Sentencia 7083 de mayo 29 de 2018

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Acción de Protección al Consumidor 17-340622

Demandante: Warao S.A.S.

Demandado: Fábrica y Comercializadora de Refrigeración S.A.S.

Bogotá D.C., veintinueve de mayo de dos mil dieciocho 2018

Estando el expediente al despacho a causa de encontrarse vencido el término de traslado de la demanda y, de esa manera, concluida como está la etapa escrita de este proceso verbal sumario, en los términos del artículo 625 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), corresponde a partir de ahora dar aplicación íntegra a la referida ley procesal.

Así las cosas, procede la delegatura para asuntos jurisdiccionales a proferir sentencia anticipada, teniendo en cuenta que en el presente asunto se cumplen primordialmente todos los presupuestos contenidos en el inciso 4º numeral 3º del artículo 278, así como lo dispuesto en el inciso 2º del parágrafo 3º del artículo 390 del referido cuerpo normativo. Para ello, se tienen en cuenta los siguientes,

I. Antecedentes

1. Hechos.

1.1. Que el día 4 de noviembre de 2016 se adquirió por la parte actora una vitrina Loft XL REF 1.15x0.72x1.37, por la suma de siete millones doscientos veinticuatro mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte. ($ 7.224.275).

1.2. Que de acuerdo a lo acordado, el bien objeto de litigio sería entregado el día 20 de noviembre de 2016, no obstante la vitrina nunca fue entregada.

1.3. Que de acuerdo a lo indicado por la parte actora, el bien objeto era indispensable para la apertura de la empresa reclamante.

1.4. Que el restaurante inició operación el día 1º de diciembre de 2017, situación que exigió la compra de otro mueble, por motivo de la empresa demandada.

2. Pretensiones.

El extremo activo solicita que se declare que la demandada incumplió la garantía sobre el producto y vulneró sus derechos como consumidor.

Así mismo solicita que, a título de efectividad de la garantía, se ordene la devolución del dinero pagado por el bien objeto de litigio, esto es, la suma de siete millones doscientos veinticuatro mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte. ($ 7.224.275), y el reconocimiento y pago de los perjuicios que a su juicio le ha causado el demandado.

3. Trámite de la acción.

El día 2 de octubre de 2017, mediante Auto 89761, esta dependencia admitió la demanda de mínima cuantía interpuesta por la parte demandante, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales atribuidas por la Ley 1480 de 2011, providencia que fue notificada debidamente al extremo demandado (fols. 35-37), con el fin de que ejerciera su derecho de defensa.

El extremo pasivo, contestó en oportunidad la demanda, manifestando que la demandada no se niega a devolver la suma pagada por el bien objeto de litigio, una vez reciba el pago por parte del comprador.

4. Pruebas

• Pruebas allegadas por la parte demandante:

La parte demandante aportó y solicitó que se tuvieran como pruebas los documentos obrantes a folios 7 a 32 del expediente.

A estos se les concederá el valor probatorio que corresponda bajo las previsiones de los artículos 244, 245, 246 y 262 del Código General del Proceso.

• Pruebas allegadas por la parte demandada:

La parte demandada aportó y solicitó que se tuviera como prueba el documento obrante a folio 38.

A estos se les concederá el valor probatorio que corresponda bajo las previsiones de los artículos 244, 245, 246 y 262 del Código General del Proceso.

II. Consideraciones

Habiéndose agotado las etapas procesales de rigor y en ausencia de nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el despacho a decidir la instancia, teniendo en cuenta que en el inciso 4º numeral 3º del artículo 278(1), contempla la posibilidad de proferir sentencia anticipada, así como lo dispuesto en el inciso 2º del parágrafo 3º del artículo 390(2) del Código General del Proceso, el cual prevé la posibilidad de proferir sentencias escritas en aquellos procesos verbales sumarios de mínima cuantía que versen sobre la acción de protección al consumidor.

Ahora bien, con fundamento en lo preceptuado por la norma citada en precedencia, considera el despacho que en el caso objeto de análisis es procedente proferir sentencia anticipada, habida cuenta que, con los hechos aducidos en la demanda, así como con las pruebas allegadas se cuenta con los elementos de juicio suficientes para declarar la carencia de legitimación en la causa de la parte activa, como pasa a explicarse:

De la condición de consumidor final

En virtud a lo establecido en el literal a) del numeral 1º del artículo 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio es competente, para lo que acá interesa, frente a la resolución de litigios que versen sobre la violación de los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor (L. 1480/2011).

Por esta razón, es requisito indispensable que las demandas que se promuevan ante esta entidad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, efectivamente correspondan a una acción de protección al consumidor, lo que implica, de suyo, que el demandante ostente la calidad de consumidor final. En ese orden de ideas, si el demandante no tiene la calidad de consumidor final en los términos del numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1480 de 2011, indefectiblemente corresponderá al juzgador declarar la carencia de legitimación en la causa por activa.

Sobre el particular, es pertinente señalar que el numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1480 de 2011 define como consumidor a “[t]oda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica”, de donde se sigue, entonces, que la demanda de protección al consumidor es aquella que instaura la persona que usa o disfruta el producto o servicio directamente para satisfacer una necesidad, propia, privada, familiar o doméstica, e incluso empresarial, siempre y cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica pues, en caso contrario, es decir, cuando el producto o servicio se utiliza para derivar un provecho que guarda relación directa con una actividad económica, se descarta la posibilidad de ser considerado consumidor final en los términos de la normativa ya citada.

Así lo ha considerado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 3 de mayo de 2005, en la que afirmó que: “(...) siempre será forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto —persona natural o jurídica— persigue con la adquisición, utilización o disfrute de un determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor sólo en aquellos eventos en que, contextualmente, aspire a la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, doméstica o empresarial —en tanto no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, de algún modo, a su objeto social—, que es lo que constituye el rasgo característico de una verdadera relación de consumo (...)”(3) (se resalta).

En el mismo sentido, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 15 de abril de 2015(4) en un caso donde el demandante promovió la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 para que se condenara al demandado a la devolución de las sumas de dinero pagadas por un vehículo automotor destinado al transporte de mercancías, señaló sobre el particular lo siguiente:

“En el caso bajo estudio está demostrado (...) que el vehículo (...) cuya garantía pretende hacer efectiva, en la actualidad y desde su adquisición, está destinado al transporte público de mercancías o ‘transporte de carga’, acto que por su naturaleza misma es de estirpe mercantil (...). En ese orden, resulta claro para la Sala que el demandante desarrolla más de una actividad económica y que el automotor adquirido está directamente ligado a una de ellas, a saber la relativa al transporte de mercancías, situación quedesdibuja la calidad de consumidor que invoca e impide dirimir la controversia bajo el amparo del Estatuto de Consumidor (se resalta).

Puestas de este modo las cosas, en el caso particular el extremo accionante señaló que la negociación celebrada para con la demandada gira en torno a una vitrina Loft XL REF 1.15x0.72x1.37 (fol.2), y en el hecho cuarto de la demanda confirmó la destinación del bien así: “El bien objeto de compra era indispensable para la apertura de la empresa reclamante.

El restaurante inició operación el día 1º de diciembre, situación que exigió la compra de otro mueble, por motivo del incumplimiento de la empresa” (fol. 2).

Bajo ese mismo hilo discursivo tampoco puede perderse de vista que dentro del objeto social de la compañía demandante se tiene como parte de este “(...) gestionar, explotar y desarrollar negocios de cafería (sic), bar, restaurante, así como la preparación, producción, venta, transformación y conservación de alimentación y bebidas alcohólicas, así como la comercialización y distribución de los mismos (...)” (fol. 10), con lo cual es evidente que el propósito para el cual adquirió y usa el bien objeto de litigio, no se ajusta a una necesidad propia, privada, familiar, doméstica, sino más bien de índole económica, con lo cual, no es consumidor final en concordancia con el numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1480 de 2011 / literal e) del artículo 1º del Decreto 3466 de 1982.

De lo que viene de verse, no cabe más que concluir que la sociedad WARAO S.A.S., no ostenta la calidad de consumidor final respecto del producto objeto de litis y por ende carece de legitimación en la causa por activa, por lo que será procedente despachar negativamente las pretensiones de la parte activa, procediendo con el archivo de las presentes diligencias.

En mérito de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

RESUELVE

1. Declarar la carencia de legitimación en la causa por activa de la sociedad WARAO S.A.S., identificada con NIT. 901.004.019-6, de conformidad con la parte motiva de la presente de la decisión.

2. En consecuencia, negar las pretensiones incoadas en la demanda.

3. Archivar las presentes diligencias.

4. Sin condena en costas, por no aparecer causadas.

Notifíquese.

Natalia Andrea Alonso Molina(5). 

1 “Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.
Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.
En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:
1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa”.

2 “PAR. 3º—Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepción de las acciones populares y de grupo, se tramitarán por el proceso verbal o por el verbal sumario, según la cuantía, cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que conozca de ellos.
Cuando se trate de procesos verbales sumarios, el juez podrá dictar sentencia escrita vencido el término de traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a la audiencia de que trata el artículo 392, si las pruebas aportadas con la demanda y su contestación fueren suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese más pruebas por decretar y practicar” (negrillas fuera de texto)”.

3 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: César Julio Valencia Copete, Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil cinco (2005). Ref.: Exp. 5000131030011999-04421-01

4 Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, sentencia del 15 de abril de 2015, rad. 00120137419301, MP. María Patricia Cruz Miranda.
Proceso verbal promovido por Roberto Ignacio Angula Rodríguez contra Alkosto S.A.

5 Profesional universitario adscrito al Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, autorizado para el ejercicio de funciones jurisdiccionales mediante Resolución 14371 del 29 de marzo de 2017, expedida en desarrollo de lo previsto en el inciso 2º del parágrafo 1º del artículo 24 del Código General del Proceso.