Sentencia 7086 de marzo 14 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 7086. Rad. 1700123310001998000501

Consejero Ponente:

Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Actor: Javier Valencia Hoyos

Bogotá, D.C., catorce de marzo del dos mil dos.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2000 por la Sala de Descongestión para los tribunales administrativos de Antioquia, Caldas y Chocó, mediante la cual negó las súplicas de la demanda en el proceso de la referencia.

EXTRACTOS: «I. 1.2. Los hechos.

Según se relata en la demanda y consta en el expediente, por virtud del Auto Comisorio 00054 de 1º de noviembre de 1996, se practicó una inspección aduanera a una mercancía importada, constituida por adornos navideños, que el actor exhibía en el hotel Carretero de la ciudad de Manizales, respecto de la cual se le dio un plazo de tres (3) días hábiles “para demostrar la legal introducción de la mercancía extranjera al territorio nacional”, y mientras tanto se retuvo, en orden a lo cual le fue dejada en depósito, con la advertencia de que si se extraviaba, dañaba, vendía, consumía o por cualquier razón era sustraída del control aduanero, se haría acreedor a la sanción establecida en el artículo 73 del Decreto 1909 de 1992, modificado por el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994, sin perjuicio de las acciones penales en su contra.

El 7 de noviembre de 1996 el actor presentó a la DIAN facturas de compra de la mercancía aludida y en acta que se levantó de esta diligencia se dice que el interesado manifestó que se encontraba adelantando las diligencias pertinentes para obtener de los proveedores las declaraciones de importación que demuestran la legal introducción de la mercancía al país y que solicita un plazo de una semana para allegar las que le sean entregadas (fls. 9 a 36 del cuaderno anexo). El 13 de noviembre de 1996 allegó otras facturas de compra y declaraciones de importación de la mercancía retenida y dejada a su cargo en depósito (fls. 37 a 75 cuaderno anexo).

Mediante Auto de 22 de noviembre de 1996, se ordena la apertura de una investigación aduanera contra el actor por causa de la mercancía retenida (fl. 76 ibídem).

El 12 de diciembre el actor vuelve a presentar “documentos para aclaración de la legal introducción al país” de la susodicha mercancía y pide que se levante la restricción que le fue impuesta sobre la misma, debido al carácter estacionario o cíclico de su venta (fls. 77 a 111).

El 20 de diciembre le fue “entregada” parte de la misma por el funcionario investigador, con facultad para disponer de ella, al considerarla “debidamente soportada” (fls. 112 a 115), mientras que la restante fue considerada no soportada debidamente y en consecuencia se dispuso su aprehensión, lo cual sólo se pudo hacer efectivo sobre una pequeña fracción que de ésta se encontraba en el establecimiento comercial del actor, ya que la diferencia había sido vendida o enviada a Bogotá, según información de quien atendió la diligencia de levantamiento de la mercancía aprehendida, realizada el 20 de diciembre de 1996 (fls. 116 a 122).

Con respecto a la mercancía “levantada” (físicamente aprehendida), se le formuló pliego de cargos al actor, estimándola para el efecto en un valor base aduanero de trescientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos ($ 358.333) y bajo la consideración de que hasta la fecha no se había demostrado la legal introducción de la mercancía al país.

Otro tanto se hizo, en pliego aparte, con relación a la mercancía que no se encontró el día de la diligencia de aprehensión, la que para tal fin fue valorada en dos millones trescientos trece mil trescientos treinta y tres pesos ($ 2.313.333) m/cte., bajo el cargo de incurrir en falta al régimen de aduanas por imposibilidad de aprehensión de la mercancía en mención, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994, sancionable con multa equivalente al 200% del valor aduanero de la misma, o sea a cuatro millones seiscientos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos ($ 4.626.666):

Las diligencias relativas al primer pliego de cargos fueron resueltas mediante la Resolución 25 de 7 de mayo de 1997, ordenando el decomiso de la mercancía aprehendida, contra la cual el actor interpuso el recurso de reconsideración, decidido con la Resolución de 3 de septiembre de 1997, en el sentido de modificar la anterior, de modo que la mercancía finalmente decomisada se redujo a un monto de trescientos noventa mil trescientos treinta y tres pesos ($ 390.333).

La actuación concerniente a la mercancía que no fue posible aprehender culminó con la Resolución 1 de 7 de mayo de 1997, imponiéndole al actor la multa antes enunciada, equivalente al 200% del valor aduanero de aquella.

Esta resolución también fue impugnada en recurso de reconsideración, a su vez desatado mediante Resolución 20 de 30 de octubre de 1997, en el sentido de confirmarla.

El 18 de diciembre de ese mismo año, el actor hizo entrega física a la DIAN, en la ciudad de Manizales, de una serie de elementos que relacionó sin señalar su valor, manifestando que le habían sido dejados en depósito y que no le habían sido requeridos en ningún momento; mercancía esta que fue aprehendida por dicha entidad en diligencia practica el 10 de marzo de 1998, mediante acta 00013, visible a folios 246 a 248 del cuaderno 2 del expediente.

(...).

Consideraciones

1. Se persigue la nulidad de las resoluciones que se enuncian a continuación:

— Número 25 de 7 de mayo de 1997, mediante la cual el jefe del a división de liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales, dispone el decomiso de la mercancía de procedencia extranjera, que se encontraba en poder del demandante, consistente en adornos navideños, avaluada en la suma de cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos treinta y tres pesos ($ 498.333) m/cte., debido a que éste no acreditó la legal introducción al país de la misma.

— Sin número de 3 de septiembre de 1997, expedida por el jefe de la división jurídica de la misma administración de impuestos, en virtud del recurso de reconsideración interpuesto contra aquélla, modificándola en el sentido de disminuir la mercancía decomisada a un valor de trescientos noventa mil trescientos treinta y tres pesos ($ 390.333) y declarar agotada la vía gubernativa para la discusión del decomiso de la mercancía.

— Número 00001 de 7 de mayo de 1997, por medio de la cual se impone al actor una multa de cuatro millones seiscientos veintiséis mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte. ($ 4.626.666), equivalente al valor de la mercancía que no fue posible aprehender, “teniendo en cuenta que el señor Javier Valencia Hoyos dispuso de la mercancía descrita en la misma resolución, sin autorización competente”.

— Número 00020 de 28 de octubre de 1997, por la cual se resuelve el recurso de reconsideración contra la antes citada, en el sentido, de una parte, de ordenar la devolución de una mercancía y, de otra, de confirmar la sanción impuesta en esa resolución.

2. Tal como se describió en los hechos, tales resoluciones se produjeron en dos actuaciones administrativas que a su turno se originaron en circunstancias atinentes a una mercancía importada que le fue retenida al actor y que no obstante se le dejó en depósito mientras allegaba la documentación que acreditara la legalidad de su importación, por consiguiente, el examen de los cargos pasa por la verificación del fundamento jurídico de la comentada exigencia que las autoridades aduaneras impusieron al actor.

Al efecto se tiene que la entidad demandada se basó en los artículos 1º a 3º del Decreto 1909 de 1992, los cuales también sirven de sustento a los cargos de la demanda y cuyo tenor es el siguiente:

“ART. 1º—Ámbito de aplicación y concepto. Las disposiciones consagradas en este título conforman el régimen bajo el cual se regula la importación de mercancías, entendiéndose por ésta la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio nacional”.

“ART. 2º—Obligación aduanera en la importación. La obligación aduanera nace por la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio nacional”.

“ART. 3º—Responsables de la obligación aduanera. De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el propietario, o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, depositario, intermediario y el declarante.

Para efectos aduaneros, la Nación estará representada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Aduanas Nacionales”.

Conviene considerar también el artículo 4º del mismo decreto, en cuanto dispone que “la obligación aduanera es de carácter personal, sin perjuicio de que se pueda hacer efectivo su cumplimiento sobre la mercancía, mediante el abandono, la aprehensión y decomiso, con preferencia sobre cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella, e independientemente de quien sea su propietario o tenedor”.

De lo anterior se desprende que toda mercancía extranjera constituye una garantía real de las obligaciones que ella genere en el campo aduanero, no obstante el carácter personal de tales obligaciones (1) ; de suerte que para efectos de procurar su cumplimiento pueda ser perseguida sin que interesen las circunstancias en que la tenga la persona en cuyo poder se encuentre, con mucha más razón si ha sido introducida de contrabando.

(1) La Sala, en sentencia de junio de 2000, expediente 5064, C.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, reiteró su posición jurisprudencial al respecto, al señalar: “La norma, posibilita el decomiso de la mercancía por omisiones del transportador, sin que por ello pueda calificársele de excesiva o exageradamente formalista, pues no hay que olvidar, que el objeto de este control es la mercancía misma y que su suerte está directamente ligada al cumplimiento de las obligaciones sobre las que se ejerce dicho control, al punto que sobre ella pesa la condición de ser garantía prendaria de las mismas, por disponerlo así el artículo 8º del Decreto-Ley 2666 de 1984 que, bajo el título “Relación de las mercancías con la obligación tributaria aduanera”, prescribe que la mercancía importada o en trámite de exportación constituirá prenda para garantizar la obligación tributaria aduanera. Si bien es cierto fue dentro del proceso de ingreso legal al país de la mercancía extranjera, las obligaciones para el transportador inherentes a la entrega, antes del descargue de la mercancía de los documentos de transporte, no lo es menos que el importador es el principal responsable del cumplimiento de todas las regulaciones para que la mercancía ingrese al territorio nacional, ya que, como se anotó, esta es prenda de garantía de la legalidad del trámite” (subraya ahora la Sala).

En el presente evento, el actor adujo la condición de propietario de la mercancía en razón de su compra a los importadores, y si bien así lo acreditó ante la DIAN, respecto de una parte de la misma, mediante las facturas respectivas, de la cual además logró allegar copia de los documentos relativos a la legalización de su importación, aparece en el expediente que la parte decomisada no tiene el respaldo debido en los documentos allegados para los mismos efectos, al no aparecer relacionada o descrita en los mismos, o no coincidir la relacionada en las facturas de compra con las declaraciones de importación.

En estas circunstancias, los actos acusados resultan acordes con la situación procesal y las disposiciones en que se fundamentan, puesto que se está ante una mercancía extranjera introducida al territorio nacional que no aparece amparada por la respectiva declaración de importación, luego cabe presumirla de contrabando, situación que amerita el decomiso atacado.

De otra parte, al haberle sido dejada en depósito, el actor adquirió la obligación de ponerla a disposición de la DIAN en el momento en que ésta la requiriera, lo cual le implicaba que debía conservarla en el lugar que le fuera posible cumplir con esa obligación. Por ello, no es excusa válida el argumento de que había trasladado la mercancía aprehendida de Manizales a Bogotá, y menos sin autorización o siquiera aviso previo a la agencia de la DIAN de aquella ciudad, que era la que estaba conociendo el asunto.

Lo anotado apunta hacia la necesidad de confirmar la sentencia apelada, por encontrarse acorde con la situación bajo examen y las disposiciones antes transcritas, que sirvieron de fundamento a los actos acusados.

No está demás advertir que la interdicción de que es susceptible toda mercancía extranjera introducida en el territorio nacional, independientemente de quien la tenga y la condición de dicha tendencia, no conlleva desprotección de los tenedores de buena fe de la misma, por cuanto en caso de que sea objeto de decomiso por resultar de contrabando, éstos tienen a su alcance las acciones que prevé la ley contra el vendedor, entre ellas la de repetición, así como las relativas a la protección del consumidor.

De igual forma, atendiendo las normas transcritas, las autoridades aduaneras deben tener presente que cuando haya certeza del importador, la carga de acreditar la legalización de la mercancía extranjera le corresponde a éste en primer orden, de modo que, sin perjuicio de las medidas precautelares que pueden adoptar respecto de dicha mercancía, su actividad de control debe ser encaminada también hacia aquél, pudiendo la autoridad aduanera perseguir la mercancía, cualquiera que sean las circunstancias.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. Reconócese al abogado Antonio Granados Cardona como apoderado judicial de la entidad demandada, la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos y para los fines del poder conferido que obra a folio 13 de este cuaderno.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 14 de marzo de 2002».

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