Sentencia 70630 de noviembre 27 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado Acta 394

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Con el fin de resolver la problemática jurídica planteada, esta corporación judicial abordará su estudio recordando, en primer lugar, las generalidades de la acción de tutela, para continuar señalado la relación especial que ata al Estado y los internos, hasta descender al caso concreto. Veamos:

Generalidades sobre la acción de tutela

No hay duda alguna que la acción de tutela fue una de las grandes innovaciones del texto fundamental del año 1991, pues a través de ella se buscó garantizar los derechos establecidos en la parte dogmática constitucional, para lo cual desde la misma norma suprema se delineó en forma general su naturaleza y procedibilidad.

Dentro de este contexto, hay que tener presente que “la Constitución Política creó la acción de tutela como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales para dotar a las personas de un mecanismo expedito que posee las siguientes características: subsidiario, porque solo procede si no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo. Inmediato, debido a que su propósito es otorgar sin dilaciones la protección a la que haya lugar. Sencillo, porque no exige conocimientos jurídicos para su ejercicio. Específico, porque se creó como mecanismo especial de protección de los derechos fundamentales y por último, es eficaz, porque siempre exige del juez un pronunciamiento de fondo bien para conceder o bien para negar lo solicitado. Estas condiciones se concretan en la definición de un trámite preferente y sumario”(1).

Como se observa, entonces, no toda pretensión de amparo constitucional sobre los derechos fundamentales tiene en la acción tutela la vía más expedita y segura para su consecución, ya que esta,“...no tiene el propósito de reemplazar el ordenamiento jurídico preexistente, ni el de sustituir los trámites procesales necesarios, según disposiciones legales que a su vez constituyen desarrollo del artículo 29 de la Carta, para alcanzar determinados fines de acuerdo con la naturaleza y contenido de los derechos en juego. La ley ha estatuido las reglas propias de cada juicio”(2).

La relación de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad en los establecimientos de reclusión.

Una de las consecuencias procesales del ejercicio del ius puniendi es la privación de la libertad por parte del enjuiciado en un centro reclusorio, cuando las circunstancias legales así lo permitan, surgiendo de esta forma

“lo que la doctrina y la jurisprudencia constitucional han denominado una relación de especial sujeción, en virtud de la cual, el administrado queda enteramente sometido a la esfera organizativa del Estado, a través del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.

Lo anterior, supone el “nacimiento de un vínculo en el que, de un lado, el recluso se sujeta a las determinaciones que se adopten en relación con las condiciones del centro carcelario o penitenciario respectivo, lo que incluye la restricción en el ejercicio de ciertos derechos, y, del otro, el Estado asume la responsabilidad por la protección y cuidado del interno durante su tiempo de reclusión”(3).

Así las cosas, la Corte ha establecido, a partir de la anterior consideración, una serie de elementos característicos de esta clase de vínculo, que pueden resumirse de la siguiente manera:

(i) El surgimiento de una relación de subordinación entre el interno y el Estado, como consecuencia de su deber de acatar la orden de reclusión emitida por el operador jurídico.

(ii) El sometimiento del recluso a un régimen jurídico especial como principal efecto de la subordinación, lo cual implica el ejercicio de controles disciplinarios y administrativos, al tiempo que la posibilidad de limitar el goce efectivo de derechos, algunos de carácter fundamental.

“Esta última posibilidad, relativa a la restricción de ciertos derechos, debe tener por objeto garantizar los derechos de toda la población carcelaria, como por ejemplo medidas que se adopten para garantizar la disciplina, la seguridad y la salubridad, con miras a lograr su resocialización, como finalidad de la pena”(4).

(iii) La responsabilidad que le asiste al Estado, en su deber de garantizar la protección de los derechos de quienes se encuentran privados de la libertad. Para ello, está obligado a proporcionarles los medios necesarios para vivir en condiciones dignas, a través del suministro de alimentación, habitación en condiciones de higiene y salubridad y el acceso al servicio público de salud, entre otros.

En suma, la restricción o privación de derecho fundamental a la libertad de una persona trae como consecuencia el nacimiento de una relación de especial sujeción frente al Estado, de la cual, surgen un conjunto de derechos y deberes recíprocos, que se fundamentan en el ejercicio de la potestad punitiva, en el cumplimiento de las funciones de la pena y en el respeto por los derechos de la población carcelaria(5)(6).

El caso concreto

En relación con los hechos y pretensiones del libelo, la Sala estima procedente la acción de tutela en estudio, al considerarse que la decisión judicial de declarar extemporánea la impugnación contra el proveído a través del cual se negó la acción de habeas corpus al demandante, desconoce derechos y garantías fundamentales.

Del recuento procesal efectuado por la colegiatura accionada se tiene que:

• El señor Freddy Rivera Rojas presentó habeas corpus el 10 de octubre de 2013, el cual fue negado al día siguiente.

• La notificación personal del proveído desestimatorio se realizó el día viernes 11 de octubre del año en curso y, según informe secretarial, el término para interponer recurso de impugnación contra la decisión prevista en el artículo 30 superior venció en silencio(7).

• El 15 de octubre de 2013 el demandante radicó en la oficina jurídica del establecimiento penitenciario “Las Heliconias” escrito de impugnación contra la providencia que negaba la acción constitucional de habeas corpus, con el fin de obtener el denominado “pase jurídico” como efectivamente sucedió en la fecha en mención.

• La impugnación fue recibida el 16 octubre de la presente anualidad y rechazada, por extemporánea, a través de providencia del 17 del mismo mes y año.

De la anterior sinopsis procesal, prima facie, podría colegirse que la actuación judicial por parte del tribunal accionado se ajusta a lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, con lo cual no se desconocería derecho fundamental, pero tal conclusión es equívoca por lo siguiente:

La Sala no desconoce para nada que el precepto señalado en el acápite anterior, establece que los días son calendarios para impugnar una decisión de habeas corpus, término judicial avalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-187 de 2006 al hacer el control previo y automático del “proyecto de ley estatutaria 284/05 Senado y 229/04 Cámara, ‘Por medio de la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política’ que se convertiría en la hoy Ley 1095 de 2006, pero la labor de quienes administran justicia en el Estado moderno no debe responder a una aplicación mecánica y exegética de las normas, sino que la hermenéutica sobre el discernimiento de las reglas procedimentales no debe desconocer que “las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo(8)”, mejor conocido como principio de instrumentalidad de las formas.

Bajo esta premisa, la Corte considera que la negativa a otorgar el recurso de impugnación contra la decisión adversa de habeas corpus, en el caso sub lite, se encuentra fundada en una paradoja desconocedora del derecho al acceso a la administración de justicia.

En efecto, detállese que el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, faculta a quien considera estar privado injustamente de su libertad a impugnar la decisión negativa de su pedimento, señalando que el recurso debe efectuarse dentro de los tres días siguientes calendario a la notificación del fallo. Pero se pregunta la Corte, ¿qué sucede cuando dicho lapso temporal acaece los días sábado, domingo y lunes festivo, y no están funcionando los despachos judiciales, como sucedió en este caso?(9)

Una solución jurídica al anterior interrogante, sería que como la notificación del fallo de habeas corpus se hace personalmente y no requiere sustentación la impugnación, no se dificulta entonces la doble instancia, pero tal fórmula desconoce que no es obligación del afectado interponer en el acto la alzada, pues para ello la ley le otorga tres días calendario, a lo cual se suma el hecho de que los reclusos deben obtener un visto bueno de la oficina jurídica para todo escrito con alcance jurídico y vocación externa, y muchas veces sucede que dicha dependencia no ejerce sus funciones los fines de semana y días festivos, como ocurre en el establecimiento penitenciario donde está recluido el demandante, haciéndose así nugatoria, en la práctica, el deseo de recurrir la providencia judicial adversa de habeas corpus, lo cual torna en impracticable el derecho constitucional previsto en el artículo 229 superior, por cuanto:

El acceso a la justicia, no puede ser meramente nominal, o simplemente enunciativo, sino que resulta imperativa su efectividad, a fin de asegurar una protección auténtica y real de las garantías y derechos objeto del debate procesal.

Por lo tanto, y de conformidad con el principio de efectividad que se predica de todos los derechos fundamentales, es necesario que el acceso y el procedimiento que lo desarrolla, sea igualmente interpretado a la luz del ordenamiento superior, “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley”(10).

En este orden de ideas, no puede pasar desapercibido que el libelista siempre mostró su deseo de controvertir la providencia desestimatoria de habeas corpus, recuérdese que fue notificado el día vierne11 de octubre de 2013, y los tres días siguientes calendario para impugnar esto es, sábado (12), domingo (13) y lunes festivo (14) coinciden con la no prestación de servicio tanto en la oficina jurídica del centro reclusorio como en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, lo cual generaba una doble dificultad insuperable para el actor, razón por la que su visto bueno denominado “pase jurídico” de salida del escrito impugnatorio solo lo recibió hasta 15 de octubre, día laborable, radicándose por fuera de los días estipulados para concretar la alzada, lo cual se debió a una fuerza mayor como se explicó anteriormente, circunstancia que no puede ser trasladada al administrado en justicia.

Así las cosas, la interpretación sobre el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia obedece al defecto judicial del exceso ritual manifiesto, cuya característica se da cuando:

“...el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial”(11).

En consecuencia, una actuación judicial que es disconforme con nuestro ordenamiento superior, y en especial a sus valores y principios, al privar a una persona de ejercer su derecho de defensa por un exceso ritual manifiesto, torna necesaria la intervención del juez constitucional para remediar dicha anormalidad, ante la no procedencia de recurso judicial ordinario, pues no se puede olvidar que la providencia censurada que declara extemporáneo el recurso de impugnación por parte del demandante es un auto de sustanciación el cual es inatacable y, por ello, para enervar la vulneración al precepto 229 iusfundamental, quebrantado por las razones vertidas en los acápites anteriores, se dispondrá dejar sin efectos jurídicos el auto del 17 de octubre de 2013, por el cual se decidió “NO CONCEDER la impugnación a la providencia que niega el habeas corpus presentada por el señor Fredy Rivera Rojas, por la extemporaneidad en que se presentó el recurso”, para, en su lugar, ordenar que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en un término de dos días contados a partir de la notificación de esta sentencia, estudie el escrito impugnatorio a la providencia en cita.

Finalmente, con el fin de evitar situaciones fácticas como la aquí analizada, y teniendo en cuenta las relaciones especiales de sujeción con el Estado que tienen los internos, además de las determinaciones tomadas para restablecer las garantías constitucionales afectadas al libelista, la Sala estima oportuno hacer un exhorto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, para que, dentro de su órbita de competencia y bajo los criterios legales estimados oportunos, reglamente la asesoría jurídica para los reclusos los fines de semana.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER la protección al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia en forma efectiva a Fredy Rivera Rojas, por las razones expuestas en este proveído.

2. DEJAR sin efectos jurídicos el auto del 17 de octubre de 2013, por el cual se decidió “NO CONCEDER la impugnación a la providencia que niega el habeas corpus presentada por el señor Fredy Rivera Rojas, por la extemporaneidad en que se presentó el recurso”, para, en su lugar, ordenar que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en un término de dos (2) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, estudie el escrito impugnatorio a la providencia en cita.

3. EXHORTAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, para que, dentro de su órbita de competencia y bajo los criterios legales estimados oportunos, reglamente la asesoría jurídica para los reclusos los fines de semana, con el fin de evitar situaciones fácticas como la aquí analizada.

4. NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no fuese impugnada la presente decisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Auto 053 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(2) T-290 de 1993, M.P. José Gregório Hernandez Galindo.

(3) Ver Sentencia T-615 del 23 de junio de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(4) Ver Sentencia T-744 del 19 de octubre de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(5) Artículo 4º de Ley 600 de 2002. “La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”.

(6) T-347 de 2010.

(7) La secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia contabilizó los términos para la alzada el 12, 13 y 14 de octubre de 2013.

(8) C-872 de 2002.

(9) Ver constancia adjunta al expediente.

(10) Sentencia C-227 de 2009.

(11) Sentencia T-268 de 2010.