Sentencia 7145 de mayo 19 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SOCIEDAD CONYUGAL

TRATAMIENTO DE LAS CUOTAS SOCIALES POSEÍDAS AL CONTRAER MATRIMONIO

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Expediente 7145

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil cuatro (2004).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 22 de septiembre de 1997, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso ordinario de simulación instaurado por Felipe Samir Olarte Vélez frente a Beatriz Eugenia y Carlos Ignacio Escobar Vélez y a la sociedad Escobar Vélez y Compañía S. en C.

I. Antecedentes

1. Solicitó el demandante declarar que son simulados los actos jurídicos contenidos en las escrituras públicas números 858 de 9 de mayo de 1983 y 2015 de 12 de octubre de 1998, ambas de la Notaría Primera de Manizales, en el caso de la primera, por la cual la demandada Beatriz Eugenia cedió al demandado Carlos Ignacio 169.342 cuotas que poseía en Escobar Vélez y Compañía S. en C., y, en el de la segunda, en la que aquél le transfiere a aquélla 1´135.715 cuotas de las que tenía en esa sociedad; que se diga que esas ventas son nulas, “esto es, sin efectos jurídicos”; que se ordene su cancelación e inscripción; y que se disponga que “tales derechos corresponden a la sociedad conyugal de Felipe Samir o Felipe Olarte Vélez y Beatriz Eugenia Escobar Vélez de Olarte”.

2. Como base fáctica de la acción se expuso, en síntesis, lo siguiente:

a) La sociedad demandada se constituyó por escritura pública número 692 de 24 de marzo de 1981 con un capital social de $ 1´235.394, dividido en cuotas de $1, cada una, que fueron distribuidas así: Beatriz Vélez de Escobar $ 50.000 y los socios Clara Inés Escobar de Rivas, Jaime Eduardo, Beatriz Eugenia, María Teresa, Carlos Ignacio, Hilda María y Claudia Escobar Vélez, cada uno, la suma de $ 169.342. Esos aportes fueron hechos mediante la entrega del predio “La Rambla”. Este acto fue aclarado luego por la escritura 882 de 20 de abril de 1981, en la que se dijo que el precio de ese inmueble era de $ 1´185.394, quedando los socios con los mismos aportes de constitución.

b) El 22 de mayo de 1982 el demandante y la demandada Beatriz Eugenia Escobar contrajeron matrimonio por los ritos católicos, registrado en la Notaría 4ª de Manizales.

c) La misma demandada ofreció en venta las cuotas cuyas(sic) en aquella sociedad, según quedó plasmado en el acta número 3, registrada en la Cámara de Comercio el 5 de mayo de 1983, y mediante escritura pública número 858 de 9 de mayo del mismo año, de la Notaría 1ª de Manizales, aquélla “simuló ceder sus cuotas” en la sociedad al demandado, su hermano, en la que se fijó como precio de venta la irrisoria suma de $ 169.342, no obstante que, por el análisis efectuado por un contador, el valor real en libros era de $ 3´860.600. En la fecha de esta presunta venta la nombrada sociedad poseía un patrimonio de $ 28´164.079, dentro del cual estaba incluido el predio “La Rambla”.

d) El 31 de enero de 1985 la demandada Beatriz Eugenia presentó demanda de separación de bienes contra el aquí demandante, asunto del que conoció el Juzgado 3º Civil del Circuito de Manizales, y en el que el tribunal superior de ese distrito, por sentencia de 11 de junio de 1986, al revocar la de aquél, decretó la separación de bienes de los cónyuges Olarte-Escobar, para declarar disuelta y en estado de liquidación la correspondiente comunidad conyugal, trámite ulterior este en el que no fue inventario bien alguno, “por lo cual la adjudicación fué (sic) de $ 0, para cada uno de los cónyuges” (fl. 827). El proceso respectivo se protocolizó en la escritura pública 1487 de 4 de agosto de 1988 de la misma notaría.

e) Luego, por acto escriturario número 2015 de 12 de octubre de 1988, de la Notaría 1ª de Manizales, el demandado “simula vender” a la demandada Beatriz Eugenia 1´135.715 cuotas de interés social, equivalente al 50% de las que él tenía en la sociedad Escobar Vélez y Compañía S. en C., por “el presunto precio de $ 1´186.978”, el cual es irrisorio, pues el valor en libros era de $ 26´802.815.

f) Al formarse la sociedad conyugal Olarte-Escobar, los derechos que la demandada Beatriz Eugenia tenía en Escobar Vélez y Compañía S. en C. entraron a formar parte de aquélla, pues se asimilan a bienes muebles. La demandada es una sociedad de familia, en la que son socios gestores Beatriz Vélez de Escobar y Jaime Eduardo Escobar Vélez y comanditarios los restantes.

3. Los demandados dieron respuesta al escrito iniciador de la contienda oponiéndose a las pretensiones elevadas; en cuanto a los hechos aceptaron como ciertos algunos, no admitieron otros y exigieron la prueba de los restantes. Beatriz Eugenia y Carlos Ignacio Escobar Vélez alegaron que cuando la primera adquirió las cuotas de interés social era soltera; que la venta de derechos no fue simulada, debido a que el precio acordado nada tiene de irrisorio pues correspondió al valor nominal de las acciones; que el demandante dispuso de bienes sociales para pagar deudas personales; y que en el proceso de separación tampoco objetó el inventario, la partición, ni adujo tales simulaciones. La sociedad, por su lado, cuestionó en esencia el análisis financiero del contador público que se anexó a la demanda.

Propusieron todos la excepción de prescripción, al entender era la acción paulina (sic) la ejercida por el demandante, para la cual el término de prescripción que establece la ley ya se había cumplido.

Adicionalmente, la demandada Beatriz Eugenia Escobar Vélez formuló demanda de reconvención con el objeto de que se declarara que Felipe Samir Olarte Vélez estaba obligado a recompensar a la sociedad conyugal el valor de los bienes sociales que enajenó para pagar sus deudas personales, los que estimó en la suma de $ 25´000.000 “o lo que resulte probado dentro del proceso”.

4. El a quo dictó sentencia absolutoria tanto respecto de la demanda principal como de la de reconvención. Al desatar el recurso de apelación que contra dicho fallo interpusieron ambas partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales decidió confirmarlo, aunque modificó lo relativo a la condena en costas. Únicamente recurrió en casación el demandante inicial.

II. La sentencia del tribunal

1. Tras hallar evidenciada la existencia de los negocios jurídicos comprometidos en el litigio y la de la persona jurídica demandada, sostiene el ad quem que a través de las escrituras públicas números 4486 y 4538 de 12 y 17 de noviembre de 1987 (fls. 35 y 36, cdno. ppal.) fue transformada ésta en sociedad de carácter civil e incrementó su capital a $ 8´000.000, con cuotas de $ 1 cada una, de las cuales el socio Carlos Ignacio Escobar Vélez quedó con 2´271.430, cuya mitad cedió luego a Beatriz Eugenia Escobar Vélez por escritura 2015 de 12 de octubre de 1988 (fl. 40, cdno. ppal.).

2. Precisado lo anterior, y para a la postre concretarlo al primero de los actos cuya simulación se deprecó, el tribunal, no sin antes reparar sobre el “interés jurídico” del actor para promover esta acción, en torno de lo cual reflexionó sosteniendo que, según los distintos apartes de la jurisprudencia de la Corte que allí transcribe, solo a partir de la declaratoria de disolución de la sociedad conyugal surge para el respectivo cónyuge tal interés para impugnar los actos celebrados por su consorte “con posterioridad a dicha disolución” (fl. 542), expresó que al haberse dictado por el tribunal el 11 de junio de 1986 sentencia mediante la cual decretó la separación de bienes con la consiguiente disolución y liquidación de la sociedad conyugal, a partir de esa fecha surgió para el aquí demandante “interés jurídico para atacar el acto celebrado por su cónyuge sobre bienes sociales”, tendiente a que los mismos ingresaran a la masa social. Refiere el fallador de segundo grado que también en ese momento nació “el interés para en el trámite de la liquidación relacionar lo que correspondiera a título de gananciales debidos a la masa social, bajo la figura de las compensaciones o recompensas” (fl. 543).

Desciende entonces el fallador a analizar lo relativo a las cuotas de interés que tenía la cónyuge al contraer nupcias, prevaliéndose al efecto de los numerales 2º y 4º del artículo 1781 del Código Civil, para insinuar cuál era, en palabras de los autores que allí transcribe, el entendimiento que se le daba a la segunda de las aludidas normas antes de la vigencia de la Ley 28 de 1932.

Es así como, luego de hacer acopio del contenido literal del artículo 1º de la ley recién aludida, con apoyo en providencia de 4 de octubre de 1982 de esta corporación que allí cita, anotó el tribunal que a partir del 1º de enero de 1933 las cosas cambiaron, pues por fuerza de esa nueva legislación se le reconoció a la mujer casada plena capacidad y facultad de administrar y disponer libremente de los bienes que le pertenecieran al momento de contraer matrimonio “que hubiere aportado a él o los que por cualquier causa haya adquirido o adquiera” (fl. 546), en sustento de lo cual se vale de apartes de la obra de un expositor nacional.

Aseguró el sentenciador que ni antes ni en vigencia de la Ley 28 aludida los bienes muebles que tuviera la cónyuge al momento de ajustar el vínculo matrimonial han tenido la calidad de bienes sociales, contrario a lo que al respecto enfatizó el actor. Con la expedición de ese ordenamiento jurídico, arguye, lo que se logró fue sustraer a la mujer de la potestad marital otorgándole plena capacidad jurídica para administrar y disponer de los bienes adquiridos antes y en vigencia del lazo conyugal y, por lo mismo, a su disolución la masa social se entiende integrada con los rendimientos de los bienes no sociales, que asumen el carácter de gananciales por disposición del numeral 2º preanotado.

Por esta parte concluyó entonces el ad quem que, amparada en el texto de la Ley 28 de 1932, la demandada Beatriz Eugenia Escobar Vélez se encontraba legitimada para disponer del bien propio —se refiere a las cuotas— antes de disolverse la sociedad conyugal, no asistiéndole, por tanto, al actor “interés jurídico para atacar por simulación un acto realizado sobre bien no social” (fl. 548), aunque sí para obtener, en el trámite liquidatorio, la inclusión como activo de los gananciales las compensaciones debidas a la masa social por el respectivo cónyuge, siguiendo las pautas del artículo 600, numeral 2º, inciso 2º, del Código de Procedimiento Civil, esto es, el rendimiento del bien no común, para lo cual no tenía que proceder por vía de la simulación, pues no era éste sino su utilidad el objeto de liquidación, sentido en el que no procedió el actor. Agregó que lo atinente a las recompensas ni siquiera se discutió en los inventarios, al punto que por no haberse inventariado bienes, en el trabajo de partición, aprobado en sentencia de 24 de junio de 1988, “la adjudicación fue para cada uno de los cónyuges” (fl. 827). Añadió que el demandante no hizo uso del derecho de incluir en el activo social las compensaciones adeudadas a título de gananciales, “lo que en manera alguna podía traducir “en futuro” y bajo proceso ordinario, a una pretensión de simulación respecto de acto celebrado sobre bien no social”, pues no lo podía atacar dada la legitimidad con la que procedió la demandada en su celebración.

Fue así, como tras establecer la falta de interés jurídico en el actor para demandar la simulación del primero de los identificados actos, aseveró que fracasaban las pretensiones relativas al mismo.

3. Enseguida el tribunal abordó el análisis relacionado con la simulación del segundo de los actos señalados, alrededor de lo cual sostuvo que si se examinaba “el punto a título de hecho indicador y para dar contorno a la simulación generada en la venta de las acciones”, las conclusiones que sacó frente al primero arrastrarían a éste, pero que si se estudiaba aisladamente, es decir, “como pretensión principal, su improcedencia en el ejercicio de la acción igualmente aparece obvia por carencia también de interés jurídico en el cónyuge-demandante” (fl. 550), debido a que como los bienes allí comprometidos los adquirió la demandada después de disuelta la sociedad conyugal, ellos no formaban parte del haber social sino de su patrimonio propio, porque al disolverse el vínculo los consortes quedaron sometidos al régimen de separación total de bienes, al que es ajeno el concepto de gananciales.

4. Finalizó el fallador de segundo grado refiriéndose a la reconvención, aspecto sobre el cual la Corte no se ocupa por tratarse de un aspecto al margen de la competencia que para este caso le traza la demanda de casación que aquí se decide.

III. La demanda de casación

Con sustento en la causal primera de casación, un solo cargo se formula frente a la sentencia del tribunal, en el cual se la acusa de infringir directamente los artículos 1º y 4º de la Ley 28 de 1932, y 180, 1766, 1781, numeral 4º, 1821, 1830 y 1832 del Código Civil.

1. Luego de afirmar que para el ad quem eran bienes propios de la cónyuge demandada y no sociales las cuotas de interés que ella adquirió antes del matrimonio y que enajenó en vigencia de la sociedad conyugal, sostiene el casacionista que esa conclusión el fallador la apoyó en el concepto de un expositor nacional, quien asevera que la Ley 28 aludida modificó los ordinales 3º y 4º del artículo 1781 del Código Civil, de donde colige que para el tribunal hoy por hoy los bienes a que aluden esos ordinales no integran el llamado haber relativo.

Precisa seguidamente que lo que es materia de esta casación es la calificación de que “bien propio” le dio el fallador de segundo grado a las cuotas supuestamente enajenadas por la demandada Beatriz Eugenia, para a continuación expresar que en contra de la opinión de aquel tratadista, en la que descansa el fallo atacado, existen otras no menos importantes, respecto de las cuales ese sentenciador ha debido explicar, cuando menos, las razones que tuvo para no acogerlas, mucho más cuando los otros dos autores que citó el tribunal se sitúan en el lado opuesto de la tesis acogida por éste.

Después de reseñar apartes de las obras de dos expositores nacionales, con fundamento en ello concluye el recurrente que el haber relativo de la sociedad conyugal está compuesto por los bienes que mencionan los numerales 3º y 4º del artículo 1781, aduciendo seguidamente que de esa misma opinión son otros comentaristas, de quienes transcribe algunos párrafos de sus obras (fls. 15 y 16).

Arguye que el punto de vista del tribunal no solo va en contravía de la tendencia preponderante de la doctrina en Colombia, en relación con la vigencia y alcance de los ordinales 3º y 4º citados, sino que, sin dar ninguna explicación, el fallador se aparta de lo expuesto por la Corte sobre el particular, a más que omitió referirse de manera completa a lo sostenido por los otros autores que citó, resultando así caprichosa la posición que asumió ante las pautas trazadas por esta corporación sobre la materia, porque no obstante invocar el pensamiento de ésta para otros aspectos, en el punto concreto a los alcances de los citados numerales del artículo 1781 del Código Civil incurrió en el olvido de indagar qué hubiera podido haber dicho la misma; desatención mucho más inexplicable, sostiene, siendo que con su alegato de segunda instancia allegó copia del fallo de 21 de junio de 1984 en el que la Corte concluye que las cuotas o partes de interés que uno de los cónyuges tenga desde antes de su matrimonio entran a formar parte del haber relativo de la sociedad conyugal, y del cual copia algunos pasajes (fl. 17).

No sin antes traer textos de la obra del comentarista en que el fallador apoyó su decisión, de referirse a ella y de decir que la manera de interpretar ese autor la norma no es acertada, sostiene el casacionista que la razón de ser de la recompensa a favor del cónyuge aportante no hay que buscarla, como lo cree el tribunal, en que el marido antes de la Ley 28 de 1932 hubiera sido el único administrador de la sociedad conyugal ni en que la mujer casada era incapaz de administrar sus bienes, sino en la facilidad de su inversión o destrucción y por la dificultad de identificación. Ello sucede, sigue señalando, en relación con ambos cónyuges, más si se tiene en cuenta la consideración que hacen los hermanos Mazeaud en el sentido de que en el matrimonio no puede existir un régimen de completa separación de bienes, pues la comunidad de vida lleva consigo la de los recursos de los contrayentes.

Argumenta el recurrente que las ideas de esos expositores dan la razón de ser de los artículos 2º de la Ley 28 de 1932 y 1781, numerales 3º, 4º y 6º, del Código Civil, resultando así inexacta la tesis expuesta por el fallador, por ser incompleto su razonamiento y contrario a la realidad diaria.

Señala que el artículo 1º de la Ley 28 mentada no abolió el llamado haber relativo, pues lo que enseña es que para todos los efectos debía considerarse que los cónyuges han tenido esa comunidad desde la celebración del matrimonio y que la sociedad a la que esa norma apunta es a la del Código Civil, cuyo activo está formado por los bienes que relaciona el artículo 1781 aludido, puesto que aquella ley no dispuso otra cosa, y sin que se oponga a que ella sea de gananciales el hecho de que se le dé cabida a las compensaciones a favor de los cónyuges.

Anota que el sentenciador de segundo grado se equivocó cuando aseveró que con la expedición de esta ley se sustrajo a la mujer casada de la llamada potestad marital al otorgársele plena capacidad jurídica para administrar y disponer de los bienes adquiridos antes y en vigencia de la relación matrimonial, y que por lo mismo a su disolución la masa social se entendía integrada por los rendimientos de los bienes no sociales que asumían el carácter de gananciales, por disposición del numeral 2º del artículo 1781 citado, y también cuando afirmó que la demandada Beatriz Eugenia amparada en esa ley estaba legitimada para disponer del bien propio antes de disolverse la sociedad conyugal y que, por tanto, al actor no le asistía interés jurídico para demandar la simulación.

Refiere que el tribunal le dio al artículo 1º de la Ley 28 de 1932 un alcance que no le corresponde, en cuanto estimó que esa norma varió los activos previstos en el artículo 1781 del Código Civil, siendo que allí nada hay que así lo indique; antes bien, se habla de la sociedad, para enseñar que se la tiene como existente desde la celebración del matrimonio y para que se proceda a su liquidación. De contragolpe, inaplicó el artículo 4º de la misma, a más que argumenta que si la ley dice que la comunidad se tiene desde el matrimonio, se hace necesario considerar los bienes de los que en ese momento eran titulares los cónyuges, lo que lleva forzosamente a que tal punto sea examinado a la luz del artículo 1781, porque allí se determina cuáles son los que de los cónyuges ingresan al haber conjunto. Es así como se debe proceder, prosigue, mucho más cuando la Ley 28 no derogó el artículo 180 del Código Civil. Añade que aquel ordenamiento jurídico debe sujetarse a su artículo 4º, el que contempla que en el caso de la liquidación de que trata su artículo 1º el pasivo respectivo se deducirá de la masa social o de lo que cada cónyuge administre, esto es, que únicamente por el mecanismo de las compensaciones y deducciones previstas en el código es posible abordar la liquidación de un estado de cosas que no se reduce a un momento único sino que se caracteriza por su duración temporal. Agrega que de haber caído en la cuenta el juzgador de la existencia de ese artículo 4º, habría advertido que entre las compensaciones y deducciones de las que allí se habla están las de los ordinales 3º y 4º del artículo 1781 del citado código, pues ese artículo 4º ni el 1º establecen distinciones en lo concerniente al haber de la sociedad conyugal.

Si el fallador hubiera entendido correctamente el citado artículo 1º, y reparado en la existencia del 4º, no los hubiera violado, y habría concluido que las cuotas de interés en la sociedad demandada, que Beatriz Eugenia supuestamente enajenó, eran bienes sociales y no propios, como equivocadamente concluyó. También quebrantó, sostiene, el artículo 1781-4 preanotado, pues siendo esas cuotas bienes muebles, debió tenérselas como parte del haber conyugal, transgrediendo por esta vía el artículo 1766 ibídem, al desconocer el derecho que le confiere al actor de discutir la simulación de esa venta, así como infringió, expone, los artículos 1821, 1830 y 1831 de la misma obra, como que al negarle al demandante el derecho a discutir la simulación, no le reconoció el que se desprende de la conjugación de esos preceptos, en el sentido de que no habiendo salido las cuotas de interés del patrimonio de la demandada Beatriz Eugenia, estando disuelta la sociedad conyugal, ha de procederse a su liquidación y distribución.

2. Una vez sustentado el recurso de casación en los términos precedentes, el impugnante pasa a exponer enseguida los argumentos de orden probatorio con los cuales estima se encuentra acreditada la simulación, para que, en el evento de que prospere el cargo y puesta la Corte en sede de instancia, se acceda a las súplicas de la demanda introductoria de este proceso.

IV. Consideraciones de la Corte

1. Estima el recurrente, en contra de la tesis del tribunal, que hacen parte de la sociedad conyugal conformada por el matrimonio de Felipe Samir Olarte Vélez y Beatriz Eugenia Escobar Vélez los derechos societarios objeto de litigio, y que, por tanto, a aquél como demandante le asiste interés jurídico para pretender la declaratoria de simulación.

2. Desde esa perspectiva, entonces, la labor de la Corte ha de consistir en determinar si, de conformidad con el régimen legal de la sociedad conyugal, el demandante tiene o no ese interés para deprecar la referida simulación, examen que emprenderá sobre la base de que el tribunal argumenta que la falta de interés radica en que los bienes disputados son especies muebles propios de la esposa por haberlos adquirido antes del matrimonio, los que por lo mismo no ingresaron al haber común, como antes lo disponía el numeral 4º del artículo 1781 del Código Civil, dado que la aplicación de ese precepto desapareció a partir de la Ley 28 de 1932, en virtud de la cual se le otorgó plena capacidad a la mujer y poder a ambos cónyuges para disponer tanto de los bienes sociales como de los propios, otrora reservados para el cónyuge varón, mientras que la recurrente sostiene que ese ordenamiento jurídico lo que hace es reafirmar la composición del activo social dispuesta en aquella norma del código, que incluye el aporte de las especies muebles que cada consorte tenía al momento de contraer nupcias.

3. Según está reconocido uniformemente por la doctrina jurisprudencial de la Corte, antes de la vigencia de la Ley 28 de 1932 la sociedad conyugal se caracterizaba, entre otros factores, por el hecho de que era el marido quien ostentaba la representación de la mujer y tenía el poder de administración y disposición no solo de los bienes propios de su cónyuge sino también de aquellos con los que ella llegaba al vínculo marital y que entraban a formar parte de la comunidad, ya fuera porque así se consideraban por ministerio de la ley, como concretamente ocurrió por virtud del numeral 4º del artículo 1781, para citar un solo ejemplo, ora porque voluntariamente los entregaba para que se reputaran de aquélla.

4. Pero la forma como se desarrollaba el manejo, administración y disposición tanto de unos como de otros bienes de la consorte, vino a ser sustancialmente variada por aquella ley, a través de la cual se determinó que en vez de un administrador la nueva sociedad conyugal tendría dos —que lo sería cada uno de los casados—, que la esposa tendría la libre administración y disposición del patrimonio propio así como de las especies que hubiere aportado al matrimonio o adquirido dentro de su duración que formaran el haber social, y que igual sucedía en el caso del hombre. A partir de entonces, esto es, desde el 1º de enero de 1933 cuando entró a regir el estatuto que se viene comentando, “cada cónyuge dispone y administra con entera libertad e independencia del otro, tanto respecto de los antiguamente llamados bienes propios como de los adquiridos particularmente por cada cónyuge” (G.J., t. XLV, pág. 635), lo cual no podía ser de otra manera, como que a términos del artículo 1º de ese ordenamiento legal, desde su vigencia cada uno de los socios tiene la libre administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento del casamiento o que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera. De este modo, es claro que la comunidad conyugal tiene “dos administradores, en vez de uno; pero dos administradores con autonomía propia, cada uno sobre el respectivo conjunto de bienes muebles o inmuebles aportados al matrimonio o adquiridos durante la unión, ya por el marido, ora por la mujer”, como así ciertamente lo sostuvo esta corporación en el fallo atrás citado, lo que equivale a decir que el legislador, “inspirándose en la igualdad de los sexos ante el derecho privado, cambió radicalmente el sistema del Código Civil, esto es, el de comunidad de bienes e incapacidad de la mujer con exclusiva gerencia del marido, por el actual de la Ley 28, calificado de fórmula afortunada por ilustres juristas” (G. J., t. XLVIII, pág. 40).

5. Y aun cuando en sus inicios se pensó que el nuevo sistema impuesto por la renombrada ley había acabado con la sociedad conyugal, al considerarse que ella establecía un régimen de separación de bienes, pronto se definió cómo, no obstante el hecho de que se otorgara la administración autónoma y separada a cada consorte de los bienes propios como de los que siendo sociales estuvieran a su nombre, tal legislación sí concebía una verdadera comunidad patrimonial entre los esposos, solo que mientras no deviniera su disolución —que podía ocurrir por causa del divorcio, nulidad, separación de bienes o de cuerpos, el fallecimiento de alguno de los socios—, ella no era más que producto de la ficción legal como que hasta allí estaría en estado de latencia. En otras palabras, la sociedad de bienes regulada por la ley que se comenta se tornaría real a partir del momento de su disolución, pero retrotrayendo sus efectos a la fecha misma de las nupcias, es decir, que aunque tomara materialidad real únicamente ante la presencia de uno cualquiera de aquellos motivos, lo cierto es que esa comunidad comprendía todos los bienes aportados al matrimonio y adquiridos a título oneroso por los consortes dentro de la vigencia de la unión connubial. En fallo de 20 de octubre de 1937 la Corte dijo sobre el particular:

“Y en el mismo modo que anteriormente la sociedad conyugal permanecía latente hasta el momento de su liquidación, la sociedad de hoy emerge del estado de latencia en que yacía, a la más pura realidad, con el fallecimiento de alguno de los cónyuges, el decreto de divorcio o de nulidad del matrimonio, o el reconocimiento de alguna de las causales de separación de bienes, de aquellas que quedaron vigentes (…).

“El legislador conservó la institución de la sociedad conyugal como vínculo patrimonial entendido entre los esposos. Así díjolo varias veces: primero, al disponer que a la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio; después, cuando ordena que esa sociedad se divida conforme a las disposiciones normativas del Código Civil; y luego, en el artículo 7º, en que autoriza los arreglos de cuentas de las sociedades existentes a efecto de acomodarlas a la nueva gerencia dual y autónoma de marido y mujer en la sociedad.

“(…).

“Y semejante característica de latencia, aparentemente paradojal, pero en todo caso cierta, perdura a través de la reforma. Empero, con esta mayor extensión en fuerza de las gerencias organizadas por la Ley 28: que antes de la disolución de la sociedad ni el marido tiene derecho sobre los bienes de la sociedad manejados por la mujer, ni ésta tampoco sobre los bienes de la sociedad manejados por aquél, dándole así a cada uno de los esposos la calidad de dueño que antes competía exclusivamente al marido, a cuyo fin hubo de crearse la doble administración de los bienes, cuyo carácter de sociales no viene a revelarse ante terceros sino al disolverse la sociedad.

“Pero disuelta la sociedad surge ahora, bajo el imperio de la reforma, como antes también surgía bajo el imperio del Código Civil, la comunidad sobre los bienes sociales existentes en ese momento en poder de cualquiera de los cónyuges” (G. J. t. XLV, págs. 635 y 636).

La tesis pregonada en las consideraciones que preceden fue reiterada por la corporación en providencias de 18 de abril de 1939 (G. J., t. XLVIII, pág. 40), 25 de abril de 1991 y 5 de septiembre de 2001 —expediente 5868— (aún no publicadas oficialmente), entre otras.

6. Conclusión de lo sostenido es que, como con insistencia lo viene reiterando esta corporación desde el citado fallo de 20 de octubre de 1937, el ordenamiento jurídico previsto en la aludida Ley 28 trajo consigo la desaparición del tradicional sistema hasta entonces imperante en punto a la capacidad de la mujer y al manejo de sus bienes, consagró un nuevo régimen en la administración y disposición patrimonial entre esposos, sentó las bases para el tratamiento de los pasivos concernientes a la comunidad y dejó viva la sociedad conyugal, aunque bajo la variable allí concebida. De sus artículos 1º, 4º, 5º y 7º se establece, a no dudarlo, que le confirió a la mujer casada plena capacidad civil, judicial y extrajudicial, por lo que tales preceptos vienen a ser el fundamento toral de esa legislación, al punto que determinan la naturaleza, contenido y dimensión de esa reforma, en tanto que el resto del articulado tiende a facilitar su aplicación y a sentar normas complementarias.

Por supuesto que no fue intención de sus creadores que esta reforma abarcara aspectos diferentes a los acabados de precisar, como así indubitablemente se desprende de su contexto, según se ha visto; y ello igualmente lo corrobora la exposición de motivos con la que el gobierno del Presidente Enrique Olaya Herrera presentó el correspondiente proyecto de ley y los debates que al mismo y a sus modificaciones se le dieron en el interior del Congreso de la República, pues la argumentación del ejecutivo como la de los parlamentarios giró alrededor de la conveniencia y necesidad de otorgarle a la mujer casada capacidad plena para obrar y comprometerse por sí misma, al igual que sobre el poder de administración y disposición respecto de los bienes propios y los que aportare al matrimonio, como así efectivamente se constata en el expediente contentivo de ese procedimiento legislativo (Archivo del Congreso, Senado, leyes autógrafas de 1932, t. III, Archivo General de la Nación; fls. 136 a 140 vto.,149 a 153 vto., 159 a 162, 170 a 172, 177 y 178).

7. En este orden de ideas, al ser cierto que aquella legislación de 1932 no hizo más que estructurar el nuevo esquema de administración y disposición del patrimonio propio de la cónyuge, del esposo y el que correspondiera al concepto de comunidad, amén de que sentó las bases mediante las cuales debían tratarse los aspectos inherentes a las situaciones patrimoniales consumadas antes de su vigencia, fundadamente no puede afirmarse que esa normatividad, como insularmente algún autor lo concibió, vino a modificar el inventario que el Código Civil reglaba a propósito de los bienes que componían el haber conyugal, y que por ello los activos, como los referidos en los numerales 3º y 4º del artículo 1781 de esa codificación, ya no debían estimarse para conformar el acervo social; por el contrario, conocido ese verdadero alcance de la reforma que se analiza, la Corte desde muy temprano no dudó en afirmar que hacían parte del conjunto ganancial, entre otras, las cosas a que se contraen aquellos numerales, aseverando en efecto, en sentencia de 31 de agosto de 1935, que el “haber de la sociedad conyugal se compone, entre otros bienes, del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere, obligándose la sociedad a su restitución. Prescríbelo así el artículo 1781 del Código Civil, en su ordinal 3º. Y como para que no quedase duda sobre la aportación del dinero de los cónyuges a cambio de créditos contra la sociedad por sumas iguales a las aportadas, el mismo artículo 1781, en su ordinal 4º, dice que también componen el haber de la sociedad las especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al patrimonio, o durante él adquiriere, quedando obligada la sociedad a restituir su valor según el que tuvieron a tiempo del aporte o de la adquisición. Obsérvese cómo por dos veces, dentro de un mismo texto, sienta el legislador la doctrina de que el dinero, bien mueble por excelencia, se moviliza de los haberes particulares de los socios al fondo de la sociedad conyugal, así cuando pertenece a los cónyuges desde antes de nacer la sociedad como cuando ellos lo adquieren durante el matrimonio” (G. J. t. XLII, pág. 490).

Y es que visto el propósito de esas disposiciones, particularmente la contenida en el último de los numerales citados, ellas lejos están de deber su existencia al hecho de que fuera el marido el exclusivo administrador y quien podía disponer de todo el patrimonio, tanto del social como el de la esposa; por consiguiente, no resulta ser verdad que tales normas hubieran quedado tácitamente derogadas por el devenir de la Ley 28 preanotada, como que las mismas, repítese, no entrañan conexión con el sistema administrativo y dispositivo para entonces imperante.

El contenido normativo del artículo 1º de la citada ley constata el planteamiento que la Corte viene desarrollando, pues no se remite a duda que la separación de bienes que allí se consagra no tuvo otro objeto más que definir sobre cuáles de ellos se otorga a los cónyuges autonomía administrativa y dispositiva, y, particularmente, el de establecer que esas potestades no disminuyen ni eliminan los demás derechos que las normas del Código Civil les otorga para cuando se disuelva y liquide la sociedad conyugal, siempre bajo la celebración del matrimonio, lo cual evidentemente armoniza con lo dispuesto en los artículos 180 y 1774 ibídem.

Si a lo expuesto se reduce el cabal entendimiento que tiene esta ley, ha de reiterarse cómo resulta evidente que tal normatividad no pretendió modificar la composición del haber social en la forma como lo estructura el Código Civil, ni particularmente derogar lo previsto en el numeral 4º del artículo 1781, y más patente si se sopesa el alcance de su contenido frente al caso particular del numeral último citado, de lo cual sin duda surge como palmario que toda referencia que aquélla hace de ésta, está circunscrita únicamente para mandar que el cónyuge aportante conserva, respecto de los efectos aportados al amparo de esta disposición, su libre administración y disposición, dejando a salvo, eso sí, la posibilidad de que, sin las extremas formalidades de las capitulaciones matrimoniales, los cónyuges puedan excluir esa clase de bienes de la comunidad.

De suerte que reconocidas esas características, típicas de los bienes muebles, corporales e incorporales, el legislador no podía menos que imponerlos como activos sociales, y en aras de propender por un tratamiento justo, para que no hubiera lugar a un enriquecimiento sin causa de uno de los consortes y el empobrecimiento del otro, a renglón seguido señaló que en estos eventos quedaba “obligada la sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición”; y como el concepto jurídico de patrimonio comprende tanto los bienes corporales como los incorporales, según las voces del artículo 653 del Código Civil, es claro entonces, precisó la corporación en sentencia de 7 de septiembre de 1953, “que a ese haber social deben ingresar, no solamente los primeros, sino también los derechos y acciones de cada cónyuge, que forman entre los segundos (art. 1781, ibíd.)” (G. J., t. LXXVI, pág. 277).

8. No se remite a duda, por consiguiente, que la Ley 28 de 1932 en ninguno de sus apartes es derogatoria del numeral 4º del artículo 1781, y que, por tanto, las especies muebles —de las cuales son tipo las cuotas de interés de sociedades en comandita simple, por así tenerlo dispuesto expresamente el artículo 667 del Código Civil— y las cosas fungibles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio o que dentro de su vigencia adquieran, son efectos que conforman el activo de la sociedad conyugal, como lo señaló la Corte en sentencia de 1º de abril de 1968, en la que, al estudiar un asunto semejante, en el que la cónyuge enajenó unos bienes muebles pretextando que le pertenecían exclusivamente y no a la sociedad conyugal, expuso que era “palmario en la legislación colombiana que todos los bienes muebles aportados por los esposos al tiempo de contraer matrimonio, como también los adquiridos posteriormente por éstos a cualquier título antes de la disolución de la sociedad, ingresan a ésta” (G. J., t. CXXIV, pág. 51).

De ahí que el primero de los señalados artículos, expuso esta corporación en fallo de 21 de junio de 1984, cuya doctrina hoy se retira,

“después de establecer en su ordinal 2º que el haber de la sociedad conyugal se compone de “todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio”, por el ordinal 4º siguiente agrega que también forman este activo social “las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiere (sic); quedando obligada la sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición”, cuando esta última fuere a título gratuito (…).

Así que si antes del matrimonio uno de los esposos es socio de una compañía, como aquí ocurrió (…), al contraer matrimonio y formarse por ende la sociedad conyugal esas acciones, que tienen que considerarse como bienes muebles aun cuando la compañía sea dueña de inmuebles, entran a formar parte de la sociedad conyugal, quedando ésta obligada a restituir su valor al disolverse” (G. J., t. CLXXVI, págs. 221 y 222).

9. Síguese de todo lo anterior, que si antes del matrimonio uno de los cónyuges poseía cuotas de interés en una persona jurídica, debe concluir la Corte que al contraer el vínculo connubial y formarse por ende la respectiva sociedad conyugal, esos efectos patrimoniales, que por su naturaleza son especies muebles, entran a formar parte del haber de la sociedad conyugal, quedando ésta obligada a restituir a la disolución de la misma su valor, según el que correspondiere a la fecha en que se hizo el aporte; por lo mismo si para efectos de integrar la masa social una vez disuelta ésta, como aquí ha acontecido, tales bienes ya no se encontraren en cabeza del cónyuge aportante, porque supuestamente simuló su desprendimiento jurídico, como acá alega el cónyuge actor, surge para éste el interés serio y actual para deprecar la simulación del acto por el cual considera que se ha desplazado irrealmente el bien social, todo para que finalmente se haga la liquidación de la sociedad conyugal respecto de ellos en la forma que legalmente correspondiere.

10. Entonces, observa la corte, como lo hace notar el acusador, que el fallador ciertamente incurrió en interpretación errónea del comentado artículo 1º de la Ley 28 de 1932 y, como consecuencia de este quebranto, en inaplicación del numeral 4º del artículo 1781 del Código Civil, pues, sin embargo de que el primero era el pertinente a la situación que requería el asunto, lo entendió en forma que no consulta su verdadero sentido, y el segundo, porque hizo caso omiso de lo que el precepto dispone y por tanto no lo hizo actuar al tenerlo por derogado, siendo que se halla vigente y era la norma aplicable en orden a definir la controversia, dada la naturaleza del derecho involucrado. Adviértase que el argumento en que se apoyó el sentenciador para negarle al actor interés jurídico para deprecar la simulación del primero de los señalados negocios jurídicos se basó en que estimó derogado el numeral 4º del artículo 1781 citado, por lo que dejó de aplicarlo, cuando lo cierto es que en aquél sí residía dicho interés en la medida en que ese precepto legal se halla vigente, y, por lo mismo, las cuotas de interés que la demandada Beatriz Eugenia Escobar Vélez dijo enajenar en aquel acto, para efectos de la liquidación de la comunidad de gananciales habida con el demandante, eran bienes sociales. Por ahí mismo, ha de concluirse que el tribunal, en la sentencia acusada, incurrió en quebranto directo, por falta de aplicación de esta disposición y por interpretación errónea de aquella ley.

11. No obstante que, como acaba de dejarse expuesto, en ese razonamiento erróneo incurrió el tribunal, su equivocación no alcanza a conducir al quiebre del fallo censurado, debido a la previsión contenida en el artículo 375, inciso 4º, del Código de Procedimiento Civil. Evidentemente, ha de tenerse en cuenta para ello que el recurrente, al fin de cuentas, persigue es hacer obrar las normas que gobiernan la simulación, en particular el artículo 1766 citado como infringido en el cargo, con miras a que se declare que fue fingido el negocio celebrado entre las partes, motivo por el cual lo que ocupa a la Corte es establecer si se produjo el quebrantamiento de esos textos legales cuya eficacia jurídica es la que persigue el demandante, no los de la sociedad conyugal, los que en la materia son apenas incidentales; y desde esta perspectiva, ab initio, advierte la corporación que las normas concernientes a la simulación no fueron quebrantadas, como pasa a exponerse.

En torno a la indicación contemplada en el artículo 375 citado, según el cual en el fallo que dicte la Corte la “Sala no casará la sentencia por el solo hecho de hallarse erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, pero hará la correspondiente rectificación doctrinaria”, es forzoso afirmar que, evidentemente, esta es la solución que se impone, pese al desacierto cometido por el ad quem, en cuanto en las consideraciones de su providencia le otorgó a la Ley 28 de 1932 un contenido contrario al verdadero entendimiento consagrado en ella, pues lo cierto es que, en últimas, la conclusión a la que arribaría la Corte en sede de instancia vendría a ser necesariamente la misma a la que llegó el tribunal, vale decir, a mantener la decisión desestimatoria de las pretensiones deprecadas en el libelo.

Con esta determinación la Corte no hace más que acatar la “doctrina de la trascendencia del error (…) fielmente acogida por el legislador colombiano y elevada por éste a precepto legal concreto…” (G. J., t. CLXVI, pág. 583) en la norma procesal transcrita, en orden a lo cual reitera ahora, como antes invariablemente lo ha venido pregonando, como para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, de suerte que conduzca al quiebre de la sentencia acusada, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso, en cuyo caso, por encima de otros intereses, la misión primordial de la Corte de unificar la jurisprudencia nacional, acorde con lo pregonado por el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, habrá quedado cumplida a cabalidad mediante la rectificación de la doctrina del fallador de instancia y el restablecimiento de la recta aplicación de las normas quebrantadas, mas sin fulminar condena alguna en costas.

En este preciso sentido, desde antiguo, de manera reiterada y uniforme ha señalado la corporación: “En este caso, cuando una de las causales se ha justificado en derecho, pero no basta para cambiar el sentido del fallo, llenando así el fin único que la ley se ha propuesto con este recurso extraordinario, aunque no el otro que la parte se propuso de modificar a su favor la resolución, no hay lugar a imponer las costas del recurso…” (G. J., t. XLIII, pág. 174).

12. Esta es exactamente la situación que se presenta en el caso que ocupa la atención de la Corte, dando lugar a que el cargo fracase, en razón a que si se prescinde de aquel razonamiento errado del sentenciador, que en líneas anteriores se dejó evidenciado, en todo caso las determinaciones que incorpora la parte resolutiva del fallo serían las mismas, es decir, desestimatorias de las pretensiones del demandante, puesto que a idéntica solución ha de arribar la corporación al estudiar en el fondo los hechos que sirven de sustento a la acción deprecada, toda vez que no encuentra en el plenario prueba fehaciente de la simulación endilgada, como enseguida pasa a verse.

13. En términos generales, han pregonado la jurisprudencia y la doctrina que por acto simulado debe entenderse todo acuerdo mediante el cual los contratantes deliberadamente emiten una declaración de voluntad disconforme con la realidad o con el verdadero querer de los mismos. Conforme a la clásica definición de Francisco Ferrara negocio simulado es el que tiene apariencia contraria a la realidad, bien porque es distinto de como aparece o ya por cuanto en verdad no existe; es, en fin, “la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo” (La Simulación de los Negocios Jurídicos, pág. 56).

Atendiendo a los alcances del concierto simulatorio, el negocio ostensible puede presentarse bajo dos modalidades distintas que conducen a la clasificación general de absoluta y relativa.

Se está en presencia de la primera, cuando las partes, al tiempo que logran obtener el propósito fundamental buscado por ellas, de crear, frente a terceros, la apariencia de cierto acto y sus efectos propios, obran bajo el recíproco entendimiento de que no quieren el acto que celebran ni sus consecuencias, es decir, cuando el acuerdo volitivo va destinado a descartar todo efecto negocial, en cuanto que las partes nada han consentido, evento este en que la manifestación oculta tiene el propósito de contradecir la declaración pública. Ocurre la segunda, cuando el acuerdo de voluntades encubre una relación jurídica real con otra fingida, de suerte que se oculta a los terceros el verdadero, mostrándoseles uno diferente. Aquí no basta que los contratantes manifiesten no querer el contrato que aparentan celebrar, pues se exige que convengan los términos y condiciones de otro que es el que quieren verdaderamente, y cuyos efectos están llamados a producirse plenamente, aunque los que exteriormente aparezcan producidos sean los inherentes a la manifestación ostensible usada como cobertura de aquéllas.

Por averiguado se tiene que en materia probatoria, atendido el sigilo que normalmente utilizan los convencionistas al celebrar el acto jurídico simulado, el medio de convicción al que más se recurre es al indicio; y con este propósito, tiénese expuesto por la doctrina jurisprudencial que constituyen indicios de ese fenómeno el parentesco, la amistad íntima de los contratantes, la ausencia del precio o lo exiguo del mismo, el período en el que se realiza, la permanencia del vendedor en la heredad que dice haber entregado, etc.

Adicionalmente se sabe que la técnica probatoria enseña, en torno a la apreciación de los indicios, que resulta menester, para la contemplación de un hecho, la presencia de varios de ellos, con las características de ser graves, concurrentes y convergentes; con otras palabras, para que éstos puedan ser tenidos como tales, requieren, según los artículos 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil, que el hecho indicador esté plenamente demostrado en el proceso y, además, que del conjunto de ellos aparezca “su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso”.

En el concierto de los negocios jurídicos aparece, como una proyección del atributo de disposición que caracteriza al derecho de propiedad, la donación entre vivos, la que, al decir del artículo 1443 del Código Civil, consiste en el acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra que la acepta, y para cuya validez se requiere, entre otros presupuestos legalmente establecidos, que se haga previamente la correspondiente insinuación, a menos que la cuantía del acto, en la norma que el artículo 1458 del Código Civil tenía antes de la reforma que la introdujo el artículo 1º del Decreto 1712 de 1989, fuere inferior o igual a dos mil pesos, pues en este evento esa autorización no se hacía necesaria, de donde se sigue que si la insinuación no se surtió pese a superarse aquel tope, el negocio estaría viciado de nulidad en cuanto hubiere sobrepasado ese límite.

14. Y como también lo tiene definido la doctrina jurisprudencial de la Corte, en orden a establecer si sobre un contrato determinado se obró simuladamente, el juzgador debe proceder a investigar, ante todo, la existencia del respectivo acuerdo, para pasar luego a analizar el derecho que asista al actor para promover la respectiva acción, y rematar definiendo, con vista en las pruebas del plenario, si la simulación tuvo lugar o no.

15. En este asunto es incuestionable que los dos primeros elementos de los acabados de señalar se encuentran acreditados, por un lado, porque en autos obra la prueba de la cesión aludida, contenida en la escritura pública 858 de 9 de mayo de 1983, de la Notaría Primera de Manizales, y, por otro, porque no se remite a duda el interés que le asiste al actor para deprecar la simulación, toda vez que cuando se instauró la demanda de este proceso la sociedad conyugal ya estaba disuelta como consecuencia del fallo de separación de bienes, sin que suceda igual en lo tocante con el último, pues del análisis del haz probatorio no se establece la simulación predicada de dicho negocio jurídico.

Conforme con el texto de la demanda incoativa del proceso es claro que para acreditar la simulación de esa cesión, el demandante se valió de la prueba indiciaria, documental y testimonial, cuya valoración emprende ahora la Corte.

Por el lado de la primera, apuntaló su carga probatoria tendiente a establecer los indicios relativos al precio irrisorio, la falta de capacidad económica del cesionario y la relación familiar entre comprador y vendedor.

Según las pruebas del proceso, es irrefutable que la negociación en cuestión se dio entre parientes, pues cedente y cesionario son hermanos, y no obstante que uno de los indicios que la jurisprudencia y la doctrina tienen establecido como concurrentes a la configuración de la simulación es el hecho de que el acto se haya celebrado entre familiares, en esta contienda judicial ese acontecer, antes que constituir una sospecha en pro de establecer el acto aparente, lo que hace es dar fe de la verdadera intención consignada en el respectivo negocio por quienes concurrieron a su conformación, pues es obvio que siendo Escobar Vélez y Compañía una sociedad de familia, como sin tapujos el mismo actor lo admite en el hecho 2.44 de la demanda (fl. 836, 3ª parte, cdno. 1), lo más natural es que la transferencia de los derechos societarios que cualquiera de sus socios tuviera que hacer se negociara no solo entre estos mismos sino dentro de los miembros del grupo familiar que concurrió a la constitución de ese ente, que fue precisamente lo que sucedió en el caso del contrato controvertido, pues siendo el intuitu personae una de las características de la persona moral en la modalidad de comandita simple, de la que es especie aquella sociedad, por esa misma circunstancia sus integrantes no fácilmente consienten que de ella participen personas que no gozan de esa consideración personal. De ahí que la ley, e incluso los mismos estatutos sociales, exijan que cuando el socio pretenda ceder sus derechos debe ofrecerlos primeramente a sus pares por conducto del representante legal.

De esta manera, si como también lo ha dicho la Corte, “la mera prueba del parentesco (…), aisladamente considerada, no constituye siquiera indicio de tal simulación…” (G. J., t. CXLIII, pág. 102), ha de seguirse que en este asunto, atendidas las circunstancias que se dejaron examinadas, es claro que el vínculo de consanguinidad no llega a tener el alcance probatorio pretendido por la censura.

Para perfilar los indicios relativos al precio irrisorio y la falta de capacidad económica del comprador, el actor se valió de la prueba documental allegada con la demanda, visible a folios 1 a 822 (1ª y 2ª parte, cdno. 1) y de la opinión emitida por el contador Jaime de Jesús Aricapa Osorio, contenida en un extenso documento que también aportó con el libelo. Pero sucede que aquella documental está referida, fundamentalmente, a cuestionar el patrimonio de la sociedad demandada, como que cardinalmente viene dirigida a reparar sobre sus estados financieros, declaraciones de renta, obligaciones contraídas, acreencias canceladas, hipotecas constituidas, inmuebles adquiridos, predios enajenados, reforma de sus estatutos sociales, aumento de capital, etc., mas no los pormenores en que se dio aquel negocio, y especialmente lo irrisorio del precio o la falta de capacidad económica del cesionario. Como se observa, los documentos reseñados no son indiciarios, por ningún lado, de la simulación que se pregona en relación con la cesión de las 169.342 cuotas de interés.

Y en cuanto hace al documento emitido por Aricapa Osorio —que corre a folios 335 a 474 y 513 a 559 de la primera y segunda parte del cuaderno 1—, en el que a la postre se quiso estructurar la simulación, las afirmaciones que hace en el sentido de que el precio fue ínfimo y que el comprador no tenía capacidad económica para adquirir las cuotas, carece de fuerza para determinar un indicio, debido a que esa opinión, como él lo declaró (fls. 14 a 17, cdno. 2), y lo ratificó el demandante (fls. 371 a 376, cdno. 3), fue generada con apoyo en algunos documentos que, motu proprio, éste le suministró, tomados, como el mismo actor lo confiesa, sin autorización e inconsultamente del seno de las dependencias de Escobar Vélez y Compañía S. en C. cuando éste era el asesor contable de la misma. De suerte que si el documento en que la demanda finca aquellos indicios fue generado con base en los papeles parciales entregados por el propio accionante, este hecho lo torna carente de la menor convicción para dar por ciertas las conclusiones que su creador se atrevió a generar, vale decir, lo irrisorio del precio y la falta de capacidad económica de Carlos Ignacio para adquirir las cuotas de interés; por lo demás, tal y como se indicará más adelante, al rendir testimonio, cuando se le preguntó acerca de si era conocedor de la real capacidad económica de los demandados y el demandante, tajantemente contestó: “En la actualidad no, no tengo acceso a ninguna información, simplemente lo que supe fue en forma accidental” (fl. 16, cdno. 2).

Por consiguiente, es palmario que lo inherente al precio ínfimo y a la falta de capacidad económica del comprador, no pasó de la simple afirmación hecha por el actor en el acto introductorio del proceso, como que ciertamente tales indicios no quedaron evidenciados.

Independientemente de las consideraciones precedentes, si con apoyo en la prueba pericial ordenada a lo largo de la segunda instancia (fls. 76 a 217, cdno. 9) se quisiera admitir que el precio de esa negociación fue muy bajo, en comparación con el valor real que para el 9 de mayo de 1983 tenían las 169.342 cuotas de interés, en tal hipótesis se estaría en presencia de un único indicio, que por su soledad y falta de convergencia carecería de la contundencia necesaria que condujera a afirmar que aquel contrato fue aparente, puesto que al margen de él no se encuentra en el interior del proceso establecida ninguna otra circunstancia que estructure otro o que refiera una evidencia directa de que el acto fue simulado, por lo menos de las características contempladas en los artículos 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil.

Con abstracción de las motivaciones precedentemente expuestas frente a la prueba indiciaria, resalta la Corte que la circunstancia de que en el acta número 4 de 20 de junio de 1983 se hubiere dejado constancia de la concurrencia de la demandada Beatriz Eugenia Escobar a la reunión de socios de que la misma da cuenta, sobre lo cual se hace particular mención en los hechos del libelo, encuentra explicación en el entendido de que para esa fecha aún no se había inscrito en la Cámara de Comercio el acto dispositivo y resultaba indispensable mostrarle a la entidad financiera allí nombrada la unanimidad de los socios en el consentimiento para que el representante legal de la sociedad gestionara la obtención del crédito para el cual en esa reunión se pedía autorización, como así se lee en su cuerpo (fl. 567, 2ª parte cdno. 1), siendo esa, por demás, la única acta en la que aparece mencionada esa demandada después del 9 de mayo de 1983 en que se produjo la cesión de los derechos societarios.

Aparte de la prueba documental referida, de la exhibición de los libros de la sociedad demandada y del dictamen pericial, a solicitud del actor se recibieron los testimonios de Aricapa Osorio y Jaime Eduardo Escobar Vélez, así como el interrogatorio de parte de los demandados.

El primero de los nombrados, en su exposición se circunscribió a decir que el informe visible a folios 335 a 474 y 513 a 559 de la primera y segunda parte del cuaderno 1, lo elaboró únicamente con base en los documentos suministrados directamente por el demandante, pero que, en todo caso, desconocía cuál era su finalidad y absolutamente todo cuanto sucedió alrededor de la cesión de aquellas cuotas (fls. 14 a 17, cdno. 2), amén de que, ha de resaltar la Corte, como quedó consignado en párrafos anteriores, cuando se le concretó por el juez acerca de si sabía cuál era la capacidad patrimonial de las partes, dijo ignorar esta situación, desconocimiento que, por ende, le resta trascendencia al resto de su exposición y a los documentos por él elaborados.

Y el segundo, hermano de los demandados, precisó que Beatriz Eugenia Escobar vendió tales derechos porque necesitó dinero para asumir sus gastos personales y seguir estudiando pues se había quedado sola, que el pago fue acordado entre los contratantes, el cual el comprador lo fue cancelando a medida que la vendedora necesitaba la plata (fls. 7 vto. a 10, cdno. 2). Como se aprecia, ninguno de tales declarantes da señas de que el negocio en cuestión hubiera sido aparente o irreal, pues, antes bien, este último se expresó en el entendido de que ese acuerdo fue verídico. Adicionalmente, no hubo confesión de los demandados, como así se observa del interrogatorio de parte que absolvieron (fls. 31 a 35, cdno. 2).

Adicionalmente, ha de notarse cómo, examinados los testimonios que a solicitud de los mismos demandados rindieron Álvaro Vélez Uribe (fls. 1 a 3, cdno. 7), Jorge Vélez Palacio (fls. 376 vto. a 379, cdno. 3), Gladys María Gallo Mesa (fls. 379 a 382, cdno. 3), Lucía Vélez de Villada (fls. 383 a 384 vto., cdno. 3) y Dora Elvira Robledo de Vélez (fls. 384 vto. y 385, cdno. 3), ninguna manifestación surge tendiente a evidenciar la simulación del aludido negocio, como que se limitaron a expresar solo lo concerniente a los inconvenientes de orden económico que el demandante tuvo con el Edificio Don Pedro Limitada, y el hecho consistente en que para evitar las consecuencias de la correspondiente acción penal dispuso de los bienes suyos y los de la sociedad conyugal.

Lo expuesto por estos testigos permite inferir que el verdadero motivo que dio lugar a la celebración del acto dispositivo de los memorados derechos societarios no fue el aparente indicado en la demanda de este proceso sino la necesidad de la demandada de obtener recursos para subsistir, dada la penuria económica acaecida como consecuencia de haber dispuesto el actor de todo su patrimonio, deducción corroborada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales en providencia de segunda instancia de 12 de junio de 1992 (fls. 1123 a 1141, 3ª parte, cdno. 1), en la que, al absolver a la demandada de la denuncia que por defraudación le formuló el demandante, estableció que aquélla, alrededor de esa enajenación, no procedió con fines fraudulentos y, por lo mismo, con el propósito de lesionar los derechos del accionante, sino que esa cesión tuvo como venero la grave dificultad económica por la que atravesaba Beatriz Eugenia Escobar como consecuencia de que Felipe Samir Olarte, para evitar las obvias consecuencias de la acción criminal en la que estaba siendo procesado por la denuncia que le instauró la sociedad Edifico Don Pedro Limitada, enajenó absolutamente todos los bienes que en vigencia de la sociedad conyugal habían adquirido, los suyos e incluso un inmueble que figuraba en cabeza de los dos. Y a esta misma conclusión arribó la Sala Civil del Tribunal Superior de Manizales en la sentencia de segundo grado dictada el 11 de junio de 1986, a través de la cual esa corporación decretó la separación de bienes de los esposos Olarte-Escobar y declaró disuelta y en estado de liquidación la correspondiente sociedad conyugal, en la que precisó que a raíz de esas negociaciones del actor y de la venta de las cuotas de interés tanto la sociedad conyugal como los esposos individualmente considerados habían quedado en estado de insolvencia, cuestión que en su sentir configuraba la causal prevista en el artículo 21 de la Ley 1ª de 1976 para ordenar la separación que allí dispuso (fls. 258 a 264, 1ª parte, cdno. 1).

Por cuanto en este asunto es apenas manifiesto que, no obstante el abundante material probatorio incorporado al plenario, particularmente el documental, la parte actora no demostró que aquel negocio hubiera sido simulado, luego la determinación adoptada por el ad quem en el fallo censurado sigue siendo la misma; manteniéndose en pie este primer negocio jurídico, toda la acusación fracasa porque es evidente que la suerte del segundo contrato dependía de la de aquél; dicho de otra manera, si el primer acto dispositivo fue verdadero, el contenido en la escritura pública 2015 de 12 de octubre de 1988 de la Notaría 1ª de Manizales también ha de serlo, de acuerdo con las razones de facto expuestas en el acto introductorio.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 22 de septiembre de 1997, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso ordinario de simulación instaurado por Felipe Samir Olarte Vélez frente a Beatriz Eugenia y Carlos Ignacio Escobar Vélez y la sociedad Escobar Vélez y Compañía S. en C.

No hay lugar a costas en casación en virtud de la rectificación doctrinaria efectuada en este fallo (CPC, art. 375, incs. 4º y 5º).

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Pedro Octavio Munar Cadena—Manuel Isidro Ardila Velásquez, salvo voto—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

SALVEDAD DE VOTO

Mi desunión respecto de la mayoría estriba en que para ésta, con todo y que le halló razón al recurrente, la acusación adolece de la falta de trascendencia, cuestión que respetuosamente no puedo compartir.

En efecto, el tribunal aseguró que el actor carecía de legitimación para incoar la simulación, y no por otra razón que esa desestimó las pretensiones. Vale decir, no estudió el fondo del debate, y por eso nada dijo sobre si los contratos cuestionados eran simulados, o no; ni lo uno ni lo otro: simplemente que el actor ni siquiera podía plantear asunto semejante.

Con tesón disputó el recurrente el punto. Así que formuló el ataque para demostrar que en su haber sí estaba la facultad para criticar de ese modo los contratos. Con él estuvo de acuerdo la Corte y desembocó por tanto en que el tribunal se había equivocado de medio a medio. Pero, quién lo creyera, la Corte dice que, aun así, no casa la sentencia del tribunal.

A mi modo de ver las cosas, el caso es de una sencillez poco común: el preciso punto por el que el tribunal se abstuvo de adentrarse en el litigio mismo, fue derruido por el censor. ¿Qué más había de exigírsele que hiciera? ¿Contra qué más había que luchar? Si, en esas condiciones, de la sentencia nada quedaba, ¿era preciso todavía combatir contra “molinos de viento”? Ninguna riña es posible sin contrincante.

Por manera que el censor hizo lo suyo, lo que le correspondía: acabó con el fallo del tribunal.

Otra cosa, pero bien distinta, es que, ya en lo de fondo, la simulación deprecada por él no resulte acreditada. Eso es lo que ha de decírsele en la sentencia que sustituya a la del tribunal. Trocar este orden de cosas, para en su lugar aseverar que al cargo le faltó trascendencia, es hacer añicos la casación. Pues tentada se vería la Corte para realizar su labor al revés: renegando de lo que milenariamente ella misma ha enseñado, lo práctico sería no fijarse exclusivamente en lo que dijo el tribunal y que refuta el recurrente, sino más bien en qué cosas de las que hay en el proceso se oponen a la aspiración litigiosa de éste, para contestarle que aun en el mejor de los eventos su acusación es intrascendente, porque de todos modos perdería el pleito. Más elípticamente: analizar el proceso todo, cual se hace en instancia. Así, actuando en casación ¿podría la Corte actuar de oficio, reventando los confines de la acusación? ¿Y podría entonces, por ejemplo, examinar nulidades no planteadas en casación, so capa de que a la larga la lucha del casacionista sería estéril por falta de trascendencia de sus cargos? No hay duda que entonces se trataría de una casación enrevesada.

Y más equivocado es llamar al artículo 375 del Código de Procedimiento Civil para justificar la tal intrascendencia. Porque dicha norma parte de un supuesto que no está acá en el caso de hoy. Habla ella, en efecto, de que no se casará la sentencia “por el sólo hecho de hallarse erróneamente motivada”, si es que, de otro lado, “su parte resolutiva se ajusta a derecho”. La pregunta obvia es del tenor que sigue: ¿se “ajusta a derecho” la parte resolutiva del fallo del tribunal, no obstante que fue fruto, claro y directo por demás, de no analizar el fenómeno simulatorio porque en su sentir quien promovió el proceso no estaba habilitado para ello? ¿A eso llama la Corte haber decidido correctamente la controversia, si de otro lado le dice que se equivocó por no haber fallado de fondo? O es que, por dicha, ¿es lo mismo que un fallo desestime una demanda de simulación por falta de interés en su promotor, a cuando se desestima porque no está probada la simulación?

Prueba elocuente de que aquí se ha debido casar el fallo y dictar la sentencia sustitutiva, está en que dejando en pie el fallo del tribunal, como ha querido dejarlo la Corte, la única decisión que hoy existe es la del tribunal, esto es, que no se ha definido en el fondo si los contratos fueron simulados, o no. Por supuesto que el tribunal no se adentró en el estudio correspondiente, sino que simplemente se quedó en que el actor carecía de interés. Este es el resultado nefasto a que conduce la sentencia de que discrepo. En cambio, si se hubiera casado el del tribunal, hoy estaría la Corte dictando el de reemplazo, desatando el litigio para siempre.

Y, ya para terminar, es un despropósito tratar de zanjar el asunto con la sutileza de que “al fin de cuentas” lo que se persigue es establecer si las normas de la simulación se quebrantaron, para agregar enseguida que el tribunal no las violó a la larga. No sé si los fallos judiciales puedan equipararse a las adivinanzas, porque aquella afirmación es imposible hacerla si, como se vio, el tribunal ni siquiera se ocupó de estudiar si el fenómeno de la simulación lo hubo. De haber estudiado el fondo litigioso, no sé si hubiera pasado por mendaces los contratos; la Corte asegura que no habría violado las normas de la simulación. Ignoro de dónde tanta sabiduría.

Manuel Isidro Ardila Velásquez 

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