Sentencia 7069 de septiembre 30 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACTIVIDADES PELIGROSAS

CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Referencia: Expediente Nº 7069

Bogotá, D.C., treinta de septiembre de dos mil dos.

Decídese el recurso extraordinario de casación interpuesto por Víctor José Córdoba Chaverra, en su propio nombre y en representación de sus hijos menores, Luis Alberto y Maritza Córdoba Palacios, Oswaldo Palacios Lozano en su nombre y en representación de sus hijos Belisario y Rosaura Palacios Palacios y Etelvina Palacios contra la sentencia proferida el 20 de enero de 1998 por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, en el proceso ordinario por ellos instaurado contra la Electrificadora del Chocó S.A.

Antecedentes

1. Mediante demanda presentada ante el Juzgado Civil del Circuito de Quibdó, los mencionados demandantes convocaron a un proceso ordinario a la referida entidad demandada, para que se declarara que ésta es “culpable administrativamente” de la muerte de la señora María Criselina Palacios Palacios, por lo que debía ser condenada a pagarle a aquellos la suma de $ 51’840.000, como perjuicios materiales, más 2.000 gramos oro para cada uno de los peticionarios a título de perjuicios morales (fl. 55, cdno. 1).

2. Para sustentar estas pretensiones, se invocaron los hechos que se sintetizan así:

a) En el mes de octubre de 1993, las redes conductoras de energía instaladas por la Electrificadora del Chocó S.A. a lo largo del río Quito, entre Quibdó y el corregimiento de Paimadó, sufrieron un “destemplamiento” de tal magnitud en el lugar denominado “Boca de Pato”, que las líneas que lo atraviesan alcanzaron una distancia de 2.5 metros de altura sobre el nivel del río, que se reducía cuando sus aguas crecían.

b) La junta de acción comunal y el inspector de la intendencia fluvial del río Atrato, pusieron en conocimiento de tal circunstancia a la empresa demandada, advirtiéndola sobre los riesgos que ello implicaba, no obstante lo cual aquella “hizo caso omiso en una actitud negligente para erradicar la situación de peligro” (fl. 47, cdno. 1).

c) El 21 de febrero de 1994, a las 6:30 p.m., estando crecido el río Quito y a poca distancia de las redes, “una descarga eléctrica electrocutó a la señora María Criselina Palacios Palacios” luego de tocar su canalete con la línea mencionada, lo que provocó que cayera al agua, produciéndose su deceso por “asfixia mecánica según certificación médica”. En ese momento, la señora Palacios viajaba en una pequeña embarcación con su menor hijo Luis Alberto, acompañada de otra “champa” conducida por Salomé Palacios, quien fue testigo de los hechos.

d) Sólo después de este suceso, la empresa demandada contrató obreros para arreglar el desperfecto mencionado.

e) La señora María Criselina Palacios había contraído matrimonio con el señor Víctor José Córdoba Chaverra, unión de la cual nacieron Luis Alberto y Maritza Córdoba Palacios, y convivía en unión libre desde hacía más de seis años con el señor Oswaldo Palacios Lozano procreando a Belisario y Rosaura Palacios Palacios.

f) A la fecha de su fallecimiento, la finada tenía 42 años de edad, quedándole 36 años de vida, según las estadísticas del DANE y le sobrevivía su madre María Etelvina Palacios. Como los demandantes carecen de bienes y rentas de capital, sufrieron daños materiales y morales por causa del deceso.

3. Admitida la demanda, de ella se dio traslado a la parte demandada, quien le dio contestación, oponiéndose a las pretensiones.

4. Tramitada la primera instancia, el Juzgado Civil del Circuito de Quibdó, en sentencia del 13 de mayo de 1997, declaró a la empresa demandada civilmente responsable por la muerte de María Criselina Palacios y, por ende, la condenó al pago de perjuicios morales. Las demás pretensiones fueron negadas.

5. Ambas partes apelaron el fallo ante el tribunal, que lo revocó en sentencia del 20 de enero de 1998, para, en su lugar, absolver a la sociedad demandada, lo que motivó que la parte demandante, en su oportunidad, interpusiera el recurso de casación que detiene la atención de la Sala.

La sentencia del tribunal

Tras señalar que, en este caso, existía una presunción de culpa respecto de la sociedad demandada, como quiera que la conducción de energía eléctrica a través de cables aéreos está catalogada como actividad peligrosa, precisó el ad quem que a los demandantes les correspondía “probar el daño y la relación de causalidad entre éste… y el proceder del demandado”, hallando probado el primero con el dictamen del médico forense y el registro civil de defunción de María Criselina Palacios.

A continuación, señaló el sentenciador de segundo grado que “no ocurre lo mismo en relación con la responsabilidad de la Electrificadora del Chocó S.A. de la que se derive la obligación de reparar el daño”, toda vez que según el dictamen CM.96.032 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Chocó, “no existe posibilidad de morir por una lesión de causa externa (como el electrocución (sic) por ejemplo) pues el mismo estado de descomposición del cadáver haría más evidente el diagnóstico” (fl. 32, cdno. 3).

Por tanto, prosiguió el fallador, “al tener en cuenta este dictamen y el inicialmente rendido por el mismo médico forense (fls. 76 del cdno. de pruebas de la parte demandante), es incuestionable que si María Criselina hubiere sido tocada por una línea de conducción eléctrica de alta tensión de 13.200 voltios, directamente o a través del canalete o remo húmedo que usaba, necesariamente su cuerpo hubiese aparecido con quemaduras y con graves señas que deja una electrocución de esta intensidad”, razones que “debilitan y hacen perder credibilidad a las versiones de Luis Alberto Córdoba Palacios, hijo de la occisa y de Salomé Palacios, persona que viajaba en otra embarcación cerca a la de María Criselina, quienes afirman incluso que vieron caer el cable eléctrico sobre ésta”, motivo por el cual concluyó, que “la realidad procesal es que María Criselina falleció por ahogamiento, sin que esté demostrado ni pueda derivarse que su muerte se haya producido directamente por electrocución o por ahogamiento como secuela de la misma” (fl. 33, cdno. 3).

En consecuencia, señaló el tribunal que “al no haberse acreditado la responsabilidad de la demandada … no es posible deducir la relación de causalidad entre el daño y el proceder de la empresa … situación esta que obliga a su absolución, debiéndose por tanto revocar la sentencia apelada” (fls. 33 y 34, cdno. 3).

La demanda de casación

El demandante formuló cuatro cargos contra la sentencia del tribunal, de los cuales solamente fue admitido el tercero, a cuyo estudio se limita la Corte.

Cargo tercero

Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusó la sentencia impugnada de ser violatoria de normas de derecho sustancial, por error de hecho manifiesto en la apreciación de las pruebas.

Luego de transcribir los artículos 37 del Código Penal y 63 del Código Civil, señaló el recurrente que, “a través del oficio 0002, las declaraciones testimoniales de los señores José Agustín Palacios, Antonino Palacios Rodríguez, Jafeth Maturana Mena y Alberto Palacios Mosquera, se encuentra plenamente probado el inminente peligro que la red eléctrica ofrecía”, pruebas que el tribunal no se ocupó de apreciar, sino que, por el contrario, les hizo decir a la señora Salomé Palacios y a Luis Alberto Córdoba, “lo que ellos no dijeron”, pues, a juicio del impugnante, el juzgador sostuvo que “la persona que viajaba en otra embarcación cerca … afirma … que vieron caer el cable eléctrico sobre ésta”, siendo que la declarante Salomé Palacios adujo que cuando “la línea se le vino encima metió el canalete como a estorbar, y en eso la cogió la energía, pegó un grito y la tiró al agua”, línea que estaba “a menos de un metro de altura”, como lo manifestó Luis Alberto Córdoba, quien acotó que, “cuando vimos fue que el alambre de la energía se nos vino encima, trató ella de inclinarse con el canalete y se le vino el alambre encima y metió la mano y allí se fue al agua yo iba en la patilla, también me fui al agua y la señora Salomé me cogió ahí fuimos a llamar a la familia”, porque la línea estaba “a menos de un metro de altura” (fl. 18, cdno. 4).

Más adelante agregó el censor que el error endilgado es manifiesto por cuanto la “detenida revisión del oficio Nº 0002, y las declaraciones testimoniales” mencionadas “permite(n) establecer sin lugar a dudas la relación de causalidad existente entre el aserto de la demanda y el infausto hecho producido en la humanidad de María Criselina Palacios Palacios (q.e.p.d.) por el retardo en erradicar la situación de inminente peligro imputable única y exclusivamente a la demandada (inclusive llenando el vacío de la prueba pericial que el tribunal eludió analizar)” (fl. 19, cdno. 4).

Seguidamente, puntualizó la censura que, en síntesis, “hubo desfiguración del medio probatorio por preterición, y que “... si tales pruebas se hubieren analizado … necesariamente hubiere desembocado en la conclusión de que la demandada era responsable civil extracontractual y patrimonialmente responsable de la muerte de la señora María Criselina Palacios Palacios, ya que ésta no tenía la obligación de soportar la carga pública de tener que estar expuesta a colisionar con una línea eléctrica”.

De allí que el tribunal se hubiere equivocado al considerar que no existía nexo causal, “porque las pruebas relacionadas y sersenadas (sic) … están revestidas de validez … por haber sido aportadas con la demanda, admitidas por el a quo y practicadas durante el proceso”, lo que implica que se quebrantó el artículo 187 del estatuto procesal civil, e indirectamente, por apreciación errónea, “los artículos 63, 1494, 1613, 1614, 1626, 2341 y 2343 del Código Civil, pues por estar demostrado legalmente la culpa y la responsabilidad de la demandada no se podían desconocer las obligaciones e indemnizaciones que le eran dables a la misma” (fls. 19 y 20, cdno. 4).

Consideraciones

1. El tópico de la responsabilidad civil, en la hora de ahora, continúa siendo uno de los más controvertidos, amén que auscultados por la ciencia jurídica, en particular por la jurisprudencia planetaria, la que ha ocupado un papel protagónico en el desarrollo sostenido de dicha disciplina. Tanto así que no resulta inadecuado, una vez más, evocar la precisa, a fuer que diciente aseveración realizada por el profesor Louis Josserand, acogida expresamente por esta corporación en 1937, al tenor de la cual en “… esta materia la verdad de ayer no es la de hoy, y ésta, a su turno, deberá ceder su puesto a la de mañana” (XLV, pág. 420), lo que evidencia, en grado superlativo, su dinamismo y su compromiso con los derechos de la colectividad, ávida de respuestas en éste específico campo del derecho, de suyo enriquecido, como se anunció, merced a labor doctrinaria y —sobre todo— pretoriana.

En la última centuria, el hombre ha entrado en posesión de especializados y refinados conocimientos, detonantes de avances tecnológicos sin par, otrora insospechados, en concreto con antelación a la llamada era del “maquinismo” y la “industrialización”, signada por una actividad fundamentalmente de índole agrícola, pecuaria y artesanal. Empero tal desarrollo, no puede soslayarse, ha ido acompañado de la mano con la floración de un haz de peligros de todo orden, variados y amenazantes, por lo demás, que han conducido a legisladores y a jueces, en general, a adoptar genuinas y justicieras soluciones, acordes con tal evolución (explosión tecnológica), en manera alguna ayuna de relevancia en la esfera jurídica. Muy por el contrario, pletórica en consecuencias (costes del proceso evolutivo).

2. La jurisprudencia de esta corporación, a partir de los fallos proferidos el 14 de marzo, 18 y 31 de mayo de 1938, aludiendo a la necesidad en las sociedades modernas de acompasar la jurisprudencia a las actividades y adelantos del mundo moderno, dio carta de ciudadanía a la conocida responsabilidad civil por actividades peligrosas. Fue así como puntualizó que “… no puede menos que hallarse en nuestro citado artículo 2356 —del Código Civil, se agrega— una presunción de responsabilidad. De donde se sigue que la carga de la prueba, onus probandi, no es del damnificado sino del que causó el daño, con sólo poder este imputarse a su malicia o negligencia” y, que el artículo en mención, “… establece la regla general e invariable de que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Se deduce de la letra y del espíritu de ese precepto que tan sólo se exige que el daño causado fuera de las relaciones contractuales pueda imputarse, para que ese hecho dañoso y su probable imputabilidad al agente contraventor constituya la base o fuente de la obligación respectiva”, e igualmente que “… quien ejercita actividades de ese género es el responsable del daño que por obra de ellas se cause y por lo mismo le incumbe, para exonerarse de esa responsabilidad, demostrar la fuerza mayor, el caso fortuito o la intervención de un elemento extraño que no le sea imputable…” (G.J. Tomo XLVI, págs. 216, 516 y 561).

Aunque el Código Civil patrio, expressis verbis, no define la actividad peligrosa, ni fija pautas o reglas llamadas a desarrollarla o regularla, esta Sala ha tenido oportunidad de precisar que, por tal, debe entenderse la que “…aunque lícita, es de las que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños …” (G.J. CXLII, pág. 173, reiterada en G.J. CCXVI, 504), y más recientemente, la que “… debido a la manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una conducta específica que lleva ínsito el riesgo de producir una lesión o menoscabo, tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que —de ordinario— despliega una persona respecto de otra” (Sent. de octubre 23 de 2001, Exp. 6315).

3. El descubrimiento de la electricidad, sin hesitación de ninguna especie, marcó un hito indeleble en la evolución del hombre, el que se traduce en la actualidad, en un elemento fundamental y necesario, del que depende no sólo la ejecución de un sinnúmero de labores cotidianas, sino también el aprovechamiento y la utilización de la tecnología, lo cual ciertamente era inimaginable en la época en que se redactó el Código Civil patrio (origen decimonónico), en la que la fuerza del hombre y de los animales, eran el motor principal que movía o activaba las industrias, los campos, facilitaba la locomoción, etc.

Sin embargo, más de un siglo después de haberse puesto al servicio del hombre, como inequívoca fuente generatriz de poder —v.gr. lumínico y moviente, entre varios—, existen aún aspectos desconocidos de la energía eléctrica, y otros que son objeto de continua investigación, como la influencia de los campos eléctricos y magnéticos en los seres humanos, concretamente en la generación de determinadas patologías, alteraciones de comportamiento, malformaciones, y efectos en torno a la fertilidad.

Por tal razón, desde la sentencia del 16 de marzo de 1945 (G.J. LVIII, pág. 668), esta Corte, consciente de las numerosas bondades, pero a su turno, de los potenciales e insoslayables peligros —conocidos— que trae consigo la electricidad —o el fluido eléctrico—, determinó que el uso y provisión de la energía en comentario, es una actividad en “grado sumo” peligrosa, y por ello,

“… en cuanto hace a la prueba de la culpa del demandado, es la aludida actividad, por efecto de la naturaleza peligrosa que le es propia, una de aquellas en que opera la consecuencia probatoria práctica de hacer comparecer a dicho demandado en situación de culpabilidad presunta, de forma tal que le basta al actor demostrar que el perjuicio se causó por motivo de la generación, transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica, para que el responsable de estos quehaceres —en el concepto del autor, dueño, empresario o explotador— quede bajo el peso de la ameritada presunción legal, presunción de cuyo efecto indemnizatorio no puede liberarse del todo sino en tanto pruebe el concurso exclusivo de una causa extraña…” (Se resalta, sentencia de 8 de octubre de 1992, CCXIX, pág. 523).

4. En adición a lo señalado —aun cuando íntimamente ligado a ello—, importa tener presente que la responsabilidad civil puede deducirse —o emerger— no sólo a partir de una típica acción (facere), sino también de una omisión (non facere), como quiera que ésta no sólo puede originarse a raíz de la materialización de actuaciones o conductas positivas, sino igualmente por conductas omisivas, hijas de la abstención, de la evitación o de la inercia comportamental, aspecto este denominado en la esfera jusprivatista, como “culpa negativa”, o “culpa por abstención”, o “negligencia por omisión”, o culpa in omittendo, etc., sobre el que la doctrina contemporánea, en prueba de su valía y del interés jurídico que a su alrededor gravita, ha prohijado varios criterios, con el fin de determinar cuándo la omisión o abstención de una persona (natural o jurídica), puede hacerla o tornarla responsable y, por ende, obligada a resarcir o reparar el perjuicio irrogado, tanto de orden patrimonial, como extrapatrimonial, según sea el caso. Incluso en el derecho medieval, específicamente en el marco de las memorables escuelas de los glosadores y de los comentaristas —de la mano de Bartolo de Saxoferrato, principalmente, quien se apoyó en el laborío de algunos exponentes de la Glosa—, el desarrollo de la precitada culpa in omittendo, fue apreciable (comittendo et omittendo simul datur).

Así, por vía de ilustrativo ejemplo, un sector de la doctrina francesa distingue entre “abstención en la acción” y “abstención pura y simple”. Tiene lugar la primera, “…cuando el autor del perjuicio, al entregarse a una actividad particular, se abstiene de adoptar todas las precauciones que serían necesarias para que esa actividad no causara daño a los demás”, y se está en presencia de la segunda, cuando “… la abstención no se relacione con el despliegue de ninguna actividad por parte del demandado. Ya no se le reprocha a este último haber obrado sin adoptar las precauciones necesarias, el haber incurrido en una abstención en la acción; sino solamente el no haber obrado, el haber dejado que se cumpliera un acontecimiento que él no había contribuido a crear” (1).

(1) Henry y Leon Mazeaud y André Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, Ejea, Buenos Aires, Tomo I, Vol. II, págs. 223 y 224;

Desde esta perspectiva, stricto sensu, resulta pertinente y, por contera aconsejable, escindir la simple omisión (pasividad o inercia pura), de la llamada “omisión en la acción”, que entraña un mayor y solidario compromiso o grado de exigencia, en lo tocante con la conducta esperada —o si se prefiere debida, o normalmente exigible, en sentido amplio: debitum iuris—, v.gr. tratándose de un profesional (plus), quien no puede actuar, mutatis mutandis, como un mero, indolente e indiferente espectador. Al fin y al cabo, está conminado a desplegar una conducta responsable, acorde con el servicio a su cargo, por manera que si su inactividad, en el ámbito causal, se traduce en el factor determinante o percutor del perjuicio ulteriormente experimentado (posterius), estará llamado a responder, en línea de principio, salvo que se acredite la presencia o convergencia de una causa extraña, laborío en el que el juez ocupará un rol cualificado (prognósis póstuma). No en vano, se itera, dejó de desarrollar una acción o plexo de acciones, circunstancia que conduce a pregonar, en un plano ontológico, una abstención u omisión en la acción (culpa in omittendo, por oposición a la culpa in faciendo o in comittendo), tal y como se acotó en líneas precedentes, máxime en punto tocante con actividades peligrosas, dueñas de un régimen especial, precisamente por el peligro que entrañan para el conglomerado —in toto o in partis—.

Esta corporación, en sentencia de 12 de abril de 1946, prohijando la tesis que predica la existencia de un deber —de conformidad con una concepción lata— para el potencial responsable, corroboró que

“No solamente la comisión de hechos positivos hace incurrir en culpa, sino que el simple descuido, la negligencia la producen, de acuerdo con el Código Civil. En el derecho moderno, como enseña Josserand, se abre un campo cada día más amplio a la doctrina de que no sólo por hechos activos —como cuando derribamos a un peatón o difamamos al prójimo— se compromete nuestra responsabilidad, sino también por abstención, por la inercia. Ala falta positiva viene a oponerse y agregarse la falta negativa, que consiste en abstenerse de un acto, de una intervención, de una iniciativa que se estiman obligatorios. Podemos pecar por abstención, tanto como por acción; por inactividad, como por agitación” (2) (se resalta).

(2) G.J. LX, pág. 569; Vid. Sentencia de 12 de mayo de 1952 G.J. LXXII, pág. 101.

5. Realizadas las anteriores consideraciones generales, necesarias para el despacho del cargo formulado, se recuerda que el casacionista estimó que el tribunal incurrió en error de hecho al preterir el oficio Nº 0002 y las declaraciones de los señores José A. Antonino Palacios R., Jafeth Maturana M. y Alberto Palacios, y al apreciar los testimonios de Salomé Palacios y Luis Alberto Palacios Córdoba, con los cuales, se “testimonia que a la demandada se le había no sólo advertido del inminente peligro que la red eléctrica ofrecía, sino que se le había solicitado que erradicara ese peligro”, pruebas con las cuales —en su opinión— se demuestra “sin dubitación alguna la relación causal entre el hecho doloso y el daño, elemento estructurante de la culpa” (fl. 18).

6. Delanteramente, en relación con los testimonios de los señores Antonino Palacios Rodríguez, Jafeth Maturana Mena y Alberto Palacios, se evidencia que el error alegado deviene intrascendente, por cuanto tales probanzas, recepcionadas ante la Fiscalía General de la Nación, no fueron ratificadas en el marco del presente proceso, y tal requisito, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, era —y es— necesario para que pudieran ser aducidos en contra de la sociedad demandada y, consecuencialmente, escrutadas y valoradas por los jueces de instancia, circunstancia que conduce al precitado resultado.

A este respecto, tuvo oportunidad de precisar esta Sala, en reciente providencia, que “Ello explica que el Código de Procedimiento Civil, aun antes de la reforma que introdujo el Decreto 2282 de 1989, estableciera que la apreciación en un proceso de ese tipo de declaraciones, esto es, de las que se recibieron con fines judiciales, requiere de su ratificación, como mecanismo indispensable para garantizar, de una parte, el pleno ejercicio del derecho de contradicción, y de la otra, la inmediación del juez del conocimiento en el recaudo del medio de prueba”, y que “… la circunstancia de que esas declaraciones se consignen en un escrito, ello es importante, no transforma el testimonio en prueba documental, en orden a excluirlo de la exigencia de la ratificación, diligencia esta que, tratándose de documentos declarativos emanados de terceros, sólo es necesaria cuando la parte contraria lo solicite (num. 2º, art. 22, D. 2651/91, hoy num. 2º art. 10 L. 446/98). Al fin y al cabo, no puede confundirse el documento como continente, que es una cosa, con las manifestaciones vertidas en él, más precisamente, con el acto documentado, en este caso el testimonio (Sent. 19 de noviembre de 2001, Exp. 6406).

7. En relación con el yerro fáctico imputado al tribunal, por ignorar el denominado oficio Nº 0002, destaca la Sala, que tal documento fechado el 6 de enero de 1994, suscrito por el inspector fluvial de Quibdó, señor Luis Vicente Cuesta Bejarano, y dirigido al gerente de la Electrificadora del Chocó, fue anexado en copia simple con la demanda (fl. 15 cdno. 1), y enviado al juzgado de primera instancia, por la división cuenca fluvial del Atrato del Ministerio de Transporte (fls. 92 y 93 ib.), ante requerimiento hecho en tal sentido.

El documento en cuestión, es del siguiente tenor:

“Con el presente me permito informar a usted, que la semana pasada viajé por el río Quito hasta la población de Villaconte y fuera del cumplimiento de las actividades de mi trabajo puede observar cómo las líneas conductoras del fluido eléctrico hasta los diferentes pueblos de la zona que cruzan el río se encuentran bastantes bajas y estando el río crecido las embarcaciones pasan muy cerca de ellas y en un momento dado se puede presentar un grave accidente al pasar por allí las embarcaciones fluviales.

El poste fijado en la desembocadura del río Pato está próximo a caer y creo que sus líneas son de alta. Por lo anterior me permito comedidamente sugerir al señor gerente, se estudie la posibilidad de colocarle señales a las cuerdas que cruzan el río Quito, las que cruzan el río Atrato próximo a la desembocadura de la yesca y en la desembocadura del río Cabi” (se subraya).

La Sala considera que el contenido del prenotado documento, de suyo elocuente, demuestra que cuarenta y cinco días antes del accidente que relata la demanda, las redes de transmisión de energía que atravesaban el río, se encontraban descolgadas, de manera tal que ellas entrañaban —en las descritas condiciones— una situación de indiscutida peligrosidad, tanto más cuanto que permanecían energizadas —y sin señalización alguna—, a lo que se suma, complementariamente, que el poste fijado en la desembocadura del río Pato, amenazaba ruina.

El valor demostrativo del documento no fue censurado por la demandada, ni fue tampoco tachado de falso dentro de la oportunidad procesal correspondiente, limitándose aquella a manifestar en la contestación de la demanda —pues en el trámite del presente recurso guardó silencio—, que no le constaba “… su entrega ya que no tiene sello de recibido por parte de la oficina de archivo u dependencia donde supuestamente fue entregado por lo que se desprende que no llegó a la electrificadora”, aspecto este, claramente anodino de cara a la fuerza intrínseca del mismo, que por ser público, hace fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que, ex ante, efectuó el funcionario que lo autorizó (CPC, art. 264), que en el asunto sub examine, de manera esclarecida, recrean el cuadro fáctico —de insoslayable peligrosidad— que revestían las redes de transmisión de energía, a lo largo del río Quito, concretamente en los primeros días del año 1994, lo que fue posteriormente reafirmado por los testigos Salomé Palacios y Luis Alberto Córdoba.

8. Téngase en cuenta, además, que la situación de peligro descrita por el inspector fluvial, existía todavía el 21 de febrero de 1994, pues así lo corroboran, en forma clara, como se anticipó, las declaraciones de la señora Salomé Palacios y del joven Luis Alberto Córdoba Palacios, quienes presenciaron, directa y personalmente —de visu— el accidente ocurrido el precitado día.

En efecto, la primera manifestó que

“… nosotros andabamos en pesca, ella (la víctima, aclara la Corte), iba adelante con el hijo y yo iba atrás, ella iba con el hijo Luis Alberto, por ahí como a las 6½ íbamos en su pesca ya no veíamos, en eso se le cayó la línea encima de la luz y en eso a la línea que se le vino encima, metió el canalete como a estorbar y en eso la cogió la energía, pegó un grito y la tiró al agua ella venía en la punta de la canoa y el hijo venía en la patilla, al niño lo cogí y lo lleve para mi casa y allí le avise a un familiar que se había ahogado Criselina… El lugar fue en el dividero de pató con quitó la fecha no me acuerdo… Ayudé a socorrer al hijo por lo que ella de una vez se fue al plan yo me agache y me colé para que el alambre no me fuera a tocar… yo iba en mi champa, ella iba con su hijo y yo iba sola en mi champa”.

La declarante, además manifestó que la víctima “iba sentada” en la nave en que se movilizaba, que las líneas eléctricas se encontraban “a menos de un metro de altura” y que los ríos por donde se trasladaban “… estaban bastante grandes” y que “… Yo iba sola en mi champa, el hijo Luis Alberto se fue al agua y yo lo cogí, lo monté a mi champa y lo llevé a mi casa”.

Por su parte, Luis Alberto Córdoba, hijo de la víctima, testigo de los hechos, declaró que el día del accidente

”… era las 6½ de la tarde, íbamos de pesca, íbamos desembocando al río Quito y entrando al río Pató, en una champa, la señora Salomé, el apellido no lo sé, nosotros íbamos con mi mamá en la champa, ella iba atrás en otra champa, mi mamá iba sentada en la punta de un banco y yo en la patilla, cuando vimos fue que el alambre de la energía se nos vino encima, trato ella de inclinarse con el canalete y se le vino el alambre encima y metió la mano y allí se fue al agua, yo que iba en la patilla también me fui al agua y la señora Salomé me cogió y allí fuimos a llamar a la familia”.

Interrogado también sobre la altura a la que se encontraban las redes de energía eléctrica, manifestó que “a menos de un metro” y también coincidió en afirmar que el río por donde transitaban se encontraba bastante crecido”.

Las declaraciones anteriores, igualmente demuestran, de manera objetiva, a fuer que conteste, que en el curso de su desplazamiento por el aludido río, las dos embarcaciones en las que viajaban la víctima y su hijo, y la declarante Salomé Palacios, respectivamente, se aproximaron tanto a la red de energía eléctrica, que se produjo un contacto y posterior volcamiento de la primera, cayendo al agua sus ocupantes, y el tripulante de la segunda, se vio obligado a agachar su cuerpo para que “no lo tocara el alambre”, que conducía el fluido eléctrico.

9. Según quedó reseñado en líneas que anteceden, particularmente al momento de realizar la síntesis de la sentencia del tribunal —en virtud de la cual se revocó el fallo de primera instancia, y se denegaron las pretensiones contenidas en la demanda—, ésta se apoyó, únicamente, en el dictamen pericial y su complementación, que llevaron a tal corporación, a concluir que si la víctima hubiere muerto electrocutada “… necesariamente su cuerpo hubiese aparecido con quemaduras y con las graves señas que deja una electrocución de esta intensidad”.

Con fundamento en tal consideración, agregó el tribunal, que “…al no haberse acreditado la responsabilidad de la demandada en el insuceso (sic), no es posible deducir la relación de causalidad entre el daño y el proceder de la empresa electrificadora”.

De la confrontación entre la realidad que aflora del documento y de los testimonios antes extractados, a la par que de la conclusión del tribunal, se evidencia que la sentencia dejó de lado, de manera inexplicable, tales pruebas, per se, relevantes, directas y elocuentes para deducir la responsabilidad de la demandada, frente a los hechos y pretensiones contenidos en la demanda.

Es que si en el libelo inicial, se solicitó que se declarara que la demandada “…era culpable administrativamente de la muerte” de la señora María Criselina Palacios Palacios, afirmándose que la responsabilidad de la Electrificadora del Chocó surgía del “…inminente peligro que ofrecían las redes tantas veces mencionadas y descritas, a lo cual hizo caso omiso con clara negligencia e irresponsabilidad” y, consecuencialmente, que se le condenara a indemnizar a los demandantes, la conclusión del tribunal, al tenor de la cual “… la realidad procesal es que María Criselina falleció por ahogamiento, sin que esté demostrado ni pueda derivarse que su muerte se haya producido por electrocución o por ahogamiento como secuela de la misma”, resulta claramente desvirtuada con las pruebas antes mencionadas, además que está en contravía de la lógica y el buen sentido, pues si algo revelan tales probanzas, era no sólo el amenazante peligro que a la sazón existía en la zona, desde los primeros días del año 1994, sino también la conducta omisiva en mención (abstención en la acción), predicable de un profesional en el ramo, la que se erige en el pilar alrededor del cual se encuentran edificadas las pretensiones de la parte demandante, dado que por su condición de tal, debía estar vigilante del estado real de las redes, a través de un monitoreo y seguimiento adecuados, en orden a evitar desenlaces, como el acaecido.

Efectivamente, tales pretensiones no estaban vinculadas, en el plano causal, a la electrocución de la víctima, como lo entendió erróneamente el tribunal, al concluir que no habiéndose probado aquella, la sociedad demandada no era responsable, lo cual trasluce, en forma evidente, que además del descrito yerro fáctico, existió de parte del juzgador una desfiguración de cara a la pretensión formulada por la parte demandante, la que se reitera, simplemente pidió que se declarara a la electrificadora “… culpable administrativamente de la muerte” de María Criselina Palacios.

Así las cosas, si las actividades relacionadas con la conducción, provisión y suministro de energía eléctrica, como antes se señaló, son en “sumo grado” peligrosas —con lo que ello entraña en el ámbito jurídico— y, “Es de elemental prudencia en una empresa de energía eléctrica, siquiera para prestar el servicio regularmente, establecer permanente y esmerada vigilancia sobre los alambres conductores”, ya que sin esa atención “…se está en constante posibilidad de causar daños y, en consecuencia, en la obligación de repararlos, por efecto de error de conducta” (se resalta, XCIX, págs. 124, 125), no puede ponerse en duda que en desarrollo de su actividad, la demandada incurrió en una indiscutible omisión (omisión en la acción), de suyo relevante y comprometedora, justamente por no haber elevado, pudiendo y debiendo haberlo hecho, las redes de transmisión de energía eléctrica que se encontraban descolgadas o corregido de alguna manera esta problemática—, así como reparado el poste que amenazaba ruina y fijado ciertas y estratégicas señales, hechos de los que tuvo conocimiento —o debió haberlo tenido por su mencionada actividad— días antes del accidente y que la obligaban —como profesional especializado en el manejo de tales elementos— a actuar en forma célere, solícita, responsable y diligente, máxime cuando ellas atravesaban un río navegable, que supone su empleo por la comunidad, específicamente la riberana.

No en vano, se itera, la peligrosidad dimanante de la conducción y suministro del fluido eléctrico, es ostensible, según dan cumplida cuenta la ciencia y las máximas de la experiencia y, claro está, in concreto, el acervo probatorio inmerso en el plenario, lo que en sana y consecuente lógica, exigía una actuación más acorde con la tipología de la actividad desplegada por la demandada, esto es hiperactiva, como quiera que sobre ella gravitaba —y gravita—, una especie de deber vigilante, enderezado a auscultar sistemáticamente, como se anticipó, el estado y ubicación de las líneas de conducción de energía, precisamente por su acentuada peligrosidad, de ningún modo despreciable. Lo propio en punto a la cuidadosa y efectiva señalización, encaminada a alertar a la colectividad usuaria.

La Sala observa que si el 21 de febrero de 1994, las redes no hubieren estado “bastante bajas”, particularmente “… a menos de un metro de altura” del nivel de las aguas, tal cual lo relataron, en su orden, el inspector fluvial y los testigos Luis Alberto Córdoba y Salomé Palacios (fls. 16 y 19), tal hecho no habría tenido la influencia causal registrada frente a la caída de la víctima al río en comento, pero habiéndose producido ésta, existe una clara relación causa a efecto entre el accidente y la conducta omisiva de la demandada que, aunada a la presunción derivada de la actividad peligrosa desplegada por aquella que —importa destacarlo—, no fue desvirtuada mediante alguno de los factores de exoneración, hace que no pueda dudarse de su responsabilidad y, en consecuencia, debe tenerse también por acreditada su culpa, con todo lo que ello entraña en un proceso como el que ocupa la atención de la Corte.

Para esta conclusión, no es obstáculo que se haya dejado por fuera de censura la conclusión del tribunal —apoyada en el dictamen pericial— de que la víctima “falleció por ahogamiento”, pues tal hecho afirmado en la demanda que dio inicio al proceso, no excluía, in radice, la responsabilidad que —por su conducta omisiva— le atribuía el demandante.

Con otras palabras, si el demandante afirmó que María Criselina Palacios falleció por asfixia mecánica por sumersión, con apoyo en el acta de necropsia acompañada con la demanda (fl. 30 cdno. 1), tal hecho fue corroborado pericialmente dentro del proceso, y así lo menciona la sentencia acusada, aquel no estaba obligado, en sede de casación, a combatir tal conclusión fáctica, con la que desde luego se encontraba conforme. Su acusación, por el contrario, debía estar dirigida a demostrar el yerro en que había incurrido el sentenciador, al ignorar las pruebas que acreditaban la responsabilidad de la electrificadora en su muerte, acaecida en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, relatadas en el libelo inicial, y al concluir, en forma contraevidente, que la ausencia de prueba de la electrocución de la víctima, se erigía en evidencia de la ausencia de responsabilidad endilgada.

En síntesis, el tribunal ciertamente incurrió en el error de hecho denunciado por el censor, pues las pruebas pasadas por alto o preteridas, tienen la virtud intrínseca de atribuir responsabilidad a la entidad demandada, quien no se ajustó a los precisos cánones que, en el campo de su exigente objeto social, emergen del ordenamiento jurídico y de la propia ciencia o tecnología, identificados con la necesidad de que la prestación de los servicios que entrañen específicos y elevados riesgos para la colectividad, debe ser escrupulosa, tuitiva, vigilante y diligente, en grado sumo, dado que los indiscutidos beneficios que de ella derivan, no sirven de rodela para obviar un comportamiento responsable, en función de la peligrosidad que se suscita, la que no tiene, impunemente, por qué menoscabar, la integridad física, o el patrimonio de sus miembros.

Y también es cierto que, a consecuencia de ese yerro, la sentencia quebrantó los preceptos sustanciales que el recurso enlista, por manera que ello es suficiente para casarla.

No obstante la prosperidad de la censura casacional, la Corte no proferirá el correlativo fallo de reemplazo que correspondería, por cuanto considera pertinente, de oficio, decretar la práctica de las pruebas, que se indicarán en la parte resolutiva de la presente providencia, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 20 de enero de 1998 proferida por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, en el proceso ordinario de la referencia y antes de dictar la sentencia de reemplazo con fundamento en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVE:

1. A fin de acreditar la dependencia económica de los demandantes, se ordena recibir de nuevo declaración a los señores José Agustín Palacios y José Bernabet Palacios Mena, quien complementando su testimonio rendido en este mismo proceso, deberán deponer, entre otros, sobre los siguientes hechos, cuya verificación es indispensable: a) si conocen personalmente, por trato, vista o comunicación a quienes son demandantes en este proceso, vale decir, Víctor José Córdoba Chaverra, y sus hijos Luis Alberto y Maritza Córdoba Palacios, Oswaldo Palacios Lozano y sus hijos Belisario y Rosaura Palacios Palacios y Etelvina Palacios. b) Si saben y les consta dónde y con quién vivía la señora María Criselina Palacios, en la fecha de su fallecimiento. c) Si saben o tienen conocimiento de las actividades a que ellos se dedican, todo ello inclusive antes de ocurrir el fallecimiento de esta última. d) Si saben y le consta que para la fecha de su muerte la víctima les prestaba asistencia económica, debiendo exigirse a los deponentes, en caso de ser afirmativa su respuesta, manifiesten en forma clara y precisa en qué consistía dicha ayuda. Lo anterior, no obsta para que el juez comisionado haga a los testigos las preguntas que considere procedentes.

Para la práctica de estas pruebas, se comisiona al Juzgado Civil del Circuito de Quibdó, Chocó, para que, observando en forma cuidadosa los artículos 227 y 228 del Código de Procedimiento Civil, reciba tales declaraciones, debiendo exigirse a los deponentes, por el funcionario comisionado, que en relación con cada respuesta expresen la razón de la ciencia de su dicho.

En consecuencia, por secretaría, líbrese despacho comisorio, agregando a los insertos de rigor, copia de la demanda y sus anexos, de su contestación, de las declaraciones visibles a folios 75 y 76 del cuaderno número 2 y de esta sentencia, haciéndole saber al destinatario que dispone del término de veinte (20) días, para cumplir la comisión conferida.

2. Decrétase la práctica de un dictamen pericial, a fin de que dos expertos en cálculos actuariales, establezcan el valor del perjuicio propio que para los demandantes, significó la muerte de la señora María Criselina Palacios, debiendo los auxiliares de la justicia, con fundamento en el expediente, tomar en consideración para efectuar la liquidación correspondiente, por lo menos, los siguientes elementos: a) La vida probable de la víctima y la presunta y proyectada supervivencia de los demandantes, factores que, desde luego, deben relacionarse entre sí, con miras a determinar la duración de los períodos indemnizables; b) La asistencia económica, que dadas sus condiciones particulares, habría estado en capacidad de suministrarles María Criselina Palacios desde el 21 de febrero de 1994; c) Sus ingresos, que se estiman en un salario mínimo mensual para la fecha de su muerte y, d) los gastos en que una persona de su condición social podría incurrir en su propio sostenimiento. En los cálculos actuariales correspondientes para todos los períodos indemnizables, deberá quedar incorporada la correspondiente corrección monetaria.

Para que rindan la experticia así ordenada, desígnase a Gustavo Gómez Moreno y Martha Cecilia Porras M., a quienes se les comunicará el nombramiento en la forma señalada por el artículo 9º numeral 8º del Código de Procedimiento Civil, haciéndoles saber que deben tomar posesión del cargo el día quince (15) de octubre del año en curso, a las nueve de la mañana. El término para rendir el dictamen será de veinte (20) días.

No hay lugar a condena en costas por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Nicolás Bechara Simancas—Manuel Ardila Velásquez—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.

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