Sentencia 7161 de febrero 25 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Silvio Fernando Trejos Bueno

Bogotá, D.C., veinticinco de febrero de dos mil dos.

Ref.: Expediente 7161

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandantes Óscar Alonso Maya Ramírez, Perla Catalina y Juan Ernesto Correal Ramírez contra la sentencia adiada el 10 de diciembre de 1997, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en el proceso ordinario adelantado por los citados recurrentes junto con Saulo Andrés Maya Munar, contra Yehimi Tatiana y Carlos Felipe Correal Ruiz, y los herederos indeterminados de Concepción Stella Ramírez a quienes se les designó curador ad litem.

I. El litigio

1. De modo principal, piden los demandantes que se declare que son los únicos “herederos testamentarios y por llamamiento de la ley” de Concepción Stella Ramírez de Maya, como consta en la memoria testamentaria recogida en la escritura pública 895 de 24 de abril de 1993 de la Notaría Única de La Mesa; y subsidiariamente, que los demandados “no tienen derecho sino a la legítima rigurosa que le hubiera pertenecido a Fernando Correal Ramírez en la sucesión de su madre Concepción Stella Ramírez de Maya”.

2. Las referidas pretensiones tienen fundamento en los hechos y afirmaciones que se compendian a continuación:

a) El 27 de junio de 1985 falleció Luis Fernando Correal Ramírez y diez meses después los nombrados demandados iniciaron un proceso de filiación contra los progenitores de aquél, Concepción Stella Ramírez y Efraín Correal Baquero, en cuya demanda “no se pide bien alguno”.

b) El 18 de octubre de 1989, el Juzgado Civil del Circuito de La Mesa (Cundinamarca) profirió sentencia declarando el estado civil reclamado, fallo que produjo efectos relativos cuanto que no tocan a los demandantes, y el cual no produce consecuencias patrimoniales porque no se solicitó en el proceso “derecho alguno sobre los bienes de Fernando Correal Ramírez”.

c) El 28 de febrero de 1993 falleció Concepción Stella Ramírez, quien otorgó testamento el 18 de diciembre de 1990, contenido en la escritura número 895 del 24 de abril de 1993, registrada el 29 de abril en el número 0009 de las páginas 160 y 161 del tomo primero del libro de testamentos de la oficina de registro de La Mesa.

d) La testadora no incluyó como beneficiarios a los demandados Yehimi y Carlos Felipe precisamente porque “no eran sus herederos”, no obstante lo cual aquellos Iniciaron el respectivo proceso de sucesión, trámite en el cual quienes aquí son demandantes promovieron sin éxito incidente con el fin de que se les declarara únicos herederos, y aunque era su intención no Iniciar acción judicial sino intentar la conciliación en un proceso de petición de herencia seguido entre las mismas partes, el fracaso de la misma les impuso iniciar el presente proceso para que se declare que los demandantes Alonso, Perla Catalina y Juan Ernesto, hijos, y Saulo Andrés Maya Munar, nieto, son los únicos herederos de Concepción Stella Ramírez.

3. Los nombrados demandados se opusieron a las pretensiones; afirman que éstas se apoyan “en hechos falsos”, pues en la demanda de filiación pidieron “que los menores tienen derechos herenciales como legitimarios del de cujos (sic) en la proporción que legalmente les corresponde”, a raíz de lo cual en las instancias se les reconoció la vocación hereditaria, efecto que incumbe a la parte actora; en esas circunstancias, en el testamento de Concepción Stella Ramírez fueron pretermitidos como herederos por representación de su padre extramatrimonial Luis Fernando Correal Ramírez; tales argumentos los concretaron en las excepciones de mérito que denominaron de inexistencia del derecho pedido, y de igualdad de derechos entre los hijos legítimos y extramatrimoniales.

4. El Juzgado de conocimiento encontró probadas las mencionadas excepciones y consecuentemente desestimo las pretensiones de la demanda. Ante la apelación de la parte demandante, el tribunal reformó la sentencia de primera instancia manteniendo la denegatoria de la pretensión principal de la demanda y concediendo la subsidiaria en el sentido de declarar que los demandados “tienen derecho a recibir la legítima rigurosa que le correspondía a su difunto padre Luis Fernando Correal Ramírez, en la sucesión de la causante Concepción Stella Ramírez de Maya”.

II. Fundamentos del fallo impugnado

En lo de fondo, se pueden compendiar de la siguiente manera:

1. En los aspectos generales, el tribunal hace ver que la declaración del estado civil de hijo trae consecuencias jurídicas de índole personal y patrimonial, dentro de estas últimas, la vocación hereditaria emergente del parentesco; que el proceso de filiación debe intentarse contra el legítimo contradictor, o sea el padre mientras viva, o contra sus herederos y cónyuge cuando haya fallecido; y que los efectos patrimoniales prescriben, pueden cederse o pueden renunciarse, mientras que los derechos personales son irrenunciables e imprescriptibles.

2. En el proceso de filiación antecedente de la presente acción, la demanda se interpuso contra los ascendientes de Luis Fernando Correal Ramírez, por cuanto éste era soltero y sin hijos; en cambio, en el presente proceso los demandantes son los hermanos de dicho causante, quienes no ostentaban allá la condición de herederos del mentado causante, por estar excluidos por los padres del causante. La madre del difunto atendió la convocatoria al proceso de filiación donde intervino y tuvo oportunidad de defenderse, y frente a ella surtió efectos patrimoniales la declaración de estado; por consiguiente, “la sentencia surte efectos jurídicos plenos contra las personas que ostentaban la calidad de herederos de Fernando Correal Ramírez, sus padres, y los únicos que entonces podían reclamar su herencia”.

3. La sentencia de filiación dictada en favor de los hijos del causante Luis Fernando Correal Ramírez, les permitió desplazar a los herederos putativos, motivo por el cual los bienes relictos en la sucesión de su padre les corresponde a ellos exclusivamente. En esas condiciones, fallecida la progenitora de aquél, al referido proceso sucesorio debían comparecer la totalidad de sus hijos: Óscar Alonso, Perla Catalina, Juan Ernesto y Luis Fernando; mas como el último ya había muerto, ocurrió el fenómeno de la representación sucesoria en favor de los demandados en el presente proceso.

Por consiguiente, “los menores Correal Ruiz son herederos de su abuela Concepción Stella Ramírez por derecho de representación y por consiguiente deben ser reconocidos en su sucesión”.

4. El fallador, con vista en la memoria testamentaria de Concepción Stella Ramírez, abuela paterna de los demandados determinados, y después de rememorar las facultades de la testadora, singulariza cada una de las asignaciones para anotar que la causante “desconoció a los herederos de su hijo Luis Fernando, adjudicando la totalidad de su herencia a sus otros tres hijos y un nieto, configurándose un típico caso de preterición”.

Parte así de la validez del testamento para aseverar que la ley suple esa preterición, y en esas condiciones concluye que deben respetarse las asignaciones testamentarias relativas a la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición, pero no en lo que respecta a las legítimas rigurosas, en punto de las cuales los demandantes y los demandados tienen igual derecho, sólo que los primeros lo son por vía del testamento y los segundos por disposición de la ley; en tal sentido le abrió paso a la pretensión subsidiaria.

5. De otro lado, el tribunal le resta validez a la cláusula testamentaria que asignaba un predio a Carlos Felipe en caso de que se determinara que era hijo de Luis Fernando, porque la demanda de filiación, con plenos efectos patrimoniales, le restó cualquier eficacia a la misma, toda vez que de conformidad con lo expuesto, la cuota de los referirlos demandados debe deducirse de la mitad de los bienes de la causante.

III. Demanda de casación

Tres cargos formula el recurrente con apoyo en la causal primera de casación, los cuales se examinarán conjuntamente por estar basados en similares argumentos, aunque vienen expuestos desde distintos ángulos.

Cargo primero.

1. En él se acusa la sentencia impugnada de haber quebrantado directamente, por falta de aplicación, el inciso final del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 y el inciso 4º del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil; y por aplicación indebida, los artículos 1041 y 1043 del Código Civil.

2. En resumen, el recurrente aduce lo siguiente:

a) Los demandados carecen de vocación hereditaria, no solamente respecto de su padre extramatrimonial, sino de la señora Concepción Stella Ramírez, por cuanto tal derecho no nació en la medida en que los menores ejercieron su derecho de petición de herencia pasados los dos años siguientes a la muerte del padre, amén de que ejercieron la acción de filiación después de muerto el padre extramatrimonial pero únicamente contra la señora Concepción Stella Ramírez.

b) Como la demanda de filiación fue instaurada después de muerto el padre, la sentencia respectiva produce efectos relativos entre las partes intervinientes y no de carácter patrimonial porque a la primera no se acumuló la petición de herencia; además, de haber producido tales efectos, estos habrían caducado porque Concepción Stella Ramírez falleció después de los dos años “a que se refiere el artículo 10 de la Ley 75 de 1968”.

c) Al no haber existido derechos herenciales, mal podía el tribunal dar aplicación al derecho de representación, por lo que debe concluirse que los acá demandantes tienen mejor derecho que los demandados.

Cargo segundo.

1. Aquí se acusa la sentencia de haber quebrantado los artículos 1041 y 1043 del Código Civil, 10 de la Ley 75 de 1968 y 332 del Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de errores de hecho en la apreciación de la demanda y de la sentencia de filiación.

2. Afirma el impugnante que en la susodicha demanda de filiación no se incluyó pretensión patrimonial ninguna, razón por la cual los demandados de ahora sólo podían heredar los bienes que reclamaran dentro de los dos años siguientes a la defunción de su progenitor; así la sentencia que resolvió sobre el estado civil se profirió con objeto y causa distinta a conferir efectos patrimoniales no reclamados, los que ahora se pretende hacer extensivos a personas que no fueron vinculadas al mismo.

En esas condiciones, la sentencia de filiación no puede hacerse valer en este proceso porque no tiene fuerza de cosa juzgada, amén de ser meramente declarativa, y haber conferido ella derechos herenciales a los demandantes equivale a “no haber dicho nada, si se tiene en cuenta que las sentencias de orden patrimonial no tienen efectos erga omnes sino inter partes“.

Cargo tercero.

1. Con respaldo en la causal primera de casación, se acusa la sentencia del tribunal de haber violado, por interpretación errónea, el inciso final del artículo 10 de la Ley 75 de 1968.

2. Para sustentar la acusación, el recurrente parte de idénticas premisas que le sirvieron de apoyo a los cargos precedentes, consistentes, básicamente, en la equivocada interpretación que el sentenciador dio a las normas que gobiernan la filiación al desconocer que el hijo reconocido en la acción de estado civil sólo tiene derechos patrimoniales cuando demandan al padre estando vivo o cuando éste los reconoce voluntariamente, “pero no cuando se demanda la filiación después de muerto el presunto padre”.

3. Insiste el recurrente en que los demandados —a su vez demandantes de la causa de filiación precedente—, no reclamaron efectos patrimoniales en la respectiva demanda, y en que la sentencia allí dictada sólo produce efectos relativos entre las partes allí intervinientes, o sea los hijos extramatrimoniales de Luis Fernando Correa y los padres, a la sazón únicos herederos de aquél, motivo por el cual erró en este caso el tribunal cuando no sólo les confirió derechos herenciales sino que los calificó de legitimarios, desconociendo que los efectos erga omnes de las sentencia de filiación se dan únicamente cuando se demanda en vida del presunto padre, por manera que “mis mandantes no tienen nada que ver con la filiación extramatrimonial, luego ni les aprovecha ni les perjudica el fallo que declaró la filiación”.

IV. Consideraciones de la Corte

1. De acuerdo con los fundamentos del fallo impugnado y de los cargos en casación atrás compendiados, el quid del asunto estriba en determinar el aIcance de los efectos patrimoniales de la sentencia de filiación mediante la cual se reconoció a los nombrados Yehimi y Carlos Felipe como hijos extramatrimoniales de Luis Fernando Correal, tanto respecto de la sucesión de éste como de la de Concepción Stella Ramírez, madre del último y quien en calidad de heredera atendió la comentada acción de estado civil.

2. Sobre el particular y a fin de hacer notar la inconsistencia y la equivocación de la tesis central del recurrente, según la cual los demandantes escapan a todo efecto patrimonial de dicha filiación, y, por lo tanto, sólo ellos son herederos de Concepción Stella Ramírez con exclusión de los hijos de Luis Fernando Correal, a quienes el tribunal les reconoció el derecho de representación de su padre premuerto, cabe hacer, a manera de prolegómeno, las siguientes precisiones de carácter jurídico.

3. En punto de la acción de filiación extramatrimonial y en lo pertinente a este caso, el artículo 10, inciso 2º, de la Ley 75 de 1968 dispone que “muerto el presunto padre la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge”, y agrega en el inciso 4º: “La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes, no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”.

En relación con la última previsión legal, atañedera con los efectos patrimoniales de la sentencia de filiación, importa señalar que reunidas las condiciones dispuestas en el precepto trascrito, esto es, notificados oportunamente los demandados legitimados para controvertir la pretensión de paternidad, aquellos se producen sin necesidad de que se haya invocado en la demanda una petición expresa tendiente a su reconocimiento, ni, por consiguiente, se requiere que la sentencia aluda expresamente a los mismos, pues su eficacia deviene ope legis; con todo, nada impide que en pos de definir de antemano la situación jurídica patrimonial dimanante de la acción de estado civil, el demandante los reclame en el libelo, ni que el demandado se oponga a ellos mediante la proposición de la excepción de caducidad.

4. En esa medida, queda al arbitrio del demandante de la filiación concretar tales efectos, no siendo por lo tanto indispensable hacerlo en la correspondiente demanda; de allí que ésta bien puede callar sobre los efectos patrimoniales, al igual que la sentencia respectiva, sin que esos efectos pierdan eficacia, siempre que se reúnan los requisitos de ley para que se den; o bien puede invocarse su reconocimiento expreso a fin de despejar el camino para sus reclamaciones futuras.

Y si bien es cierto que, como ha reconocido esta corporación, es dable acumular a la demanda de filiación la acción de petición de herencia, no por ello la interposición de ésta se hace indispensable para deducir los efectos patrimoniales derivados de la condición de hijo extramatrimonial, punto sobre el cual redunda el censor equivocadamente.

5. Desde otro punto de vista, en la hipótesis que ofrece el presente caso conviene especificar que, cuando sea dable verificarla, la caducidad de los efectos económicos derivados de la sentencia de filiación se hallan circunscritos a la sucesión de padre premuerto y son de presente. Lo primero fluye de que la acción de filiación se debe adelantar contra los herederos y el cónyuge del padre natural fallecido en su condición de tales, surtiendo efectos únicamente contra quienes hayan sido parte en el juicio siempre que hayan recibido notificación dentro del bienio de que trata el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, de modo que si ésta no se da el hijo cuya filiación se establece judicialmente nada puede reclamar en la sucesión del padre fallecido; y lo segundo, por cuanto se trata de disputar esa herencia y no aquellos derechos de naturaleza económica que, a futuro y por lo tanto inexistentes para la época en que se pronuncia el fallo de filiación, pueda tener derecho a recibir el hijo extramatrimonial por razón de haber sido reconocido como tal mediante sentencia; en este sentido resulta inadmisible que a los derechos en la sucesión de otras personas, distintas del padre premuerto, no pudiera optar dicho hijo precisamente alegando tal carácter, y menos con el argumento de que no fueron vinculadas al proceso de filiación a las personas con quienes llega a compartirlos y quienes a la sazón de la acción de filiación no eran herederos del padre fallecido ni, por ende, legitimados allí por pasiva.

6. En consecuencia, puede afirmarse que así como en la acción de filiación no es posible citar para que ésta produzca efectos patrimoniales a personas que que a la época de la demanda de filiación no tuvieran la condición de herederos del padre extramatrimonial muerto, motivo por el cual basta la citación bajo las condiciones de ley de quienes a la sazón sí la ostentaban para que tales efectos se den; tampoco cabe admitir que las demás personas, ya en otro ámbito y a futuro, puedan manifestar que les resulta inoponible el estado civil reconocido judicialmente desde antes al hijo vencedor, con efectos erga omnes, a fin de privar a éste de los derechos que corresponden no ya a la sucesión de su padre sino a la de otro causante; y menos, como aquí aconteció, cuando se trata de la sucesión de quien como heredera atendió a la defensa de la causa de filiación y resultó vencida, respecto de la cual el padre natural, de haber sobrevivido, hubiera sido a su vez su heredero, fungiendo ahora como tales legítimamente por derecho de representación sus descendientes, entre quienes se hallan los demandados.

7. Por fuerza de las consideraciones precedentes, pronto se advierte la sinrazón de los cargos propuestos, como pasa a verse enseguida:

1. El argumento de carácter jurídico plasmado en el cargo primero consistente en que el sentenciador dejó de aplicar los artículos 10 de la Ley 75 de 1968 y 332 del Código de Procedimiento Civil, cuanto que de acuerdo con estos los demandados no tienen vocación hereditaria puesto que no ejercieron la acción de petición de herencia sino después de la sentencia de filiación, y cuanto que ésta a su vez únicamente cobija a Concepción Stella Ramírez contra quien se dirigió la demanda de filiación, y quien falleció después del bienio aludido en el primero de los preceptos mencionados, no resulta válido porque, como se explicó atrás, la aplicación y extensión de los efectos patrimoniales de la sentencia de filiación deriva ope legis, sin necesidad de que la demanda ni la sentencia se refieran expresamente a ellos, a condición de que la demanda de filiación —que no la subsecuente de petición de herencia— haya sido notificada oportunamente a quienes se vincularon legítimamente como demandados en su carácter de herederos del presunto padre.

Erróneamente cree el censor que era exigencia legal previa haber acumulado a la acción de filiación, la de petición de herencia o una de carácter patrimonial, lo cual, como se vio, no es de recibo, como tampoco lo es que, reconocidos expresamente los efectos patrimoniales en la sentencia mencionada, cual sucedió aquí, ésta apenas tiene efectos relativos que no comprometen hacia el futuro a otras personas que por fuerza no tenían que ser citadas al proceso de investigación de la paternidad.

2. El impugnante en el cargo segundo denuncia la errónea apreciación de la demanda y la sentencia del proceso de filiación donde fueron reconocidos los demandados como hijos extramatrimoniales de Luis Fernando Correal, acusación que sustenta en que allí los demandantes únicamente pidieron la declaración de estado civil, y no obra ninguna petición ni resolución dirigida a alcanzar efectos de índole patrimonial, motivo por el cual no pueden reclamar vocación hereditaria ninguna, ni frente a los bienes relictos del padre, ni en relación con la herencia de quien actuó como contradictora en la respectiva acción de estado.

Tal planteamiento se detecta inexacto porque amén de que no se requería petición ni definición judicial a ese respecto, de acuerdo con lo explicado, lo cierto es que en la demanda de filiación propuesta en su momento por Jehimy y Carlos Felipe se pidió justamente que los menores demandantes “en su calidad de hijos extramatrimoniales del causante Luis Fernando Correal Ramírez, tienen derechos herenciales como legitimarlos del de cujus (sic) en la proporción que legalmente les corresponde” (fl. 147, cdno. 1), pretensión que se reconoció en la sentencia de primer grado, donde efectivamente se declaró que “en consecuencia los menores Yehimi Tatiana y Carlos Felipe Ruiz, tienen derechos herenciales como legitimarlos del de cujus en la proporción que legalmente les corresponde”, pronunciamiento que fue confirmado por el tribunal, y que excluye, per se, la caducidad por la que equivocadamente, desde distintas perspectivas, propugna el censor.

3. Dice la censura que el proceso de filiación instaurado luego del fallecimiento del pretenso padre surte efectos jurídicos únicamente en relación con quienes fueron convocados al mismo, de manera que como ninguno de los ahora demandantes figuró como contradictor en la susodicha acción, no es factible extender a ellos los alcances de la referida sentencia de filiación.

Sobre el particular es imperioso hacer ver, ademas de lo expuesto líneas atrás, que los demandados con base en la vocación hereditaria dispuesta en la propia sentencia de filiación limitaron su obrar comparecer como herederos por representación en la sucesión de su abuela paterna, Concepción Stella Ramírez, de suerte que si los patrimonios de los acá demandantes se vieron en modo alguno afectados, fue porque la herencia de la última la tuvieron que compartir con quienes en esas condiciones representaban a un hermano premuerto a quien inicialmente la testadora desconoció y concurrían por ley en el mismo orden hereditario de aquellos respecto de las legítimas rigurosas.

4. No puede prestarse a duda, de otra parte, que los efectos patrimoniales de la sentencia de filiación referida son causa eficiente de las reclamaciones patrimoniales que hagan los citados menores respecto de los bienes relictos pertenecientes a su padre, y no sólo de los bienes que le pertenecían en forma exclusiva y respecto de los cuales parece seguirse el proceso de petición de herencia pertinente, sino que debido a su condición de únicos herederos pueden actuar como sus representantes en las reclamaciones herenciales que en virtud de su previo fallecimiento no hubiese podido incoar directamente .

Esa es, precisamente, la situación dada como antecedente previo a la presente actuación, toda vez que con el reconocimiento obtenido mediante el acto jurisdiccional ya anotado, relativo a que en efecto los citados menores eran herederos de Luis Fernando Correal Ramírez, desde ese momento podían ejercer, en su nombre, los derechos inherentes a tal calidad y en especial representarlo en la sucesión de la progenitora fallecida con posterioridad a éste, lo que sobre el particular permite concluir que el tribunal, quien llego a idéntica conclusión, no incurrió en yerro.

5. Cuando el sentenciador dedujo que los demandados en virtud de la vocación hereditaria que derivaban de su padre podían representarlo en la sucesión de la progenitora de aquél, le confirió a la sentencia de filiación el efecto patrimonial previsto en la propia sentencia de filiación, en la medida en que reconoció que lo decidido en ésta involucra el patrimonio del padre y que éste se extiende, como es apenas natural entenderlo, a lo que heredaría de su progenitura, de suerte que vuelve a ser inexacta la censura cuando infiere que al permitir el tribunal la comparecencia concurrente de los menores demandados en la sucesión de Concepción Stella Ramírez confiere efectos económicos diversos a los que por ley emana de una sentencia de filiación cuando se intenta contra los herederos del padre extramatrimonial, porque, se reitera, los menores en tal caso no intentan acción ninguna en relación con el patrimonio de quienes no fueron parte en el proceso, sino que lo hacen respecto de los derechos herenciales de quien fue declarado su progenitor.

6. El cargo tercero en el cual también desde una perspectiva netamente jurídica se reclama la interpretación errónea del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, además de resultar incompatible con la censura expuesta en el cargo primero, pues no es dable de un mismo precepto predicar su falta de aplicación y a la par su equivocado entendimiento para buscar un mismo fin, pues sólo se interpreta la norma que se ha hecho actuar, está destinado a rescatar una vez más los efectos relativos del fallo, ya descartados anteriormente en la perspectiva que plantea el censor, y a insistir en que no se pidió en la demanda de filiación ningún efecto patrimonial, todo para a partir de esa falsa premisa encontrar otros hitos temporales para la caducidad de los efectos patrimoniales de la sentencia de filiación, perfectamente inadmisibles a la luz de las explicaciones dadas al comienzo sobre los efectos patrimoniales y sus proyecciones, aspectos por los cuales queda relevada la Corte de hacer consideraciones adicionales.

8. En síntesis, pues, dotada de efectos patrimoniales la sentencia de filiación por disposición de la ley y aun por expresa disposición de los jueces que los concedieron a los demandados de ahora, las acusaciones resultan finalmente vacuas y carentes de sentido, por lo que basta lo dicho para concluir que ninguno de los cargos está llamado a prosperar, desde luego que cuando el recurrente, a manera de colofón, rebate el derecho de representación que se hizo efectivo por los demandados en la sucesión de su abuela sobre la base de que si no hay derecho de herencia —bajo el supuesto de que aquella sentencia no produce efectos patrimoniales—, tampoco opera el fenómeno comentado, reluce sin fundamento la acusación destinada a excluir a los demandados de todo derecho en la sucesión de Concepción Stella Ramírez, madre del padre extramatrimonial.

En conclusión, los cargos no alcanzan éxito.

V. Decisión

En virtud de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 10 de diciembre de 1997, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso arriba referido.

Condénase en costas del recurso de casación a la parte recurrente, las cuales serán tasadas en su oportunidad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

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