Auto 7061 de febrero 9 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

TÉRMINOS PROCESALES

ESCRITOS RECIBIDOS A LAS 6:10 DEL ÚLTIMO DÍA

Ref.: Expediente 7061

Apelación sentencia

Actor: Gabriel Silva Nariño

Santafé de Bogotá, D.C., febrero diecinueve de mil novecientos noventa y tres.

La distinguida Procuradora Novena Delegada en lo Contencioso Administrativo ante esta Corporación, en escrito que antecede, interpone el recurso de reposición contra el auto del 10 de noviembre de 1992 por el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el proceso, a fin de que se revoque y, en su lugar, se declare desierto y ejecutoriada la sentencia objeto del mismo.

Señala al respecto que habiéndose ordenado el traslado para sustentar el recurso, una vez notificada la correspondiente providencia y dispuesto éste, a folio 194 se lee la siguiente constancia secretarial: “recibí memorial en dos (2) folios. Extempo-ráneamente. Hora: 6:10 p.m”.

Transcribe los artículos 118 del CPC, 4º del Decreto-Ley 1975 de 1989, 59 de la Ley 4ª de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal) y el 60 ibidem, para indicar que las normas en las cuales se apoya el auto recurrido, para prorrogar el término, no son aplicables, "porque los términos procesales se regulan por las normas del Código de Procedimiento Civil, de prevalente aplicación por tratarse de normas especiales que, además, son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento (art. 6º). Y es este estatuto el que consagra la improrrogabilidad de los términos procesales, institución que está íntimamente ligada con el principio de la preclusión" (fl. 202).

En relación con el vencimiento de los términos cita algunos apartes de autorizados tratadistas en apoyo de sus argumentos y considera que, aunque ese Despacho es del criterio de no sacrificar los derechos subjetivos en aras de un culto al formulismo, en casos como el presente, tratándose de términos legales, su improrrogabilidad no permite interpretaciones amplias pues serían contrarias al principio de la preclusión según el cual, los actos procesales para su eficacia deben ejecutarse dentro de los términos y oportunidades que señala el Código de Procedimiento Civil.

Se considera

Ciertamente entre los principios fundamentales del procedimiento está el de preclusión, en desarrollo del cual, el ordenamiento establece las diversas etapas que deben cumplirse en proceso para su desenvolvimiento y de igual manera, se impone a quienes acuden a instaurar una demanda o interponer un recurso, un término dentro del cual deben efectuar tales actos. Así, el no apelar dentro de la oportunidad que regula el precepto conduce a la extinción de esa facultad o el no descorrer un traslado dentro de los términos previstos, por lo que, éstos, vienen a cumplir una importante función reguladora del proceso y son, además, de estricto cumplimiento.

Lo anterior es absolutamente claro pero en el caso en examen resulta que, dada las especiales circunstancias del mismo, puede afirmarse que no sólo el término no fue prorrogado sino que el escrito fue presentado en tiempo, si se tiene en cuenta que el vencimiento tenía lugar el día en que fue recibido en la secretaría, esto es, el 3 de agosto (fl. 194 vlto).

Del artículo 118 del CPC se desprende que el término es un lapso o plazo dentro del cual deben ejercerse los actos de las partes, perentorio e improrrogable y del artículo 60 ibidem, la obligatoriedad de las normas procedimentales. Si bien, el estatuto no contempla una definición propiamente de éste o hasta dónde pueda extenderse en un momento dado, conviene observar, para hacer claridad, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como “el último punto hasta donde llega o se extiende una cosa”; también se ha definido en general como límite, lo que implica en el presente caso dilucidar cuál es ese “último punto” o límite del concedido, teniendo en consideración el día de su vencimiento.

Sobre el particular, el artículo 59 del Código del Régimen Político y Municipal preceptúa: “Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común y por día el espacio de veinticuatro horas...”, y el 60 ibidem que, “Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día del plazo”.

Es claro conforme a lo anterior que ese punto último o límite del término, se extiende hasta la medianoche el día de su vencimiento. De otro lado, es de observar que tales disposiciones continúan vigentes en cuanto no han sido modificadas ni derogadas por estatutos posteriores.

Empero, podría reargüirse que término y plazo no son voces sinónimas y que por tal motivo no fuera aplicable el precepto, pero lo cierto es que, como dice el tratadista Hernando Morales Molina, el Código, al hablar del procedimiento, “no hace diferencia entre términos y plazos, de manera que legalmente se identifican. Habla sí de “oportunidades” como paralelo a términos, ya que unas y otros los incluye en el art. 118. Realmente las primeras son los momentos para realizar determinado acto procesal; ejemplo pedir pruebas, lo que debe hacerse en la demanda, el escrito en que se propone un incidente, las contestaciones respectivas, las diligencias y en algunos casos las audiencias”. (Curso de Derecho Procesal Civil - Parte General - Novena Edición, Editorial ABC, Bogotá 1985, pág. 386).

De otro lado, sobre la viabilidad de aplicar las normas del Código de Régimen Político y Municipal al proceso contencioso administrativo, cabe señalar que en diversas ocasiones el Consejo de Estado les ha dado aplicación, como en el caso concreto del artículo 62 del estatuto, tratándose de la caducidad de la acción, cuando el término vence en día feriado o de vacancia judicial, “se extenderá el plazo hasta el primer día hábil” según el precepto. Tampoco habría razón para que tales normas no pudieran aplicarse dado que el artículo 59 de la codificación estatuye de manera clara cómo deben computarse los plazos “de que se haga mención legal” y no podría afirmarse, sin restringir su alcance, que la disposición tiene aplicación solamente en los asuntos del orden municipal.

Ahora bien, señala la recurrente el artículo 4º del Decreto-Ley 1975 de agosto 31 de 1989 que establece el horario en las oficinas judiciales de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y, en tal virtud, podría deducirse que el escrito estaría por fuera de tiempo y, en consecuencia prorrogado el término, dada la hora en que fue recibido. Sin embargo, conviene hacer notar, que el decreto en referencia si bien regula lo atinente a la jornada de despacho, ha de entenderse que no es lo mismo ésta que el término en sí mismo, según se infiere de lo expuesto y pese a que estaría el escrito por fuera de aquella, no puede afirmarse tal cosa respecto del término, sin lugar a dudas, porque éste vencía a la medianoche de ese día y, en verdad, al correrse el traslado en proveído de folio 194, el término se dispuso de “tres (3) días” no de horas y la circunstancia de haberse recibido el escrito, es de relevancia para dar aplicación a las disposiciones del Código de Régimen Municipal en relación con el vencimiento del mismo. Pero además, no cabe aducir que se hubiera prorrogado esta situación, como es obvio suponer, sólo podría darse en el supuesto de que el escrito se hubiera recibido al día siguiente, es decir, el 4 de agosto, que no es el caso.

En tal virtud, deberá mantenerse la providencia recurrida como, en efecto, se dispone.

Notifíquese y cúmplase.

Carlos Arturo Orjuela Góngora 

Eneida Wadnipar Ramos, Secretaria.

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