Sentencia 7099 de marzo 15 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

ABUSO DEL DERECHO DE LITIGAR

CASOS EN QUE NO SE PRESENTA

EXTRACTOS: «Apoyada en doctrina y jurisprudencia de la Sala de Casación Civil que transcribe, la empresa recurrente sostiene que el demandante abusó del derecho a litigar. Afirma que el actor nunca reclamó o protestó por la pensión vitalicia de jubilación que Ecopetrol le otorgó de conformidad con el Acuerdo 01 de 1977, a pesar de abogado y jefe del departamento de relaciones industriales y no obstante conocer la reiterada jurisprudencia sobre ordinal 14 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo según la cual el despido por reconocimiento de la jubilación a un trabajador que no ha cumplido todos los requisitos señalados en el artículo 260 deviene injusto. Observa que el demandante esperó hasta el 29 de junio de 1989, víspera del vencimiento de los tres años a partir de la terminación del contrato, para agotar la vía gubernativa e interrumpir la prescripción que operaría al día siguiente, y que mantuvo su inactividad hasta el 10 de junio de 1992, 20 días antes de la finalización de la prórroga de los otros 3 años sobre el término de prescripción inicial, para instaurar la demanda que dio comienzo a este proceso.

De esa manera, dice la recurrente, logró el demandante que la indexación se calculase por un lapso de más de siete (7) años (junio de 1986 a octubre de 1993) que arroja la suma de $ 36.454.576.92 para una indemnización por despido de $ 6.676.662.44 y agrega que si bien es cierto que usó su facultad de interrumpir la prescripción y presentar la demanda, lo hizo con abuso del derecho de litigar, porque su ejercicio fue excesivo en relación con la finalidad que legítimamente ofrecen las leyes para el reconocimiento, efectividad o defensa de un derecho.

Observa que el abuso del derecho de litigar aparece manifiesto en la tardanza para presentar la demanda pues no hubo motivo legítimo para demorar su introducción durante casi tres (3) años, contrariando así los fines sociales de la facultad de litigar con el propósito conseguir un pago excesivo de la indexación, en perjuicio de la demandada. Por ello —dice la recurrente— aspira a que se reduzca la corrección monetaria correspondiente a ese período en que surge patente el abuso del derecho por el actor.

El opositor anota que el cargo ha debido plantearse por la vía indirecta pues implica dilucidar aspectos relativos a la buena o mala fe del demandante al interrumpir la prescripción y formular su demanda. Sostiene que quien alega abuso del derecho no puede basarse en el desconocimiento de sus propias obligaciones, de modo que si la empresa transgredió la ley al no pagar la indemnización por despido injusto, y persistió en la mora, es evidente que la mala fe no está en quien reclama sus derechos. Y dice finalmente que la indemnización por despido debe pagarse por su valor total y que el tiempo transcurrido desde el momento en que se causa esa obligación hasta cuando se paga efectivamente no es un lucro cesante de aquella.

Consideraciones de la Corte

No incurre en abuso del derecho el trabajador que interrumpe la prescripción o ejercita su acción dentro del término que le fija la ley, así la interrupción o la demanda se hayan planteado al empleador al final de ese límite. Si como consecuencia del proceso el juez decide que el actor tiene la razón, es axiomático que no abusó del derecho de litigar pues existió un ejercicio serio y fundado de su facultad de promover la acción. Y como al mismo tiempo la resolución judicial reconoce que el empleador demandado era deudor, éste no puede suponer que su ignorancia o la duda sobre la existencia de la obligación a su cargo le causan perjuicio porque el acreedor le haya formulado tardíamente el reclamo directo o el judicial, pues si era deudor del trabajador pesaba sobre él, como patrono, la solución del crédito, y no puede imputarle al trabajador malicia, intención dañina o mala fe, pues ello sería tanto como admitir, contra toda lógica, que la ley protege al deudor moroso, que está en una situación de hecho, y sanciona en cambio al acreedor a quien le reconoce la titularidad del derecho. Ni siquiera hay abuso del derecho de litigar cuando se reclama después de cumplido el término de prescripción, pues no puede olvidarse que la propia ley autoriza al deudor para renunciar expresa o tácitamente a ese beneficio y que las obligaciones extinguidas por el transcurso del tiempo pueden pagarse válidamente pues asumen la condición de obligaciones naturales (art. 1527 del C.C.).

No sería admisible, por otra parte, que quedara al arbitrio del empleador demandado —y ni siquiera del juez— la posibilidad de determinar, dentro del plazo que la ley le otorga al trabajador para demandar el reconocimiento efectivo de su derecho, el momento a partir del cual empezaría a parecerle abusivo el ejercicio de la acción, mucho menos si ha mediado la reclamación directa del acreedor, que al tiempo que le recuerda al deudor la existencia de una obligación vencida e insatisfecha, en cierto modo le advierte la intención de una futura acción judicial.

Finalmente se observa que el planteamiento de la recurrente da por supuesto que la indexación constituye para el actor un beneficio adicional a la indemnización por despido y ello no es así, pues se trata de la simple actualización del valor de la obligación causada tiempo atrás, de manera que el demandante se habría engañado si hubiese pretendido sacar ventaja injustificada del retardo en la interrupción de la prescripción y en la presentación de la demanda, pues la cantidad de dinero que debió pagársele por la indemnización en el año 1986, cuando terminó su contrato, sólo le da la misma capacidad de compra si su valor se actualiza. En cambio, al limitarse a sólo tres años la revaluación monetaria —como lo pretende el cargo— la empleadora resultaría pagando menos de lo que debió pagar.

Ya ha tenido oportunidad la Sala de precisar que con la indexación “no se busca un incremento, o un mayor valor de la deuda original, sino evitar una disminución en el patrimonio del trabajador, por el simple transcurso del tiempo y su depreciación monetaria, con lo cual fundamentalmente se está restableciendo la equidad y la justicia” (sentencia de 8 de abril de 1991, rad. 4087).

El cargo no prospera».

(Sentencia de casación, marzo 15 de 1995. Radicación 7099. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

_____________________________