SENTENCIA 7120 DE MARZO 4 DE 1994

 

Sentencia 7120 de marzo 4 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PROPIEDAD PRIVADA DEL SUBSUELO

REQUISITOS LEGALES PARA ESTA EXCEPCIÓN

EXTRACTOS: «La cuestión debatida en este proceso consiste en determinar si la Resolución 31380 de 25 de julio de 1991 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, se ajusta o no a las disposiciones constitucionales y legales reguladoras de la materia controvertida.

Consecuencialmente debe decidirse si al demandante Carlos Julio Zerda Bautista puede con-siderársele como propietario comunitario o condueño del subsuelo y de los hidrocarburos que se encuentren en el predio denominado “El Emporio”, anteriormente “Santiago de las Atalayas”, pretendido derecho derivado mediatamente de la cédula real constituida en favor de don Vicente de la Zerda, protocolizada en la Notaría Cuarta del Circuito de Bogotá, bajo el número 235 de 19 de enero de 1945.

Las posiciones antagónicas desde luego de las partes en el proceso, bien pueden concretarse así:

La demandada, es decir, la Nación - Ministerio de Minas y Energía profirió la Resolución Nº 031380 de 25 de julio de 1991, mediante la cual negó “la inscripción de la propiedad privada del subsuelo petrolífero del inmueble descrito alinderado en la cédula real sobre la capellanía fundada por don Vicente de la Zerda”, por cuanto “que en el expediente no obra un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina, o un fallo que conserve su validez jurídica y reconozca o declare el derecho del interesado a la propiedad de los hidrocarburos, ni se aporta prueba de la existencia de un yacimiento descubierto con anterioridad al 22 de diciembre de 1969...”. Esta posición jurídica, más ampliamente fundamentada la sostiene el ente oficial en este proceso.

El demandante, por su parte, aduce que la cédula real de 12 de noviembre de 1777 conferida a don Vicente de la Zerda, conserva toda su validez en cuanto al subsuelo se refiere y constituye un justo título proveniente del Estado anterior a octubre de 1873, y que por adquisiciones posteriores es titular de unos derechos sobre el subsuelo del inmueble descrito en dicha cédula, lo cual lo hace acreedor al ser reconocido como legítimo propietario, en la proporción que se demuestre del subsuelo del terreno alinderado e identificado en la cédula real mencionada.

Considera la Sala necesario que, así sea en forma breve, se haga alguna referencia en torno a la situación jurídica del subsuelo petrolífero, para una mejor comprensión del asunto controvertido.

En este orden de ideas, resulta conveniente advertir con fundamento en los antecedentes legislativos del país y especialmente españoles, cuál debe ser el criterio a seguir con respecto al subsuelo, concretamente frente a los hidrocarburos que en él se encuentren.

Conviene previamente señalar que en el derecho real español, al contrario de lo regulado por el derecho romano, el subsuelo pertenecía al soberano, bajo la concepción del dominio eminente. Así lo imponían las necesidades económicas y políticas de la época que no le permitían a los reyes de España considerar el subsuelo minero como accesorio del suelo y, por consiguiente, tener al dueño de éste como dueño también de aquél.

En derecho minero español, se diferenció el tratamiento legal que se le debía dar al suelo y al subsuelo, hasta el punto de configurar una doble propiedad inmueble.

“La opinión más común es que ellos (los metales) i las minas, o mineros de donde se sacan, se tenga por lo que llaman regalías, que es como decir por bienes pertenecientes a los reyes i supremos señores de las provincias donde se halla, i por propios, i incorporados por derecho, i costumbre en su patrimonio, i corona real, ora se hallen i descubran en lugares públicos, ora en tierras y posesiones de personas particulares. En tanto grado que aunque estas aleguen, i prueben, que poseen las tierra i sus términos por particular merced, i concesión de los mismos príncipes se les hizo, no les valdría ni aprovechará esto, para adquirir, i ganar para sí las minas, que en ellas se descubrieren, si eso no se hallare especialmente dicho i expresado en la dicha merced”. (Derecho de Minas-Régimen Jurídico del Subsuelo-Eustorgio Sarria y Mauricio Sarria Barragán).

Tal diferenciación la advierte Ots Capdequi “aún en aquellos días excepcionales, al hacer mercedes a los caudillos y empresarios, jefes de expediciones descubridoras, siempre se estableció una diferencia entre el suelo y el sub-suelo”, para concluir “que la regalía en orden a las minas no tuvo limitación ni en la calidad de la tierra, pública o privada, ni en la calidad de los yacimientos mineros: que el dominio del suelo no daba ningún derecho al dominio del subsuelo”.

Era entonces decisión real que el subsuelo pertenecía al rey y no a sus vasallos. Así se consagró en las Ordenanzas de Minería de Nueva España, entre las cuales, según citas del profesor Eustorgio Sarria, se disponía:

“Las minas son propias de mi real corona. Sin separarlas de mi real patrimonio, las concedo a mis vasallos en propiedad y posesión”.

Igualmente, en la Ley 11, título 28, partida 3ª del año 1263, se consagró: “Las reudas de los puertos et las salinas et las mineras pertenecen a los reyes”; y en el año 1396, Novísima Recopilación, Ley I, título XVIII, libro IX, se estableció que “todas las mineras de plata y oro y plomo y de otro cualquier metal de cualquier cosa que sea, en nuestro señorío real, pertenece a nos, por ende ninguno sea osado de laborar sin nuestra especial licencia y mandato”.

Previos los antecedentes brevemente enunciados, la legislación sobre propiedad minera en nuestro país se ha dividido en tres períodos: el primero, que comprende desde la conquista, hasta la época de la Confederación Granadina en 1858; el segundo, que se inicia en esta última y culmina al entrar en vigencia la Constitución de 1886 y, por último, desde 1886 hasta la época actual.

En el primer período básicamente continuó rigiendo la legislación española y, por consiguiente, el criterio de que el subsuelo pertenecía a la Corona y no al dueño del suelo. Esta división entre el suelo y el subsuelo se mantuvo, y fue así como la Constitución de 1821 y el Decreto del Libertador de 24 de octubre de 1829, o Reglamento sobre Minería, reafirmaron para el Estado el dominio pleno sobre todas las minas. Este último estatuto en su artículo 1º dispuso:

“Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la República, cuyo Gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto”.

Cabe señalar cómo en la exposición de motivos de la Ley 20 de 1969, al referirse a este período se precisa que durante la colonia y los primeros cuarenta y ocho años de vida independiente, todas las minas, estuvieran en terrenos baldíos o privados, “pertenecían exclusivamente a la Corona y después a la República, que no a los particulares”.

El segundo período, comenzó al organizarse la Confederación Granadina por la Constitución de 1858, seguida por las de 1861 y 1863, y en tal virtud la situación jurídica del subsuelo se modificó, contrariando la tradición legislativa del país sobre la propiedad minera. Se declaró entonces que pertenecían a la Confederación los baldíos, las vertientes saladas y las minas de esmeraldas y de sal gema que se encontraran en terrenos nacionales o particulares; se autorizó a los Estados soberanos a regular los asuntos que no fueren competencia de la Confederación, por lo que procedieron a legislar sobre el régimen minero de cada uno. En este período se expidió el Código Fiscal de 1873, y en el artículo 1116 se reservó la propiedad de las minas y depósitos de carbón, grano y cualquier otro abono, en tanto que por el artículo 1126 se declaró como pertenecientes a la Unión las minas de cobre, hierro y demás metales no preciosos, las de azufre y otros no expresados en el título 14 del Código, entre los cuales figura el petróleo.

Fue en este mismo período que se expidió la Ley 127 de 1867 o Código de Minas del Estado Soberano de Antioquia, adoptado luego para toda la República, previamente concordado con el nuevo régimen constitucional, mediante la Ley 38 de 1887, estatuto que determinó la propiedad de las minas de esmeraldas y sal gema, para la Nación; las de oro, plata, platino y cobre, para el Estado, y todas las demás para el propietario del terreno.

Para el tercer período, iniciado con la expedición de la Constitución Nacional de 1886, el sistema anterior fue modificado, al implantarse nuevamente el dominio eminente, como titular el Estado (art. 4º y 202), no solo de las minas que pertenecían a los Estados soberanos, sino a las cobijadas por la reserva federal hasta entonces vigente. El nuevo sistema se consagró en el artículo 202 Carta, del cual más adelante se ocupará la Sala, dada su importancia para la decisión de este litigio.

Conviene hacer referencia al artículo 5º de la Ley 38 de 1887, mediante la cual se adoptó el Código de Minas de Antioquia, previa adecuación al nuevo modelo constitucional, cuyos artículos 5º y 11 establecieron: “En donde quiera que la propiedad de las minas hubiere sido del propietario del suelo, hasta el 7 de septiembre de 1886, en que empezó a regir la nueva Constitución, cada uno se contará desde la fecha de esta ley, un derecho preferente al de cualquier otro individuo para buscar, catar y denunciar las minas que hubiere dentro de su heredad. Pasado un año, las minas que hubiere dentro de esa heredad serán denunciables por cualquiera, como pueden serlo todas las demás conforme a la ley, con la excepción de que tratan los artículos 3º y 4º de esta ley”. Así mismo, según el artículo 11, “el titular de las minas que, pasando cinco años desde la fecha de la adjudicación, no hubiere establecido trabajos formales de explotación, perderá el derecho adquirido aún cuando pague el respectivo impuesto. Igual pena sufrirá el adjudicatario cesionario que después de establecidos los trabajos dichos, los suspenda por más de un año, salvo fuerza mayor o caso fortuito”.

Por virtud de lo previsto en el Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos), en el artículo 5º se consagró como de propiedad particular el petróleo que se encuentre en terrenos que salieron legalmente del patrimonio nacional con anterioridad al 28 de octubre de 1873 y que no hayan sido recuperados por la Nación por nulidad, caducidad, resolución o por cualquier otra causa legal.

Culmina este tercer período con la expedición de la Ley 20 de 1969, sus decretos reglamentarios y la Ley Nº 97 de 17 de diciembre de 1993, “por la cual interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969 y se dictan otras disposiciones”.

Norma fundamental, según se ha visto, en el actual sistema de propiedad minera, fue el artículo 202 de la Constitución Nacional de 1886, que establece:

“Art. 202.—Pertenecen a la República de Colombia:

1. Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión Colombiana el 15 de abril de 1886.

2. Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobra la nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros por dichos Estados, o a favor de estos por la nación a título de indemnización.

3. Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio nacional, sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas”.

De la anterior disposición con cuya vigencia el Estado, por el tránsito del sistema federal, al sistema unitario, reivindicó la propiedad de todas las minas y de los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, “sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros”.

Fue precisamente para restablecer la propiedad estatal sobre los yacimientos mineros que se dictó la Ley 38 de 1887, anteriormente transcrita en su artículo 5º según el cual, si la expectativa de derecho que el propietario del suelo tenía sobre el subsuelo no se concretaba por omitir en el término legal la búsqueda y denuncia de las minas o del yacimiento, el pretendido derecho se extinguía, pues ese fue el sentido de la norma: que todas las minas y yacimientos pasaran a ser propiedad de la Nación, y que aquellos sobre los cuales existieran derechos constituidos se concretaran en los términos de ley, lo que al ser pretermitido originaba la extinción del pretendido derecho constituido.

Cabe anotar cómo en torno de las llamadas simples expectativas y derechos constituidos, sobre el subsuelo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, ha tenido oportunidad de pronunciarse.

La Corte, en sentencia de 12 de junio de 1913, sostuvo “que los derechos constituidos a favor de terceros sobre toda clase de minas, a que se refiere el artículo 202 de la Constitución, no son otros que los referentes a las minas denunciadas, tituladas y explotadas de acuerdo a las leyes anteriores a la expedición de la Carta Fundamental”, y que excluidos esos derechos, “todas las minas de cualquier otra clase, y sustancias que sean, son propiedad del Estado”. En igual sentido la misma Corporación, Sala de Negocios Generales, en providencia de 29 de agosto de 1963, actor: Arcesio Mejía Hoyos expresó que “los derechos constituidos de que habla el ordinal 2º (del artículo 202 de la Constitución) no son otros que los adquiridos conforme a la legislación anterior, o sea, las situaciones jurídicas individuales creadas a su amparo”, precisando además que la excepción consagrada en el artículo 202.

“...sólo ampara situaciones jurídicas individuales, y la Ley 127 —como las demás de los Estados Soberanos que establecieron el sistema de la acccesión— sólo pudo crear una situación impersonal y abstracta, por los motivos ya expresados y además, porque no podía ser objetiva o concreta en relación con cosas cuya existencia todavía se ignoraba cuando entró a regir el precepto constitucional, es decir, respecto de las cuales aún no se había consumado el hecho que podía producir la adquisición del dominio, ya que el derecho adquirido es el efecto jurídico de un hecho cumplido conforme a una normación legal, por lo cual supone el conocimiento y la determinación del objeto a que ese hecho se refiere (...). La situación de tales minas es análoga a la del tesoro antes del hallazgo, y la condición en que están quienes a éste pueden tener derecho es de simple expectativa, según Lehmann. (Tratado de Derecho Civil, Vol. I., Parte 1ª, secc. I., Capítulo III, 12, 11, 4); y según Wolff, antes del descubrimiento o hallazgo no se tiene siquiera una expectativa de derecho: “el descubrimiento funda (antes de la toma de posesión) para el propietario y para el descubridor en derecho de expectativa de propiedad, enajenable y transmisible por herencia. En cambio, semejante derecho no existe todavía antes del descubrimiento del tesoro, y por tanto, al enajenar una finca, no cabe que nadie se reserve derechos sobre tesoros aún no descubiertos” (Enneccerus Kipp Wolff, Tratado de Derecho Civil, T. III. Capítulo III)”.

El Consejo de Estado, en providencias de 28 de enero de 1971 y 11 de mayo del mismo año, ambas de la Sección Tercera, compartió los razonamientos anteriores, es decir la diferenciación que debe hacerse entre las meras expectativas y los derechos constituidos sobre yacimien-tos petroleros.

La Sala comparte íntegramente lo expresado en las providencias mencionadas y concluye, al igual que en aquellas, que se debe distinguir entre las simples expectativas y los derechos constituidos sobre los yacimientos de petróleo, en cuanto se refieran al artículo 202 de la Constitución de 1886, y que el “régimen exceptivo consagrado en dicha norma superior ampara sólo los derechos constituidos con anterioridad o posterioridad a la vigencia de dicho canon constitucional. En las anteriores condiciones, si no se da el derecho constituido conforme a la ley, la excepción se desvirtúa y en su lugar prevalece el principio general de que el dominio del subsuelo corresponde en su totalidad al Estado”.

Ese mismo concepto de mera expectativa juega importante papel en el entendimiento e interpretación de algunas de las normas que contemplaron la propiedad privada del petróleo, entre ellas los artículos 4º de la Ley 37 de 1931, 7º y 10 de la Ley 160 de 1936, incorporados en los artículos 5º y 36 del Código de Petróleos.

Precisamente, el actor alude a tales disposiciones, y destaca que el petróleo es de propiedad particular cuando se halle en “terrenos que salieron legalmente del patrimonio nacional con anterioridad al 28 de octubre de 1873 y que no hayan sido recuperados por la Nación por nulidad, caducidad, resolución o por cualquier otra causa legal”. Con fundamento en lo anterior sostiene que posee un justo título proveniente del Estado desde 1777, del cual deriva el derecho reclamado sobre el subsuelo del predio a que se refiere la demanda.

Al respecto anota la Sala que la reclamación que en tal sentido formula el demandante no tiene un carácter indefinido o indeterminado en el tiempo, dado que el plazo debe contarse con anterioridad al 28 de octubre de 1873 y hasta el 22 de mayo de 1858, fecha en que se modificó el régimen de propiedad sobre el subsuelo minero que desde los tiempos de la conquista imperaba en las tierras descubiertas. Así las cosas, su situación derivada de un título anterior a dicha época no permitiría aplicarle la norma comentada.

Ahora bien, en cuanto respecta a la aplicación de la Ley 20 de 1969, cuyo artículo 1º dispone que “todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros”, observa la Sala cómo ha sido objeto de distintas interpretaciones por parte del demandante y del demandado. Para aquel, prevalece el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de fecha 11 de julio de 1988(*) que determinó:

“a) La propiedad de las minas, reconocida en actos administrativos, o en sentencias definitivas, y la de los yacimientos de hidrocarburos reconocida en sentencias judiciales ejecutoriadas, anteriores al 22 de diciembre de 1969, no requieren la vinculación del derecho a yacimientos descubiertos ni la demostración de ese vínculo.

b) El artículo 3º de la Ley 20 de 1969 no es aplicable a los depósitos de hidrocarburos”.

De tales conclusiones, salvó su voto el señor consejero doctor Humberto Mora Osejo, cuyos planteamientos en los actuales momentos comparte la Sala y en lo pertinente les da cabida en esta providencia.

Le asiste razón a la entidad demandada cuando sostiene que no puede conminársele para que acoja el concepto aludido, por cuanto el mismo no tiene carácter obligatorio y además fue rendido con anterioridad a la expedición del Decreto 1994 de 1989, reglamentario de la Ley 20 de 1969, que precisó la fecha en que los yacimientos debían haber sido descubiertos y definió lo que debía entenderse por “yacimiento descubierto”.

Sin duda, como se sostuvo en la ponencia para primer debate del proyecto de ley en el Senado de la República, la norma del artículo 1º de la Ley 20 de 1969 “en realidad es la ratificación legal del artículo 202 de la Constitución Nacional. En tal sentido no introduce principio jurídico nuevo o distinto de lo que ordenó el constituyente de 1886, pero aclara que los derechos constituidos a favor de terceros sólo comprenden las situaciones jurídicas concretas, específicas como son en la jurisprudencia y en la doctrina los derechos adquiridos. La norma, pues, es interpretativa y aclaratoria, no creativa del derecho”.

En la misma exposición de motivos se concluyó, como anteriormente se comentó, que des-de la vigencia de la Constitución de 1886 la República recobró el dominio de todas las minas que se hallaban en el territorio nacional, lo que significó volver al régimen de propiedad del subsuelo minero que existía antes del 22 de mayo de 1858 cuando se inició el régimen de la Federación. Igualmente, se advirtió, que las excepciones relacionadas con los derechos constituidos a favor de terceros y los derechos adquiridos por los descubridores y explotadores de algunos yacimientos “se refieren, de manera exclusiva, a aquellas situaciones jurídicas individualizadas y concretas vinculadas directamente a un depósito minero específicamente determinado y siempre que tales situaciones hubieren estado legalmente perfeccionadas en el momento de entrar en vigencia la Carta Política del 86...” (Historia de las Leyes, Legislatura de 1969).

Sobre el particular, se señala en el salvamento de voto aludido, que este régimen jurídico obedece a la finalidad expresada por don Miguel Antonio Caro en el Consejo Nacional de Delegatorios, de hacer que la Nación “conserve los bienes anexos al atributo de la soberanía, como son el subsuelo y los baldíos”, de tal forma que el artículo 202 de la Carta, implicó en buena parte, si no una nacionalización, una restauración o recuperación del dominio del Estado sobre las minas y los yacimientos de hidrocarburos.

De lo anterior, según el salvamento de voto mencionado, resulta que el artículo 1º de la Ley 20 de 1969 no convalida situaciones ni derechos anteriores a la fecha de vigencia de la ley, sino que a partir de ésta exige que el derecho constituido se radique en un yacimiento descubierto con el objeto de poner en consonancia la legislación con el artículo 202 de la Constitución. En consecuencia, continúa, “el precepto que se comenta no tiene carácter retrospectivo, ni menos retroactivo, que permita interpretarlo como convalidante de las meras expectativas anteriores a su vigencia; la disposición exige, ni más ni menos, que se cumpla el artículo 202 de la Constitución y que, por lo mismo, la excepción que contempla consiste en derechos constituidos en yacimientos descubiertos. En otros términos, antes y después de que entrara en vigencia la Ley 20 de 1969, las excepciones, en cuanto tienen idéntico fundamento constitucional, deben tener el mismo tratamiento en la ley”.

Los razonamientos anteriores de los cuales infiere la Sala que para la época de su reclamación el actor sólo contaba con una mera expectativa, mas no con un derecho constituido a su favor, para así reclamar la propiedad del subsue-lo de los terrenos cuya titularidad alega, encuentra mayor respaldo con la expedición del Decreto 1994 de 1989, reglamentario de la Ley 20 de 1969, en cuanto consagró que la excepción derivada de los derechos constituidos a favor de terceros, “a partir del 22 de diciembre de 1969, sólo comprende las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos. Se entiende que únicamente reúnen tales requisitos las situaciones individuales creadas con anterioridad a la fecha citada, por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva, siempre que tales actos conserven su validez jurídica y que el 22 de diciembre de 1969 esas situaciones estuvieran vinculadas a uno o varios yacimientos descubiertos”.

Con relación a la norma antes referida, cuya inaplicación pretende el actor, estima la Sala que no le asiste razón al demandante, dado que dicha norma no hizo cosa diferente de aclarar el artículo 1º de la Ley 20 de 1969, en armonía con el artículo 202 de la Carta Política de 1886, sin que tal acto implique, en criterio de la Sala, la violación del artículo 4º de la actual Constitución, ni del artículo 332 ibidem, de acuerdo con las consideraciones anteriormente expresa-das, al hacer referencia a los derechos constituidos.

Por el contrario, es ostensible que el demandante no acreditó, a pesar de los requerimientos que se le hicieron, el título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o la sentencia definitiva que reconociera su derecho sobre el subsuelo, o bien, la vinculación a uno o varios yacimientos descubiertos, ya para la época de su solicitud o para la fecha de expedición de la resolución demandada. En tales condiciones no había lugar a que el Ministerio declarara la propiedad privada del subsuelo de un inmueble, respecto del cual el actor no demostró los requisitos legales necesarios para acogerse al régimen exceptivo previsto especialmente por la Constitución y la ley respecto “de los derechos constituidos a favor de terceros”, en los términos del artículo 202 de la Constitución Nacional de 1886.

Con miras a evitar equívocos, dudas y contradicciones en la interpretación de los artículos 1º y 13 de la Ley 20 de 1969, el propio legislador mediante Ley 97 de 1993 fijó el concepto de derechos constituidos a favor de terceros como “las situaciones jurídicas subjetivas y concretas, adquiridas y perfeccionadas por un título específico de adjudicación de hidrocarburos como mina o por una sentencia definitiva y en ejercicio de los cuales se hayan descubierto uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969”. En el artículo 2º, determinó que existe yacimiento descubierto de hidrocarburo “cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y las correspondientes pruebas de fluidos, se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos”.

Por último, en el artículo 3º de la Ley 97 de 1993 se determinó que “Las disposiciones contenidas en los artículos primero y segundo de la presente ley, constituyen la única interpretación autorizada de la Ley 20 de 1969, artículos primero y trece”.

Así las cosas, en criterio de la Sala, la interpretación que hizo el legislador con autoridad (artículo 25 del C.C.), al coincidir en lo fundamental con el contenido del acto demandado y con las consideraciones expresadas en esta providencia, conducen sin vacilación alguna a que se mantenga la resolución acusada y consecuen-cialmente se denieguen las súplicas de la demanda».

(Sentencia de marzo 4 de 1994. Expediente 7120. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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