Sentencia 7058 de octubre 1º de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 7058

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Actor: Carmen Aminta Escobar Mejía y otros

Santafé de Bogotá, D.C., primero de octubre de mil novecientos noventa y dos.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 6 de Septiembre de 1991, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se dispuso: “NEGAR las pretensiones de la demanda y condenar en costas a las actoras” (fl. 56).

I. Antecedentes

1. La Demanda.

Carmen Aminta Escobar Mejía y Yolanda Escobar de Burgos, por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa, formularon demanda contra la Nación - Ministerio de Justicia, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

a) Que la NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA, es administrativamente responsable de la muerte del Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ, cuando se encontraba detenido a órdenes del Señor Juez Segundo de Orden Público de la ciudad de Ibagué; b) Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA - a pagar todos los perjuicios morales equivalentes a mil gramos (1.000 grs.) oro para cada una de mis mandantes en el momento de la ejecutoria de la sentencia y los perjuicios materiales consistentes en los gastos de funerales y el traslado del cadáver a la ciudad de Honda ocasionados con la muerte del Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ; e) Que se prevenga a LA NACIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA - sobre el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en el artículo 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo”.

2. Los Hechos.

Aparecen relacionados así en la demanda:

“1. Por orden del Juzgado 101 de Instrucción Penal Militar, la casa del Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ, ubicada en el municipio de Honda, fue registrada, hallándose en ella algunas armas.

“2. En el oficio remisorio emanado del Juzgado anotado en el hecho anterior, dirigido al Cuerpo Técnico de la Policía Judicial donde se pone a su disposición el Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ, se advierte que tiene sesenta y cinco (65) años de edad, sufre de deficiencia cardíaca y diabetes y está en tratamiento médico.

“3. Ante el Juzgado 38 de Instrucción Criminal, el Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ rindió indagatoria y al resolvérsela su situación jurídica se le ordenó medida de aseguramiento consistente en caución prendaria.

“4. En providencia de noviembre 7 de 1989, el Juzgado que instruía el proceso contra el Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ, ordenó remitir las diligencias practicadas al Juzgado de Orden Público.

“5. Repartido el proceso, le correspondió al Juzgado Segundo de Orden Público, el que revocó la medida de aseguramiento de caución prendaria y ordenó la detención preventiva del Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ, a pesar que en el proceso ya existía el antecedente y la prueba de que el sindicado era mayor de sesenta y cinco (65) años, sufría de arritmia cardíaca y diabetes.

“6. El 20 de noviembre de 1989 en las horas de la tarde el Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ se presentó voluntariamente al Juzgado.

“7. Según consta en el sumario adelantado por el Juez Segundo de Orden Público el sindicado ya varias veces mencionado no tenía antecedentes penales ni de policía.

“8. El apoderado del sindicado en el proceso a que nos venimos refiriendo solicitó la suspensión de la detención en razón del grave estado de salud en que este se encontraba.

“9. El Juez Segundo de Orden Público determinó que al sindicado se le practicara un reconocimiento médico y mediante oficio 3301 de Diciembre 4 de 1989 el Instituto de Medicina Legal de esta seccional, dio un dictamen provisional en el cual se decía que el Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ estaba aquejado de grave enfermedad.

“10. Nuevamente el sindicado es sometido a reconocimiento médico y en oficio 3304 de diciembre 6 de 1989, Medicina Legal reafirmó su concepto y pide se le practiquen exámenes de laboratorio al Señor ESCOBAR SANCHÉZ y ordena cuidado especial para el paciente.

“11. El apoderado del sindicado insiste en la petición de suspender la detención y acompaña certificado del Jefe de la Unidad local del Hospital San Juan de Dios de Honda, en la que aparece que el Señor FABIO ESCOBAR SÁNCHEZ estuvo hospitalizado en el citado centro hospitalario los días 4 al 7 de marzo de 1989, habiendo sido su diagnóstico que sufría de DIABETES MILLITUS, INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA, INFECCIÓN URINARIA Y BRONQUITIS.

“12. Nuevamente el Juzgado Segundo de Orden Público, ya con los exámenes de laboratorio, ordenó un nuevo reconocimiento médico para establecer si el sindicado se encontraba en inminente peligro de muerte.

“13. Practicado el reconocimiento médico, la Oficina de Medicina Legal conceptúa que el paciente FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ, está afectado de grave enfermedad (DIABETES MILLITUS, ARRITMIA CARDIACA) pero su cuadro clínico no permite afirmar que se encuentre en inminente peligro de muerte.

“14. El Juez Segundo de Orden Público, niega de nuevo la suspensión de la detención del sindicado por no encontrarse en las postrimerías de su vida.

“15. El 16 de Enero de 1990 sin que se hubiera ordenado la suspensión de la detención, el Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ, muere a causa de sus dolencias.

“16. La muerte del Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ le ha causado a mis mandantes sus hijas, graves perjuicios económicos y morales, éste último evidente.,

“17. Como el Señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ no tenía familiares ni amigos en la ciudad de Ibagué, su cadáver fue llevado hasta Honda para recibir sepultura”.

3. Actuación Procesal.

Admitida la demanda, fue notificado el Ministerio de Justicia por intermedio del Jefe de la Seccional Tolima del Instituto de Medicina Legal. El Ministerio aludido constituyó apoderado, quien en memorial de folios 32 a 36 contestó el libelo demandatorio.

El ente demandado se opuso a las pretensiones de las actoras. Considera que la responsabilidad derivada del artículo 16 de la carta no puede ser absoluta “por cuanto conduciría a sentar bases para alegar (sic) al estado (sic) a responder, indemnizando a diario a todo deudo de víctimas de muertes que en forma violenta o natural ocurren a cada instante en el territorio nacional”.

De otra parte, afirma, que la actividad legislativa por ser general, impersonal y una manifestación de la soberanía del Estado no origina responsabilidad” y el acto jurisdiccional, las sentencias o demás actos de la administración de justicia por gozar de la famosa característica de cosa juzgada se ha afirmado que no puede generar responsabilidad en contra del Estado”. Sostiene que la muerte del detenido Fabio Escobar Sánchez “ocurrió como consecuencia de la enfermedad que padecía... y también no se puede recurrir al argumento de culpabilizar al Juez Segundo de Orden Público de Ibagué, por cuanto se ha tenido que ceñir a las normas legales en su proceder judicial, sería una responsabilidad personal y no del Estado Colombiano...”. Recuerda que según sentencia de 27 de octubre de 1972 el Consejo de Estado sostuvo que “la responsabilidad de la administración por actuaciones judiciales no ha sido reconocida aún por nuestras leyes ni por la jurisprudencia”. Considera que cuando más, en el caso examinado de acuerdo con el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil podría pensarse en una responsabilidad del funcionario y no del Estado.

Agotado el período probatorio, se dispuso el traslado para que las partes y el Ministerio Público presentaran sus alegatos. La demandada, en escrito visible a los folios 41 a 43 reitera los planteamientos expresados en la contestación de la demanda. La parte actora guardó silencio y la Fiscalía Primera del Tribunal se pronunció en contra de las pretensiones de la demanda porque consideró que la negativa de la suspensión de la detención no originó el fallecimiento, a más de no encontrarse demostrada procesalmente la causa de la muerte de Escobar Sánchez.

4. La sentencia recurrida.

Se dice en la decisión cuestionada que sobre la responsabilidad por el servicio de la Administración de Justicia, el Consejo de Estado ha considerado que la acción no es procedente. En los siguientes apartes del fallo censurado se compendian los fundamentos del fallador de primera instancia para negar las súplicas de la demanda.

“Si de falla del servicio se trata debe existir una relación de causalidad entre el proceder de la Administración y el daño causado esto es, entre la negativa del juez a suspender la detención precautelativa y la muerte del señor Fabio Efraín Escobar Sánchez e inclusive bien puede darse el caso de que él se haya equivocado al tomar la decisión adversa exigiendo el cumplimiento de requisitos que la Ley no consagra pero esto por sí solo no nos conduciría a la afirmación de una responsabilidad estatal porque no es ello lo que ha podido ser determinante o definitivo para la muerte de esa persona, correspondiéndole a los accionantes acreditar plenamente en este proceso dicho aspecto es decir que el fallecimiento ocurrió no estando en la cárcel, sino porque por estar allí no se le pudo dar la asistencia médica y hospitalaria requerida con las cuales no hubiese muerto y esto en verdad no aparece siquiera anunciado y solamente se atribuye la falta del servicio público por la violación de una norma por parte del juez cuando, ya como se dijo, ella sola no completaría los elementos que le corresponden a esta acción resarcitoria.

“Por otra parte tampoco aparece el dictamen del médico forense sobre el estado de salud en que se hallaba el procesado que es, ese sí, un requisito que establece el artículo 432 del Código de Procedimiento Penal para que se pudiera proceder a la suspensión de la privación de la libertad y aún estándolo, e inclusive ateniéndonos a lo dicho sobre el particular en las providencias que resolvieron desfavorablemente esas solicitudes y se tuviera por suficientemente acreditado que el investigado sufría de grave enfermedad, se volvería a lo dicho al principio de que esto se quedaría en la infracción o desacato a la Ley por parte del juez lo cual no resulta suficiente para endilgarle una responsabilidad a la Administración Pública porque el daño no está en que se haya mantenido a esta persona en detención sino que por estarlo falleció a consecuencia de esa grave enfermedad y que por tal razón no fue oportuna o debidamente asistido y esto lo llevó a la muerte”.

5. La apelación.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia anterior. Censura esta decisión por cuanto “No hubo el menor análisis probatorio y en cambio sí se nota un reprochable exceso de rigorismo formal...”. Afirma que la equivocación del Juez no fue de la ordinarias equivocaciones en que a diario incurren los jueces y que darían lugar a que el más mínimo error originara una acción de reparación directa, sino que en el caso examinado “se trata de una conducta de la Administración de Justicia que cualquiera censuraría y que causó un grave e injustificado daño moral a mis mandantes, porque no es solo la muerte de un ser querido lo que causa dolor, sin duda causa más dolor verlo sufrir, tratar de aliviar o aminorar su sufrimiento y no poder hacerlo ante una conducta manifiestamente arbitraria y no una simple equivocación del juez como afirma el ponente”.

II. Consideraciones de la Sala

La Sala encuentra debidamente acreditados los siguientes puntos:

1. El matrimonio de Fabio Efraín Escobar Sánchez y María Luisa Mejía López (fl. 3).

2. El nacimiento de Carmen Aminta y Martha Yolanda Escobar Mejía, hijas de la anterior pareja (fls. 4 y 5).

3. El nacimiento y la defunción de Fabio Efraín Escobar Sánchez (fls. 2, cdno. 2 y 7, cdno. ppal.).

4. Providencia del juzgado 38 de Instrucción Criminal mediante la cual dispuso medida de aseguramiento (caución prenderla) contra el hoy occiso Escobar Sánchez (fls. 3 a 6, cdno. 2).

5. Providencia del Juzgado Segundo de Orden Público mediante la cual se revocó la medida de aseguramiento anterior y se le impuso al procesado la detención preventiva por el supuesto punible de fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional (fls. 7 e. 10, cdno. 2).

6. Carencia de antecedentes judiciales de Fabio Efraín Escobar Sánchez (fls. 12 a 16 y 26 a 35, cdno. 2).

7. Auto del Juzgado Segundo de Orden Público del Tolima que niega de plano la suspensión de la medida de aseguramiento. Diciembre 12 de 1989 (fls. 17 y 18, cdno. 2).

8. Auto del 4 de enero de 1990, del Juzgado Segundo de Orden Público, mediante el cual se negó la suspensión de la detención (fls. 20-21, cdno. 2).

9. Memorial de apelación contra el auto anterior, interpuesto por el Fiscal Primero de Orden Público contra el auto anterior (fls. 22 a 25).

10. Oficio de Medicina Legal sobre imposibilidad de efectuar Estudio anatomopatológico en las muestras de cerebro, corazón, bazo y riñón de Escobar Sánchez (fI. 37, cdno. 2).

11. Oficio de Patología Forense en el que se informa “que las vísceras no se procesaron en su totalidad por estar subfijadas (podridas)” (fI. 38, cdno. 2).

12. Oficio de Medicina Legal al Tribunal Administrativo del Tolima, donde se informa que las muestras viscerales no fueron procesadas y solicita “de ser posible nos sean enviados los apartes sumariales relativos a las circunstancias de la muerte para tratar de establecer la causa del deceso con mayor aproximación” (fI. 39, cdno. 2).

Considera la Sala que la cuestión debatida se concreta en determinar si la omisión o negativa del funcionario de orden público a suspender la detención preventiva de Fabio Efraín Escobar Sánchez, concurrió o influyó en su fallecimiento y, si tal comportamiento omisivo constituyó una falla en el servicio que apareje responsabilidad a cargo de la administración.

Con relación a la decisión inicial del Juzgado Segundo de Orden Público del Tolima, advierte la Sala que se ajustó a lo estipulado en las normas de procedimiento penal que prohíben conceder libertad provisional, condena de ejecución condicional, libertad condicional o rebaja de pena a los presuntos responsables del punible de fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, de acuerdo con los dispuesto en el Decreto 2490 de 1988, en concordancia con el artículo 13 del Decreto 180 del mismo año. La naturaleza del hecho y las normas reguladores eran los suficientemente claras para entender que no había lugar a la medida de aseguramiento decretada inicialmente (caución) y que, consecuencialmente, se imponía la decisión detentiva adoptada por proveído del 17 de noviembre de 1989, en el sentido de retener físicamente al imputado.

Ahora bien, solicitó el defensor del detenido Escobar Sánchez la aplicación del artículo 432 del Código de Procedimiento Penal, para que se suspendiera la medida de aseguramiento de detención preventiva, con fundamento en los numerales 1. —edad superior a 65 años— y 3. “cuando el procesado sufriere grave enfermedad, previo dictamen de los médicos oficiales”.

Frente a la anterior petición, el Juzgado de Orden Público, no obstante que “se allegaron al plenario, dos experticios Médicos Legales expedidos por el Instituto de Medicina Seccional Tolima”, en uno de los cuales se afirma que el detenido “padece grave enfermedad de origen diabético con sintomatología crónica” y en el otro “informan los reportes de laboratorio y fórmulas, concluyendo que el paciente se encuentra afectado de grave enfermedad; haciéndose necesario que se surta el control médico con el complemento de la historia clínica subsiguiente, adjuntándose los reportes recientes de estudio de laboratorio, tales como curva de glucosa, glicemia, glicosurias y estudios de sangre para su diagnóstico definitivo”, concluyó que lo anterior era incompleto y por ello se abstuvo “de resolver por el momento” la solicitud de suspensión. Agrega que: “tampoco menciona que el paciente se encuentra en estado inminente de muerte” (resalta la Sala).

Al aportar el defensor el examen de laboratorio de curva de glicemia, el Instituto de Medicina Legal, dice el Juzgado “en su concepto 3527, fechado el veintinueve de diciembre pasado, dictamina que FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ está afectado de grave enfermedad, pero que su cuadro clínico no permite afirmar que se encuentre en inminente peligro de muerte”.

Lo anterior permitió al Juzgado considerar “que no se hace viable en este momento procesal y clínico, la suspensión de la detención,... Teniendo en cuenta que su padecimiento puede ser tratado internamente en el Centro Carcelario... Es más, el dictamen médico en ningún momento nos señala que su enfermedad lo lleve a encontrarse en las postrimerías de su vida, pues su cuadro clínico no permite hacer tal afirmación...... Concluyó, pues, el juez de orden público, que debía oficiar a la Dirección de la Cárcel del Distrito “para que se tenga especial consideración en el tratamiento médico aplicado al interno ESCOBAR SÁNCHEZ, amén de los servicios profesionales particulares que le pueden ofrecer...” y deniega la solicitud de suspensión.

Fue el Fiscal Primero de Orden Público quien apeló la decisión anterior y fundamentó su inconformidad, con razones jurídicas que la Sala comparte, en los siguientes términos:

“Esta Agencia Fiscal no comparte los planteamientos esbozados en la providencia que hoy recurro. Sea el momento para indicar que la norma que trata sobre la suspensión de la detención preventiva, lo es la 432 de nuestro Estatuto Procedimiento Penal, y contiene tres (3) requisitos, siendo para el caso que nos ocupa importante resaltar dos (2) de ellos.

“Nos ubicamos en el 3º que reza: Cuando el procesado SUFRIERE GRAVE ENFERMEDAD (May. mías), previo dictamen de los médicos oficiales...” En la providencia que ataco, en una u otra forma está admitiendo que la enfermedad que adolece el encartado, es grave; pero por cuanto que no se encuentra en las postrimerías de su vida, es por ello que resuelve denegar esta suspensión. El numeral 3o de la norma que cito, en ningún momento deja vislumbrar un peligro inminente de muerte como causal para suspender la medida cautelar; tan solo basta con que el procesado sufriere grave enfermedad.

“Este requisito está plenamente identificado con los dictámenes previos de los forenses y que obran dentro del proceso; al folio 191 a 193 del Cuaderno Principal se aprecia un primer dictamen en donde refiere que Fabio Efraín Escobar Sánchez tiene una edad de 65 años y en su parte pertinente se lee: dado que falta aún el diagnóstico para-clínico o de laboratorio se establece en forma provisional que el paciente sufre GRAVE ESTADO DE ENFERMEDAD (May. mías), de origen diabético con sintomatología crónica...” Luego en dictamen de folio 194 a 195 del mismo cuaderno, en su parte pertinente el forense concluye: “... el paciente se encuentra afecto de GRAVE ENFERMEDAD actualmente...”; este dictamen está calendario el seis (6) de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

“Después de anexarse al proceso certificaciones sobre hospitalización del encartado en cetros de la ciudad de Honda, fórmulas médicas del mismo, exámenes de laboratorio clínico en número de nueve (9), más otro sobre curva de glicemia, finalmente concluye el forense en los siguientes términos. “...Se confirma que el paciente está afectado de GRAVE ENFERMEDAD (May. mías) (diabetes Mellitus - arritmia cardíaca)......

“Basta nada más con la observancia de los tres (3) dictámenes médico-legales que me he permitido transcribir en comillas, para concluir que efectivamente el encartado Fabio Efraín Escobar Sánchez sufre una grave enfermedad, lo que indica que a todas luces se releva la existencia del tantas veces citado numeral 3º del artículo 432 de nuestro Estatuto Procedimental Penal. La norma en ningún momento exige que para suspender la determinación, el afectado tenga que encontrarse “en las postrimerías de su vida”, como así lo exige en la providencia que recurro. Que recuerde esta Fiscalía, para mayor ilustración, el inminente peligro de muerte lo exigía el numeral 2º del artículo 673 del derogado Decreto 409 de 1971, el cual exigía esta condición pero para ascendientes o descendientes en primer grado del encartado o su cónyuge, en concordancia con el 452 de ese mismo derogado. En síntesis, nuestro procedimiento vigente exige, se repite, “GRAVE ENFERMEDAD”, previo dictamen de los médicos oficiales. No se requiere mayor estudio para colegir que efectivamente el encartado Escobar Sánchez si es acreedor al beneficio de la Suspensión de la Detención Preventiva.

“Como si fuera poco, estudiado el proceso vemos cómo al folio 57 del Principal aparece la partida eclesiástica correspondiente al encartado, la que debe admitirse como prueba por cuanto que su nacimiento lo es antes del año de 1939, en donde aparece nacido el diecinueve (19) de febrero de mil novecientos veinticuatro (1924), lo que indica que para el día de hoy cuatro (4) de enero de mil novecientos noventa (1990), éste tiene una edad de sesenta y cinco (65) años, diez (10) meses, dieciséis (16) días.

“El numeral primero de la misma norma, 432 ibídem, exige también como requisito, diferente el ya analizado, para suspender la detención, el que el procesado fuera mayor de 65 años, siempre que su personalidad y la naturaleza y modalidad del hecho punible hagan aconsejable la medida”.

Las apreciaciones que le Ministerio Público hiciera al sustentar la apelación, sin duda se ajustan a un correcto y, justo entendimiento de las normas invocadas por la defensa para solicitar la suspensión de la medida de detención. Los fundamentos de hecho resultaban evidentes y ostensibles, porque la existencia y gravedad de las enfermedades que aquejaban al detenido Escobar Sánchez eran indubitables, como, en efecto, el mismo juzgado lo reconoció. Así pues, para la Sala no queda duda alguna acerca de que el aludido procesado sufría “grave enfermedad”. Otra cosa, muy distinta desde luego, y que sirvió de fundamento para no acceder a suspenderle la medida de detención, era que Escobar Sánchez se encontrara “en estado inminente de muerte” o en las postrimerías de su vida”, como arbitraria e ilegalmente lo exigió el Juez de Orden Público para impedirle la prosperidad de su petición, con requisitos o exigencias no contempladas en numeral 3º del artículo 432 del Código de Procedimiento Penal.

De otra parte, aunada a la actuación del juzgador, cabe resaltar la conducta ineficaz e irregular del Instituto de Medicina Legal para evacuar la prueba a su cargo. En efecto: Escobar Sánchez falleció el 17 de enero de 1990 y es de suponer que los órganos cuyas partes se iban a examinar, fueron remitidos en el mismo mes a Medicina Legal. Sin embargo, casi 10 meses más tarde, el Instituto de Medicina Legal, Seccional Tolima le informa al Tribunal Administrativo que “no ha recibido el resultado del estudio anatomopatológico en las muestras de cerebro, corazón, bazo y riñón del occiso...” advirtiendo que “se oficiará nuevamente a la Sección de Patología Forense de la Dirección General de Medicina Legal en demanda de dicho resultado”, cuando, quien suscribió el anterior oficio, debió haber recibido casi con cinco meses de anterioridad el informe de “que las vísceras no se procesaron en su totalidad por estar subfijadas (podridas)”, en otras palabras, el médico forense de Ibagué le dice al Tribunal que espera el resultado de unos exámenes que desde hacía casi cinco meses la Seccional del Tolima había recibido, pero “por omisión del funcionara(sic) que recibió el oficio... éste no fue puesto a mi disposición”, según pretende tardíamente aclarar el aludido médico.

En las condiciones que se acaban de relacionar considera la Sala que en el caso bajo estudio hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa a cargo de la Nación por deceso vital del detenido Escobar Sánchez, atemperada en su cuantum como adelante se precisará.

Cabe resaltar precisamente el comportamiento asumido por esta persona desde el momento mismo de su captura, hasta su fallecimiento. Procesalmente se muestra a un individuo sin antecedentes judiciales de ninguna naturaleza, conforme lo acreditan las numerosas constancias que sobre el particular se encuentran en el cuaderno número dos. Así mismo, ningún tipo de resistencia opuso cuando fue capturado y espontáneamente confesó ser propietario de las armas que le fueron encontradas en su casa de habitación, quien además voluntariamente se presentó para cumplir la detención, actitudes éstas que muestran a un ciudadano normal y corriente, antes que a un presunto traficante de armas. Se hace esta observación con miras a facilitar el entendimiento de que su comportamiento social no constituía barrera razonable para negarle la suspensión de su detención.

De la actuación penitenciaria

Se cuestiona la actuación cumplida por el Juzgado de Orden Público por cuanto a consecuencia de la misma resultaron perjudicadas las demandantes; fue una omisión de mayor contenido de administración penitenciaria que judicial, por cuanto la negativa a reconocer la suspensión de la medida preventiva implicaba el manejo del detenido en el centro de reclusión, mediante una serie de recomendaciones y orientaciones para cumplirse en la cárcel por quienes tenían bajo su custodia al detenido. La determinación del juez de orden público no definía derecho alguno, no disponía la captura o privación de libertad, no calificaba el sumario, no producía medida de enjuiciamiento, ni sobreseía, no cesaba el procedimiento, ni imponía condena, ni absolvía. En otras palabras, el proveído que negó la suspensión del auto de detención, no juzgaba ninguna conducta; apenas sometía al régimen penitenciario administrativo al detenido y las determinaciones anexas a la decisión censurada eran de orden administrativo, para que el director de la cárcel “tenga especial consideración en el tratamiento médico aplicado al interno Escobar Sánchez, amén de los servicios profesionales particulares que le puedan ofrecer o le estén ofreciendo...”.

Si bien el Consejo de Estado se ha mostrado renuente a declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio judicial, considera la Sala que tal posición jurisprudencial no puede ser tan inflexible ni volver la espalda a determinadas realidades de equidad y justicia en cuanto se trata de resarcir los perjuicios ocasionados con acciones y omisiones escandalosamente injurídicas y abiertamente ilegales, ocurridas en la prestación de dicho servicio. Desde luego, no se trata de reconocer responsabilidad administrativa a cargo del Estado como consecuencia de un fallo, sentencia o providencia definitivas y con efectos de cosa juzgada, por la simple equivocación conceptual en que pueda incurrir el juzgador. Al contrario, se trata de que los administrados conozcan que cuando sus jueces incurren en eventuales conductas abiertamente contrarias a derecho y generadoras de daños y perjuicios materiales y morales, junto con su personal responsabilidad, originan también en el propio Estado la obligación resarcitoria. Las situaciones, desde luego, tienen que ser muy especiales y corresponden a determinaciones también muy especiales, de aquellas en que por ser tan ostensible y manifiestamente errado el comportamiento del juez, con su proyección hacia los asociados, ocasione perjuicios graves como el fallecimiento de una persona y su significación patrimonial, económica y moral en su parentela. 

Ahora bien, en el caso bajo estudio se contempla no simplemente el contexto de una decisión contraria a lo establecido en la norma. Es que además de la negativa a suspender el estado material de detención (no la providencia porque el auto de detención permanecía vigente), implicaba, para este preciso caso, la disposición del detenido y con ella la obligación de prestarle los servicios necesarios para conservar su vida y su integridad; obviamente tales compromisos no se cumplieron, no se permitió la suspensión de la medida cautelar a pesar de su edad y de su “grave enfermedad”; no se le prestó la atención médica adecuada, no se dieron las condiciones ambientales propias para una persona aquejada de graves enfermedades, omisiones todas derivadas de la errada e inoportuna decisión, desde el punto de vista administrativo, tomada por el juez de orden público. Al menos, desde el punto de vista probatorio, la demandada no hizo el más mínimo esfuerzo para demostrar la realización de conductas contrarias a dichas omisiones. 

Estas apreciaciones las hace la Sala por cuanto la entidad demandada en forma alguna demostró que al recluso enfermo se le hubieran prestado los servicios de drogas, medicina y atención profesionales para cuidarlo en su salud y prevenir las gravísimas consecuencias de no poderlo asistir por fuera del centro de reclusión. Cabe en tal sentido, aplicar el mismo criterio que recientemente adoptó la Sala para la valoración probatoria en aquellos asuntos relacionados con la responsabilidad médica de la administración. En efecto dada la dificultad que tienen los familiares y desde luego la imposibilidad de la víctima para probar la desatención médico-administrativa, facilitada en cambio para el ente estatal, que supuestamente suministra las drogas, presta atención médica y profesional, procura y brinda los medios necesarios para la recuperación del recluso, queda a su cargo comprobar la realización y cumplimiento de tales servicios. En el caso bajo estudio el ente demandado no probó el cumplimiento de esas obligaciones, de tal forma que procesalmente se ignora si por causa de la negativa a suspender la detención, el enfermo Escobar Sánchez recibió los cuidados necesarios para conservarle su ya de por sí lastimoso estado de salud, demostración ésta que, se repite, por sus particulares condiciones ha debido hacerla la entidad demandada. 

No resulta de fácil comprensión que encontrándose de por medio la salud, si no la propia vida del detenido, sea la administración de justicia la que impida su protección y cuidado. Es verdad incuestionable, públicamente conocida, que la asistencia médica de tales características es más angustiosa, en ocasiones inexistente, sin olvidar que con las medicinas para los presos es extremadamente avaro el presupuesto estatal, como si se quisiera desconocer los derechos y garantías de la persona humana, de quien, como en el caso examinado, pareciera entenderse que por el solo hecho de su detención los hubiese perdido. El que un recluso sea un presunto transgresor de la ley, no constituye impedimento alguno para que el Estado le preste los servicios y le respete los derechos que como ciudadano y como persona la Carta Política y las leyes le reconocen.

Viene a propósito para el caso que se estudia, la cita que de Concepción Arenal, hizo Arturo J. Zabaleta, en “La prisión preventiva”, con relación a los establecimientos carcelarios: “La cárcel es un lugar sin condiciones higiénicas, donde carece el inculpado de lo preciso para su vestido y sustento; donde, si no es muy fuerte, pierde la salud, donde, si enferma, no tiene conveniente asistencia y puede llegar a carecer de cama; donde, confundido con el vicioso y criminal, espera una justicia que no llega o llega tarde para salvar su cuerpo y tal vez su alma; entonces la prisión preventiva es un verdadero atentado contra el derecho y una imposición de la fuerza” (cita de Hernando Londoño Jiménez en el libro “De la captura a la excarcelación, pág. 209).

Las frases anteriores, expresadas hace varios lustros, para vergüenza de nuestro sistema carcelario, mantienen plena vigencia en las cárceles colombianas ¿y se pretendía por parte del juez de orden público que en semejante ambiente, una persona mayor de 65 años, afectada por la diabetes y la arritmia cardíaca, resistiera los efectos dañinos de tales enfermedades, ambas graves a juicio de Medicina Legal?

No se trata entonces en el caso sometido a estudio, de cualquier error judicial, de un simple error conceptual del juez que le denegó al preso la posibilidad de ser atendido solícitamente para procurar su salud y cuidar su integridad personal severamente afectadas. Fue una equivocación de mayor entidad, en la que se encuentra comprometida la propia existencia del recluso y la estabilidad emocional de sus familiares, frente a las cuales la teórica y eventual responsabilidad personal del funcionario resulta insuficiente para resarcir los daños y perjuicios que la administración de justicia por conducto del juez aludido les ocasionó.

Se ha planteado por parte del ente demandado y se ha sostenido en la providencia recurrida, que no se ha establecido la relación causal entre el comportamiento o hecho dañoso y el perjuicio ocasionado. Para la Sala, este planteamiento no debe aceptarse en su integridad. En efecto, si bien, expresamente no se ha dicho cuál fue la causa de la muerte, tal omisión no puede significar la exoneración de responsabilidad para el Estado, cuando se encuentran antecedentes que permiten deducirla y, cuando es el propio demandado el que por descuido e irresponsabilidad de sus funcionarios hizo imposible tal determinación, impetrada expresamente por la parte demandante.

Regularmente se procede a practicar autopsia y análisis de los órganos posiblemente afectados, para establecer la causa de la muerte de una persona. En este caso, al tenor del certificado de defunción expedido por el Notario Segundo de Ibagué, se advierte que Fabio Efraín Escobar Sánchez murió en el Hospital Federico Lleras y “que la causa principal de la muerte fue indeterminada, patología en estudio: que la certificó el doctor Carlos E. Aza Lozano” (fl. 7, cdno. 1). Pues bien, de las anteriores anotaciones se infiere que:

La prueba de la causa de la muerte si objetiva y concretamente no se estableció, no fue por causas o motivos atribuibles a la parte actora, sino, por el contrario, por razones que le correspondía aclarar al ente demandado, porque el médico que certificó la muerte para efectos de registrar la defunción es el mismo médico forense que casi diez meses después le informa al Tribunal que “no se había podido dar conclusión definitiva sobre posibles causas de muerte...” y que para el 5 de diciembre de 1990 pide al Tribunal “nos sean enviados los apartes sumariales relativos a las circunstancias de la muerte para tratar de establecer la causa del deceso con mayor aproximación”.

Ciertamente resulta incomprensible y contradictorio el proceder del Ministerio de Justicia cuando su representante judicial al contestar la demanda exige que “en cuanto a la causa de la muerte, que se pruebe” y, por otra parte, en Medicina Legal, dependencia del mismo ministerio, dejaron dañar el material probatorio recogido para exámenes anatomopatológicos, haciendo imposible la demostración de la causa de la muerte, cuya ausencia, sin razón alguna se pretende imputar a la parte actora, cuando fue ésta la que oportunamente la pidió y fue la demandada la que irresponsablemente impidió traerla al proceso.

Los planteamientos que hace la Sala en esta providencia encaminados a consagrar jurisprudencialmente la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado en aquellos casos de muy especial y particular significación, en los que se ventile la responsabilidad oficial por falla del servicio judicial, encuentran respaldo en legislaciones y doctrinas foráneas, donde expresamente se reconoce la responsabilidad del Estado por el actuar errado en la administración de justicia.

Precisamente, el profesor Guido Santiago Tawi1, al comentar la obra titulada “La responsabilidad del Estado por error y anormal funcionamiento de la administración de justicia” de José María Reyes Monterreal, resalta que la Constitución española de 1978 se ha transformado en una de, las normativas de derecho público de mayor trascendencia sancionadas en el último cuarto de siglo, en la que al establecer interesantes soluciones jurídicas, “una de ellas, la prevista en su artículo 121, se destaca nítidamente en el ámbito del derecho administrativo, al propugnar expresamente el reconocimiento de la responsabilidad estatal derivada como consecuencia del obrar u omisiones cometidas en la administración de justicia, disponiendo que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley” (resalta la Sala).

Más adelante, continúa el comentarista: “Implica, además, la aceptación expresa de la responsabilidad derivada no ya del error judicial, sino también del anormal funcionamiento de la justicia idea ésta adoptada tan solo anteriormente —aun cuando con un criterio más restringido al limitarse su reconocimiento a la existencia de una falta grave por parte del tribunal o una denegación de justicia— por el artículo 11 de la ley francesa 72-626, del 5 de julio de 1972, y reconocida sólo excepcionalmente en la práctica —aunque no bajo este nombre— en nuestro país”.

Anota además, el citado comentarista, cómo el autor de la obra analizada comienza “...distinguiendo a esta especie de responsabilidad de la derivada por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos —contemplada por las normas legales antes mencionadas, así como por el artículo 106.2 de la Constitución de 1978— considerando a la responsabilidad derivada del error judicial y del anormal funcionamiento de la administración de justicia como un supuesto de responsabilidad especial, aun cuando se deba señalar el pronunciamiento de algunos autores y cierta jurisprudencia española por la posición contraria, al haber asimilado al ejercicio de la función judicial con la prestación de un servicio público”.

Concluye su comentario con las siguientes apreciaciones, perfectamente válidas dentro de nuestra actual concepción jurisprudencial: “En suma, la obra de Reyes Monterreal antes referida constituye un aporte por demás interesante —aun cuando el mérito mayor corresponda sin duda a los constituyentes españoles de 1978— al contribuir a la divulgación de la evolución alcanzada en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en este aspecto en el derecho comparado; especialmente útil en nuestro país para corregir y superar ciertas concepciones sostenidas todavía hoy en día inadvertidamente como verdades absolutas en nuestro país, con prescindencia de lo que acontece en otros sistemas que parecen haber sabido amoldarse quizá con mayor acierto a la realidad de nuestro tiempo” (Revista de Derecho Administrativo. Ediciones Depalma. 1989, año 1, págs. 194-195).

Similar criterio al anterior, consignó el profesor Guido Santiago Tawil en su trabajo sobre “La responsabilidad del Estado y de los magistrados y funcionarios judiciales por el mal funcionamiento de la administración de justicia”, según lo expone Pedro Aberastury, al referirse al contenido de dicho libro, así: “Es decir que el tema que ha abordado el autor es esencialmente polémico en nuestros días, en virtud de que han sido escasos los precedentes jurisprudenciales que han aceptado la responsabilidad de los magistrados, no sólo por su actuación administrativa, sino dentro del ejercicio que le es propio, aunque se realiza una valiosa distinción en cuanto a la responsabilidad in iudicando e in procedendo, y menciona que es en esta última donde ha tenido mayor aceptación la posibilidad de imputar al Estado la conducta que se considera dañosa por parte del particular para obtener una reparación. Siguiendo con la tesis inicial, no comparte lo decidido por la Corte Suprema en cuanto sólo admite la posibilidad de responsabilizar por error judicial en aquellos casos en que el acto jurisdiccional que origine el daño sea declarado ilegítimo, y considera que “la reparación del error no puede depender del hecho de que la decisión impugnada haya sido dejada sin efecto, sino de la posibilidad de probar adecuadamente la existencia manifiesta de la equivocación”” (ibíd. 1990, Año 2, pág. 195) (resalta la Sala).

Conviene además traer a colación el criterio autorizado del profesor Juan Miguel de la Cuétara, quien en su obra “La actividad de la administración” al referirse a la responsabilidad del poder judicial, hace la siguiente observación: “Para afrontar la segunda de las cuestiones mencionadas se hace necesaria una serie de distinciones centrando el examen primero sobre las actuaciones judiciales del Estado para, seguidamente, encarar las que se producen por vía legislativa, pues ambas son actuaciones “no administrativas” del Estado. En cuanto a la responsabilidad del poder judicial hay que distinguir, a la vez, la existencia de un aparato organizativo, auxiliar de las tareas burocráticas, de la auténtica función de juzgar. El aparato organizativo puede incurrir en responsabilidad en las mismas condiciones que la administración ordinaria y en este sentido es auténtica administración pública. La función jurisdiccional que actúan jueces y magistrados también puede dar lugar a responsabilidad, pero tan solo en caso de error o actuación ilegal. En este sentido, la Constitución española de 1978 se ha expresado con absoluta claridad en su artículo 121, que se transcribe a continuación: Artículo 121, C.E.: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”” (pág. 559).

Por lo demás, la obligación indemnizatoria a cargo del Estado, con fundamento en la nueva Carta Política ha adquirido una mayor amplitud y una menos ilimitada cobertura, dentro de la cual desempeña función fundamental la figura de perjuicio antijurídico, concepto respecto del cual, el mencionado tratadista, en la obra citada, hace las siguientes manifestaciones, que la Sala, en lo pertinente, se permite transcribir:

“A finales del siglo pasado, Orlando propuso fundar sobre la idea de “lesión” toda la construcción de la responsabilidad administrativa, abandonando cualquier indagación acerca de la conducta del agente que ocasiona la misma. La doctrina actual, de la que son excelentes representantes en nuestro país Leguina o García de Enterría, ha desarrollado este concepto de lesión como todo perjuicio antijurídico y situado en él la fundamentación del consiguiente deber de reparación. En palabras de Leguina, “un daño será antijurídico cuando la víctima del mismo no esté obligada —por imperativo explícito del ordenamiento— a soportar la lesión de un interés patrimonial garantizado por la norma jurídica”. Siendo esto así sólo resta la imputación a la actividad administrativa para que nazca, por la propia virtualidad de la nota de “injusto” (García de Enterría), el deber de resarcimiento. Esta teoría reúne una serie de características positivas que deben ser puestas de relieve. Por una parte, es destacable la nota de la objetividad, puesto que no se trata de ningún perjuicio causado antijurídicamente, sino de un perjuicio antijurídico en sí mismo; por otra parte, se desvincula la licitud o ilicitud de la actuación de la que se deriva la lesión, con lo que se hace capaz de abarcar la totalidad de supuestos de responsabilidad posibles.

La teoría del perjuicio antijurídico se compagina perfectamente con la formulación implantada en nuestro derecho positivo, en la L.E.F., L.R.J. y Constitución. Efectivamente, si examinamos la última —y de mayor rango— formulación, la del artículo 106.2 del texto constitucional, encontramos: a) la inclusión expresa del término “lesión” (“los particulares ... tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión ...”); b) la referencia directa a la esfera jurídicamente protegida en toda su amplitud (“... que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos salvo caso de fuerza mayor ...”), y c) la imputación a la administración, sin distinción entre actos lícitos e ilícitos (“... siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”). Con mayor precisión, la L.E.F. y la L.R.J. hacen referencia al “funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”, siendo, como hemos visto, exactamente iguales los demás elementos de los respectivos preceptos. La jurisprudencia, por su parte, ha acogido ampliamente los términos en que está formulada la teoría, insistiendo especialmente en la idea de que la responsabilidad surge cuando un particular no está obligado a soportar un detrimento patrimonial. A continuación se transcriben unos párrafos en los que se desarrolla con claridad meridiana la postura del Tribunal Supremo:

Sentencia de marzo 27 de 1980 (Sala 4A Ref. Ar. Nº 2249): “Por responsabilidad de la administración —central o local— ha de entenderse aquella obligación general que a la misma incumbe, fuera del ámbito del ejercicio de sus potestades expropiatorias —que tienen una regulación especial— de resarcir a los particulares de los daños y perjuicios que, no estando obligados por imperativo legal u otro vínculo jurídico a soportar, sean consecuencia del quehacer administrativo de aquella.

“Siempre que se produzca un daño o un perjuicio en el patrimonio de un particular, sin que éste venga obligado por una disposición legal o vínculo jurídico a soportarlo, encontrando su causa desencadenante precisa en el mencionado funcionamiento, mediante un nuevo nexo de efecto a causa, ha de entenderse que se origina automáticamente en la administración la obligación de su directo y principal resarcimiento.

“La ratio legis verdadera consiste en que cualquier particular, por el solo hecho de haber entrado en la obligada esfera de actuación administrativa que el principio de soberanía comporta, quedando subordinada a ella sin un deber expreso de sacrificio, siempre que haya sufrido un daño o sacrificio que reúna las condiciones de “injusto, efectivo, económicamente evaluable y susceptible de individualización personal o grupal”, ha de tener la garantía por parte de la administración de su resarcimiento, dotándole de acción procesal directa contra la misma, sin que sea para ello preciso identificar si en el mencionado actuar lesionante hubo comportamiento voluntario, doloso o culposo, de la persona o personas que encarnan el órgano administrativo que lo produjo, máxime cuando el daño o perjuicio hubiera sólo sido originado por un comportamiento institucional”” (ob. cit., págs. 554 y 555).

Cobra en la actualidad mayor respaldo el planteamiento que hace la Sala para declarar la responsabilidad del Estado por causa de la actuación judicial comentada, si se atiende a la norma constitucional contenida en el artículo 90 de la Carta que establece:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de las actividades públicas.

En el evento de ser condenado...”.

De conformidad al texto transcrito, resulta claro que en el mismo se hace referencia sin establecer diferencias, ni distinciones de ninguna naturaleza, a “la acción o la omisión de las autoridades públicas”, lo que permite deducir que dado el contenido genérico de esta expresión, las autoridades judiciales se incluyen como integrantes de las autoridades públicas y consiguientemente con sus actos y omisiones pueden generar la responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos causados.

Por otra parte, cabe advertir que en el artículo 93 de la Constitución vigente se estableció:

“ART. 93.—Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

Según este precepto constitucional, en tratándose de derechos humanos y de prohibición de estados de excepción, las normas de derecho internacional debidamente adoptadas por el Congreso prevalecen sobre las disposiciones legales y constitucionales, en cuya interpretación debe atenderse a la normatividad internacional. En este orden de ideas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y que entró en vigencia el 18 de julio de 1978, suscrita en esa fecha por Colombia y ratificada el 31 de julio de 1973, aprobada por la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972, consagró en el artículo 10: “Derecho a indemnización.

“Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”.

Lo aquí consagrado, junto con la preceptiva del artículo 90 de la Carta, permiten en la actualidad efectuar otros enfoques para efectos de determinar la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado como consecuencia de las actuaciones judiciales.

Respalda lo anterior el contenido del artículo 414 del nuevo Código de Procedimiento Penal, cuyo texto prescribe:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

A pesar de que el anterior precepto no lo incluyó el ejecutivo en el proyecto inicial del Código de Procedimiento Penal, posteriormente el propio gobierno lo agregó con miras a desarrollar los artículos 2º y 90 de la Carta Política vigente, el último de los cuales, en forma expresa consagró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de la autoridades públicas. Quedó entonces, instituida legalmente en el nuevo Estatuto de Procedimiento Penal la posibilidad de ejercer la acción indemnizatoria frente al Estado, por aquellas personas que por causa de alguna decisión judicial se hubieren visto ilegítimamente privadas de su libertad.

Con fundamento en las consideraciones antes relacionadas concluye la Sala que el Juez Segundo de Orden Público del Tolima al negar ilegal y erradamente la suspensión de la detención del recluso enfermo Escobar Sánchez, incurrió en una falla del servicio de la administración judicial, que coadyuvó o por lo menos aceleró el deceso del detenido y causó ostensibles perjuicios de orden moral a las hijas de la víctima, promotoras de este proceso. Los antecedentes personales y procesales de Escobar Sánchez, los exámenes anteriores a su detención, las constancias de internamiento hospitalario., los exámenes practicados en Medicina Legal Seccional Tolima, indican a la Sala que el estado de salud del recluso en verdad era grave, que como prisionero no podía ser eficientemente atendido, por él o por sus familiares, y que a falta de demostración del cuidado y diligencia estatal, se impone concluir que la tozudez del juzgado para impedirle su atención por fuera de la cárcel, influyó trascendentalmente en la salud del paciente quien debió ser hospitalizado —ya tardíamente— para fallecer.

La responsabilidad estatal aquí reconocida no será total, ni plena, porque la Sala encuentra que dentro de las probabilidades de supervivencia del occiso Escobar Sánchez, se daban serias limitaciones como lo eran su edad ya avanzada y de manera especial su lamentable y delicado estado de salud que no le auguraba un futuro vivir muy amplio. Por esta razón sólo se reconocerá a título indemnizatorio moral a cada una de sus hijas, el equivalente a 700 gramos de oro fino.

Las apreciaciones que se acaban de hacer, implica obviamente revocar la sentencia apelada.

En mérito de los expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO. REVÓCASE la sentencia apelada, es decir, la dictada el 6 de septiembre de 1991, por el Tribunal Administrativo del Tolima.

SEGUNDO. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Justicia, por el fallecimiento del señor FABIO EFRAÍN ESCOBAR SÁNCHEZ, ocurrido el 16 de enero de 1990, cuando se encontraba en estado de detención preventiva por orden del Juzgado Segundo de Orden Público del Tolima.

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración condenase a la Nación - Ministerio de Justicia, a pagar a CARMEN AMINTA ESCOBAR MEJÍA y YOLANDA ESCOBAR DE BURGOS, como indemnización por perjuicios morales, para cada una, el valor equivalente en pesos a setecientos (700) gramos de oro fino.

El Banco de la República certificará sobre el precio interno del oro para la fecha de ejecutoria de esta providencia, y la certificación deberá acompañarse con las respectivas cuentas de cobro.

CUARTO. Deniéganse las demás pretensiones.

QUINTO. Dése cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, y para ello se expedirán por la Secretaría, copias de la sentencia, con constancia de su ejecutoria, con destino a las partes, haciendo las previsiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de fecha, primero (1º) de Octubre de mil novecientos noventa y dos (1992).

Magistrados: Daniel Suárez Hernández, Presidente de la Sala—Juan de Dios Montes Hernández—Carlos Betancur Jaramillo—Julio Cesar Uribe Acosta.

Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.