Sentencia 7141 de marzo 31 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ÉTICA MÉDICA

CONTROL POR INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y DE SALUD

EXTRACTOS: «En lo que concierne al yerro que se enrostró al tribunal, por no deducir que la entidad demandada (*) sancionó al demandante por faltas contra la ética, sin tener competencia para hacerlo, por cuanto en opinión del censor, tal facultad se encuentra atribuida, de manera exclusiva, a los tribunales de ética médica, careciendo de ella el comité que lo sancionó (de credenciales, ética médica y conducta profesional) (fl. 130), observa la Sala que el error denunciado no puede abrirse paso en la esfera de la casación, fundamentalmente por cuanto al Tribunal, en puridad, no se le puede —con éxito— atribuir la comisión del anunciado yerro, en el grado de manifiesto o evidente, el cual involucra, directamente, un aspecto que reviste insoslayable relevancia, en el marco de la temática propuesta, pues atañe a uno de los bastiones de mayor valía en la profesión médica —entre otras más—: el atinente a la ética en el ejercicio de la medicina. En efecto:

(*) La entidad demandada es la Fundación Santa Fe de Bogotá (N. del D.).

a) La ética, ocupa —y ha ocupado— un rol protagónico en el ejercicio de la medicina, sin duda una de las disciplinas de mayor penetración, trascendencia y compromiso sociales. No en vano, desde tiempos inmemoriales, ha estado al servicio de la humanidad, tal y como lo evidencian elocuentes testimonios históricos, uno de ellos el emblemático y milenario juramento hipocrático —entre otros escritos que forman parte integrante del llamado corpus hippocraticum—, estereotipado por sublimar, en grado superlativo, el componente ético de la nobilísima misión asignada a los médicos, sujeta, en su ejercicio, a precisas reglas y directrices, en guarda de los intereses superiores que en ella convergen. Ello justifica que el ser humano y, específicamente su dignificación, se traduzcan en el norte de la profesión en comentario, fría, distante y hasta vacía, no puede soslayarse, sino tuviera como inmutable y grandilocuente consigna, el bienestar del individuo e, in globo, el de la colectividad toda.

Merced a la prenotada dimensión ética, ciertamente, el galeno debe asumir, con un elevado e impoluto sentido de la responsabilidad, una serie de conductas encaminadas a la humanización (humanitas) y a la profesionalización de su elevado ministerio, vale decir un plexo de deberes que, articulados, integran la —llamada— deontología médica (tejido comportamental), enderezada, entre varios cometidos, a la búsqueda de una cabal prestación del servicio a su cargo y, ante todo, al respeto irrestricto de la vida humana, y a la preservación o mejoramiento de la salud —física y mental— e integridad de las personas, rectamente entendida, todo de cara a la sociedad y a los demás profesionales inmersos en la misma ciencia (sus pares).

En este sentido, el artículo 1º de la Ley 23 de 1981, numeral 1º, preceptúa que

“La medicina, es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud del hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad... El respeto por la vida y los fueros de la persona humana constituyen su esencia espiritual. Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene aplicaciones humanísticas que le son inherentes”.

Quiere decir lo anterior, que el médico, en el ejercicio de su profesión, está sometido al cumplimiento de una serie de deberes de diversa naturaleza, muy particularmente de raigambre ética —no por ello desprovistos de eficacia jurídica—, los cuales podrán servir de parámetro para evaluar, en un momento determinado, el grado de diligencia y responsabilidad empleados por el galeno en el cumplimiento de su oficio. Es por ello por lo que, se ha entendido que las normas que disciplinan la ética médica se traducen en componente de su lex artis, con todo lo que ello supone, especialmente en la esfera de su responsabilidad, como tal, susceptible de ser valorada o, si se prefiere, juzgada, por los órganos y autoridades competentes para ello.

b) Ahora bien, la ética no es, no puede ser, materia, ni tampoco preocupación exclusiva del legislador, sin perjuicio de que éste, legítimamente, pueda ocuparse de disciplinar algunos aspectos puntuales que a ella conciernan, tal y como acontece en Colombia (L. 23/81 y 35/89), por vía de ejemplo, en punto tocante con la factura y con el manejo de la historia clínica, de tanta significación en el campo médico (art. 34), a diferencia de lo que tiene lugar en otras latitudes, en las que regulaciones colegiales son las que se ocupan de su disciplina. Ello explica, en el ámbito reglamentario, como es enteramente posible, a fuer que lícito, que las clínicas, hospitales, centros de salud, etc., puedan incluir en sus reglamentos internos referencias —generales o específicas— a la ética e, incluso, disposiciones encaminadas a que la prestación de los servicios médicos se inscriba en un marco de escrupuloso acatamiento de los dictados y cánones que la estereotipan, tal y como tiene lugar, por vía de referencia, de cara al pluricitado reglamento del cuerpo médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB), en el que aludiendo a la Ley 23 de 1981, se estableció que “por tratarse de una ley de la República, el cuerpo médico de la FSFB se acogerá a las normas y procedimientos que establece” (fl. 56 c. 1), sin perjuicio de precisar, con un carácter previo y general, que “Los miembros del cuerpo médico de la FSFB adoptan como suyos los principios éticos tradicionales de la profesión…”.

Expresado en términos más concretos, no es la Ley 23 de 1981 en Colombia, el único continente llamado a albergar disposiciones, preceptos o tópicos atinentes a la ética, habida cuenta de que, por su amplio alcance y radio de acción, permea toda la ciencia médica y con ella, cualquier regulación, incluida la de estirpe interna y reglamentaria, a la que no es ajena, por tanto, sino enteramente afín. No en vano, conforme se acotó, la ética se enseñorea en el ejercicio galénico, desde tiempos inmemoriales, muy antes que el legislador o los colegios profesionales se ocuparan de ella.

Luego un determinado comportamiento en desmedro de la ética, y por ende, de la profesión médica, puede dar lugar a diferentes clases de responsabilidad disciplinaria, lato sensu: la ético-profesional a que se refiere la precitada ley (art. 63); la disciplinaria, stricto sensu, exigida a los profesionales de la salud que sean funcionarios públicos (L. 734/2002), y la estatutaria o laboral que tiene su fuente o manantial en reglamentos, estatutos, contratos de trabajo entre varios (L. 23/81, art. 42), conforme lo tiene establecido la doctrina (1) , como complemento a otras clasificaciones y catalogaciones, algunas de ellas, incluso, que trascienden el ámbito puramente disciplinario (ex dispari causa). De allí que, la tipología y el régimen de la responsabilidad de los facultativos, con miras a no generalizar, estará ligada a cada relación y caso concretos, dada su diversidad, a la par que sus alcances y contornos propios.

(1) Entre otros, Giovanni Caputo. La Responsabilitá Disciplinare dei Medici, Jovene Editore, 1976, pág. 5 y ss.

En este orden de ideas, no toda falta o quebrantamiento a la ética, per se, necesariamente, entraña violación exclusiva, específica, y puntual a la ley en comentario, ni tampoco todo juicio de valor enderezado a auscultar su acatamiento o preterición, según las circunstancias, exige que inexorablemente lo haga el Tribunal de Ética Médica, instituido por la precitada preceptiva para “...conocer de los procesos disciplinarios ético-profesionales que se presenten por razón del ejercicio de la medicina en Colombia” (art. 63). Si así no fuera, el único ente que podría examinar, valorar o tomar en cuenta una determinada conducta a la luz del candil ethicus, sería dicho tribunal, en contravía de su antiquísima vigencia generalizada en la medicina, y de su arrolladora fuerza intrínseca, presente en todas las fases del acto médico, rectamente entendido (proyección plurifásica).

Al fin y al cabo, a manera de monopolio ético, no se le atribuyó tal misión al anunciado tribunal, lo que no quiere decir, porque no se opone de ninguna manera a lo reseñado, que el mismo tiene a su cargo ciertas labores que, por exclusivas, ministerio legis, ningún organismo puede usurpar, ad exemplum, las referentes a la suspensión pro tempore de la profesión, por manera que hacerlo, a las claras, sí supondría diáfana violación legal, precisamente por arrogarse una competencia, ab initio ajena (art. 83, ibidem).

Por consiguiente, si el componente o sustrato ético, ab antique, ocupa un rol estelar en el ejercicio de la medicina —como se observó—, al punto que no se concibe su cabal y pulquérrimo ejercicio, sin que éste haga sistemática y renovada presencia, no resulta de recibo acotar su proyección, con miras a engastarlo, privativamente, en un determinado continente, a modo de compartimiento estanco, como si fuera posible apropiarse del mismo, en menoscabo de su ratio primigenia y de su amplio espectro. De ahí, en sentido lato, que sea patrimonio de la colectividad toda (res communis) y que trascienda del ordenamiento legal, propiamente dicho, en orden a irradiar todo el laborío médico, susceptible de ser auscultado, desde distintas fuentes y perspectivas, aún la reglamentaria, cimentada en los reglamentos y estatutos internos aplicables. No en vano, las primeras regulaciones en el campo de la medicina, históricamente, fueron de raigambre ética, antes que jurídica, en estricto sentido, en fehaciente prueba de que el ethos, ha campeado de antaño.

c) Descendiendo al estudio del reproche del censor, reitérase que la FSFB prohijó, en su reglamento interno, las normas éticas previstas en la prenotada ley (incorporación explícita de estirpe normativa), de suerte que, en diferentes apartes del mismo, se alude a ella, en prueba elocuente de lo afirmado en precedencia, sin perjuicio de la alusión genérica y, de suyo panorámica, a la ética médica, desconectada de cualquier preceptiva, en particular.

Así, por vía de ejemplo, su capítulo III se ocupa de los “principios generales de ética médica, aspectos legales y reglas de conducta profesional”. En el artículo 1º de tal capítulo, se expresa que “Los miembros del cuerpo médico de la FSFB adoptan como suyos los principios éticos tradicionales de la profesión [que no son privativa y exclusivamente los consagrados por la Ley 23 de 1981, se itera, ajena a una enumeración taxativa, a modo de numerus clausus] y buscarán darles aplicación práctica en la relación diaria con sus pacientes” y el artículo 6º del capítulo VI, dispone que todo aspirante a ser miembro del cuerpo médico de la FSFB, debe llenar un formato y firmarlo “…como evidencia de que acepta en su totalidad este reglamento y de manera específica las normas y principios expuestos en el capítulo III”, ya referido, alusivo a los inveterados principios éticos del arte médico.

Por su parte, el artículo 12 del capítulo VI, que a continuación se transcribe, por tener acentuada importancia, frente a lo decidido por el tribunal y manifestado ulteriormente por el censor, es del siguiente tenor:

“Todo miembro del personal médico, paramédico o administrativo del hospital que tenga conocimiento de hechos que pudieran conducir a la suspensión de prerrogativas de un miembro del cuerpo médico del FSFB, tiene obligación de informarlos inmediatamente al jefe del departamento respectivo.

El jefe del departamento a su vez, si considera que los hechos justifican una investigación, los comunicará al comité de credenciales quien tomará la decisión que considere adecuada.

Las medidas que puede tomar incluyen la suspensión temporal de prerrogativas mientras se investigan los hechos. Esta suspensión no implica la aceptación de los cargos como válidos,

Las sanciones pueden ir desde una amonestación verbal, hasta la suspensión definitiva de las prerrogativas, pasando por la amonestación escrita y la suspensión temporal como medidas intermedias.

El miembro implicado tiene el derecho de dar explicaciones verbales o escritas ante el comité de credenciales para justificar su conducta” (se resalta).

Como antes se memoró, la entidad demandada, al tener conocimiento de que el doctor M..., había presuntamente incumplido las normas del reglamento interno —que debía acatar—, le dirigió a aquél, el 12 de marzo de 1985, una comunicación suscrita por el director médico, noticiándole la suspensión temporal de “sus prerrogativas para atender pacientes institucionales”. Este último, a su turno, informó al comité de credenciales, con el fin de que se iniciara la correspondiente investigación.

Según consta en el acta número 70 (fls. 80 a 83 cdno. 2), de fechas, marzo 21, 22, 26 y 28 de 1985, el comité, tantas veces mencionado, por unanimidad, después de investigar los hechos y oír al actor, decidió:

“Recomendar a la junta administradora la suspensión temporal de las prerrogativas hospitalarias al doctor M..., en vista de la franca violación de las siguientes normas y códigos:

Reglamento del cuerpo médico del Centro Médico de Los Andes (Cap. 6, art. 10).

Normas de ética médica expresadas en el artículo 36, capítulo 3º de la Ley 23 de 1981, al negarse a entregar la historia clínica y sus anexos a un paciente tratado por él” (se resalta).

Las prerrogativas médicas a que alude el documento antes señalado, fueron definidas en el reglamento como “…la autorización concedida a un miembro del cuerpo médico de la FSFB para que desarrolle las actividades propias de su especialidad en los diferentes programas desarrollados por la FSFB, incluyendo el del Centro Médico de los Andes” (fl. 154 cdno. 1), luego la entidad demandada procedió a imponer la medida disciplinaria consagrada en el artículo 10 del reglamento, en referencia, y no una de las previstas en la Ley 23 de 1981, como antes se acotó (art. 83), por manera que, con arreglo a su texto, prohijó una decisión ajustada a su contenido formal, por entender que el supuesto de hecho examinado, encuadraba en el reglamento, soporte de la medida en mención.

Que al recomendar el comité de credenciales, ética y conducta profesional la imposición de la referida medida al actor, se hubiere aludido al artículo 36 de la Ley 23 de 1981, no necesariamente implica —como se afirma— que hubiere usurpado, a las claras y sin ninguna hesitación, la competencia de los tribunales de ética médica, pues ha quedado establecido que la sanción impuesta, fue expresamente consagrada en el reglamento —y no en la ley— (suspensión de las prerrogativas), de tal suerte que la referencia a la normatividad en comento puede encontrar una explicación razonable en la adopción expresa que —ex ante— se hizo en tal cuerpo preceptivo de las disposiciones de ésta, al señalar, consecuentemente, que “Por tratarse de una ley de la República, el cuerpo médico de la FSFB se acogerá a las normas y procedimientos que establece”.

Obsérvase, en todo caso, que lo referente a la retención de la historia clínica, fue una censura de menor intensidad disciplinaria, en razón de que la infracción cardinal a juicio del comité, fue otra. Tanto es así que, a espacio, en su parte considerativa, el señalado comité analizó con más detalle y atención la primera infracción que, causalmente, fue la que sirvió de detonante a la sanción impuesta, la que hubiera podido ser tomada, de todas maneras, con prescindencia del segundo cargo o cuestionamiento, ya que al amparo de lo reglado por el reglamento interno, aquella resultaba suficiente para servirle de apoyatura, lo que denota, en el fondo, que la alusión a la violación de la Ley 23 de 1981, específicamente en lo que dice relación con su artículo 36, destinado al gobierno de la historia clínica, fue realizada con una finalidad aditiva, adquiriendo, en lo argumental, un carácter de más (plus), pues se itera la suficiencia tipológica de la primera conducta, que se estimó transgresora, a la vez que determinante.

De lo dicho en líneas precedentes, fluye que la conclusión del tribunal al tenor de la cual “… la entidad se limitó a aplicar su propio reglamento” y, por tanto, no “…es posible achacarle a ésta que con ello incurriera en extralimitación de sus funciones, como si hubiere procedido como tribunal de ética médica” (fl. 292), concretamente en lo que concierne a su poder disciplinario, no puede calificarse de caprichosa o desprovista del más mínimo vestigio lógico, justamente por no ser radical y frontalmente contraria a la realidad del proceso, tanto más cuanto que la sanción en cita, emergió de dicho reglamento interno, su fuente jurídica. Ello sirve de báculo para puntualizar, en adición, que el presunto yerro del sentenciador, de existir, no podría calificarse de ostensible, colosal o manifiesto, características estas que, como es sabido, debe reunir el error para que se torne próspero en casación.

d) Finalmente, por guardar íntima relación con el asunto sub examine, obsérvese que el propio Tribunal de Etica Médica, al declarar que no existía mérito para formular cargos contra los doctores E..., A..., U... y H... dentro de la investigación ético-disciplinaria iniciada en su contra por el actor, consideró que “La suspensión de prerrogativas de que fue objeto el doctor M..., hacen parte de una actividad administrativa realizada en desarrollo de normas estatutarias que se salen de la competencia de este tribunal por cuanto, como ya dijo anteriormente, no puede el tribunal asumir la segunda instancia revisando actuaciones de entidades hospitalarias cuando en desarrollo de sus estatutos suspenden prerrogativas a sus médicos vinculados” (se resalta, fls. 212, cdno. 5), de lo que se desprende que dicho tribunal, diáfanamente, tuvo en claro no sólo la existencia y vigencia de los diferentes tipos de responsabilidad a que se aludió en líneas anteriores, sino también la confirmación de que el demandado era el competente —en lo pertinente— para adoptar “la suspensión de prerrogativas”, como quiera que el señalado Tribunal de ética médica, en este puntual aspecto, no lo era, en franco reconocimiento de potestad ajena —desde luego restricta y acotada—, lo que confirma que no toda valoración de un comportamiento profesional médico, per se o forzozamente, debe realizarse por el precitado Tribunal, a manera de unicum, siendo entonces conducente consultar el caso particular, antes que extraer conclusiones absolutas que, por categóricas y radicales, pueden desdibujar el factum y, con él, de paso, la realidad imperante, merecedora de ser apreciada en forma individual (casus), siempre con ponderación y esmerada cautela, merced a lo que ella envuelve. No sin razón, como lo explicitó el Tribunal de Ética, el poder disciplinario de la FSFB se cimentó en su reglamento (“…normas estatutarias”).

e) Con todo, si lo expresado no fuere aún suficiente, se observa que la acusación del casacionista no devendría trascendente, en el campo casacional, pues del acta número 70 antes transcrita, sin mayores elucubraciones, puede deducirse que la suspensión de prerrogativas al demandante, hunde sus raíces en dos hechos concretos, dueños de sustantividad intrínseca: el cobro a pacientes institucionales, lo que supuso, la violación del reglamento del cuerpo médico de la FSFB, y el problema relativo a la historia clínica del paciente G..., por el que se invocó el artículo 36 de la Ley 23 de 1981, invocación ésta última que no puede entenderse, sin embargo, como reproche toral, a fuer que prevalente, si se ausculta, in extenso, la documentación pertinente, sobre todo la citada acta Nº 70, de lo que se desprende que la ratio decidendi, en estrictez, otrora estribó —preferentemente— en el primero de los anunciados hechos, en tal virtud vertebral, como ya se delineó.

Luego si —en gracia de discusión— se admitiera que existió yerro en cabeza del Tribunal, no podría casarse la sentencia acusada, en la medida en que situada la Corte como tribunal de instancia, tendría que concluir que la decisión de la entidad demandada, en todo caso, seguiría apoyada en el incumplimiento del reglamento interno —el que lo facultaba para ello—, por no haberse demostrado, en las condiciones que exige la ley, el yerro del tribunal en relación con este preciso aspecto, según se dejó visto —en lo pertinente— en el despacho del cargo anterior, incumplimiento que para el juzgador fue relevante, conforme se reseñó.

En otras palabras, además de la retención de la historia clínica, subsistiría el cargo relativo al cobro de dineros, por parte del actor a pacientes institucionales, aspecto que —en casación— no fue desvirtuado, ni comprobada la presencia de un yerro manifiesto en torno a este tópico, según se puntualizó a espacio en el desarrollo del cargo anterior, por manera que el juicio realizado por el tribunal permanecería inalterado, en desarrollo de la conocida y arraigada presunción de acierto que cobija a los fallos de instancia, la cual no fue infirmada, se memora, de suerte que seguiría en pie, con todo lo que ello conlleva.

En este orden de ideas, una vez realizadas las precedentes consideraciones, el cargo no está llamado a prosperar».

(Sentencia de casación, 31 de marzo de 2003. Expediente 7141. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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