, y al vívido deseo de impedir que el victimario, por el camino del no reconocimiento de su responsabilidad, resulte lucrado.

Efectivamente: un distorsionado mensaje se fragua, lo puntualizamos con el mayor respeto, cuando al agente del daño, “—in radice—”, se le exonera de la corrección monetaria —bien sea indirectamente—, pretextando que su obligación —de valor a juicio de un reconocido sector doctrinal, como se anunció—, sólo llega hasta el monto pagado por el asegurador, así sea una suma que, por el efecto severo y socavante de la erosión monetaria, resulte ser ínfima o si se prefiere irrisoria, en franca oposición de los mecanismos correctivos prohijados por el legislador y aplicados por la propia jurisprudencia naciente de esta Corte, en muestra de su plausible y confesado propósito de combatir la iniquidad (18) , esa que entre otras múltiples causas, se genera cuando —sin argumentos inobjetables— no se ajusta el monto de una indemnización debida, lo que conduce a minar su valor intrínseco y, en veces, hasta pulverizado.

(18) Cfme: Hernán Fabio López B., Comentarios al contrato de seguro, Dupré, Bogotá, 1993, pág. 208.

El único beneficiario con dicha interpretación, como ya se anunció, resulta ser en últimas el responsable del daño, ese sujeto al que, con arreglo a caros axiomas que de antiguo disciplinan tanto el derecho natural, como el positivo, debe responder en su justa y exacta proporción (ni un peso más, pero tampoco uno menos), sin tolerar que, por la vía de la descrita exoneración, termine mofándose del ordenamiento, de la administración de justicia y, en general, de la colectividad toda. Y ello es así, ciertamente, por cuanto dada la inocultable tardanza del sistema judicial —en buena parte explicable por la irracional y sostenida congestión imperante en el medio—, a la que se suma el fustigante y sistemático proceso inflacionario experimentado a lo largo de los lustros que anteceden, el deudor termina reconociendo años después, en valores reales, una exigua suma que, a la postre, se convierte en irritante acicate para que los irresponsables atenten, de una manera u otra, contra la prístina teleología en que se cimienta el ordenamiento jurídico, el que no puede ahijar o, incluso, estimular, posturas ambivalentes de cara a una situación unívoca que, por antonomasia, amerita reparación integral —bien conceptualizada—: el daño irrogado, así sea en el patrimonio de un profesional llamado a asumir riesgos, dado que, por ficción legal, mejor aún por la mecánica inherente a la subrogación, él entra a ocupar el mismo lugar del asegurado, de suerte que quedará cobijado, irremediablemente, por lo negativo que fluya de esta sustitución jurídica, pero también por lo positivo, específicamente por la potestad de reclamar, “—in integrum—”, lo adeudado, en estrictez.

En suma, flaco favor se le hace a la responsabilidad civil, con todo lo que ella entraña en la órbita jurídica, cuando se liberta al victimario de responder por un “plus” que, objetivamente considerado, no es nada distinto de un agregado o extensión meramente nominal, impotente para adicionarle valor real a su débito, liberación que, en la “praxis”, desventuradamente, genera un ostensible menoscabo de los pilares de la acción subrogatoria, preferiblemente de su “ratio legis”. Nuevamente nos referimos, de una parte, al que propende por evitar que la conducta lesiva —en sentido lato— imputable al agente del daño se torne impune —así sea en forma relativa— y, por la otra, al que persigue que éste obtenga un provecho o una ventaja ilícita, emergente de la liberación parcial en cuestión. Ambos fundamentos basilares de la subrogación, pues, se desdibujan cuando se acepta que el victimario responde, sí, pero por el veinte o por el diez por ciento, “ad exemplum”, respecto del valor por el que debió responder, en puridad.

7. Para concluir, a manera de panorámica recapitulación, es menester expresar, con inquebrantable apego al principio de la equidad y al de la integridad del pago, que el desembolso efectuado por parte del infractor a la aseguradora como consecuencia de la subrogación de ésta en los derechos del asegurado, en los mismos términos en que éste los detentaba, debe inspirarse en una idea justa de realismo y equilibrio monetarios y, por tanto, obtener simétrico tratamiento al otorgado a las obligaciones pecuniarias que deben valorarse en su equivalente al momento de ser satisfechas, con el fin de que el asegurador reciba el mismo valor intrínseco que reconoció al asegurado en razón del siniestro, con lo cual, además, se evita que la depreciación del dinero lo afecte únicamente en beneficio del causante del daño.

De consiguiente, teniendo en cuenta que la esencia de la acción materia de la subrogación, es la misma que, originariamente, hubiera podido ejercer el asegurado-damnificado contra el responsable del daño, el tratamiento que debe otorgársele a la entidad aseguradora debería ser idéntico al que la ley y la jurisprudencia le hubieran dado a aquél, en caso de que, con prescindencia del seguro, hubiera reclamado directamente de éste la correspondiente indemnización de perjuicios. De no ser así, los derechos originados del pago con subrogación previstos en favor del asegurador se convertirían, sin razón atendible, en una mera acción de reembolso de cara a la suma desembolsada, en vez de la que en realidad, a manera de “posterius”, puede ejercer —ya— como suya, en desarrollo de la inobjetable sustitución del asegurado— damnificado, situación que, además, no armoniza, en modo alguno, con el régimen legal colombiano asignado al pago con subrogación, tanto en la legislación civil, como en la comercial, sin duda articulados, en lo capital (art. 1096) (19) . Una exégesis divergente, por respetable que resulte, conduciría a fomentar una injustificada discriminación jurídica, puesto que si la actora es la entidad aseguradora, a ella se le cercenaría el derecho al reajuste o actualización monetaria, no así en tratándose del “petitum” formulado por el asegurado-damnificado.

(19) En este sentido, bien expresaron los doctores Aurelio Calderón, José Fernando Escobar, Humberto de la Calle L., y Héctor Marín N., “que sería absurdo que el asegurado pudiera perseguir la corrección monetaria y el asegurado no”. La subrogación del asegurador, ponencia presentada por el capítulo de Manizales, dentro del marco del VIII Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, Acoldese, Bogotá, 1982, Memorias, pág. 131.

Es natural que a la pregonada conclusión arriban los magistrados que salvan su voto, según se plasmó en el proyecto de sentencia original, por cuanto es evidente que han transcurrido más de trece años desde la fecha en que la aseguradora le pagó al asegurado: 24 de febrero de 1987, y que en cambio aquélla no ha recuperado aún dicho pago del responsable del siniestro, sin que se pueda suprimir o diluir el efecto de la devaluación de la moneda con apoyo en los cálculos de probabilidades que, para otros efectos, atañen con la actividad económica aseguradora; o en la celebración de los respectivos contratos de reaseguro; o en la masificación de los negocios jurídicos asegurativos (cartera negocial); o en la socorrida posición dominante de las entidades aseguradoras, lo cual resulta extraño al derecho que le asiste a toda persona —natural o jurídica— que paga de recuperar, de manos del victimario, exacta e íntegramente lo que pagó, o sea por su valor actual, sin el que a su turno, el responsable del siniestro, como reiteradamente se ha afirmado, recibiría un premio o merced en lugar de la sanción civil que merece por sus actos u omisiones generadores del daño ocasionado.

Cuán injusto resulta en un entorno como el colombiano, signado por la presencia del corrosivo y sostenido fenómeno inflacionario —muy especialmente en los lustros precedentes, como se anticipó—, aferrarse a la tesis nominalista, ora expresa, ora implícitamente, a esa postura que, al margen de la realidad, preconiza que “una unidad monetaria es siempre igual a sí misma; una libra es igual a una libra; un dólar es siempre igual a un dólar; etc., y no se tiene en cuenta ningún cambio externo en el valor de la moneda, principalmente su cotización en relación a otras monedas, ni las modificaciones que su valor sufra en el ámbito interno. Así, se adopta una ficción legal... relativa a la identidad de valor de las unidades monetarias en épocas diferentes” (20) .

(20) Eliyahu Hirschberg. El principio nominalista, Depalma, Buenos Aires, 1976, pág. 35.

¿Cómo aceptar, efectivamente, que un peso de 1987 es igual o, si se prefiere, idéntico, a un peso del año 2000, sólo porque una tesitura prohijada para economías estables lo indica, o por aquello de la convergencia del manido argumento de la inexistencia de perjuicio en cabeza del asegurador? Por nuestra parte, al igual que para la “comunnis opinio” patria, sumada a la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado —la que ha autorizado corregir monetariamente la indemnización desembolsada por el asegurador, en virtud de la acción subrogatoria— (21) , no es posible desconocer que los efectos que emergen de la inflación en un período superior a los diez años son altamente nocivos y perturbadores, a la vez que de una evidencia sin par. De ahí que, con estribo en la equidad, entendida como “...un criterio flexible” (22) , en la hora de ahora con grandilocuente arraigo constitucional (C.P., art. 230) y legal (L. 446/98, art. 16), aboguemos por admitir la procedencia de la corrección monetaria en el supuesto “sub examine”, como igualmente lo haríamos si el actor no fuera una entidad aseguradora, sino el propio asegurado-damnificado que, prescindiendo de su acción contra el asegurador, hipotéticamente, se dirigiera —“recta vía”— al causante del daño por él experimentado. Donde hay identidad de razón, lo enseña la célebre máxima latina, debe existir identidad de derecho (“Ubi eadem ratio, ibi idem jus debet esse”), por manera que, a nuestro juicio, no resulta de recibo ninguna escisión, tanto más cuanto que el causante del daño, debe responder con total prescindencia del contrato de seguro —como si éste no existiera—, tal y como lo predica un sector de la doctrina (23) .

(21) Vid: sentencias del 19 de diciembre de 1988 y 11 de agosto de 1989, entre otras.

(22) Francesco Messineo, Doctrina General del Contrato, T. II, E.J.E.A. Buenos Aires, 1952, pág. 298.

Esta concepción, ciertamente es capital, como quiera que, por definición, el instituto de la equidad no puede ser rígido, amén que aplicado en forma invariable, esto es desatendiendo las particularidades de cada caso, en concreto, las que deben ser objeto de examen oportunamente, en guarda de evitar generalizaciones, a todas luces inconvenientes. Es por ello por lo que, al amparo del criterio de la equidad, es posible que en un momento dado se juzgue que no es aconsejable acceder a la petición de actualización monetaria, siempre y cuando, claro está, las circunstancias especiales del asunto, así lo indiquen, v. gr.: cuando la tasa de inflación sea tan moderada, que el principio en comento recomiende no ajustar la indemnización, hipótesis ésta, útil es registrarlo, completamente ajena al presente análisis. No sucedería lo mismo, huelga advertirlo, cuando en un lapso determinado ocurriere justamente el fenómeno contrario, es decir una repentina y acelerada erosión monetaria, que disminuiría sustancialmente el derecho en cuestión, en atención a la desvalorización de su patrón en medida. En esta última hipótesis, la supraindicada equidad, con sobrada razón, impondría una decisión totalmente contraria, esto es, el tantas veces aludido restablecimiento monetario.

(23) Emilio Pasanisi, Ancora Sulla Natura e Sul Fondamento Della Surroga Assicurativa, en Studi Per Antigono Donati, Tipo-Litografía BL. MO. SPA, Roma, 1970, pág. 537.

Lo determinante, en apretada síntesis, es conferirle al desembolso realizado por la entidad aseguradora el carácter de “tertium permutationis”, con la confesada finalidad de que la suma debida por el agente del daño, de ordinario reconocida luego de un apreciable número de años, conserve su valor intrínseco y, por ende, su valor real, o sea sin atadura a su expresión nominal, precisamente por no revelar —en su justa medida y extensión— el monto efectivo del débito a su cargo, el que no puede estar sujeto, desde una perspectiva cuantitativa, al carrusel del tiempo o a los sobresaltos de una ondulante economía, como tal ayuna de estabilidad, “a fortiori” cuando el factor temporal en cuestión sólo y sólo a él lo beneficia.

Lo consecuente, con asiento preponderante en la justicia distributiva, es pues exigirle al responsable que responda con arreglo a patrones financieros que, permeados por la ley de la equivalencia, permitan que el daño, otrora causado, sea reparado con apego a signos monetarios equivalentes a aquellos de la época en que la entidad aseguradora resarció los perjuicios que de él dimanaron para el asegurado-damnificado. “Si el dinero —como lo recuerda un autor— con relación a los valores es algo así como un metro con relación a las longitudes; así como no sería justo entregar una cantidad de metros de una tela medida con un metro que se hubiese acortado, tampoco lo será que se pretenda el pago de valores o cantidades con una moneda cuya unidad de medida aparece disminuida. Por ello es que, de no tenerse en cuenta el verdadero poder adquisitivo de la moneda al hacerse el pago de una deuda, sucedería que: sólo se entregaría una mercancía distinta de la que se pretende pagar, que valdría menos que en los días anteriores...” (24) .

(24) Félix A. Trigo Represas, Problemática jurídica en torno a la depreciación monetaria, en ajuste de obligaciones por depreciación monetaria, Acali, Montevideo, 1977, pág. 197.

De conformidad con lo plasmado a lo largo del presente escrito, debe estimarse que el tribunal incurrió en el yerro enrostrado en la demanda de casación, por no haber concedido la corrección monetaria que, en las descritas circunstancias, tenía derecho a reclamar la entidad aseguradora, por manera que el cargo, en nuestro entender, debió abrirse paso.

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el mayor respeto discrepo de la decisión mayoritaria concretada en la sentencia precedente dictada en el proceso de la referencia, en cuanto al despacho negativo del único cargo propuesto con el cual la parte impugnante propugnó por la aplicación de la corrección monetaria sobre la suma que la aseguradora demandante pagó, a título de indemnización, ante el incumplimiento contractual de la parte demandada; ajuste monetario que, en mi opinión, debió reconocerse por las razones que a continuación expongo, las cuales, valga decirlo, implican que en muchos de sus términos, comparta el salvamento de voto sustentado por el magistrado Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, sobre todo en cuanto la jurisprudencia de esta corporación, refrendada nuevamente, en torno al alcance del artículo 1096 del Código de Comercio, el cual, en mi sentir, no debe fijarse a partir de un supuesto equilibrio contractual entre el asegurado y asegurador, ni por ningún factor extraño distinto de la equidad que reclama la reparación cabal e íntegra de quien, por su incumplimiento, verdaderamente causó los perjuicios.

Tales razones son concretamente las siguientes:

1. En el campo general de las obligaciones civiles y comerciales, en las últimas por remisión del artículo 822 del Código de Comercio, se halla regulado el pago con subrogación que se da cuando quien lo realiza es un tercero; concretamente dice el artículo 1666 del Código Civil: “La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga”; desde esa perspectiva, entonces, dicho fenómeno consiste en la sustitución de una persona, el acreedor, por otra, el tercero que paga, quien llega a ocupar idéntica situación jurídica que aquélla; en ese sentido, pues, el pago realizado surte efecto extintivo frente al acreedor inicial pero no en relación con el deudor sobre quien sigue pesando la misma obligación pero con un nuevo acreedor, a quien, en los casos taxativamente considerados y por ministerio de la ley, se traspasan “todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas del antiguo”.

2. En armonía con lo anterior, el artículo 1096 del Código de Comercio, en el régimen del seguro de daños, contempla esa misma figura cuando dispone, en lo pertinente, que “El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado”.

Involucra ese precepto, en principio, la subrogación legal a favor del asegurador, a quien, ipso jure, se traspasan los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro, es decir con el mismo contenido que su ejercicio le hubiera permitido actuar a la víctima misma; en esas circunstancias, el asegurado —quien padece el siniestro— viene a ser el acreedor de la indemnización por el daño irrogado; el responsable del siniestro, el deudor de la reparación de perjuicios; y la compañía de seguros, el tercero pagador y, por tanto, el subrogatario y nuevo acreedor de la misma.

3. Empero, también en armonía con el régimen general del pago con subrogación legal, según el cual “si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos relativamente a lo que se le reste debiendo” (C.C., art. 1670), lo que supone la subrogación parcial en la que, cuando sucede, el crédito pasa a ser en parte del antiguo acreedor y en parte del nuevo subrogado, el artículo 1096 del Código de Comercio limitó los efectos del pago con subrogación reconocido en provecho del asegurador sólo “hasta concurrencia de su importe”; ésta restricción, vista de ese modo, no puede significar, como desde antiguo viene sosteniendo la jurisprudencia y nuevamente se prohíja en el fallo del cual respetuosamente me separo, que la calidad y contenido de los derechos en que se subroga el asegurador, como tercero que paga los perjuicios en lugar del autor del daño, son diferentes de los que podría ejercer la víctima de no haber mediado el contrato de seguro o de haber recibido de la compañía apenas una reparación parcial; semejante disparidad de tratamiento, se ve perspicuo, favorece únicamente al responsable del siniestro y, desde esa sola perspectiva, resulta inicua.

4. En verdad, el confín, aparentemente restrictivo, de los derechos del asegurador que paga la indemnización, expresado en la norma bajo la idea de que la subrogación se produce “hasta concurrencia del valor del importe pagado”, no se halla establecido para identificar éste con la suma nominal del pago efectuado, sino para evitar que la compañía pueda, por esa vía y en tanto no sufrió el daño derivado del siniestro, ejercer para sí la acción indemnizatoria plena procurándose un beneficio patrimonial ajeno y reservado a la víctima cuando el pago del seguro no repara íntegramente el daño; tampoco el tenor literal del precepto, “importe pagado”, en cuanto significa fijar la cuantía de un crédito, excluye que éste corresponda a una deuda de valor, mucho más si, como es sabido, en otros casos en los que el legislador ha empleado términos indicadores del nominalismo monetario o referidos a una época determinada, la jurisprudencia ha reconocido el ajuste monetario, el cual se involucra como concepto de actualización y para determinar el dinero adeudado por su valor real; además, la interpretación de ese límite legal, exactamente como fue concebido, acompasa, o por lo menos no se opone, con la afirmación de que la recuperación de lo pagado por parte de la compañía debe darse de manera íntegra y no disminuida por efectos de la devaluación monetaria. En fin, no admite duda que el pago realizado por el asegurador se halla indisolublemente ligado, por lo menos en cuanto a su destinación, con el tema de la indemnización de perjuicios, derivado en este caso de una culpa contractual, para cuya reparación total se ha aceptado la aplicación de la corrección monetaria.

5. En este orden de ideas, fluye que la demanda de responsabilidad civil que en lugar del perjudicado inicia la aseguradora contra el responsable del siniestro deriva de la ley por razón del pago que aquélla hace al asegurado, y que el límite de la subrogación “hasta el importe de lo pagado” sólo establece un tope cuantitativo, de referencia, y no cualitativo en cuanto al ejercicio de las acciones pertinentes que aquél instaure en su condición de subrogatoria; y si ello es así, como en efecto estimo que lo es, debe también admitirse en estos casos el principio reconocido por esta corporación según el cual “en ausencia general de norma expresa que lo consagre (...), mediante interpretación legal de las normas vigentes, el derecho al pago íntegro de los perjuicios causados contra el responsable extracontractualmente (...), comprendiendo dentro de aquel derecho al quantum equivalente al de la corrección monetaria. Factor éste que ha sido incluido en este derecho, más como exigencia de la actualización de la reparación del daño al momento en que efectivamente se verifica el pago, que como daño emergente propiamente dicho...” (Entre otras, sentencias de 30 de marzo de 1984, G.J. CLXXVI, pág. 128 y 9 de septiembre de 1999, no publicada).

6. En síntesis: la acción en que se subroga el asegurador es de la misma calidad que la de responsabilidad civil contractual o extracontractual, según sea el caso, que hubiera podido ejercer el asegurado, y para efectos de fijar el verdadero alcance del susodicho límite debe operar igual que sucedería si la víctima hubiera sufragado con dinero propio los daños causados, evento en el cual sería admisible, sin reparos, el reconocimiento de la corrección monetaria; de no ser así, los derechos originados del pago con subrogación previstos en favor del asegurador se convertirían, sin razón, en una mera acción de reembolso del pago realizado, en vez de la que en verdad puede ejercer como suya en sustitución del asegurado, lo que, ni por asomo, armoniza con el régimen legal general colombiano del pago con subrogación, ni con el especial previsto en el artículo 1096 del Código de Comercio.

7. De otro lado, el punto crítico que se cierne sobre la tesis de la prevalencia del nominalismo monetario, en cuanto limita la subrogación al importe de lo pagado por la aseguradora, toda vez que el asegurador a consecuencia del siniestro indemnizable no ha padecido el perjuicio en la acepción jurídica que se le otorga a este término, fácilmente se supera si se tiene en cuenta que el verdadero fundamento de la corrección monetaria no obedece a la idea de que con su incorporación se integra un elemento adicional constitutivo del daño, sino que parte de la premisa de la equidad como principio rector que permite deducir de la ley en abstracto una interpretación de ésta en pro de una justa composición del litigio, en este caso correlativamente con el entendimiento de los derechos que se traspasan por efecto del pago con subrogación y la integridad del pago, todo lo cual confluye a que en la especie de este proceso resultaba dable reconocer el ajuste de la obligación dineraria en disputa.

Obvio que tal conclusión aflora, con inusitada fuerza, ante la irrefutable evidencia de que en la especie de este proceso ya han transcurrido varios años desde la fecha en que la aseguradora le pagó al asegurado, y que en cambio aquélla no ha recuperado aún dicho pago del responsable de siniestro, sin que sea dable suprimir o diluir el efecto de la devaluación de la moneda con apoyo en los cálculos de probabilidades que, para otros efectos, atañen con la actividad económica aseguradora, en la masificación de los negocios de seguros, o en una supuesta posición dominante de las compañías autorizadas para celebrar estos, todo lo cual resulta extraño al derecho que le asiste a toda persona natural o jurídica que paga por otro de recuperar exacta e íntegramente la suma pagada por su valor actual, sin el cual, a su turno, el responsable del siniestro recibiría premio en lugar de la condigna sanción civil que le corresponde asumir por sus actos, generadores de daño.

8. En esa línea de argumentación y puesto que en el cargo respectivo se censuró, por vía directa, el alcance que debe darse al artículo 1096 del Código de Comercio, en cuanto al límite del valor que una compañía de seguros puede reclamar frente al tercero causante del perjuicio, cabe perfectamente aplicar la equidad como principio de la interpretación de la ley, y sobre la cual esta corporación dijo precisamente, en sentencia del 9 de septiembre de 1999: “si, como hoy universalmente se acepta, la labor de interpretación y aplicación de la ley a cargo del juzgador solamente rinde verdaderos frutos, cumpliendo a cabalidad su cometido, cuando lo conducen a decisiones razonables y justas, es decir, cuando hace de la ley un instrumento de justicia y equidad, tórnase forzoso sentar que, justamente, ante la ausencia de norma expresa que prohíje la corrección monetaria en nuestra legislación y dado que la inestabilidad económica del país y el creciente deterioro del poder adquisitivo del dinero son circunstancias reales y tangibles que no puede pasar desapercibidas al juez a la hora de aplicar los preceptos legales que adoptan como regla general en la materia, el principio nominalista, el cual, de ser aplicado ciegamente conduciría a graves e irreparables iniquidades, ha concluido la Corte, que ineludibles criterios de justicia y equidad imponen condenar al deudor a pagar en ciertos casos, la deuda con corrección monetaria”.

9. En consecuencia, en aplicación de los principios de la equidad y de la integridad del pago, en este evento de la reparación de perjuicios derivados de un incumplimiento contractual, debe señalarse que el pago que reclama la aseguradora contra el infractor como consecuencia de la subrogación de aquélla en los derechos del asegurado, en los mismos términos en que éste los detentaba, debe inspirarse en una idea justa de realismo monetario, y, por tanto, debe recibir el mismo tratamiento de las obligaciones pecuniarias que admiten su valoración por equivalente al momento de ser satisfechas con el fin de que el asegurador reciba lo mismo que pagó al asegurado por razón del siniestro, con lo cual, además, se evita que la depreciación del dinero lo afecte en beneficio del causante del daño.

10. De acuerdo con lo anterior, estimo, contrario a la sentencia proferida aquí, que el tribunal incurrió en los desaciertos hermenéuticos derivados de haber desconocido el derecho de la compañía aseguradora a obtener corrección monetaria sobre la suma a cuyo pago se condenó a la compañía transportadora demandada, y, por tanto, la sentencia del tribunal debió casarse, desde luego en relación con la suma límite asegurada.

Fecha, la misma de la sentencia.

Silvio Fernando Trejos Bueno. 

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