Sentencia 71 de febrero 10 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expedientes 0071 (6884 y 6651)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Acción: Nulidad.

Actores: Asociación de Diarios Colombianos y Ligia Isabel Martín Doncel.

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Disponen los actos acusados:

“ART. 3º

PAR.—El día de elecciones, se prohíbe a los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora, medios escritos en general y a todas las modalidades de televisión legalmente autorizadas en el país, difundir propaganda política y electoral”.

“ART. 19.

... Las personas naturales o jurídicas que incumplan las prohibiciones establecidas en los artículos 3º y 7º del presente decreto, serán investigadas y sancionadas por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994”.

El Decreto 2007 de 2000, contentivo de las normas acusadas, invoca como sustento para su expedición los numerales 4º y 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 26, 27, 29, 30 y 39 de la Ley 130 de 1994; 10 y 16 de la Ley 163 de 1994, 156 del Decreto 2241 de 1986 y las leyes 105 y 336 de 1996.

Los cargos de las demandas acumuladas se contraen a señalar que las normas invocadas como fundamento para la expedición del Decreto 2007 no guardan relación alguna con el tema relacionado en las disposiciones cuestionadas; que la Ley 130 de 1994 no consagra prohibición alguna para los medios escritos en relación con la realización de la propaganda el día de las elecciones; y que las sanciones que dicha ley establece solo se refieren al decomiso de la mercancía.

En orden a dilucidar la controversia, la Sala observa lo siguiente:

El Decreto 2007 de 2000 no se refiere únicamente a la prohibición de la propaganda electoral el día de las elecciones, aspecto este al que se contraen las normas acusadas, sino que también contempla otras disposiciones en sus veinte artículos que lo componen, a saber: las transmisiones, las manifestaciones y actos de carácter político, la propaganda en espacios públicos, la posibilidad de permitir acompañante para votar a los ciudadanos que padezcan de limitaciones y dolencias físicas, la información de resultados electorales, las encuestas, la información sobre orden público, la prelación de mensajes, la colaboración y franquicia postal, telefónica y telegráfica, la franquicia para ensayos, disponibilidad de las grabaciones, ley seca, porte de armas, tránsito de vehículos automotores y transporte fluvial, toque de queda, transporte, fijación de rutas, consejos regionales de seguridad y sanciones a las empresas de transporte que no cumplan con las disposiciones de dicho decreto.

De tal manera que no puede afirmarse enfáticamente, como se hace en las demandas acumuladas, que las normas que se invocan como sustento para la expedición del Decreto 2007 no guardan relación alguna con el tema objeto de controversia, pues las disposiciones acusadas no son las únicas regulaciones que contempla dicho acto administrativo.

De otra parte, a juicio de la Sala los artículos 30 de la Ley 130 de 1994 y 10 de la Ley 163 de 1994, guardan estrecha relación con el objeto de las normas cuestionadas.

En efecto, prevén las citadas disposiciones:

Artículo 30 de la Ley 130 de 1994:

“De la propaganda y de las encuestas. Toda encuesta de opinión de carácter electoral al ser publicada o difundida, tendrá que serlo en su totalidad y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la recomendó, la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el área y la fecha o período de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado.

El día de las elecciones, los medios de comunicación no podrán divulgar proyecciones con fundamento en los datos recibidos, ni difundir resultados de encuestas sobre la forma como las personas decidieron su voto o con base en las declaraciones a los electores sobre la forma como piensan votar o han votado el día de las elecciones.

El Consejo Nacional Electoral ejercerá especial vigilancia sobre las entidades o personas que realicen profesionalmente esta actividad, cuando se trate exclusivamente de encuestas sobre partidos, movimientos, candidatos o grado de apoyo a los mismos, para que las preguntas al público no sean formuladas de tal forma que induzcan una respuesta determinada.

PAR.—La infracción a las disposiciones de este artículo, será sancionada por el Consejo Nacional Electoral, con multa de 25 a 40 salarios mínimos mensuales o con la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades”.

Artículo 10 de la Ley 163 de 1994:

“Propaganda durante el día de elecciones. Queda prohibida toda clase de propaganda política y electoral el día de las elecciones. Por lo tanto, no se podrán portar camisetas cualquier prenda de vestir alusiva a propaganda política, afiches, volantes, gacetas o documentos similares que inviten a votar por determinado candidato o simplemente, la hagan propaganda.

Las autoridades podrán decomisar la propaganda respectiva, sin retener a la persona que la porte”.

Del texto de las disposiciones transcritas claramente se advierte que la voluntad del legislador es la de que el día de las elecciones los medios de comunicación en general no divulguen proyecciones, no difundan resultados de encuestas y no se haga ninguna clase de propaganda política y electoral.

La sanción de decomiso, a que se refiere el artículo 10 de Ley 163 de 1994, se entiende dirigida a quienes porten camisetas o cualquier prenda de vestir alusiva a propaganda política, afiches, volantes, gacetas alusivas a determinado funcionario, no a los medios de comunicación.

Empero, dicha norma está consagrando una prohibición de hacer toda clase de propaganda política o electoral el día de las elecciones, expresión esta que necesariamente involucra a la propaganda política pagada que se hace a través de los distintos medios de comunicación.

Lo que busca el legislador, tanto en la Ley 130 de 1994, como en la Ley 163 del mismo año, es evitar que el día de las elecciones los electores se vean inducidos tanto por los medios de comunicación, como por las personas simpatizantes de los distintos candidatos, a inclinar su decisión de voto a favor de determinado candidato.

De tal manera que bien puede entenderse que lo que hizo el artículo 10 de la Ley 163 de 1994 fue ampliar la prohibición consagrada en el artículo 30, inciso 2º, de la Ley 130. Es decir, que el día de las elecciones los medios de comunicación no pueden divulgar proyecciones con fundamento en los datos recibidos ni difundir resultados de encuestas ni pasar propaganda política, so pena de las sanciones previstas en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, en armonía con el parágrafo del artículo 30, ibídem.

Los razonamientos precedentes descartan la prosperidad del cargo de falta de competencia del Consejo Nacional Electoral en materia sancionatoria pues el texto del artículo 265, numeral 5º, de la Carta Política es diáfano en señalar que, dicha entidad debe velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política y el desarrollo de los procesos electorales en plenas garantías; y en cumplimiento de este mandato superior los artículos 30 y 39 de la Ley 130 de 1994, en armonía con el artículo 10 de la Ley 163 de 1994, le atribuyen al Consejo Nacional Electoral la potestad de ejercer la vigilancia sobre las personas o entidades que realicen profesionalmente la actividad en los medios de comunicación con ocasión de los procesos electorales y de imponer las condignas sanciones en caso de que se incumplan sus disposiciones.

Consecuente con lo anterior, debe la Sala denegar las pretensiones de las demandas acumuladas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de las demandadas en los procesos acumulados de la referencia.

DEVUÉLVANSE a las actoras las sumas de dinero depositadas para gastos ordinarios del proceso si no fueron utilizadas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de febrero de 2005.

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