Sentencia 7061 de mayo 21 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7061

Magistrado Ponente:

Manuel Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil dos.

Decídese el recurso de casación formulado por Jorge Luis Benedetti Gómez contra la sentencia de 21 de agosto de 1997, proferida por la Sala Civi-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el proceso ordinario del Banco Central Hipotecario contra la organización Benedetti Tovar y Cía. Ltda. y el recurrente.

I. Antecedentes

1. Tuvo su génesis el proceso en la demanda formulada por la mencionada entidad bancaria el 11 de julio de 1994 para que:

a) Se declarase que los demandados enriquecieron injustamente su patrimonio con el correlativo empobrecimiento del actor en la cantidad de tres mil noventa y tres unidades con nueve mil novecientas cincuenta y dos diezmilésimas de unidades de poder adquisitivo constante (3093.9952 UPAC) más los intereses corrientes y moratorios por valor de $ 25.092.733,36 y 15.914.308,27 respectivamente, liquidados desde el 19 de junio de 1978 a 11 de julio de 1994, amén de lo que resultare probado en la litis.

Y que como consecuencia de lo anterior, se condenase a los demandados a reparar al actor el daño patrimonial causado en la cuantía antes mencionada y en la que se llegare a demostrar, teniendo en cuenta las variaciones del UPAC y los intereses correspondientes.

2. Como hechos de la demanda se expusieron los que a continuación se compendian:

Mediante escritura 631 de 5 de abril de 1974, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Barranquilla, la corporación Central de Ahorro y Vivienda otorgó a los demandados una línea de crédito por 6.138.7354 UPAC, con intereses corrientes y de mora, pagaderos dentro de un plazo máximo de 6 meses contados desde el día en que la parte deudora se comprometió a concluir la construcción inmobiliaria motivo del préstamo, construcción que habría de realizarse dentro de los ocho meses subsiguientes a la fecha del instrumento.

La demandada ha incumplido con el pago desde el 19 de junio de 1978, debiendo hasta el 11 de julio de 1994 la cantidad de 3.093.9952 UPAC más los intereses respectivos.

“El Banco Central Hipotecario es tenedor en debida forma del título de recaudo ejecutivo“.

Con el fin de “garantizar la obligación adquirida”, los demandados, además de otorgar los pagarés de noviembre 12, octubre 11 y julio 25 de 1974 por las cantidades de 687.0580, 687.6160 y 2872.9440 UPAC respectivamente, constituyeron hipoteca a favor de la actora, con fundamento en la cual ejecutó fallidamente el banco, pues prosperó entonces la excepción de prescripción.

La sobredicha entidad carece de acción diferente a la in rem verso que ejerce, pues la sentencia de segundo grado “que confirmó la del a quo que declaró la prescripción de la acción cambiaria de regreso del último tenedor, quedó ejecutoriada el 14 de julio de 1993 a las 6 p.m.”.

La Ley 153 de 1887 y los artículos 831, 882 y concordantes del Código de Comercio, sitúan el enriquecimiento sin causa corno una fuente de obligaciones “enderezada a reparar el dono patrimonial causado al empobrecido”. Y como prueba del empobrecimiento, se agrega la liquidación del crédito a 7 de junio de 1994, suma esta que no ha ingresado a las arcas del banco, pero si ha enriquecido sin justa causa el patrimonio de la demandada.

3. Se opuso la parte demandada a las pretensiones, aceptando algunos de los hechos que las sustentan y negando los demás, proponiendo como excepción de mérito la que denominó “inexistencia de la obligación”, arguyendo, en una palabra, que se intenta ahora exigir por la vía ordinaria una prestación ya extinguida por la negligencia del acreedor, quien no accionó en tiempo.

4. La sentencia absolutoria con que culminó la primera instancia fue revocada por el tribunal al desatar el recurso de apelación formulado por la parte actora, declarándose entonces que los demandados se enriquecieron sin justa causa y condenándoseles subsecuentemente a pagar 3.093.9852 UPAC, ordenando mediante fallo complementario el pago de intereses sobre esa suma al 9% anual desde el 19 de junio de 978.

ll. La sentencia del tribunal

Se ubicó en el artículo 882 del Código de Comercio para comentar que la acción consagrada en su último inciso es la de in rem verso y que la de enriquecimiento cambiario constituye aplicación de la doctrina general que prohíbe enriquecerse sin justificación alguna a expensas de otro, agregando que, “cuando alguien se ha beneficiado de la declaratoria de prescripción o caducidad de un título valor, el que se haya visto afectando con dicha declaratoria, en la medida en que se ha empobrecido, tiene a su disposición esta acción contra el que se enriqueció”.

Destacó a continuación que las condiciones indispensables para que prospere la susodicha acción son las de que el demandado se haya enriquecido, que el demandante se haya empobrecido correlativamente, y que este desplazamiento patrimonial carezca de causa que lo justifique desde el punto de vista legal, aplicándose acto seguido a confrontar tales presupuestos con lo que obra en el sub lite, así:

Partiendo de que se encuentra demostrado que los demandados organización Benedetti Tovar y Cía Ltda. y Jorge Benedetti Gómez recibieron del Banco la cantidad de 3.093.9952 UPAC, concluyó que aquellos “han aumentado su patrimonio a expensas de la entidad demandante, que fue quien desembolsó ese dinero, mas claro, el dinero que recibieron los demandados, salió del patrimonio de la demandante, sin que recibiera ninguna contraprestación”. Y prosiguió el ad quem en estos términos: “Quiere ello decir, que el cambio de la situación patrimonial se operó mediante la prestación dada por el empobrecido al enriquecido, aunado que el desequilibrio entre los dos patrimonios se produjo sin justa causa, careciendo el accionante o empobrecido de cualquier otra acción”.

A continuación expresó la corporación que en su sentir, al contrario de lo sostenido por el a quo, el término para iniciar la acción in rem verso comienza a correr, no desde “la ocurrencia” (sic) de la acción cambiaria, sino desde su “declaratoria”, en razón de que mientras no se encuentre en firme la decisión atinente a la excepción de prescripción que de la acción cambiaria en el proceso pertinente se haya formulado, “no puede decirse en forma categórica que el título valor esta prescrito”.

Y con fundamento en los precedentes razonamientos, profirióse el fallo estimatorio de que atrás se dio cuenta, de cuya impugnación extraordinaria se ocupa ahora la Corte.

lIl. La demanda de casación

El cargo segundo, que de los dos formulados fue el único admitido a tramite, viene montado sobre la causal primera de casación, y denuncia la violación, por interpretación errónea, del artículo 882 del Código de Comercio.

Destaca el impugnador cómo según el tribunal, que en el punto dice apoyarse en la jurisprudencia, son tres las condiciones indispensables para la prosperidad de la acción in rem verso “Que el demandado se haya enriquecido”. “Que el demandante se haya empobrecido correlativamente"; y “que este desplazamiento patrimonial carezca de causa que lo justifique desde el punto de vista legal”. (Resalta el recurrente).

Y a renglón seguido expresa el impugnante que el anterior criterio “enfrenta” reiteradas sentencias de la Corte, conforme a las cuales, dice, tal acción no procede en ciertos eventos, los que procede a describir en forma que la Sala considera conveniente transcribir íntegramente:

"a) Contra una disposición imperativa de la ley. La sentencia de prescripción extintiva que fue fallada en primera y segunda instancia, es un imperativo de la ley. No podía proceder acción transcurridos mas de diez años desde el vencimiento de la obligación.

b) Carece de acción “In rem verso” el demandante. Que por su hecho o culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. (Cas, 19 de noviembre de 1930, XLIV, 474). El Banco Central Hipotecario dejó de vencer (sic) por mas de diez (10) años la obligación, sin ejercer la vía ejecutiva para obtener el pago de lo debido. Declarada la prescripción en ambas instancias por su negligencia, perdió cualquier otra acción.

c) Es una acción subsidiaria. La acción in rern verso no procede siempre, tiene el carácter de subsidiaria, de modo que no puede emplearse sino cuando el que ha pagado sin causa carece de todo otro recurso legal para obtener la prestación o reembolso (Cas. 6 de octubre de 1937, XLV, 803)”.

Y en los anteriores términos, deja el recurrente sustentado el cargo.

Consideraciones

1. En orden a resolver la impugnación, una cosa por el momento es de destacar: la conformidad del recurrente con la circunstancia de que el tribunal hubiese dilucidado el asunto sometido a su consideración a la luz del artículo 882 del Código de Comercio, particularmente en su inciso tercero que consagra la denominada acción de enriquecimiento sin causa cambiario al estipular:

"Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no obstante tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribe en un año”.

De esta suerte, dirigida como ha sido la acusación por la vía directa —así se desprende del contexto del cargo— el debate queda circunscrito, por obra y gracia del censor, al alcance y contenido de la disposición en comento.

2. La detenida lectura del escrito enseña que de lo que en realidad se duele el impugnador es de la labor hermenéutica realizada en torno al inciso final del artículo 882 del Código de Comercio, pues logra entenderse —no sin esfuerzo, hay que decirlo— que si bien él se muestra acorde con que era esa la norma que presidía el conflicto y con que los elementos configurativos de la acción allí consagrada son efectivamente los que enunció el fallador, le crítica en cambio por no haber tenido así mismo en cuenta los factores obstativos de la misma.

Y es en este orden de ideas que el censor insiste en que, declarada como fue en el proceso ejecutivo que precedió y fue germen del presente litigio, la excepción de prescripción extintiva de la acción, fenómeno además acaecido por negligencia del actor que intentó el cobro judicial pasados diez años desde el vencimiento de la obligación, resultaba invisible la consecuente acción de reembolso, que no puede operar, ni “contra disposición imperativa de la ley”, ni cuando, considerado su carácter subsidiario, el demandante por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho.

Aclarado en esta forma el sentido de la censura y circunscrito de igual manera el tema en discusión, procede ahora si la Sala al análisis propiamente dicho del asunto propuesto.

3. En cuanto al enriquecimiento injusto, fuente que es, como bien se sabe, de obligaciones, y que tiene lugar cuando independientemente de toda causa jurídica se presenta el desplazamiento o disminución de un patrimonio a expensas de otro, de largo tiempo atrás doctrina y jurisprudencia han determinado sus elementos integrantes, cuales son el aumento de un patrimonio y un empobrecimiento correlativo, amén de la carencia de causa o fundamento jurídico que justifique tal desplazamiento patrimonial, factores estos entre los cuales —y asunto es por cierto que salta a la vista—, es el último de los enunciados el que informa la figura y recoge el principio general de que nadie puede enriquecerse torticeramente a costa de los demás, a lo que ha de agregarse que para estos efectos debe entenderse por causa, no aquella a que se refiere el artículo 1524 del Código Civil, sino la proexistencia de una relación o vinculo jurídico entre el enriquecedor y el empobrecido que justifique el movimiento patrimonial. (Cas. 27 de marzo de 1939, XLVIII; 9 de junio de 1971; 26 de marzo de 1958).

Por lo demás, a los elementos atrás enunciados han sido incorporadas aún otras dos condiciones, que mas que componentes de la figura son requisitos para ejercer la acción que da origen el fenómeno del enriquecimiento ilícito, como son: que ella no se intente contra disposición imperativa de la ley y que, dado su carácter netamente subsidiario, no se haya contado con otro medio para obtener satisfacción por la lesión injusta que le ha sido ocasionada.

Ahora, pasando ya a la acción de enriquecimiento cambiario, adviértese ante todo que es una modalidad de la actio de in rem verso común, que corno tal se nutre de sus principios generales. Lo que por ahí mismo permite relievar cómo su función no es entonces la de autorizar la furtiva cobranza de la prestación incorporada en un efecto negociable, “mermada considerablemente en su efectividad civil por obra de la caducidad o de la prescripción hasta el punto de pasar a ser apenas una obligación natural”, ni tampoco constituye, como tiende a creerse, “... una especie de sobrante de la acción cambiaria dotado por añadidura de la fascinante virtud de hacer en buena medida inoperantes la prescripción y la caducidad en el campo de los instrumentos negociables (...)”. Su fundamento, “(...) lejos de reducirse a una degradación procesal de las acciones cambiarias de suyo incomprensible, acaba por identificarse en últimas con el que le sirve de soporte a la acción común por enriquecimiento sin causa a expensas de otro (... ) acción esta que a la manera de los principios generales de derecho, domina los textos positivos como expresión inmediata e imperativa de la nación de equidad aplicable de conformidad con los artículos 5º, 8º y 48 de la Ley 153 de 1887 (...)”. (Cas. de 6 de diciembre de 1993, Exp. 4064 G.J. t. CCXXV, pág. 770).

Y precisamente con vista en las anteriores naciones fue como se dejaron delimitadas las condiciones de la acción de enriquecimiento cambiarlo, que mucho desde luego tienen en común con las de aquella en cuya fuente abreva, requiriéndose, pues, para su exitoso ejercicio, de un lado, que el acreedor, ante la pérdida tanto de la acción cambiaria como de la causal contra los obligados al pago del instrumento, carezca de otro medio para remediar el daño; del otro, que el responsable por el pago haya obtenido un provecho ilícito con ocasión de la emisión o de la transferencia del titulo, y, por último, un empobrecimiento correlativo que, en sentido amplio, corresponde al perjuicio acaecido al demandante (Cas. 6 de noviembre de 1993, arriba citada).

4. Así las cosas, ya encauzando el tema directamente hacia el debate planteado en el sub lite cabe volver sobre el carácter eminentemente subsidiario de la acción de enriquecimiento injusto, proclamado por cierto sin vacilación por la doctrina y la jurisprudencia y del que participa la de enriquecimiento cambiario, según ya quedó estudiado; reitérase, pues, que se trata de una acción cuya procedencia encuéntrase condicionada inexorablemente a la circunstancia de que el empobrecido no haya contado con un medio diferente para restablecer el equilibrio roto por el desplazamiento patrimonial, o, lo que es lo mismo, dígase que ella sólo halla cabida a falta de toda otra, que si así no fuese, cual lo advierte Josserand, “sería acción para todo uso, que entraría en concurrencia, hasta en conflicto, con la mayor parte de los demás medios de derecho, aun cuando el orden jurídico se derrumbara con ello”. (Derecho Civil. T. II, p. 458).

La peculiaridad recalcada en el párrafo precedente, esto es, lo netamente subsidiario de la acción, en cuanto dice relación con la de in rem verso común se convierte en un impedimento —como no podía ser menos si se quiere ser consecuente- para que se ampare en ella quien habiendo tenido la posibilidad de ejercer una acción diferente la perdió sin embargo, ya por haber renunciado a la misma, ora al permitir que prescribiera o caducara. Carece de la acción de in rem verso — ha dicho por esa razón la Corte en sentencia que por cierto memora el censor- “el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. El debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia”. (Cas. 19 de noviembre de 1930, XLIV, 474).

Y acaece que es precisamente abroquelado en el precedente principio como forja el recurrente su acusación, pues, cual en su momento se puntualizó, proclama la inconducencia del enriquecimiento injusto aquí invocado en la medida en que por ese medio aspira el actor a recuperar aquello que no logró obtener a través de una acción cambiaria que prescribió debido a su indolencia.

Pero consistiendo en ello y no en otra cosa la censura, sin duda esta condenada al fracaso, como que en la base de esa argumentación se aprecia un protuberante sofisma: es que se quiere aplicar un principio que es propio de la acción de in rem verso común, a la de enriquecimiento cambiario, echando así culpablemente al olvido las singularidades que son propias de esta última, contenidas, como se viene diciendo, en el inciso final del artículo 882 del Código de Comercio.

A simple vista, en efecto, la lectura del sobredicho precepto enseña que la presencia de la prescripción o de la caducidad, obstáculo que puede ser para la viabilidad de la actio de in rem verso común muy lejos está de serlo para la de enriquecimiento cambiarlo y bien al contrario constituye precisamente, en aparente paradoja, prerrequisito fáctico de la misma conforme a la regulación del Código de Comercio, al punto que su impulso inicial lo proporciona imprescindiblemente la aparición de cualquiera de esas circunstancias extintivas. O, si se quiere mirar el asunto desde una óptica diferente, dígase que para los efectos y en los términos del mentado artículo 882, ni la prescripción ni la caducidad, con todo y la culpa que seguramente se avizora en la raíz de tales fenómenos, conforman causa legítima de enriquecimiento, de manera que eventos tales no son, per se, óbice para la procedencia de la acción en comento. Y la mejor demostración del anterior aserto, para no ir más allá, se encuentra en la literalidad misma de la norma en cuanto estatuye que el acreedor “tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o de la prescripción (del instrumento)”.

En este mismo sentido hubo de pronunciarse la Corte en la citada sentencia de 6 de diciembre de 1993, en la cual se califica la aludida acción como “extremun rermedium juris... concedido a quien fuere tenedor de un título valor de contenido crediticio para liberarlo de consecuencias injustas que no son insólitas debido al rigor cartular, de modo tal que pueda resarcirse del daño experimentado procediendo contra el librador, el aceptante o el emisor en aquellos eventos en que demuestre que por efecto de la prescripción o el perjuicio del instrumento derivado de la caducidad, ellos obtuvieron un provecho indebido”, puntualizándose poco mas adelante que “... a los fenómenos en los que suele ponerse de manifiesto el riguroso formalismo característico de los títulos valores de los que es ejemplo el régimen de prescripción y de caducidad a que están sometidos los recursos de cobro que de dichos documentos emergen, se les priva por el ordenamiento del carácter de justas causas para consolidar desplazamientos patrimoniales no obstante que en su producción haya podido jugar papel de alguna importancia la culpa o la voluntad de la víctima” (se resalta). Vale decir —como mas recientemente se dijera— “existe un régimen especialísimo, consagrado en la misma disposición, que obliga a separarse —en el punto— de la preceptiva general” (Cas. Civ. 30 de julio de 2001. Exp. 6150).

Frente a los anotados criterios, nada queda ya por añadir que no sea el recalcar cómo la acusación no puede abrirse paso en cuanto, para decirlo una vez mas, ya a manera de recopilación, el censor, haciendo abstracción de cualquier otro aspecto de la sentencia, la impugna tan sólo en tanto con que en ella se dio vía libre al enriquecimiento cambiarlo a pesar de la declaratoria de prescripción de la acción cambiaria que fue su génesis, argumento impertinente, ya se sabe, puesto que dicha modalidad extintiva no sólo no empece aquella acción, sino que, al tenor del pertinente precepto, es su eventual aparición en el escenario legal la que justifica la previsión normativa correspondiente.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa. la sentencia de procedencia y fecha preanotadas.

Costas del recurso de casación, a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Notifíquese y devuélvase oportunamente al tribunal de procedencia.

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