Sentencia 70747 de noviembre 28 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado Acta 399

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil trece.

Vistos:

Resuelve la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela instaurada por Freider Mauricio Castro Cortés contra las Salas de Decisión Penal de los Tribunales Superiores de Cali y Popayán, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y los Juzgados Tercero y Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán y Cali, respectivamente.

Antecedentes y fundamentos de la acción:

1. De la información que reposa en la presente actuación, se pudo establecer que por hechos acaecidos el 3 mayo de 2005, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali-Valle, previo procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, profirió el 17 de enero de 2006, sentencia condenatoria contra Freider Mauricio Castro Cortés, consistente en treinta y tres (33) años y diez (10) meses de prisión, al hallarlo penalmente responsable de los punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Al momento de determinar la punibilidad, el juez dio aplicación a los incrementos contenidos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

2. La anterior decisión fue objeto de apelación por la defensa del procesado en relación exclusiva con la valoración probatoria, no obstante fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 26 de octubre de 2006.

3. Freider Mauricio Castro Cortés elevó solicitud de redosificación punitiva ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, por considerar que no podía el juez fallador aplicar los incrementos punitivos de la Ley 890 de 2004, toda vez que el sistema acusatorio entró a regir en Cali, a partir del 1º de enero de 2006 y los hechos por los que resultó condenado fueron cometidos con anterioridad.

4. Pese los argumentos expuesto, la solicitud fue resuelta de manera desfavorable, mediante decisión de fecha 24 de diciembre de 2010 y confirmada por el 8 de julio de 2011, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, no obstante advertir que:

“Así las cosas y dado que la tesis jurídica de no aplicar los incrementos punitivos de la Ley 890 de 2004, en distritos judiciales en los que aún operaba la Ley 600 de 2000, es de origen jurisprudencial, no legal, para la Sala, no es posible a la luz del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, que el Juez de Penas modifique la sentencia judicial, porque la favorabilidad proviene de una subregla que no de la ley.(sic)

Para la Sala, la solución a tamaño error judicial le compete al Juez Constitucional; a través de la tutela, como alcance excepcional y restrictivo, porque la decisión judicial en punto de la dosificación punitiva descansa o se sustenta en disposición inaplicable de la Ley 890 de 2004, artículo 14, porque la misma era incompatible para los hechos juzgados a través de la Ley 600 de 2000; ya que la Ley 890 de 2004, es legislación complementaria de la Ley 906 de 2004.

La pena impuesta a ese hecho judicializado en vigencia de la Ley 600, por tanto convalidó una desproporción punitiva, porque rompió con el principio de equidad, que la Carta Política expresa en sus principios de justicia, igualdad y dignidad, en tanto no se atendió los límites fijados por el constituyente”.

5. Conforme la directriz anterior Freider Mauricio Castro Cortes, acudió a la acción de tutela contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, cuestionando no solo el proveído que denegó la redosificación punitiva por inaplicabilidad de la Ley 890 de 2004, sino igualmente el que negó la rebaja del 10% de pena que contemplaba el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.

6. De la anterior, acción conoció en primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, que mediante sentencia de fecha 6 de febrero de 2013, negó por improcedente el amparo, al encontrar ausente los requisitos de inmediatez, además de no haber intentado los recursos contra la decisión que negó la rebaja de la Ley 975 de 2005. La anterior decisión fue recurrida y confirmada por esta corporación, en una Sala de Decisión de Tutelas, el 30 de mayo de 2013, no sin antes advertir que la petición de redosificación punitiva debía elevarla ante el juez de conocimiento.

7. Conforme lo señalado, el accionante elevó la petición al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali, que a través de oficio 3625 del 10 de septiembre de 2013, le informó que por competencia debía resolver el asunto, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, despacho que actualmente vigilaba la sanción.

8. Por su parte el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, se abstuvo de impartir estudio a la solicitud de redosificación, por considerar que la misma ya había sido objeto de análisis por el Juzgado homólogo de Popayán, decisión confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, igualmente le indicó:

“que puede acudir a la acción de revisión, donde podrá revisarse el fallo emitido en su contra, debiendo cumplir con los requisitos previstos por el legislador para este camino jurídico, sugiriéndose que busque asesoría de un abogado de confianza y en caso de que no cuenta con medios económicos se contacte con profesionales del derecho adscritos a la Defensoría Pública”.

9. En vista de lo anterior, Freider Mauricio Castro Cortés, acude directamente al juez de tutela en procura de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, porque considera que las autoridades en forma caprichosa se niegan a realizar la redosificación punitiva relacionada tanto a la inaplicabilidad de la Ley 890 de 2004, como lo relacionado a la rebaja que contemplaba el artículo 70 de la Ley 975 de 2005. Solicita en consecuencia “se corrija la desproporción punitiva”.

Trámite de la acción:

1. Esta Sala de Decisión Penal de Tutelas asumió el conocimiento del asunto, comunicó lo pertinente a las autoridades accionadas y vinculó a los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que ponga fin a la solicitud de amparo elevada por Freider Mauricio Castro Cortés.

2. El doctor Orlando de Jesús Pérez Bedoya, magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Popayán, afirmó que se atenía a los fundamentos explícitos contenidos en la decisión proferida el 8 de julio de 2011.

3. Se pronunció igualmente el doctor Juan Manuel Tello Sánchez, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, que para los fines pertinentes adjunto copia del fallo de segunda instancia.

Consideraciones de la Sala:

1. Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales, o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.

2. Hecho el reconocimiento de que la acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales y únicamente cuando la decisión del juez implica la vulneración grave del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia constitucional también ha resaltado la necesidad de que las deficiencias procesales se resuelvan en el contexto natural de los procesos judiciales regulares porque todos ellos están adecuadamente dotados de mecanismos que permiten a las partes e intervinientes reclamar en su interior los errores que allí puedan producirse.

3. Es indiscutible que la solicitud de amparo constitucional presentada por Freider Mauricio Castro Cortés, se encamina a que se ordene a las autoridades accionadas, corregir la dosificación de la pena efectuada en el proceso en el que resultó condenado como autor de los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, porque al momento de tasar la misma se apartaron de las previsiones establecidas por la jurisprudencia de esta Corporación. Igualmente pretende se le favorezca con la rebaja de pena contemplada en la Ley 975 de 2005.

4. En atención a que la solicitud de amparo se orienta a obtener la remoción de la cosa juzgada de la cual se encuentra investido el fallo condenatorio proferido en contra del actor, necesario es precisar que mediante la sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, tornando improcedente dirigir esta acción contra sentencias o providencias que pongan término a un trámite judicial porque sus especiales características de subsidiariedad y residualidad impiden que pueda ser ejercitada como mecanismo para conseguir la intervención del juez de tutela con el fin de derribar la res iudicata que aquéllas adquieren, cometido que desnaturaliza su esencia y agrede postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcional que rigen la actividad de los servidores judiciales de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 228 superior.

5. No obstante, este postulado general encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y ostensible contradicción con la Constitución Política o la ley, en cuanto resultado de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, constituyan verdaderas vías de hecho, ahora denominados requisitos de procedencia y procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales(1), que conculquen o amenacen los derechos fundamentales de la accionante frente a las cuales no disponga de otro medio judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos la protección resulta imprescindible para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

6. La jurisprudencia de esta Sala de Casación, acogiendo directrices trazadas por la Corte Constitucional, ha admitido la viabilidad de la tutela cuando se compruebe que la decisión reprochada adolece de algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error inducido, o carece por completo de motivación, desconoce el precedente o viola directamente la Constitución; y siempre que se confirmen los requisitos genéricos de procedibilidad que habilitan su interposición, esto es:

i) Que el asunto discutido resulte de relevancia constitucional y afecte derechos fundamentales; ii) que el interesado haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; iii) que se esté ante un perjuicio iusfundamental irremediable; iv) que la demanda se presente dentro de un término razonable, oportuno y justo (principio de inmediatez); v) que se trate de una irregularidad procesal, y la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora; vi) que se identifiquen de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados, y esa violación haya sido alegada dentro del proceso, siempre que hubiese sido posible; y vii) que no se trate de sentencias de tutela(2).

7. Precisa este cuerpo decisorio que si bien es cierto para suplir la falencia puesta de presente al juez de tutela, en cuanto a la inaplicabilidad del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 al momento de realizar la dosificación punitiva, el actor debió interponer y sustentar en su oportunidad el recurso extraordinario de casación, estima la Sala que dada la especial naturaleza protectora de este instituto constitucional y advirtiendo que eventualmente puede haberse violado el derecho fundamental a la legalidad de la pena del sentenciado, resulta imperativo acometer el estudio de la solicitud de amparo tal como ha sido precisado en otras oportunidades por esta corporación(3).

Además, el actor no pretende atacar los efectos del fallo de condena proferida en su contra, sino que frente al grave quebranto de sus derechos fundamentales con implicaciones en la privación de su libertad, demanda que se establezca y dosifique la pena de conformidad con los preceptos legales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos.

8. Revisado el contenido de la providencia dictada el 26 de octubre de 2006 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, que confirmó la sentencia proferida el 17 de enero de 2006, por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de esa ciudad, esta Corporación advierte que las decisiones señaladas en efecto vulneraron al actor el derecho al debido proceso, al establecerse que se incurrió en una causal de procedibilidad de la acción de tutela —defecto material o sustantivo(4)—, toda vez que las autoridades accionadas, al momento de dosificar la pena aplicaron los incrementos punitivos contemplados en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, cuando de acuerdo al estudio de los antecedes legislativos de dicha normatividad (proyecto de Ley 251 de 2004 en Cámara y 1 de 2003 en el Senado), se estableció exclusivamente en virtud de los mecanismos de negociación y preacuerdos del nuevo sistema acusatorio, con el fin de permitir “un margen de maniobra a la Fiscalía” e imponer pena que “guarden proporción con la gravedad de los hechos”, significa lo anterior, que el incremento generalizado de penas dispuesto por la norma —artículo 14 de la Ley 890 de 2004—, estaba supeditado a que en el respectivo Distrito Judicial, hubiera entrado a operar el sistema penal acusatorio, según lo establecido por el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, por ejemplo a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira, en tanto que desde el 1º de enero de 2006 en los que correspondía entre otros a Cali, sin embargo en el caso objeto de estudio los hechos que originaron la investigación tuvieron ocurrencia el 3 de mayo de 2005 y el rito que se adelantó era el contemplado en la Ley 600 de 2000, por lo que no era procedente su imposición.

11. En efecto: no se requiere de mayores disquisiciones para advertir el yerro del tribunal accionado pues incluso para la fecha de la sentencia de segunda instancia —26 de octubre de 2006—, ya esta corporación se había pronunciado sobre el tema:(5)

“Conclusión a la cual llegó la Sala mayoritariamente(6) luego de verificar que en el trámite previo a la aprobación y sanción de la referida ley se precisó lo siguiente:

i) “Atendiendo los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé mecanismos de negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la administración de justicia y los acusados, se modifican las penas...”(7) (subrayas fuera de texto).

ii) “La razón que sustenta tales incrementos (de las penas establecidas en la Ley 599 de 2000, se aclara) está ligada con la adopción de un sistema de rebaja de penas, materia regulada en el Código de Procedimiento Penal, que surge como resultado de la implementación de mecanismos de ‘colaboración’ con la justicia que permitan el desarrollo eficaz de las investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada y, al mismo tiempo, aseguren la imposición de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que se castigan”(8) (subrayas fuera de texto).

iii) “El primer grupo de normas (aquellas relativas a la dosificación de la pena, se aclara), está ligado a las disposiciones del estatuto procesal penal (Ley 906 de 2004, se precisa) de rebaja de penas y colaboración con la justicia, que le permitan un adecuado margen de maniobra a la Fiscalía, de modo que las sanciones que finalmente se impongan guarden proporción con la gravedad de los hechos, y a la articulación de las normas sustantivas con la nueva estructura del proceso penal(9) (subrayas fuera de texto).

iv) “Teniendo en cuenta que se hace necesario ajustar las disposiciones del Código Penal a los requerimientos que implica la adopción y puesta en marcha del sistema acusatorio, solicitamos a la Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al proyecto de ley número 251 de 2004 Cámara, 01 de 2003 Senado”(10) (subrayas fuera de texto).

v) “El actual proyecto de ley, insisto hasta la saciedad, únicamente tiene una justificación y una explicación: permitir poner en funcionamiento el Código de Procedimiento Penal, que se convertirá en ley de la república y que fue expedido por esta corporación”(11) (subrayas fuera de texto).

vi) “Lo que hay que modificar son algunos artículos del código, en razón a que como entra a operar el sistema acusatorio será necesario aumentar algunas penas para que haya margen de negociación, porque de lo contrario la sociedad se vería burlada con base en las rebajas que pueda hacer el fiscal”(12).

De lo anterior se infiere, sin dificultad alguna, que por voluntad del legislador, el incremento general de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 encuentra su razón de ser en la dinámica propia del sistema acusatorio (L. 906/2004), por manera que en aquellos distritos judiciales en los cuales aún no se ha implantado el referido sistema procesal para efecto de establecer la procedencia del recurso es necesario tener en cuenta los extremos punitivos establecidos en la Ley 599 de 2000”(13).

En este orden, es manifiesto el error del juzgador de primer grado, corroborado por el tribunal, al tener en cuenta tal incremento punitivo, con lo cual aplicó indebidamente el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 en clara vulneración del derecho fundamental de legalidad de la pena, circunstancia que impone, como lo depreca el demandante, que el juzgador de primer grado proceda a redosificar la pena de prisión impuesta de acuerdo a lo señalado.

12. La anterior situación, deja en evidencia la vulneración al derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política que establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, precepto que consagra el principio de legalidad de los delitos y las penas que protege la libertad individual frente a la arbitrariedad de los funcionarios judiciales y garantiza los principios de igualdad de las personas ante la ley y de seguridad jurídica.

Por ello se afirma de manera pacífica que una de las características esenciales de un Estado de derecho está constituida por la reglamentación exhaustiva de las facultades de sus servidores públicos, como se deriva del artículo 121 de la Carta Política, según el cual, ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

13. Así las cosas, considera la Sala que la irregularidad puesta de presente por el actor no puede continuar habida consideración que se está ante una vulneración latente de los derechos fundamentales inherentes al sentenciado, a quien se le afectó la legalidad de la pena, misma que no puede ser manejada al arbitrio de los administradores de justicia, motivo por el cual procede el amparo constitucional del derecho debido proceso (legalidad de la pena).

14. Conforme a lo expuesto y ante la carencia de otro medio de defensa judicial idóneo, ya que contrario a lo sugerido por el Juzgado Vigilante, no puede considerar la acción de revisión, por no existir causal que supere la vulneración al derecho fundamental de legalidad de la pena, se tutelará el derecho fundamental del ciudadano Freider Mauricio Castro Cortés, en consecuencia, se deja sin efecto el numeral primero de la sentencia proferida el 17 de enero de 2006, exclusivamente respecto a la pena allí señalada.

15. En su lugar, se le ordena al Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali, que notificado del presente fallo solicite inmediatamente el proceso al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad y dentro del perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo del mismo, proceda a individualizar la pena de prisión impuesta al libelista, conforme lo señalado, en el proceso que cursó en su contra por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones conductas punibles previstas en los artículos 103 y 365 de la Ley 599 de 2000.

16. Resta precisar que en atención a que la vulneración del derecho fundamental a cuyo amparo se accede se deriva de manera exclusiva de la modificación de la pena de prisión al interior del fallo, la ejecutoria del mismo, ya cumplida, no sufre variación alguna.

17. Por Secretaría de la Sala remítase copia de esta providencia a cada una de las autoridades accionadas, para los fines legales posteriores.

18. Finalmente en cuanto a la decisión proferida el 2 de septiembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, que negó la rebaja de pena contemplada en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, solicitada por Freider Mauricio Castro Cortes y que en sede de acción de tutela, también cuestiona el accionante, la Sala advierte que la decisión es razonable, si se tiene en cuenta que la Ley 975 de 2005 tenía como presupuesto para su aplicación que la sentencia estuviera ejecutoriada, situación que no es la del aquí demandante pues tal como se puso de presente en el acápite de antecedentes que hace parte de esta providencia, el fallo dictado contra Castro Cortés por el delito de homicidio agravado y porte de armas de fuego, quedó ejecutoriado el 26 de octubre de 2006, momento en que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, desató el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado, y la mencionada disposición comenzó a regir a partir del 25 de julio de 2005, es decir, al no cumplir con las exigencias previstas en la norma soporte de la pretensión del sentenciado, no le quedaba alternativa diferente a la autoridad señalada que negar la rebaja de pena impetrada.

Así las cosas, frente a dicha aspiración se denegará la acción de amparo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso —legalidad de la pena— del ciudadano Freider Mauricio Castro Cortés, por las razones consignadas en la parte motiva. EN CONSECUENCIA, dejar sin efecto el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia dictada el 17 de enero de 2006, por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Cali, exclusivamente respecto de la pena allí señalada.

2. ORDENAR, a la autoridad judicial referenciada, que una vez notificada de la presente decisión, inmediatamente solicite el proceso al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Cali, y dentro del perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo del mismo, proceda a dictar una decisión a través de la cual y en aplicación del principio de legalidad redosifique la pena que debe descontar el actor de acuerdo con los parámetros establecidos en este proveído.

Del cumplimiento de lo aquí ordenado, dicha autoridad judicial dará inmediato aviso a esta Sala.

3. Por la Secretaría de la Sala remítase copia de esta providencia a las autoridades accionadas, para los fines legales posteriores.

4. NEGAR la acción de amparo propuesta por el accionante, respecto de la decisión calendada 2 de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Seguridad de Popayán, que negó la rebaja de pena del 10% conforme lo expresaba el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.

5. REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión en caso de no ser impugnada.

Notifíquese y cúmplase:

Magistrados: Fernando Alberto Castro CaballeroJosé Luis Barceló Camacho—María del Rosario González Muñoz.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2012.

(2) Fallos C-590 de 8 de junio de 2005 y T-950 del 16 de noviembre de 2006 de la Corte Constitucional.

(3) Corte Suprema de Justicia. Sentencia Tutela 18422 del 24 de noviembre de 2004, entre otras.

(4) Corte Constitucional Sentencia T-125 de 2012, “defecto material o sustantivo: aparece, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

(5) Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia. Rad. 24890 del 23 de febrero de 2006.

(6) Fallo de tutela de fecha febrero 7 de 2006. Rad. 24021.

(7) Exposición de motivos del Proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley 599 de 2000.

(8) Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 1 de 2003 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Senado.

(9) Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

(10) Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

(11) Intervención del Vicefiscal General de la Nación en el segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

(12) Discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

(13) Criterio reiterado por esta corporación en providencias del 21 de marzo de 2007, rad. 26065; 23 de enero de 2008, rad. 28871; 29 de julio de 2008 rad. 27263, 17 de junio de 2009, rad. 28199.