Sentencia 7146 de febrero 25 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

•SALA DE CASACIÓN PENAL

INVESTIGACIÓN INTEGRAL

PRUEBAS NO PRACTICADAS

EXTRACTOS: «Es una realidad que para los funcionarios es un imperativo realizar la investigación integral, esto es, todo lo tendiente a la demostración de la infracción y de la responsabilidad penal, conjuntamente con aquello que pueda llevar a la absolución del procesado o al reconocimiento de atenuantes de cualquier género que en un momento determinado pudieran significar una disminución de la punibilidad.

Esta norma de garantía para el ciudadano, le reconoce al Estado el ejercicio del ius puniendi, pero al mismo tiempo le demarca esa potestad, al señalar su finalidad cual es la obtención de la justicia; por ello, entonces, el imperativo de la investigación integral garantiza, dentro de las limitaciones de la justicia dispensadas por los hombres, la emisión de fallos que se aproximen al máximo al concepto de justicia.

Pero el mandato de la investigación integral no quiere decir que el juez, ante una coartada del procesado, tenga que disponer del aparato investigativo del Estado para la búsqueda y cacería de brujas y fantasmas; como ocurre con cierta frecuencia con los procesados que para tratar de eludir la reponsabilidad penal, acusan a personas sin individualizarlas, o en muchas ocasiones dan una filiación que corresponde al prototipo medio del colombiano, lo que por tanto hace imposible su identificación. Ese deber oficial tampoco implica que el juez esté obligado a realizar esfuerzos investigativos irracionales, como tratar de localizar a una persona inidentificada en un populoso sector de una ciudad tan grande como Bogotá; puesto que esas labores realmente escapan a la posibilidades del más hábil y cuidadoso investigador; o de llegar a adelantarse, tal esfuerzo sería inútil y se habrían gastado ingentes recursos humanos, económicos y de tiempo sin probabilidad alguna de lograr resultados positivos.

Sobre tales presupuestos, considera la Sala, el principio del debido proceso se vulnera por el incumplimiento del imperativo de la investigación integral, cuando en el proceso han sido citadas personas identificadas, individualizadas y localizables, y el investigador no hace ningún esfuerzo para ubicarlas y recepcionarles la respetiva declaración.

Lógicamente, no puede entenderse violado el principio de la investigación integral en casos como el que ahora motiva la atención de la Sala, porque la explicación presentada por la sindicada, en primer lugar, no es creíble, y además, tiene todo el propósito de engañar a la justicia.

Razón le asiste entonces al Procurador Delegado cuando sostiene que cuando el procesado presenta una explicación de esa naturaleza, desde ese momento la carga de la prueba le compete completamente a él. Pretender que la justicia busque una aguja en un pajar, rebasa la racionalidad de la obligación de investigar que tiene el Estado por medio de sus funcionarios, debiendo el procesado asumir las consecuencias de su proceder, por que si no le da los datos suficientes ni a la justicia, ni al defensor para que se realicen los esfuerzos de localización, la labor de estos será inútil y las posibilidades de realizar su labor con éxito muy remotas.

No debe olvidarse que las partes en el proceso penal son colaboradores de la justicia y todos ellos deben hacer su aporte para obtener el objetivo final del proceso, esto es, establecer la verdad histórica de los hechos investigados y con ella la concreción de la justicia con una sentencia que estando acorde con la realidad fáctica ocurrida, dilucide responsabilidades, absolviendo a los inocentes y condenando a los culpables».

(Sentencia de febrero 25 de 1993. Radicación 7146. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

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