Sentencia 7116 de noviembre 30 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DEMANDA DE PERTENENCIA CONTRA PERSONA JURÍDICA

PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

EXTRACTOS: «4. En verdad, una es la exigencia prevista en el numeral 3º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, relativa a que la demanda de pertenencia sobre un inmueble debe dirigirse contra la persona que aparece como titular de derecho real sujeto a registro en el certificado del registrador que se acompaña con la demanda; y muy otra es la exigencia de la prueba de la existencia y representación de la persona jurídica que, según ese certificado, debe ser demandada; de manera que la primera exigencia no obvia la segunda, sino que, por el contrario, son complementarias.

En efecto, el dato que ofrece el registro de instrumentos públicos determina a quién debe demandarse en la acción de pertenencia, pues no puede ser a persona distinta de la que aparezca como titular de un derecho real sobre el inmueble; pero si ello es así, también es evidente que si esa persona es de naturaleza jurídica, el demandante debe acompañar la prueba que acredite no sólo su existencia sino también la representación legal, según lo disponen los numerales 3º y 4º del artículo 77 del Código de Procedimiento Civil.

5. Ahora bien, la prueba idónea de la existencia de una persona jurídica de denominación religiosa, como la demandada de este proceso, emana de que “pueden conservar o adquirir personería jurídica de derecho privado con arreglo a las disposiciones generales del derecho civil, según lo prevé el parágrafo del artículo 9º de la Ley 33 de 1994”, de lo cual no hay constancia en este proceso; y si se trata de una persona jurídica extranjera, la prueba debe consistir en la documentación que aporte de acuerdo con la ley de su país, la misma que tampoco obra en este caso; desde luego que tratándose de personas jurídicas de derecho privado con domicilio en el exterior, pero con negocios permanentes en Colombia, según el artículo 48 ibídem (CPC), para efectos de la concurrencia procesal, deben “constituir en el lugar donde tengan tales negocios apoderados con capacidad para representarlas judicialmente”, y con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito, “prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder”; un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en el Ministerio de Justicia, no tratándose de una sociedad, lo cual aquí, según se vio, no ha ocurrido.

6. En conclusión, el cargo primero no está llamado a prosperar, en la medida en que, amén de los defectos de técnica anotados, el cargo no logra demostrar la existencia de la persona jurídica demandada, por cuya ausencia el tribunal dictó sentencia inhibitoria, y en el bien entendido de que el mero emplazamiento de una persona cuya existencia precisamente se desconoce no supera tal omisión».

(Sentencia de casación, noviembre 30 de 2001. Expediente 7116. Magistrado Ponente: Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno).

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