Sentencia 7109 de enero 27 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

PENSIÓN DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN

ES COMPATIBLE CON LA PENSIÓN DEL SEGURO SOCIAL

EXTRACTOS: «Es asunto aceptado por las partes que el demandante viene pensionado por la Caja Nacional de Previsión, Resolución Nº 6373 de octubre de 1967, por haber laborado más de 20 años al servicio del Estado colombiano (hecho 7º de la demanda inicial, fl. 2 y respuesta al mismo, fl 21). Igualmente aceptan que el reclamante solicitó al ISS el reconocimiento de su pensión de vejez por haber cumplido la edad de 60 años y haber cotizado al citado Instituto más de 500 semanas, el 30 de julio de 1985, la que le fue negada (demanda principal, fls. 1 a 3 y su respuesta, fl. 21).

Es innegable que el artículo 64 de la Constitución de 1886, reformado por el artículo 23 del Acto Legislativo Nº 1 de 1936 y hoy con el artículo 128 de la Carta Política, a nadie le permite recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas e instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinado por la ley. En la Constitución anterior se entendió como tesoro público el de la Nación, los departamentos y los municipios; en la de 1991 se agrega el de los entes descentralizados.

La filosofía del precepto constitucional que no permite la percepción de dos asignaciones del tesoro público o que provengan de empresas o de instituciones en que la participación estatal sea principal o mayoritaria, no es otra que la de impedir, por razones de moralidad y decoro administrativos que los empleados oficiales puedan valerse de su influencia para obtener del Estado una remuneración diferente o adicional a la que perciben como sueldo, sea que tal asignación adicional revista el carácter de honorario, dieta o como quiera denominarse. Pero debe observarse que esa prohibición constitucional no puede extenderse a aquellos casos en los cuales no se vulnera esa norma, que tiende -se repite- a preservar la moral en el servicio público.

El artículo 47 del D.L. 1650 de 1977 calificó al ISS como establecimiento público (hoy empresa industrial y comercial del Estado, art 1º D.L. 2148 de 1992). El ISS fue creado por la Ley 90 de 1946. En el artículo 16 de la citada ley, se adoptó un sistema de financiación tripartita; trabajadores, empleadores y Estado. Dicha forma de financiación se varió con el Decreto-Ley 433 de 1971, en cuanto a los aportes del Estado, por un “aporte anual que se señalará en los presupuestos de rentas y gastos de la Nación” (lit e) ibídem). Posteriormente se dictó el Decreto-Ley 1650 de 1977, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 12 de ese mismo año, estableciéndose en el artículo 22 lo siguiente:

“De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de enfermedad en general, maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o empleadores aportarán el sesenta y siete por ciento de la cotización total y los trabajadores el treinta y tres por ciento.

La cotización para el seguro de accidente de trabajo y de enfermedad profesional estará exclusivamente a cargo del patrono o empleador”.

Puede verse con facilidad, que el aporte del Estado desapareció de la seguridad social (hasta antes de la Ley 100 de 1993, expedida en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política). Puede decirse, entonces, que el ISS se convirtió en un mero administrador de los dineros que aportaran asalariados y empleadores, con el compromiso de manejarlos; y por consiguiente no puede afirmarse que las pensiones que este otorgue provinieron del tesoro público.

El Consejo de Estado, en fallo del 24 de marzo de 1983 expuso sobre el particular:

”...Lo anterior exonera a la Sala de hacer el estudio sobre la naturaleza jurídica de las pensiones de jubilación acordadas por el Instituto de Seguros Sociales, que aunque últimamente configurado por establecimiento público, paga las jubilaciones con recursos de origen privado, como son las cuotas obrero patronales, pues su financiación tripartita desapareció ante la peregrina tesis de que la mora en el pago extingue la obligación legal. Y no sólo los fondos son de derecho privado sino que los beneficiarios, por lo menos en principio, son trabajadores particulares”.

Con base en todas las reflexiones que se han dejado expuestas, se tiene que en el sub examen, estamos en presencia de dos pensiones completamente diferentes, la que recibe el demandante de la Caja Nacional de Previsión Social y la que reclama ahora del Seguro Social, las que igualmente tiene un origen o concepto distinto, pues la una obedece a servicios prestados al Estado colombiano y la que reclama del ISS es por haber prestado servicios laborales a otra entidad, cotizando a dicho ente para el riesgo de vejez y los fondos con los que se pagan esas pensiones, son igualmente opuestos, todo lo cual hace que las dos pensiones sean compatibles.

Igualmente, debe anotarse que esta Sala de la Corte se ha pronunciado en asuntos, en los cuales se ha expresado que no existe incompatibilidad de carácter institucional entre la pensión de jubilación reconocida por una entidad oficial con la sustitución pensional o pensión de viudez otorgada por la misma u otra entidad oficial, lo cual también puede predicarse cuando el Instituto de Seguros Sociales reconoce una pensión de sobrevivientes a favor de la viuda y por otra parte otorga directamente a la trabajadora la pensión de vejez originada en un riesgo diferente, por la prestación de sus propios servicios.

Entre otras, pueden citarse, la del 21 de mayo de 1991; 3 de marzo de 1994; 2 de noviembre de 1994 y 24 de enero de 1995».

(Sentencia de enero 27 de 1995. Radicación 7109. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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