Sentencia 7077 de abril 12 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DOMINIO

EXTRACTOS: «1. El artículo 44 de la Ley 9ª de 1989 introdujo el concepto de “vivienda de interés social”, como una modalidad particular predicable de aquellas soluciones de vivienda que se enmarcaran dentro de algunos de los rangos fijados por ella misma, de acuerdo con el precio en salarios mínimos legales mensuales que tuviera el inmueble, dependiendo igualmente de la población de su lugar de ubicación, según el último censo del DANE.

De la determinación de si un inmueble cumple con los requisitos para ser considerado como “vivienda de interés social”, surge un marco conceptual al que debe recurrirse siempre que se invoque la concurrencia de las características trazadas por el legislador para un bien con el que se pretenda satisfacer esa necesidad constitucional —art. 51—, al paso que se desprenden relevantes consecuencias jurídicas que sitúan la propiedad bajo el imperio de una serie de disposiciones especiales, relativas a diversos temas, dentro de los que cabe destacar, en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, el régimen de la prescripción adquisitiva de dominio.

La definición que, como se dijo, surgió íntimamente ligada al comportamiento y fluctuación de las variables tocantes con el precio del inmueble y la población de la localidad de ubicación, vino a ser modificada por el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 que las tipificó como aquellas “que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos”, indicando que en cada plan nacional de desarrollo el Gobierno Nacional vendría a establecer el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares, teniendo en cuenta para el efecto, entre otros factores, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda.

2. Empero, habida cuenta de que los hechos sometidos a composición judicial tuvieron lugar durante la vigencia del texto inicial de la Ley 9ª de 1989, con ligeras modificaciones incorporadas por las leyes 2ª y 3ª de 1991, el estudio se contraerá a dichas disposiciones, con prescindencia de cualquier alusión a la Ley 388 de 1997. El citado artículo 44, originalmente daba la siguiente definición:

“Entiéndese por vivienda de interés social todas aquellas soluciones de vivienda cuyo precio de adquisición o adjudicación sea o haya sido, en la fecha de su adquisición:

a) Inferior o igual a cien (100) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades en las cuales, según el último censo del DANE, cuenten con cien mil (100.000) habitantes o menos (...).

Lo anterior no obsta para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones, a petición de cualquier persona o entidad, establezca mediante avalúo si una vivienda o un grupo de viviendas tiene o no el carácter de vivienda de interés social”.

3. En el contexto general de la ley en mención, es claro que el precepto anterior, ubicado dentro del marco destinado a solucionar con prontitud los problemas más apremiantes de la realidad urbana, tenía entre otros propósitos ofrecer definiciones en lo tocante con la propiedad del suelo, en orden a regular la legalización de los títulos para vivienda de interés social, tanto de aquellas que provinieran de negociación directa entre un particular y el Estado, como fruto de los planes gubernamentales dirigidos a la satisfacción de la necesidad habitacional, como también respecto de las que fueran resultado de negociaciones entre particulares, ora se tratara de asentamientos urbanos irregulares, ya de planes formales, o simplemente para normalizar aquellos hechos provenientes de la posesión de los bienes que reunieran las características propias de ese tipo de viviendas.

Acerca de esta última posibilidad, esto es, de la consistente en que la ley igualmente se ocupara de propender por la efectiva solución de aquellos derechos surgidos únicamente de los hechos, y no solo de aquellas eventualidades en las cuales se exigiera la forzosa presencia de títulos, así fueran incompletos para establecer de manera idónea la propiedad, es el artículo 51 de la Ley 9ª de 1989 el que precisamente autoriza arribar a esta afirmación inequívoca, de permitir ella misma invocar, amén de la prescripción ordinaria, la adquisitiva extraordinaria, por supuesto que de conformidad con el artículo 2531 del Código Civil esta se caracteriza fundamentalmente porque para su cabal estructuración “no es necesario título alguno”, como reza textualmente el numeral 1º de esta disposición.

Precisamente, cuando la Sala Plena de esta corporación, en sentencia de 1º de febrero de 1990 (Exp. 1916) examinó favorablemente la exequibilidad del artículo 51, simplemente eliminó el aparte que permitía tener en cuenta, para los efectos de la prescripción, la posesión acumulada al 1º de enero de 1990, lo que obviamente no obsta para que, con independencia de la fecha en que se adquirió el bien, el mismo pueda ser habido por usucapión, eso sí, basada en una posesión posterior a la fecha recién anotada y sobre un inmueble que, como se dijo, se encuentre dentro de los parámetros que le dan la calidad de “vivienda de interés social”.

En ese derrotero la ley se ocupó de establecer unas exigencias mínimas, que por supuesto parten primeramente de la destinación del inmueble; de allí que advierta que debe tratarse de “soluciones de vivienda” para, adicionalmente, vincular a este requisito un factor común consistente en el precio de “adquisición o adjudicación” que a ellas corresponda o haya correspondido en la fecha de su adquisición, expresado en salarios mínimos legales mensuales, según la graduación que el mismo precepto contenía, dependiendo del número de habitantes del lugar de ubicación del predio.

Es precisamente en torno de este cardinal aspecto en que basa el impugnador el cargo, consistente en que como el factor que escogió el legislador es aquel que hace referencia al precio de adquisición del predio, el pretendido por la actora no puede recibir el tratamiento de “vivienda de interés social”, porque cuando ese bien fue adquirido por el causante Jesús María Velásquez, esto es, en el año de 1926, el concepto de salario mínimo, en la noción que hoy se maneja, no existía, como que apareció apenas a partir de la Ley 6ª de 1945.

4. El planteamiento así propuesto toca, de modo directo, con el nacimiento y trasmisión de los derechos, alrededor de lo cual surge como verdad inconcusa la consideración de que la adquisición de los derechos patrimoniales puede ser derivativa u originaria, comprendiendo la primera, la que se apoya en el derecho de otra persona en tanto se toma de alguien que antes fue su titular, y la segunda, la que expresa la creación o nacimiento de un derecho, es decir, aquella que establece por sí misma la propiedad, lo que implica sostener que lo que una persona adquiere a través de un título originario de dominio —o constitutivo, que es como lo llama la ley— no lo recibe de otra persona y por eso, para argüir que lo tiene, no requiere de la tradición.

Referida al dominio, las adquisiciones que se vienen comentando las regula el artículo 765 del Código Civil, según el cual la propiedad puede lograrse mediante título traslaticio o constitutivo, siendo especies de la segunda, la ocupación, la accesión y la prescripción, que encuentran como característica homogénea el que se configuran a través de hechos jurídicos originarios, en consideración de los cuales un derecho nace a la vida jurídica por primera vez. Al contrario de las derivativas, estas especies de constitutivas no encuentran como apoyatura la existencia de un derecho en cabeza de otra persona que lo trasmite, como que su génesis se da en sí misma, es decir, en los hechos que, atendida su propia naturaleza, la originan o constituyen.

Ahora, a términos de los artículos 2512 y 2534 del Código Civil la prescripción “es un modo” de adquirir las cosas ajenas por haberlas poseído durante cierto lapso de tiempo, concurriendo los demás requisitos legales.

Concatenando las consideraciones anteriores encuéntrase que la prescripción adquisitiva es, por un lado, título originario de dominio, como lo contempla el artículo 765 del Código Civil y, por otro, un modo de adquirir los derechos ajenos, bajo las exigencias legalmente determinadas, lo que equivale a decir que por el solo hecho de cumplirse esas condiciones se tiene el dominio de las cosas, pudiendo en consecuencia el favorecido con la prescripción alegarla, accionando o defendiéndose, de la misma forma que podría argumentarlo al amparo de cualquier otro título de dominio. Ha de decirse entonces, por este sendero, que si el que alega la prescripción extraordinaria ha poseído en forma tranquila, pública, pacífica e ininterrumpida, por el tiempo que diga el legislador —que para el caso de la extraordinaria que regula el artículo 51 de la Ley 9ª de 1989 es de cinco años—, y estando el bien dentro del comercio, por ese solo hecho habrá alcanzado su dominio, pudiendo hacerlo valer legalmente ante propios y extraños.

Acerca del tema, la Corte, en sentencia de 27 de junio de 1923, expresó “que siendo la prescripción adquisitiva título constitutivo de dominio (C.C., art. 765) y además un modo de adquirir las cosas ajenas, bajo ciertas condiciones determinadas por la ley, por la sola circunstancia de cumplirse esas condiciones se adquiere el dominio de las cosas, y el favorecido con la prescripción puede alegarla, ya como defensa o como fundamento de una acción de propiedad, de la misma manera que puede alegarse cualquier otro título de dominio.

“En la prescripción extraordinaria conforme al artículo 2531 del Código Civil, si el que la alega ha poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción, por espacio de treinta años (hoy reducida a 20 años) la cosa comerciable objeto de la prescripción, ha adquirido por ello el dominio de esa cosa y puede alegar, ya sea demandando o defendiéndose, su carácter de dueño, fundado en la prescripción” (G.J., t. XXX, pág. 72).

Esta tesis fue reiterada por la corporación en fallo de 10 de diciembre de 1953 en el que, en efecto, dijo que quien “posea en las condiciones legales un bien corporal, raíz o mueble, que esté en el comercio, gana el dominio por prescripción, según lo enseña el artículo 2518 del mismo código. El lapso de la prescripción adquisitiva extraordinaria es el de treinta años (hoy reducida a 20 años) contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2530 relativo a la prescripción ordinaria (art. 2532). Para adquirir por prescripción extraordinaria no se necesita título alguno y se presume en ella la buena fe sin embargo de la falta de un título traslaticio de dominio. Basta que la posesión sea continua, pública, tranquila y no interrumpida (art. 2.531)” (G.J., t. LXXVI, pág. 773).

Ha de verse, por consiguiente, que no obstante el contenido de los artículos 758 y 2534 de la obra citada, lo cierto es que puede alegarse la prescripción fundada tan solo en los hechos que la generan, ya que es la posesión desarrollada de la manera como se viene explicando el fenómeno que engendra el título. Es suficiente entonces poseer una heredad en las condiciones legales, para ganar su dominio, tal cual lo prescribe el artículo 2518 del Código Civil, sin que sea menester título traslaticio alguno anterior, toda vez que cumplidos tales presupuestos, el prescribiente es dueño; de donde se desprende que en este específico punto la usucapión, como hecho jurídico generador de la adquisición de los derechos ajenos, cumple la doble función de ser título y modo a la vez, desde luego que, por ello mismo, lo que le otorga al prescribiente la posibilidad de reputarse dueño y señor de un predio son los hechos posesorios realizados mediante el cumplimiento de aquellas exigencias.

La doctrina jurisprudencial expuesta, la Corte la reiteró, entre otras, en sentencias de 28 de febrero de 1955 (G.J., t. LXXIX, pág. 565), 30 de julio de 1996 (G.J., t. CCXLIII, págs. 154 y 155), y más recientemente en fallo de 11 de noviembre de 1999 (G.J., t. CCLXI, págs. 945 y 946).

5. Las reflexiones indicadas en los numerales que anteceden permiten a la Corte sostener que, para los efectos exclusivos de las contiendas judiciales en las que la aspiración del actor consista en que se declare que obtuvo por el modo de la prescripción extraordinaria el dominio, la adquisición a que hace referencia el primer inciso del artículo 44 de la Ley 9ª de 1989 —en la norma que tenía vigencia para cuando se dieron los hechos aquí juzgados—, no es aquella a través de la cual la hizo suya quien en el competente registro de instrumentos públicos figure inscrito como titular del dominio, como así fundamenta este cargo el casacionista, sino la usucapión del accionante, provista de todos los elementos que la ley exige, para que opere esta adquisición originaria, y no la derivada a la que alude el censor.

6. Bajo esta comprensión no hay duda que el ad quem no infringió las normas a que se contrae la acusación, pues ya se vio que el fundamento legal para determinar el valor del inmueble y, por tanto, su condición de “vivienda de interés social”, no es en esta especie de procesos el indicado por el recurrente sino aquel en que el usucapiente, por haber cumplido el término impuesto por la ley y reunidos los demás requisitos, alcanzó la condición de señor y dueño sobre el bien, aspecto que, entiende la Corte, si bien no coincide estrictamente con la interpretación que el tribunal le asignó al asunto, se torna inocuo e intrascendente para los efectos del recurso de casación, pues, en todo caso, no acompasa, ni por semejas, con el errado planteamiento esgrimido en el cargo que, por razones obvias, no conduce al quiebre del fallo cuestionado.

7. Para abundar en razones, ha de decirse que acoger el entendimiento que el casacionista pretende, equivaldría a concluir que aquellos bienes que, con estrictez, hubiesen sido adquiridos o adjudicados con antelación a la expedición de la Ley 6ª de 1945 y que eventualmente pudieran enmarcarse dentro de los parámetros de “vivienda de interés social”, resultarían imprescriptibles por ese medio, cuestión que, a más de no haber sido introducida por el artículo 51 de la Ley 9ª de 1989, no acompasa con los propósitos de la norma.

Incluso, este modo de pensar tampoco aparecería totalmente armónico con otros preceptos de la misma ley, como son los artículos 45 y 58 que se refieren a fechas de referencia diferentes y que muestran que aquella no fue ajena a la legalización de predios que se encontraran en diversas situaciones, en la medida en que, el primero, permite el saneamiento de “la titulación de la vivienda de interés social existente a la fecha de vigencia” de esa ley (se resalta) y, el segundo, señala que algunas entidades públicas “cederán a título gratuito los inmuebles de su propiedad que sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y cuando la ocupación ilegal haya ocurrido con anterioridad al veintiocho (28) de julio de mil novecientos ochenta y ocho (1988)” (se resalta). Como se aprecia, estas normas prevén el tratamiento de vivienda de interés social a inmuebles existentes de manera previa a la expedición de la Ley 9ª de 1989, desde luego, partiendo del supuesto que, una vez esta se hallara en vigor, los mismos cumplieran con los presupuestos propios de tal categoría. En adición a los argumentos antes expuestos, nada impediría que un inmueble adquirido por su propietario antes de la vigencia de la dicha ley, pudiera ser objeto de usucapión, ganada dentro de su vigencia y con apego a los requisitos correspondientes según los artículos 44 y 51.

(...).

4. El espíritu fundamental que inspira la Ley 9ª de 1989 está soportado en el cumplimiento de una de las funciones constitucionales del Estado, cual es la de satisfacer a todos los colombianos el derecho a una vivienda digna. Por lo mismo, su promulgación vino a constituir un mecanismo o instrumento que busca agilizar el cumplimiento de tal obligación, admitiendo distintas formas de legalización de títulos, unos para normalizar los asentamientos urbanos informales, otros para facilitar la adquisición de la propiedad de los inmuebles ocupados en vivienda en los términos de la misma ley y, en fin, en cuanto busca dotar a personas de bajos recursos, que requieren la especial protección del Estado, de una vivienda que por las características que a esta asigna la propia ley, se ha considerado “de interés social”.

Precisamente, uno de los medios a través de los cuales el Estado aspira a la satisfacción de este cometido esencial, está constituido por normas especiales alrededor de la prescripción adquisitiva de dominio, cuando se trate de bienes calificados como “vivienda de interés social”, en la medida en que a través de ellas igualmente se consigue la legalización y consolidación de títulos irregular o informalmente obtenidos, o cuando simplemente el poseedor carece de estos.

Al examinar la Corte si el avalúo, que es a lo que se contrae el cargo tercero, es actuación necesariamente reservada al Instituto Geográfico Agustín Codazzi o a la entidad que cumpla sus funciones, sin que sea lícito admitir para su demostración la designación de peritos dentro del proceso, se observa que la disposición tantas veces comentada —L. 9ª/89, art. 44—, en ninguna parte condiciona la obtención del precio del inmueble al justiprecio que efectúe la anotada dependencia estatal, sino que simplemente exige, a más de que se trate de “soluciones de vivienda”, que el valor o precio de adquisición o adjudicación sea o haya sido, en la fecha respectiva, inferior o igual a cien salarios mínimos legales mensuales en las ciudades en las cuales, según el último censo del DANE, cuenten con cien mil habitantes o menos para así mismo fijar otros parámetros dependiendo de la población.

Esta apreciación está refrendada por el propio inciso segundo del precepto examinado, cuando expresa que “lo anterior no obsta para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones, a petición de cualquier persona o entidad, establezca mediante avalúo si una vivienda o un grupo de viviendas tiene o no el carácter de vivienda de interés social”.

El mismo contenido del texto viene a significar que la valoración del inmueble, para establecer su carácter de “vivienda de interés social”, no está condicionada a una determinada prueba, sino a los factores objetivos atrás señalados, vale decir, al número de salarios mínimos y la población; de suerte que al indicar que “lo anterior no obsta”, no dice cosa distinta a que también se pueda recurrir a dicho instituto en orden a establecer, mediante su avalúo, si la vivienda se encuentra dentro de las medidas enumeradas en ese artículo, pero como actuación opcional, que no excluyente; resulta palmario, entonces, que este procedimiento es apenas facultativo para la parte interesada y no impositivo, como sí acontece en otros eventos consagrados en esa ley.

En este orden de ideas, la actuación que precede a la legalización de títulos para la vivienda de interés social no consagra como requisito previo de obligada obtención, el avalúo administrativo especial practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por la entidad que cumpla sus funciones, sino que, al contrario, simplemente deja al arbitrio de la parte interesada o de la entidad la posibilidad de acudir a aquel, para establecer mediante avalúo el carácter de vivienda de interés social, lo que permite afirmar que la determinación del precio no está sujeta a este específico dictamen, sino que está regida por la libertad probatoria, sin perjuicio de que pueda acudirse a dicha estimación».

(Sentencia de casación, 12 de abril de 2004. Expediente 7077. Magistrado Ponente: Dr. César Julio Valencia Copete).

SALVEDAD DE VOTO

Formulo a través de estas líneas, de la manera más comedida, mi disentimiento con la decisión adoptada en el asunto de la referencia. La interpretación que allí hace la Corte pareciera reducirse apenas a una parte de la Ley 9ª de 1989, mas en el fondo se compromete toda la filosofía que inspiró a la misma, y que, por ende —así lo sugerí a la Sala—, era necesario e ineludible profundizar en la materia. Cierto: el cargo estudiado no reclamaba más que establecer si el valor del inmueble permitía calificarlo como de interés social; pero como la ley a ese propósito marca como punto de referencia la fecha de “adquisición o adjudicación”, bien pronto suscita la polémica de qué sucede cuando el ocupante de una vivienda de interés social, justamente por no ser ni adquirente ni adjudicatario, pretende usucapirlo. Aparentemente, el asunto no pasa de ser una simple dificultad para establecer el valor económico del inmueble, para cuya solución podrían ofrecerse diversas hipótesis, una de las cuales fue la preferida por la mayoría. Empero, insisto, la cuestión no es de poca monta. Porque la locución transcrita enantes podría tener dos entendimientos: o que en el marco de ese capítulo de la ley, la posesión que puede hacerse valer es la derivativa, esto es, la que fue fruto de un acuerdo con el antecesor; o decir con la sentencia que cabe toda posesión y que aquello no fue más que una cortedad de la ley. Contra la mayoría, me propongo demostrar que fue lo primero, y que, por consecuencia, la expresión empleada refleja fielmente la inspiración del legislador. No fue un hablar quedo ni omisivo.

Hay principios generales del derecho que casi todo lo hacen suponer y evitan así la profusión de discursos. No más citar el de la buena fe. Y tanto más si se invoca en materia posesoria, donde más de cerca se le ha visto ocupar la atención del legislador. El caso es que a los ojos de la ley no todos los poseedores son lo mismo; ni aun modernamente en que se acentuó el carácter social de la propiedad y, con él, el mayor amparo a la posesión, ha podido desaparecer la clasificación de poseedores de buena y de mala fe. De manera que se trata de un principio que hunde sus raíces en el fondo de las edades y hasta ahora nada se ha descubierto para justificar su eliminación. Efecto de lo cual es que si bien la ley brinda protección a toda posesión, más se la ha brindado a la de buena fe. Es evidente que a los poseedores de este linaje trata con más dulcedumbre, pues las personas que se conducen con decoro hacen diferencia. Dentro de los diversos provechos a ellos dispensados importa subrayar ahora el de permitirles que ganen el dominio más cómodamente que los demás, y que lo hagan mediante prescripciones más cortas. Común opinión es la de que, después de todo, largo tiempo ha de requerir el de mala fe para que su reprochable actitud venga a convertirse, a la postre e irónicamente, en fuente de derechos que, por lo mismo y en estrictez jurídica, nunca debieron germinar en tan perniciosa siembra, justificados solo por la necesidad político-jurídica de todo lo que bien se argumenta para calificar de bienhechora a la figura de la usucapión.

Que se sepa, nada fuera de lo común ha ocurrido para que se justifique la transposición que de ese estado de cosas hace la sentencia de que discrepo, arguyéndose que fue obra de la Ley 9ª de 1989. Habida consideración que ni en la ley ni en la mente del legislador anidó cosa parecida. Jamás se concibió que fuesen borrados los linderos entre poseedores de buena y mala fe. Es impensable que una reducción, tan drástica como no dudaron en señalarlo los legisladores en el trámite del proyecto, de los términos de prescripción adquisitiva —a la sazón, de 20 a 5 años en la extraordinaria— tuviese por fin laurear también a los poseedores aviesos. No. La puerta de la usucapión se hizo anchurosa para aquellos poseedores que la ley siempre ha tratado con especial consideración. Para ir sin más al punto, para los que siendo víctimas de engaños y artificios estaban en el apuro de legalizar sus títulos. Nótese cómo el artículo 51 de la ley, que atañe a la materia, hace parte del capítulo que fue denominado sin ambages como de la “legalización de títulos”. Ni para qué decir que no habiendo títulos, su legalización es poco menos que imposible. Es manifiesto entonces que no es dable analizar lo de las prescripciones, como nada de lo demás allí previsto, por fuera del capítulo a que pertenece, y así, todo está atado a la “legalización de títulos”.

De donde se sigue que el poseedor que quiera aprovecharse de tan brevísima prescripción, ha de estar en condiciones de demostrar y explicar que su llegada al fondo fue convenida y que de su parte existe un título que lo respalda, traducido en el acuerdo a que hubiese llegado con el antecesor. Allí no tienen cabida, subsecuentemente, quienes entran a ocupar los predios de modo diverso al indicado, entre quienes se cuentan los usurpadores y los violentos. A estos no tenía por qué gratificarlos la ley con tan benigna usucapión, y para alcanzarla tendrán entonces, no ese régimen excepcional, sino los cauces comunes.

Legalización de títulos que sin ningún género de duda confirman los antecedentes de la ley. En la exposición de motivos, y con el evidente afán de cristalizar lo que ha dado en denominarse “derecho a la ciudad”, está patente la honda preocupación por solucionar los problemas surgidos a raíz de las urbanizaciones piratas, y, por ende, de legislar en pro de las personas de escasos recursos económicos que ávidas de vivienda son o fueron fácil presa de engaños o estafas. Díjose ad litteram:

“El tiempo de las prescripciones ordinaria y extraordinaria en los casos de vivienda de interés social se reduce significativamente, a 2 y 3 años y se agilizan los procesos de pertenencia respectivos, buscando normalizar situaciones en las cuales poseedores de buena fe son explotados indefinidamente por propietarios inescrupulosos”.

Y armoniosamente expuso que esa manera de explotar y timar a dicha clase de ocupantes, era suficiente motivo para buscar la expropiación sin indemnización, comoquiera que al efecto se alegó lo que sigue:

“En efecto, al definir el proyecto en su artículo 47 como motivo de equidad para decretar la expropiación sin indemnización el que el propietario de un inmueble aprovechando la necesidad de los ocupantes, venda, prometa en venta, promueva o tolere la ocupación de este para viviendas de interés social, en contravención de las normas urbanísticas o fuera del perímetro sanitario y urbano del municipio, no está haciendo cosa distinta de reconocer que es de elemental equidad el que el Estado no siga permitiendo a particulares preválidos de un título de propiedad el aprovecharse y estafar a personas que de buena fe e impulsadas por la necesidad apremiante de obtener vivienda se sujetan a sus condiciones. No faltaba más que en estos casos se premiara la inescrupulosidad de estos “traficantes de la miseria”, otorgándoles una indemnización ¡a todas luces injusta!”.

La lógica ya hacía suponer que el legislador no obra sino al compás de ella. No sé cómo ante semejante evidencia de lo transcrito, pueda aun asegurarse que no hay para qué entrar en distingos de posesiones.

Incluso en el proyecto —acaso innecesariamente pues veníase hablando ya de legalización de títulos—, concibió el agregado (art. 46) de que la prescripción, aun la de carácter extraordinario (lo que de suyo hace inexacta la doctrina que en contrario sostiene el fallo), ha de tener origen en un título, como que expresó que la reducción operaba “siempre y cuando los interesados acrediten promesas de venta, recibos u otros documentos en los cuales conste un acuerdo de voluntades con el propietario que tenga por finalidad transferir el dominio del inmueble”.

Más elocuencia, imposible.

Añádase todavía que así lo proclaman todas las normas que integran el consabido capítulo de la ley. Sentido ese que se palpa al leer en el artículo 53 cómo, tras consagrar la referida expropiación sin indemnización, prevé que los ocupantes tienen derecho a que les otorguen escritura de propiedad, “sin que haya lugar a pagos adicionales, y podrán en todo caso exigir del vendedor la restitución de las sumas que hubieren pagado, junto con intereses moratorios”, agregando que la entidad territorial de que allí trata adelantará las acciones necesarias a nombre de los ocupantes a fin de “invertir las sumas recuperadas en la provisión de obras y servicios en el inmueble expropiado”. Y en el 55 esto otro: “Los compradores de viviendas de interés social que estén ocupando las mismas no estarán obligados a pagar el saldo del precio pendiente de pago a su vendedor ni suma alguna por cualquier otro concepto mientras este no efectúe las obras de infraestructura de acueducto, alcantarillado, redes eléctricas, vías y suministre los servicios públicos que exijan las autoridades locales”.

Frente a todo lo cual no es de recibo sostener escuetamente que como la ley habló de prescripción en la modalidad de extraordinaria, con el Código Civil ha de entenderse que no requiere título. La equiparación al Código Civil no cabe en el punto, pues demostrado quedó que la Ley 9ª de 1989 organizó su propio régimen, y que la prescripción adquisitiva que allí consagró la reguló dentro de un capítulo que denominó de la legalización de títulos. Esta razón, así como las demás que arriba han sido invocadas, repugna el criterio de semejanza al que acudió la sentencia.

Algo más. A todo se suma dos contradicciones de la sentencia. De una parte, asegura que como es “extraordinaria” no se requiere título, y a renglón seguido se muestra empeñosa en buscar el título en el cariz que de tal atribuye a la usucapión, haciendo ver que no solo es modo de adquirir las cosas sino también hace las veces de título; y de otra, porque de ese modo se incurre en petición de principio, pues en la citada ley no hay manera de hacer servir la prescripción de medio y de fin a la vez.

En compendio, son estos motivos, entre otros mil más, los que impulsan a apartarme de la extraña tesis que prohíja la sentencia, según la cual da lo mismo ser poseedor con títulos y sin ellos, y ser poseedor de mala o de buena fe, porque el caso es que aquí no se podrá decir que “olivos y aceitunos todos son unos”. De hoy en adelante estará agraciado por tan cándida tesis aun el poseedor que por fuerza toma un bien de esa naturaleza, y limpia su culpa en tan solo cinco años, cuando la jurisprudencia, que no la ley, le otorgue el dominio.

Insisto, no sé en qué momento y de qué manera cambiaron los tiempos para que ese estado de cosas tan fundamental deje de ser el norte en punto de posesión. Los antivalores con patente de corso.

Total, si la demandante de aquí no tenía título, no podía afincarse en la cortísima prescripción de que trata la ley comentada, y la prescripción que alegare de su parte sujeta estaba a los términos comunes.

Manuel Isidro Ardila Velásquez 

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