Sentencia 70709 de febrero 11 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3

Rad.: 70709

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D. C., once de febrero de dos mil catorce

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De conformidad con las disposiciones del artículo 1º, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

Decisión sobre la solicitud de práctica de pruebas

La apoderada judicial del accionante, en el escrito de impugnación, solicitó el decreto y práctica de pruebas con el fin de que se verifique la vulneración de los derechos fundamentales alegada, al respecto la Sala estima que los elementos incorporados al expediente permiten valorar, con suficiencia, los hechos allí expuestos. Por tanto, con fundamento en el artículo 18 del Decreto-Ley 2591 de 1991(15) no se accederá a dicha petición.

Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

En diferentes oportunidades, la Sala ha precisado que el mecanismo mencionado no se encuentra diseñado con miras a reemplazar a las autoridades competentes, de ahí que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante, cuenta con otro medio judicial para invocar la protección de los derechos fundamentales, requisito de procedibilidad que se encuentra estatuido en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

La anterior consideración solo admite, como excepción, la intervención para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, pues de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones estatales, propiciándose, un desborde institucional en perjuicio de la administración de justicia y del Estado social de derecho.

Análisis del caso concreto

Procede la Sala a analizar si la detención del mayor Wilmer Didier García Daza en la carceleta de la unidad de reacción inmediata —URI— de Popayán, dada su condición de miembro activo del Ejército Nacional, constituye una vulneración a sus derechos fundamentales.

Para cumplir con ese objetivo, en estricto orden, se expondrán los hechos constitutivos de la queja constitucional (1) y la normatividad aplicable para la determinación del sitio de reclusión, en los casos de detención preventiva contra miembros de Fuerza Pública (2); en caso de constatarse la vulneración a los derechos fundamentales, denunciada por el accionante, se explorará la existencia un medio de defensa judicial alternativo a la acción de tutela (3) y la posible existencia de una amenaza de un perjuicio irremediable que justifiquen la intervención inmediata del juez constitucional (4). Finalmente, se identificará a la autoridad que vulnera los derechos fundamentales del actor (5) y se determinará la orden judicial que debe emitirse para la protección de sus derechos (6).

1. Revisado el expediente se ha logrado establecer que:

i) El Juzgado Tercero Penal Municipal de Popayán con funciones de Control de Garantías, el 28 de agosto de 2013, envió oficio dirigido al Batallón de ASPC Nº 29 “General Enrique Arboleda Cortes”, consistente en la boleta de encarcelación Nº 40., cuyo contenido reza:

Comedidamente me permito informarle que este despacho judicial en audiencia preliminar realizada en la fecha, dentro de las diligencias radicadas bajo partida 110016000098201200139 NI 12628, por el punible de concierto para delinquir en concurso material heterogéneo con espionaje, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en el centro de guarnición miliar (…) Por lo cual el citado deberá quedar recluido en dichas instalaciones por cuenta del presente asunto(16).

ii) En respuesta, el teniente coronel Álvaro Andrés Calderón Polania, comandante de ese batallón, mediante oficio de 2 de septiembre de 2013 —Radicado Nº 4708 MDN-CGFM-CE-DIV3-BR29-BASPC-29-CDO-AYU— manifestó:

En referencia a la boleta de encarcelación Nº 40 y 42 en contra de Wilder Didier García Daza y Mauricio Leonardo Parrado Enciso, comedidamente me permito informar que de acuerdo a la orden emitida por parte de la dirección de los centros de reclusión militar, estas boletas deben dirigirse a esa dirección con el fin de que ellos den el cupo correspondiente en una guarnición militar.

De igual manera y de acuerdo a lo informado por la misma dirección, el Batallón de ASPC No. 29 es un centro de reclusión de unidad táctica en el cual están recluidos personal (sic) de soldados y actualmente no cuenta con el cupo para las dos personas mencionadas anteriormente(17).

iii) Posteriormente, a través de escrito de 12 de septiembre de 2013, Radicado Nº 20135060572633 – el coronel Gustavo Diaz Tamayo, el director de los centros de reclusión militar Ejército Nacional, comunicó a la autoridad judicial lo siguiente:

Con toda atención y en respuesta a su solicitud de fecha 28 de agosto del año en curso y allegada a esta dirección el día 5 de los corrientes me permito comunicarle que no es posible acceder favorablemente a su petición de otorgarle cupo al señor mayor García Wilmer Didier, identificado con cedula (sic) de ciudadanía Nº 86.054.733, en razón a que en la actualidad los diferentes centros de reclusión militar se encuentran con sobrepoblación(18) —resalta la Sala—.

En resumen, desde hace más de 6 meses el accionante se encuentra recluido en la mencionada carceleta, debido a que el comandante de Batallón José Hilario López de Popayán y el director del Centro Penitenciario San Isirio (sic) de Popayán, se han negado a recibir al interno. El primero pretextando carencia de instalaciones adecuadas para recluir oficiales, determinación respaldada por el director de los centros de reclusión militar Ejército Nacional y el segundo, argumentando que la orden debía cumplirse en guarnición militar, tal y como lo ordenó la juez de control de garantías.

Consta también en el expediente que el procesado padece de problemas de salud, aunque tales dolencias no han sido catalogadas como graves.

2. El artículo 27 de la Ley 65 de 1993(19), señala que la detención preventiva de los miembros de la Fuerza Pública se cumplirá en centros de reclusión establecidos para ellos, y a falta de estos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan. Esa norma fue modificada recientemente por el artículo 19 de la Ley 1709 de 2014 —Reforma del Código Penitenciario y Carcelario— imponiendo a estos procesados el mismo régimen que rige para los detenidos en cárceles ordinarias, pero respecto del sitio de reclusión no introdujo cambios(20):

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos en las instalaciones de la unidad a la que pertenezcan, observando en todo caso el régimen aplicable a los procesados que cumplen la medida de detención preventiva en cárceles ordinarias (…) —resalta la Sala—.

Pese a que la norma solo consagra esas dos posibilidades —reclusión en un centro de reclusión especial y, en su defecto, la unidad militar o policial a la que pertenezca el procesado, la Corte Constitucional aceptó la posibilidad de que la medida intramural se ejecutara en caréceles (sic) ordinarias, pero en patios especiales o pabellones anexos:

(…) todos los miembros de esa institución deben ser remitidos a centros especiales cuando se les decrete la medida de aseguramiento de la detención preventiva. Puesto que la ley no hace excepciones, la conclusión lógica es que las mencionadas disposiciones deben ser aplicadas por igual a todos los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía que se encuentren detenidos preventivamente, independientemente del delito que se les impute.

(…)

No desconoce esta Sala la escasez de centros especiales de reclusión para los miembros de la Fuerza Pública, lo cual ha generado el hacinamiento que se presenta en la cárcel especial de Facatativá al que se refiere el director del Inpec. En esta situación sería ilusorio exigir que todos los agentes detenidos preventivamente fueran alojados en dichos centros. No obstante, la ley obliga a la administración a encontrar soluciones que produzcan los mismos resultados materiales perseguidos con las disposiciones citadas. En este sentido, resulta plausible la decisión de trasladar al agente Lázaro a la Cárcel del Circuito Judicial de Zipaquirá, dentro de un patio especial, en el que se le garantice su seguridad personal(21) —resalta la Sala—.

Debido a esta particular circunstancia se introdujo una alternativa no considerada por el Legislador en el artículo 27 de la Ley 65 de 1993, consistente en encontrar “sustitutos funcionales” que produjeran los mismos resultados de protección que los lugares de reclusión indicados en la norma.

La homologación era posible debido a que, en teoría, se aceptaba que en los pabellones especiales se cumplía con el fin perseguido con el régimen de reclusión especial:

La justicia penal militar constituye una jurisdicción especial y las restricciones que señala el mencionado director tienen por objeto delimitar el tipo de asuntos que le corresponde conocer. La adecuación de las cárceles especiales para los miembros de la fuerza pública, persigue un propósito distinto. Se busca que los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía, en el momento en que sea ordenada su detención preventiva, cumplan con esa medida, como correspondería a todas las personas, pero en condiciones tales que no se coloque en inminente peligro su vida o su integridad física, circunstancia esta que se presentaría si fueran internados junto a aquellas personas que ellos mismos o sus compañeros de actividad contribuyeron a detener o a condenar(22) —resalta la Sala—.

Esa labor interpretativa permitió algunos militares y policías, detenidos, pero no condenados, fueran recluidos en cárceles y penitenciarias ordinarias, aunque en pabellones especiales, en la mayoría de los casos destinados inicialmente para la acogida de funcionarios públicos o personas con alto riesgo de seguridad.

La Sala Penal de esta Corporación(23) se apoyó en la solución excepcional introducida por la Corte Constitucional en la Sentencia T-588 de 1996 y por tanto en los fallos constitucionales CSJ STP44324-2009(24); CSJ STP44793-2009(25); CSJ STP50983-2010(26); CSJ STP51125-2010(27) y CSJ STP54362-2011(28), homologó la detención preventiva de miembros de la Fuerza Pública, efectuada en pabellones especiales anexos a cárceles o penitenciarias ordinarias, con la exigencia normativa consagrada en el artículo 27 del Código Penitenciario.

En todos esos casos, el común denominador fue la solicitud de militares o policías —en calidad de procesados— para que se les trasladara desde una cárcel ordinaria hacia un centro de reclusión especial destinado para los miembros de la Fuerza Pública, en todos ellos la Sala respondió que la autoridad judicial competente o el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según el caso, estaban facultados para disponer la encarcelación en un pabellón especial, pues con ello se cumplía el fin constitucional de protección.

Sin embargo, se destacan los fallos de tutela CSJ STP53481-2011 y CSJ STP65152-2013 en los cuales la Sala se apartó de la tendencia dominante, esta vez con fundamento en la Sentencia T-153 de 1998(29), en la cual la Corte Constitucional declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional en las prisiones”(30):

(…) la Sala que no comparte la argumentación ni la interpretación que de las normas involucradas efectuó el a quo, pues basta con acudir al tenor literal de la disposición normativa para encontrar que cuando se trate de miembros de la Fuerza Pública —como en efecto ocurre en el sub examine—, estos deben ser recluidos en centros especiales con el objetivo de salvaguardar su vida y alejarlos de cualquier peligro que se derive de su actividad militar —resalta la Sala, CSJ STP53481-2011—.

Con todo, no se abandonó por completo la posibilidad de que, en casos excepcionales y debidamente justificados, la detención preventiva pudiera realizarse en un pabellón especial, anexo a una cárcel o penitenciaria ordinaria:

Para el caso, admisible resultaría la postura asumida por el juez constitucional en primera instancia, si se encontrara probada la falta de centros de reclusión especiales para miembros de la Fuerza Pública, situación que de hecho habilitaría la posibilidad de que dichas personas sean confinadas en pabellones especiales de las cárceles diseñadas para infractores comunes.

No obstante, tal presupuesto no se verifica en el sub júdice, pues en manera alguna las autoridades judiciales y penitenciarias demostraron la inexistencia de los plurimencionados centros de reclusión especial o en su defecto, la imposibilidad material de remitir allí al demandante por causas objetivas ajenas al capricho y voluntad de los funcionarios que vigilan su actual privación de la libertad —resalta la Sala, CSJ STP53481-2011—.

Desde esa perspectiva, en el Fallo CSJ STP65152-2013, la Sala ha reivindicado la regla general:

(…) forzoso resulta colegir que, para el caso y con la finalidad de dar una válida interpretación al artículo 27 de la Ley 65 de 1993, el accionante Ramírez Vidal: i) aún no ostenta la condición de condenado pues la sentencia que se dictó en su contra se encuentra surtiendo el recurso de apelación, es decir, aún no se encuentra ejecutoriada; ii) no está cumpliendo pena —así, se reitera, ese tiempo sea eventualmente computado más adelante—; iii) su actual status es el de detenido preventivamente; y iv) su privación de la libertad debe cumplirse en un centro de reclusión establecido para él como miembro de las Fuerzas Militares, o en su defecto, en las instalaciones de la unidad a que pertenezca y no, como tozudamente lo sostienen los demandados, en un pabellón especial del Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Pereira, en el cual, según la ley, se deberán albergar a los sindicados a quienes ya se les hubiera dictado condena —resaltado en el original—.

En concordancia, la autoridad competente —juez de control de garantías o el juez penal militar de control de garantías— debe disponer que la medida de detención preventiva se cumpla en un centro carcelario especial para miembros de la Fuerza Pública y a falta de estos, en las instalaciones de la unidad a la que pertenezca el procesado. Solo en casos excepcionales, una vez expuesta con suficiencia, la falta de cupos y la debida diligencia del Ministerio de Defensa Nacional y de las direcciones de centros de reclusión militar o policial, se puede autorizar la reclusión en un pabellón anexo a una cárcel o penitenciaria ordinaria.

Esa misma razonabilidad que debe tenerla en cuenta el director del Inpec al momento de considerar las solicitudes de traslado. Se insiste, la excepción creada por la Sentencia T-588 de 1996, consistente en homologar “pabellones especiales, en cárceles o penitenciarias ordinarias” con “centros de reclusión especial”, no puede sustituir a la regla general, porque tal situación desborda el marco fáctico que motivó esa decisión constitucional y lo más grave, se pierde el sentido y la eficacia del artículo 27 del Código Penitenciario.

Aclarado lo anterior, se advierte, prima facie, el error de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el fallo de tutela impugnado, pues no cabe duda alguna de la existencia de una orden judicial, expedida por la autoridad competente, cuya finalidad es que el mayor Wilmer Didier García Daza, miembro activo del Ejército Nacional, permanezca bajo detención preventiva en una guarnición militar. Desde ningún punto de vista es posible homologar la carceleta de la URI de Popayán con las especificaciones propias de un centro de reclusión especial para miembros de la Fuerza Pública, así al detenido se le mantenga aislado una celda y sin contacto con el resto de los detenidos.

Tampoco importa que el accionante no haya sufrido amenazas contra su vida o recibido malos tratamientos por parte del personal estatal de la URI o de sus propios compañeros de presidio, como erradamente lo sostuvo el Tribunal, pues la Corte Constitucional ha señalado que la garantía del sitio especial de reclusión a favor de los miembros de la Fuerza Pública, procesados o condenados, es independiente de si el recluso corre o no peligro:

En Sentencia T-680 de 1996, al estudiar el caso de un miembro de la Policía Nacional que se encontraba en detención preventiva en la Cárcel Nacional Modelo y se le negaba el traslado a un centro especial de reclusión porque no había demostrado que su vida corriera peligro al interior del penal, dijo esta corporación: “Para la Corte es claro que basta la sola condición de agente de la Policía Nacional, para tener derecho a un sitio de reclusión especial”. En consecuencia, se concedió el amparo y se ordenó al director del Inpec que la reclusión del peticionario se cumpliera en un sitio que reuniera las condiciones de seguridad contempladas en el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal(31) —resalta la Sala—.

Lo relevante, para el caso, es que el accionante no debe permanecer ni un día más ese sitio de reclusión transitoria, pues, esa realidad es incompatible con la garantía prevista en el artículo 27 de la Ley 65 de 1993 y la jurisprudencia sobre la materia. En esa misma dirección, la supuesta falta de cupos alegada por las autoridades castrenses —la cual a simple vista se observa inmotivada— no es razón suficiente para privar al mayor Wilmer Didier García Daza de un sitio de reclusión que garantice sus derechos fundamentales.

Esa situación vulnera el debido proceso pues, por ley, la ejecución de la detención preventiva debe realizarse en un centro de reclusión especial o, en su defecto, en la unidad militar a la que pertenece el peticionario y no en un sitio diseñado para retener temporalmente a los procesados. Asimismo, se atenta contra sus derechos a la integridad física y dignidad, dado que ese sitio no está habilitado para garantizarle, en forma permanente la protección de su vida y la atención médica que requiere.

3. Constatado lo anterior, la Sala determinará cuáles mecanismos judiciales permiten una solución pronta y eficaz al problema planteado.

Tanto el director de los centros de reclusión militar Ejército Nacional(32) como la juez de control de garantías(33) sostienen que le corresponde al Inpec el traslado del recluso desde la carceleta de la URI hacia un pabellón especial, en una cárcel o penitenciaria ordinaria.

Sin embargo, esa solución es inviable porque debido a la negativa de las autoridades militares de cumplir con la orden judicial, el accionado lleva 6 meses detenido sin que se haya hecho el examen de ingreso y el reporte de su situación carcelaria en el Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (SISIPEC)(34), tal y como lo ordenan los artículos 56 y 61 del Código Penitenciario y 304 de la Ley 906 de 2004.

El Inpec no puede ordenar el traslado como lo sugieren los accionados debido que el recluso no ha sido puesto bajo su responsabilidad y porque, se insiste, la alternativa propuesta debe estar plenamente justificada, una vez que se ha agotado toda posibilidad de que la restricción a su libertad se cumpla en un centro de reclusión especial o en la unidad militar a la que pertenece.

Por otro lado, nótese que el fiscal coordinador de la URI de Popayán ha agotado todas las actuaciones sin éxito alguno:

Esta delegada se enteró por información verbal realizada por el agente de Policía Nacional PT Alirio Delgado, quien está encargado de realizar las remisiones a los diferentes centros carcelarios, de que el señor Wilmer Didier Garcia Daza, no fue recluido en el Batallón José Hilario López, de esta ciudad, debida (sic) a que esta guarnición carece de instalaciones adecuadas para recluir oficiales y que la única carceleta es para soldados con orden judicial, además que el batallón dio a conocer mediante oficio, de estos inconvenientes a la Sra. juez que impuso medida de aseguramiento.

El citado agente, también indicó que hizo las gestiones para que fuera recluido en el Centro Penitenciario San Isirio (sic), pero la respuesta fue negativa, debido a que orden judicial (sic) debía cumplirse en guarnición militar(35).

En ese contexto, todo parece indicar que el accionante se encuentra en un “limbo jurídico”.

No obstante, la irregularidad detectada tiene su causa en el incumplimiento de la orden contendida en la boleta de encarcelación Nº 40, de 28 de agosto de 2013, expedida por la juez tercero penal municipal de Popayán con funciones de control de garantías, en la cual se dispuso la detención preventiva de Wilmer Didier García Daza, en el Batallón de Apoyo y Servicio Para el Combate Nº 29 ASPC y no en cualquier otro lugar. Con lo que el “limbo jurídico” al cual se ha hecho referencia es solo un problema aparente, pues, corresponde a la juez de control de garantías y no al juez de tutela, verificar el cumplimiento de la orden y hacerla cumplir en caso de desacato, como lo ordena el inciso 3º del artículo 10 de la Ley 906 de 2004:

El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos —resalta la Sala—.

Se quebranta el principio de subsidiariedad si, en todos los casos similares a este, el juez de tutela dicta una segunda orden para que se cumpla la expedida por el juez de control de garantías, hecho que además de redundante, complejiza y dilata en el tiempo la protección de los derechos fundamentales.

4. Lo expuesto hasta aquí sería suficiente para negar la protección constitucional deprecada, dada la existencia de otro medio de defensa judicial, de no ser porque sobre la integridad física y dignidad del mayor Wilmer Didier García Daza se cierne la amenaza de un perjuicio irremediable.

Contrario a la afirmación del Tribunal, en el sentido de que el accionante se encuentra “bien” al grado de ser esa “la medida más razonable y beneficiosa” para el accionante pues, del informe presentado por el fiscal coordinador de la URI, se evidencia una realidad totalmente opuesta. Aunque esa autoridad insiste en que el recluso no ha sido expuesto a ningún peligro, nótese que, al mismo tiempo, reporta algunas situaciones que son totalmente incompatibles con su condición de militar activo y su estado de salud:

En cuanto al hacinamiento de la carceleta de la URI, es cierto, aunque ha ido reduciéndose el número de personas, al punto de inicialmente llegó a tener sesenta y nueve (69) personas y en la actualidad a fecha de 13 de diciembre de 2013 existen treinta y cinco (35).

(…) si bien se ha tenido personal vinculado con guerrilla, no se ha presentado contacto con el accionante y acompañante de cuarto, ya que esta clase de personas de fuerzas al maren (sic) de la ley son remitidos casi de inmediato al centro carcelario, dándoseles prioridad pro dicha (sic) condiciones y la posibilidad de fuga.

La fiscalía URI, le ha prestado colaboración a la autoridad que ordeno (sic) su detención al accionante (sic) en una guarnición militar, toda vez que esta reclusión es transitoria, situación que sale de las manos del suscrito, ya que el accionante no está siendo investigado por la URI, no realizó ni ordenó orden (sic) de captura, no realizó las audiencias concentradas, no puede realizar peticiones ante los jueces respectivos ya que no es titular de la investigación, además su traslado depende del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional ya que ellos son los únicos que pueden señalar el sitio definido de reclusión del oficial.

En lo que respecta a su estado de salud, cuando ha requerido atención médica, ha sido trasladado hasta el dispensario del Ejército para su atención médica y si se observa detenidamente de los manifestado por el apoderado del accionante, los problemas de salud que presente este son relacionados con glicemia basal y dificultad respiratoria por una infección bronquial, los cuales han sido tratados por médicos del batallón.

Debo dejar en claro que las carceletas de la URI son lugares adecuados para la retención transitoria de las personas capturadas, ya por captura en flagrancia, o ya por orden judicial, y el término máximo que se tiene una persona (sic) es de cuatro (4) días, cuando se presentan problemas de identificación ya que no es admitido en el centro carcelario mientras no se cuente con el respectivo documento que lo identifique.

(…)

considera el suscrito que si bien se encuentran recluidos en un lugar que no es adecuado para mantener tanto tiempo a una persona y mucho menos en estado de hacinamiento, su estadía no es de tal riesgo que pueda generar un daño irreversible tanto en la salud como en la vida del accionante, por las medidas tomadas de seguridad como de atención médica; mas si (sic) es imprescindible que la reclusión, por su calidad de integrantes del Ejército, sea en un lugar distingo, tal como se ha ordenado por parte de un juez de control de garantías(36).

Resumiendo, pese a que no ha ocurrido ningún hecho infortunado contra el accionante en los 6 meses que este lleva detenido, no cabe duda que: a) se encuentra recluido en un sitio diseñado para una permanencia no superior a 4 días; b) padece quebrantos de salud y no se cuenta con las condiciones básicas para la atención de una urgencia médica; c) esporádicamente el nivel de hacinamiento aumenta a casi el doble, con la inclusión de algunos detenidos con nivel de peligrosidad considerable y d) no está bajo la responsabilidad del organismo que efectuó la aprehensión ni de la autoridad penitenciaria —artículo 304 de la Ley 906 de 2004.

Esas consideraciones son suficientes para concluir que el mayor Wilmer Didier García Daza se encuentra en un precario estado de sujeción estatal incompatible con sus derechos fundamentales y contrario a lo dispuesto en el artículo 27 del Código Penitenciario. Esa situación, por sí sola, constituye una amenaza de perjuicio irremediable que amerita la intervención inmediata del juez de tutela.

5. La vulneración de derechos fundamentales detectada es producto del desacato a la orden judicial contenida en la boleta de encarcelación Nº 40, de 28 de agosto de 2013, expedida por la juez tercero penal municipal de Popayán con funciones de control de garantías, en la que habrían incurrido el teniente coronel Álvaro Andrés Calderón Polania, comandante del Batallón de ASPC Nº 29 “General Enrique Arboleda Cortes” y el coronel Gustavo Díaz Tamayo, director de los centros de reclusión militar Ejército Nacional.

Los mencionados funcionarios entendieron, erradamente, que la orden de encarcelamiento era una petición que no constituía un mandato de forzoso cumplimiento, la cual podía eludirse solicitando, a su vez, a la autoridad judicial el cambio de sitio de reclusión. No se observa en ninguno de los oficios enviados a la juez o en los informes allegados a este trámite, un solo motivo de fuerza mayor o razón apremiante que les impidiera cumplir con lo ordenado.

Sin perjuicio de la decisión que se tome más adelante, se les exhortará para que en lo sucesivo cumplan las órdenes judiciales pues, ellas no son peticiones, solicitudes, suplicas, favores, encargos, recomendaciones, ruegos o deseos que los otros funcionarios estatales y particulares puedan obviar sin mayor justificación. Nótese, si el argumento del hacinamiento o falta de cupo nunca ha sido excusa suficiente para que el Inpec se abstenga de recibir a los internos, entonces tampoco puede ser una justificación aceptable que se le deba permitir a los accionados.

6. Para la Sala, la intervención del juez de tutela es necesaria a fin de conjurar, a la mayor brevedad posible, la amenaza de prejuicio irremediable que se cierne sobre el accionante, y por tanto, se ordenará el cumplimiento inmediato de la orden de encarcelamiento y se compulsará copias disciplinarias a la oficina de oficina de (sic) control disciplinario interno del Ministerio de Defensa y penales a la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, se ordenará a la juez tercero penal municipal de Popayán, con funciones de control de garantías, que haga uso de sus facultades legales con el fin de hacer cumplir la orden judicial de encarcelamiento antes referida. Aclarándosele que el desacato, o el fraude a la decisión judicial, por parte de los accionados, en principio, no requiere de una nueva intervención del juez de tutela.

Por último, con el fin de acelerar la ejecución de la presente decisión, se solicitará al fiscal primero seccional URI Popayán que, de inmediato, disponga el traslado del mayor Wilmer Didier García Daza al Batallón de ASPC Nº 29 “General Enrique Arboleda Cortes”.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Acciones de Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR el fallo impugnado.

AMPARAR los derechos fundamentas al debido proceso, vida digna e integridad física de Wilmer Didier García Daza.

ORDENAR al teniente coronel Álvaro Andrés Calderón Polania, comandante del Batallón de ASPC Nº 29 “General Enrique Arboleda Cortes” que acate la orden judicial puesta de manifiesto en la boleta de encarcelación Nº 40, de 28 de agosto de 2013, expedida por la juez tercero penal municipal de Popayán con funciones de control de garantías.

ORDENAR al coronel Gustavo Díaz Tamayo, director de los centros de reclusión militar Ejército Nacional que dentro de las 48 horas siguientes a la reclusión del mayor Wilmer Didier García Daza, autorice su traslado a un centro de reclusión especial para miembros de la Fuerza Pública acorde con el rango militar, riesgo de seguridad y la condición de salud del amparado.

ORDENAR a la juez tercero penal municipal de Popayán, con funciones de control de garantías de Popayán (sic), que haga uso de sus facultades legales con el fin de hacer cumplir la orden judicial de encarcelamiento antes referida. Aclarándosele que el incumplimiento, o el fraude a la decisión judicial por parte de los accionados, en principio, no requiere de la intervención del juez de tutela.

SOLICITAR al fiscal primero seccional URI Popayán que, de inmediato, disponga el traslado del mayor Wilmer Didier García Daza al Batallón de ASPC Nº 29 “General Enrique Arboleda Cortes”.

COMPULSAR copias disciplinarias a la oficina de control disciplinario interno del Ministerio de Defensa y penales a la Fiscalía General de la Nación.

ENVIAR copia de esta sentencia a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase».

(15) “El juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho” —resalta la Sala—.

(16) Fl. 9.

(17) Fl. 10.

(18) Fl. 38.

(19) “Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan.

La organización y administración de dichos centros se regirán por normas especiales.

En caso de condena, el sindicado pasará a la respectiva penitenciaría en la cual habrá pabellones especiales para estos infractores” —resalta la Sala—.

(20) No se aborda la discusión respecto del inciso segundo de ese artículo por ser un tema ajeno al problema planteado. Sin embargo, prima facie, todo indica que se produjo un cambio en cuanto al sitio de reclusión para los miembros de la Fuerza Pública condenados. La norma anterior indicaba que los reclusos, en firme la condenada, debían ser trasladados a una penitenciaria ordinaria, y recluidos en un pabellón especial, la reforma, en cambio señala: “La condena la cumplirán en centros penitenciarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública”.

(21) Sentencia T-588 de 1996, Corte Constitucional.

(22) Ibídem.

(23) Se excluyen de la revisión jurisprudencial todos los casos en los que la protección fue negada por carencia de un requisito de procedibilidad y el juez constitucional no se pronunció sobre el asunto debatido. También fueron excluidos los casos donde se discutía el sitio de reclusión para los miembros de la Fuerza Pública condenados.

(24) “(…) esta célula avala el criterio del a quo según el cual, entre la escogencia entre un pabellón o patio especial dentro de una cárcel común o un establecimiento especial para los miembros de la fuerza pública, resulta más efectivo este último para la obtención de la referida protección, sin que ello implique que en todos los casos deba ser así, puesto que si se obtiene de otras maneras el propósito proteccionista nada impide que el mismo se consolide por las autoridades penitenciarias” —resalta la Sala—.

(25) “(…) aparece que la administración ha encontrado soluciones que producen los mismos resultados materiales perseguidos con las disposiciones citadas, porque previamente constató que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega sería trasladado a la Penitenciaría “La Picota” de esta ciudad a un patio especial, en el que se le salvaguarde su integridad personal, habiéndose reforzado las medidas de seguridad en virtud de algunas amenazas proferidas en su contra, a lo cual debe agregarse que se ha garantizado la prestación de los servicios médicos que requiere para el manejo de sus dolencias, que valga decir, no revisten la gravedad que alega el accionante al punto que haga forzosa su reclusión en un lugar diferente al que le fuera trasladado” —resalta la Sala—.

(26) “(…) resulta claro que si bien el actor merece una protección especial, al punto que hasta la fecha del anuncio del fallo estuvo detenido preventivamente en la Unidad Militar Nº 29 del Batallón José Hilario López, también lo es, que aquellas también se satisfacen en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Popayán al cual fue traslado y en el que existe el pabellón especial para este tipo de eventos; de manera que no resulta desproporcionada la medida adoptada” —resalta la Sala—. Ese mismo argumento se encuentra en los fallos CSJ STP50984-2010; CSJ STP51042-2010;

(27) “(…) la administración ha encontrado soluciones que producen los mismos resultados materiales perseguidos con las disposiciones citadas, porque previamente constató que la Penitenciaría “La Picota” de esta ciudad cuenta con patio especial, en el que se le salvaguarde su integridad personal”.

(28) “(...) aunque no se desconoce que la ley ha consagrado el deber estatal de disponer de centros especiales de reclusión para los miembros de la fuerza pública a efectos de preservar su seguridad e integridad personal, de lo documentado en el presente asunto se advierte que las accionadas adujeron motivos razonables para disponer el traslado de Carlos Andrés Lora Cabrales del centro de reclusión militar de Tolemaida al Establecimiento Penitenciario La Picota de Bogotá, los que hasta ahora no han sido desvirtuados, sin que pueda afirmarse que tal determinación ha comprometido sus garantías fundamentales en los términos que se ha planteado en la demanda y, en cambio, aparece que, autorizados como lo están por el artículo 27 de la Ley 65 de 1993, procedieron a reubicarlo en un centro penitenciario que cuenta con patio especial donde en principio hay que asumir que están a salvo su vida e integridad personal. Pero si surgieren elementos de juicio que hagan presumir un peligro actual o inminente, existe la posibilidad de solicitar el traslado conforme a lo previsto en el artículo 75.6 del Código Penitenciario y Carcelario” —resalta la Sala—.

(29) “La disposición que ordena la separación de los internos por razones de sexo y de edad es acatada. Sin embargo, las que determinan que los miembros de la Fuerza Pública serán recluidos, para efectos de la detención preventiva, en establecimientos especiales es vulnerada en forma manifiesta. Igual ocurre con la separación de los sindicados y los condenados. Como ya se ha señalado, este incumplimiento de la ley entraña una grave amenaza para los derechos a la vida y la integridad personal de los miembros de la Fuerza Pública detenidos. Por eso, la Corte ordenará que estos internos sean trasladados, en un plazo no mayor de tres meses a la notificación de esta sentencia, a establecimientos especiales, tal como lo dispone la ley, independientemente del delito que hayan cometido” —resalta la Sala—.

(30) La Corte Constitucional analizó las condiciones en que se encuentran albergados los reclusos de las cárceles nacionales Modelo, de Bogotá, y Bellavista, de Medellín

(31) Sentencia T-328 de 2012. Corte Constitucional.

(32) “Frente a la boleta de encarcelación de fecha 28 de agosto de 2013, que anexa el accionante me permito informarle Honorable Magistrado que la misma fue resuelta mediante Radicado Nº 20135060572633 de fecha 12 de septiembre de 2013, en la cual se le comunico (sic) no era posible acceder favorablemente a la petición debido a que en la actualidad en los diferentes centros de reclusión militar se encuentra con sobrepoblación, por consiguiente el Inpec es el encargado de ubicar el centro de reclusión” Fl. 35.

(33) “En relación al hacinamiento que actualmente se presenta en la URI y la carencia de cupos tanto en las cárceles ordinarias como en los centros de reclusión militar (…) una vez impuesta la medida de aseguramiento, la competencia sobre el cumplimiento y vigilancia de la misma, recae en el Inpec, entidad que ante la imposibilidad de recluirlo en un centro militar, puede buscarle otra ubicación, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 304 del código de procedimiento penal (…)” Fls. 97-98.

(34) “De la lectura de los hechos se puede evidenciar que no es el Inpec, la institución que pueda resolver la situación del señor interno Wilmer Didier García Daza, toda vez que no ha sido entregado a buen recaudo, y por consiguiente no ha ingresado de alta a los sistemas existentes para la población reclusa”. Informe presentado por el capitán Oscar Leonardo Cardenas Cardenas, director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario EPAMSCAS de Popayán. Fl. 96.

(35) Fl. 39.

(36) Fl. 101.