Sentencia 7140 de abril 25 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7140

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El problema que plantea el caso está en definir si con ocasión de las restituciones mutuas dispuestas como consecuencia de la nulidad de un contrato mercantil, la condena a pagar una suma de dinero, reajustada monetariamente para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, resulta compatible con una simultánea condena a pagar por esa misma suma de dinero, “el interés legal comercial”, o “interés corriente”.

Para el tribunal esa doble condena no es procedente porque “devolver el capital recibido” “indexado” “y los intereses comerciales” sobre el mismo, “rompe el equilibrio que preconiza el artículo 1746”. De ahí que para mantenerlo, solo entienda viable “agregarse el llamado interés puro, o legal, vale decir el 6% anual desde la fecha del anticipo y hasta la ejecutoria de la presente sentencia”. En cambio para el recurrente, la condena por uno y otro rubro resulta compatible en materia mercantil porque el Código de Comercio establece una concepción diferente del interés legal, o sea el bancario corriente, que no es otra que reconocerlo “como lucro de una obligación dineraria ... antes que se estructure la mora del deudor”.

2. Ahora bien, el artículo 1746 del Código Civil, al regular los efectos de la nulidad, en procura de restablecer a las partes a la situación anterior, dispone lo concerniente a las restituciones mutuas, por virtud de las cuales se deben devolver las sumas de dinero recibidas como parte del precio, como ocurre a propósito de contratos como el que origina este caso, además de los intereses que normalmente habrían de producir.

En consideración al fenómeno inflacionario que ordinariamente se presenta durante el tiempo transcurrido entre la fecha de la recepción del dinero y la devolución, el cual trae como efecto la pérdida o disminución de su valor adquisitivo, desde hace varios lustros la jurisprudencia ha sido constante en disponer el correspondiente reajuste monetario con el fin de corregir la depreciación experimentada por la moneda, pues no de otra manera se logra el efecto retroactivo de la sentencia, porque si ella tenía al tiempo de celebrarse el contrato un determinado poder de compra, la parte que hizo entrega del dinero solo puede considerarse restablecida a la situación preexistente al acuerdo contractual, recibiendo una cantidad de dinero con un poder adquisitivo equivalente.

3. En materia mercantil, según lo precisó la Corte en su sentencia del 19 de noviembre de 2001, el legislador adoptó un mecanismo de indexación indirecta de las obligaciones pecuniarias de tal naturaleza, engastado en los intereses previstos en dicha normatividad. En la modalidad indicada, señaló la corporación, “ ...la deuda dineraria —por regla— sigue aferrada al principio nominalístico, y los índices de corrección se aplican por vía refleja, en situaciones particulares” (4) , una de cuyas principales expresiones es la tasa de interés que incluye la inflación (componente inflacionario) y que, por ende, “conlleva el reajuste indirecto de la prestación dineraria” (5) , evento en el cual resulta innegable que ella, además de retribuir —y, en el caso de la moratoria, resarcir— al acreedor, cumple con la función de compensarlo por la erosión que, ex ante, haya experimentado la moneda (función típicamente dual)”.

(4) (Roberto M. López Cabana. La indexación en las deudas dinerarias; en Indexación en el derecho argentino y comparado. Buenos Aires, Depalma, 1979. Pág. 76).

(5) (Jorge Bustamante Alsina. Indexación de deudas de dinero. En responsabilidad civil y otros estudios. Buenos Aires, Abeledo Perrot. 1984. Pág. 166).

Por la circunstancia anotada consideró que si “... el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de toda consideración especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, específicamente cuando los réditos que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios o moratorios, el interés bancario corriente que sirve de base para su cuantificación (C. de Co. art. 884), ya comprende, per se, la aludida corrección”, explicando que “... la tasa de interés monetaria —distinta de la pura, esto es, la concerniente al reconocimiento privativo del uso del capital—, se desdobla en diversos factores, v. gr. el rédito propiamente dicho; una tasa de seguridad por el riesgo asumido por el prestamista (tasa de riesgo); gastos de operación; monto compensatorio derivado del proceso inflacionario (tasa de inflación), entre otros conceptos admitidos por la jurisprudencia, por la doctrina (6) y por la autoridad encargada —en Colombia— de la inspección y vigilancia de las instituciones financieras (7) , de modo que, en tratándose de esta clase de tasas, específicamente de la bancaria corriente (C. de Co., art. 884) puede afirmarse sin hesitación alguna que su función, en la hora de ahora, no se reduce tan solo a determinar el precio por el uso del dinero, sino que también tiene el propósito, así sea indirecto, de compensar al acreedor por el deterioro cualitativo que éste sufra, en el entendido, claro está, de la irrupción y preservación del fenómeno inflacionario en la economía”.

(6) Cfme. Alberto D. Molinarlo. Del interés lucrativo, contractual y cuestiones conexas y Jorge Joaquín Llamblas. Obligaciones. A. Perrot. Buenos Aires. 1982. T. II Págs. 206 y 207. En sentido similar, Jorge Bustamante Alsina. Teoría general de la responsabilidad civil. Perrot. Buenos Aires, 1983, Pág. 244.

(7) Superintendencia Bancaria. Conceptos 90055703-3 del 1º de noviembre de 1990; 93003771-2 de 9 de marzo de 1993 y 93063020-2 de 11 de febrero de 1994.

Concluyó entonces que “... la compatibilidad originaria de la corrección monetaria y de los intereses, depende, fundamentalmente, de la naturaleza y tipología de estos, puesto que si ellos son los civiles, nada impide que, in casu, se ordene el reajuste monetario de la suma debida. Pero si el interés ya comprende este concepto (indexación indirecta), se resalta de nuevo, imponer la corrección monetaria, per se, equivaldría a decretar una doble —e inconsulta— condena por un mismo ítem, lo que implicaría un grave quebranto de la ley misma, ya que ésta ha establecido, en forma imperativa, que la manera de hacer el ajuste monetario de las obligaciones dinerarias de abolengo mercantil, es por la vía de los intereses, por la potísima razón de que está entronizado en uno de los factores constitutivos o determinantes de la tasa reditual de mercado ...”.

El mismo criterio había sido expuesto por la autoridad rectora de la actividad financiera en el país, al expresar que “... el interés legal comercial, asimilado al corriente bancario (C. de Co., art. 884), es certificado por la Superintendencia Bancaria de conformidad con las ponderaciones de los promedios de las tasas que han venido cobrando los establecimientos bancarios, conforme a la oferta y la demanda existente de fondos prestables, así como factores de tiempo, riesgo, inflación y devaluación propios de las condiciones financieras y monetarias del mercado. En este orden de ideas el interés corriente bancario surge de la conjugación de los factores antes señalados, en una fórmula financiera que permite establecer la tasa de interés aplicable a un período determinado (concepto 900055703-3 del 1º de nov./90). Así pues como en el cálculo del monto de este tipo de intereses, se tienen en cuenta fenómenos como la inflación y la devaluación, este interés no es compatible con la corrección monetaria, pues equivaldría a un doble reconocimiento del mismo hecho. El interés bancario corriente involucra un porcentaje de corrección monetaria y otro de tasa pura” (Superbancaria, Of. 93003771-2, mar. 9/93).

4. Si como queda visto, en la composición del interés legal comercial, identificado con el interés bancario corriente, se fusionan los factores preanotados, uno de los cuales procura recomponer el capital, es decir, compensar la depreciación que pueda experimentar, ningún error cometió el tribunal cuando dejó de aplicar, para los efectos que se comentan, el artículo 884 del Código de Comercio, por considerar que al condenar simultáneamente al pago de una suma de dinero indexada, e intereses legales comerciales sobre el mismo valor, se privilegiaría injustamente al acreedor, quien doblemente vería retribuida la desvalorización del capital, en perjuicio del deudor, y con evidente desconocimiento de la finalidad buscada por el artículo 1746 del Código Civil, al romper la simetría que debe presidir el reconocimiento de las prestaciones tendientes a restablecer a las partes a la situación que tenían al momento de contratar, pues tales intereses, contrario a lo que predica el impugnador, no son simplemente representativos de una tasa de interés lucrativo o puro, por cuanto no tienen por función exclusiva “... compensar al acreedor de la obligación dineraria el lucro o ganancia que ha dejado de percibir al no tener en su poder la suma de dinero”, como lo argumenta. De manera que si esos intereses involucran un coeficiente destinado a revalorizar el capital, no pueden acumularse con la condena al pago del capital sobre el cual deben calcularse, reajustado monetariamente, so pena de tornar la declaración judicial de nulidad en fuente indebida de provecho para el acreedor.

Ahora, no escapa a la Corte que el tribunal no acudió al método establecido por el legislador comercial para actualizar obligaciones dinerarias de tal linaje (intereses), sino que aceptó la indexación calculada por el a quo con base en las cifras del índice de precios al consumidor, durante el período al cual se extendió el cómputo. Sin embargo, tal procedimiento no fue confrontado por la censura, ya que no obstante solicitar la casación del fallo para obtener, en sede de instancia, la ratificación de la decisión de primer grado, o en subsidio, “... la revocatoria de la condena por indexación y la confirmación de la condena por intereses corrientes bancarios”, el cargo no contiene ningún planteamiento encaminado a controvertir la postura del fallador, y por el contrario toda la gestión impugnaticia se centró en su negativa a imponer una condena que conjunte indexación e intereses legales comerciales sobre la suma de dinero objeto de la obligación restitutoria impuesta al promitente vendedor, razón por la cual no puede la Corte abordar motu proprio tal situación con miras a introducir las enmiendas pertinentes, pues de obrar estaría desbordando sus propias atribuciones como tribunal de casación, para irrumpir indebidamente, por la dispositividad que permea el recurso, en terreno librado al designio del impugnador, y que al ser abandonado por éste, veda su consideración oficiosa por la corporación, porque dada la naturaleza jurídica del recurso, lo que el casacionista no involucre en su ataque, se considera sustraído al escrutinio de la Corte por entenderse que lo admite y acepta.

5. Por las razones consignadas, el cargo no está llamado a prosperar.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, el 6 de febrero de 1998, en el proceso ordinario promovido por Rodrigo Restrepo Pérez contra Sergio Gómez Velilla y Javier Villegas Escobar.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Tásense oportunamente.

Notifíquese y cúmplase».

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