Sentencia 7172 de mayo 27 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 7172

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., veintisiete de mayo de dos mil dos.

Decídese el recurso de casación formulado por el demandante contra la sentencia de 11 de noviembre de 1997, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en este proceso ordinario promovido por Eurípides Coronado Patiño contra María de la Cruz Coronado Velandia, Isidore Juliem Lois Meier Martínez y personas indeterminadas.

Antecedentes.

1. Promovió el actor el proceso para que se declarase que adquirió por el modo de la prescripción extraordinaria de dominio un predio rural de cuarenta hectáreas y ocho mil metros cuadrados situado en el corregimiento de Juan Frío, municipio de Villa del Rosario, cuyos linderos dejó determinados en el respectivo rescrito, y para que, subsecuentemente, se inscribiese el fallo en la oficina de registro correspondiente.

2. Los hechos de la demanda pueden compendiarse así:

El actor adquirió por compra que hizo a Francisco de Paula Omaña, mediante instrumento público 1532 de 26 de agosto de 1967 de la Notaría Primera de Cúcuta, la finca denominada “Juan Frío”, ubicada en al corregimiento del mismo nombre.

Luego, por escrituras números 296 y 300, ambas otorgadas el 26 de febrero de 1974 en la Notaría Primera de Cúcuta, vendió, respectivamente, a María de la Cruz Coronado Velandia una 1/3 parte y a Isidore Juliem Lois Meier Martínez la mitad de la sobredicha finca. Pero estos, “a pesar de la compra no ejercieron derecho real y autónomo sobre el inmueble adquirido” no perturbaron la posesión del vendedor“ y jamás ejercieron derecho alguno”.

A pesar de haber vendido 5/6 partes del predio reservándose 1/6, el actor tuvo desde el 26 de febrero de 1974 la posesión real y material del predio en un área de 40-8.000 Has. de las 44 que lo compone, con exclusión de los otros copropietarios y ejecutando actos positivos de señor y dueño, posesión que ha sido pública y continua.

3. Culminó la primera instancia con fallo que acogió las pretensiones de la demanda. Pero surtido el grado de consulta, mediante la sentencia ahora recurrida el tribunal revocó dicho proveído y en su lugar denegó en su totalidad dichas súplicas.

La sentencia del tribunal.

Tras memorar los requisitos para que opere la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, advierte el ad quem como también se encuentra al alcance de los comuneros la posibilidad de impetrar la declaratoria de pertenencia, citando al efecto el artículo 407 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil.

Hace luego un recuento de las transferencias realizadas “sobre el predio rural denominado “Juan Frío””, reseñando que, conforme a la demanda, el actor lo adquirió en 1967, que éste, a su vez, en 1974 vendió a María de la Cruz Coronado una tercera parte y a Isidore Juliem Lois Meier la mitad de esa finca, y en 1978 hizo venta parcial de la misma a Cillena Lombana de Hernández, refiriéndose el fallador, además, a la enajenación de 108 Has. que Eurípides Coronado, María de la Cruz Coronado y Juliem Lois Meier efectuaron el 5 de septiembre de 1983 a favor de Luis Guillermo Cuéllar y Aura Marina Corredor; frente a todo lo cual, expresó:

“De la anterior prueba documental se demostró que no existe el animus por parte del accionante, ya que ésta (sic) como se dijo es la voluntad de tener la cosa para sí (...) pues si así no fuera sería únicamente tenedor o poseedor a nombre de otro, claramente se observan varias ventas realizadas sobre el inmueble, siendo la última en 1983, por medio de la cual en asocio de sus comuneros dio en venta el predio señalando en la cláusula sexta: “manifiestan los exponentes vendedores hacen (sic) entrega real y material de lo vendido, libre de todo gravamen (...)”, entonces nos encontramos con la manifestación expresa de que se hace entrega real y material del bien objeto de la compraventa y consignada en la escritura. No queda la menor duda que efectivamente este documento o este deseo (...) se celebró llenando los requisitos de ley, y como consecuencia y querer de los comuneros, dentro de los cuales se encuentra el accionante, era vender dicho predio”.

De donde, prosiguió, “si falta uno de estos elementos, ya sea el corpus o el animus, no puede prosperar la acción (...). Y es que si se tiene en cuenta que el vendedor continuó poseyendo el inmueble esta transacción se celebró en 1983 y para la fecha de la demanda no habían trascurrido los veinte años dentro de los cuales deben demostrarse los actos posesorios realizados con ánimo de señor y dueño (...) no se dan los elementos para que se acceda a los pedimentos...”.

Todavía más y en gracia de discusión, termina expresando el tribunal, la prueba recaudada fue deficiente, no se indagó sobre el predio y su cabida, no se escuchó en declaración a los vecinos y no se preguntó si los compradores del mismo vivieron en él o lo conocieron al menos.

(...).

Consideraciones

Cual se dejó advertido, cumple el análisis conjunto de los tres cargos levantados contra la sentencia, dirigidos todos a controvertir la apreciación que hiciera el tribunal de los medios probatorios que constituyeron puntales de la misma, en tanto que las falencias denunciadas por el recurrente resultan por completo intranscendentes, como adelante habrá de comprobarse.

Propósito en que, sin embargo, no puede subestimarse la notoria deficiencia que aqueja integralmente la acusación, particularmente en los cargos primero y tercero, en donde a pesar de que se viene denunciando como de derecho un error en la apreciación de la prueba, se pasa por alto el que, de existir, no podría ser sino de hecho.

Porque, ciertamente, en el primero de ellos afirma el recurrente que la violación “(...) se produjo como consecuencia del error de derecho en que incurrió el tribunal (al) no ver la prueba testimonial que obra en autos ...”, al paso que en el tercero expresa que ésta advino “(...) como consecuencia de error de derecho en que incurrió el tribunal (...) al no estimarse la escritura 2322 del 5 de septiembre de 1983 (...)”, error del mismo cariz que también le achaca a esa corporación por no ver otros documentos que obran en autos.

Empero, asunto bien definido en punto a la violación indirecta de la ley sustancial y particularmente en cuanto al error, ya de hecho, ora de derecho que a la misma conducen, es el de que, en tanto el primero de los yerros mencionados, el fáctico, hace referencia a la objetividad de la prueba, a su aspecto puramente material o físico, el otro, al de derecho, toca con la valoración del medio probativo, esto es, con su contemplación jurídica o ponderación frente al sistema legal, aspecto frente al cual la Corte ha reiterado que, “... el error de derecho relevante en casación se configura cuando, a pesar de la correcta apreciación de los medios probatorios en cuanto a su presencia objetiva en el proceso, se equivoca el sentenciador en su tarea de definir su eficacia demostrativa, bien sea atribuyéndole un mérito que la ley no les concede, o bien negándoles el que ella asigna, al paso que el error de hecho en la apreciación probatoria tiene lugar cuando el juzgador incurre en suposición de pruebas, al dar por obrante una que no está o adicionar el contenido de una inexistente, o en preterición de prueba al ignorar una que obre en el proceso, o cercenar su genuino alcance objetivo” (G.J. t. CCXXVIII, pág. 209. Sent. feb. 16/94, se destaca).

Todo lo cual obliga necesariamente a concluir que, cual era notorio no más al leer su alegato, se equivocó el impugnante cuando acusó al tribunal de haber incurrido en error de derecho por no haber visto, por haber preterido, los testimonios y la escritura pública a que se refieren los cargos. Puesto que, si pasó por alto que esos medios de prueba obraban en autos, mal podía, y esto por simple sustracción de materia, haberles atribuido un mérito probatorio diferente al que les asigna la ley, como tampoco pudo de esta suerte, como es apenas obvio, haber incurrido en el error de valoración que se le endilga.

Al margen de los defectos anotados, que ya de suyo comprometen el éxito de la acusación, pecó de igual manera el recurrente en la formulación del segundo cuando circunscribió el error denunciado, esta vez de hecho, a la apreciación que se hizo del certificado de registro Nº 260-0041113, no obstante que las deducciones de que en el punto se duele las fundó el tribunal no sólo en dicho certificado, sino también en el contrato de compraventa celebrado en 1983 en relación con esa misma finca. Naturalmente, la censura así propuesta, aplicada a una de las pruebas que tuvo en cuenta el fallador con prescindencia entonces de la otra, resulta incompleta y destinada por ende desde el umbral al fracaso, comoquiera que siempre encontrará la decisión impugnada apoyo en aquella probanza que en cuanto no fue materia de acusación ha de estimarse bien analizada.

De todas maneras, con abstracción de lo anterior, precisa la Corte referirse a la situación planteada por el recurrente, para establecer cómo las falencias denunciadas a lo largo de la acusación serían intrascendentes frente al punto medular debatido en el litigio.

Sábese bien que pretende Eurípides Coronado haber adquirido por el modo de la prescripción extraordinaria las 40-8.000 hectáreas que conforman actualmente la finca denominada “Juan Frío”, aduciendo que no obstante haber vendido, en febrero de 1974, 5/6 partes de ella a los demandados, continuó poseyéndola “con exclusión de los otros condueños” (hecho cuarto de la demanda).

Ahora, nótase delanteramente que, pese a la bien difusa forma en que exteriorizó su pensamiento el tribunal, a vuelta de mucho cavilar resulta posible extraer de la sentencia una idea central: la de que esa corporación entendió que el predio materia de la presente acción de pertenencia está constituido, o incluye al menos, aquella porción de terreno del mencionado inmueble —108 hectáreas— que fue transferida por los referidos comuneros mediante escritura 2322 de 5 de septiembre de 1983 otorgada en la notaría segunda de San José de Cúcuta.

En efecto:

Luego de reseñar el ad quem las ventas parciales que de la finca “Juan Frío” se realizaron en 1974 y en 1978, dice: “(...) el 5 de septiembre de 1983 registra compraventa parcial de 108 hectáreas al (sic) señor Eurípides Coronado Patiño, María de la Cruz Coronado y Meier Martínez Isidore Juliem venden el predio de “Juan Frío” a Luis Guillermo Cuéllar y Aura Marina Corredor Jácome, y en la misma escritura se hace aclaración de la cabida superficiaria y linderos del inmueble. De la anterior prueba documental se demostró que no existe el animus por parte del accionante, ya que ésta como se dijo es la voluntad de tener la cosa para sí (...)”. Y tras reproducir el juzgador la cláusula séptima de dicha escritura en donde se dice hacer entrega del bien a los adquirentes, deduce que conforme a “este documento o este deseo” el “querer de los comuneros, dentro de los cuales se encuentra el accionante, era el vender dicho predio” (destaca la Sala).

Y es en este orden de ideas que debe entenderse lo dicho enseguida por el juzgador, también a guisa de conclusión: “Como bien lo anotamos (...) si falta uno de estos elementos, ya sea el corpus o el animus, no puede prosperar la acción impetrada (...). Y es que si se tiene en cuenta de que (sic) el vendedor continuó poseyendo el inmueble esta transacción se celebró en 1983 y para la fecha de la demanda no habían transcurrido los veinte años necesarios dentro de los cuales deben demostrarse los actos posesorios (...), además en el lugar de los hechos no se recibieron declaraciones a los vecinos, y tampoco se les preguntó sobre la existencia de estos señores que aparecen comprando para saber si en alguna oportunidad vivieron o estuvieron siquiera de visita en el predio, o al menos si lo conocían” (se destaca).

Queda claro, pues, se repite, que para el ad quem no podían abrirse paso las pretensiones del actor por dos razones: que el inmueble vendido el 5 de septiembre de 1983 y cuya posesión no obstante tal negociación habría conservado el actor pretendiendo ahora haberlo adquirido por prescripción, o forma parte, o es el mismo predio materia del proceso; y que no se recibió declaración a los vecinos del bien con el propósito de establecer si de alguna manera existió vínculo material entre esos adquirientes y el bien.

Evidentemente, cuanto al primer aspecto referido por el tribunal, tiénese que cosa muy diferente reza sin duda el aludido instrumento público, en el que, en lo pertinente, es posible leer que de la mencionada finca, cuya extensión era a la sazón de 158-6.820 hectáreas y cuyos copropietarios eran Eurípides Coronado, María de la Cruz Coronado y Juliem Lois Meier, fue vendida por estos conjuntamente, como cuerpo cierto, una porción de 108-4.380 hectáreas —“que en adelante se denominará “rastrojo”—, dejando en claro (los vendedores) que “(..) se reservan el resto del predio denominado “Juan Frío” con un área aproximada de 50-2.440 Has. e inscrito en el catastro como predio Nº 00-0-004-002”, lote este último que por lo demás especificaron por sus linderos.

De esta suerte, resulta evidente que, al contrario de lo visto por el ad quem, mediante la referida escritura no se vendió la finca “Juan Frío”, sino que, trasferida como fue parte de ella, su extensión sencillamente quedó reducida a 50-440 Has. Conclusión esta corroborada con el contenido del certificado Nº 260-0041113, que da fe de que luego de la referida negociación los comuneros vendedores siguen apareciendo en el registro como dueños del mentado inmueble, prueba documental a la que todavía se puede agregar el certificado expedido por el Instituto “Agustín Codazzi” que es posible leer a folio 10 del cuaderno principal.

Así pues, sin lugar a dudas erró de hecho el juzgador cuando al apreciar la mencionada escritura 2322 y el certificado Nº 260-0041113 encontró en ellos información del todo diferente a la que contienen, error que desde luego es evidente, como que se patentiza sin que medie esfuerzo alguno, con la simple y aún desprevenida lectura de tales documentos.

Y fue afincado en yerro semejante como el tribunal logró, con simpleza suma entonces, resolver el litigio, pues partiendo de que cuando el actor decía haber adquirido por prescripción el predio “Juan Frío” se refería o incluía el inmueble objeto del contrato ajustado en 1983, resultole fácil denegar las pretensiones de la demanda arguyendo que para la fecha de la misma la posesión aducida no era veintenaria, corolario al que añadió, aunque ya sin ninguna significación, otro planteamiento adicional, fundado en que de todos modos la prueba testimonial fue deficiente, contra el cual también arremete la censura.

Sin embargo, el referido error carece de toda trascendencia; y no sólo por la cortedad en el desarrollo de la acusación, sino porque, a simple vista, la situación fáctica enseña que de ninguna manera era factible arribar a una decisión favorable a las súplicas de la demanda.

El asunto debatido en este proceso es, en efecto, el de la prescripción entre comuneros, figura cuyo básico respaldo positivo hallábase antes en la Ley 51 1943 y actualmente en el ordinal 3º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, que estatuye que “la declaración de pertenencia también podrá pedirla el comunero que con exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, hubiere poseído materialmente el bien común o parte de él, siempre que su explotación económica no se hubiese producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad”.

Tanto antes como ahora la jurisprudencia ha reconocido sin ambages que, efectivamente, “la posesión del comunero” puede en un momento dado trocarse en “posesión exclusiva” del todo o de una parte del bien, con la natural consecuencia de que también en su momento resultaría factible para aquél adquirir el dominio de lo que así detenta por el modo de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.

Pero, partiendo de la indubitable circunstancia de que, de acuerdo con la naturaleza de la comunidad y con los textos legales la posesión de cada copartícipe es común y cada uno de ellos posee entonces en nombre de todos los condueños (G.J. Nº 2006, pág. 155), también ha puntualizado la jurisprudencia que “la posesión del comunero apta para prescribir debe traducirse en hechos que revelen sin equívoco alguno que los ejecutó a título individual, exclusivo, y que ella, por tanto, absolutamente nada tiene que ver con su condición de comunero o poseedor. Pues arrancando el comunero de una coposesión que deviene ope legis, ha de ofrecer un cambio en las condiciones mentales del detentador que sea manifiesto, de un significado que no admite duda; y que, en fin, ostente un perfil irrecusable en el sentido de indicar que se trocó la coposesión legal en posesión exclusiva” (cas. de mayo 27/91, sin publicar) (se resalta).

En este orden de ideas, luce evidente cuán desatinada resulta la pretensión prescriptiva del actor en el presente proceso. Por cuanto, ciertamente, en 1983, el 5 de septiembre, ante el notario segundo de Cúcuta se firmaba la escritura de venta de aproximadamente 108 hectáreas de las casi 158 que conformaban la finca “Juan Frío”; pero no era únicamente el hoy demandante Eurípides Coronado quien por ese medio disponía parcialmente del inmueble, pues al acto concurrieron así mismo como vendedores los comuneros actualmente demandados, María de la Cruz Coronado Velandia e Isidore Juliem Lois Meier; y fue así, conjuntamente, como dichos copartícipes mediante la cláusula primera de ese instrumento público manifestaron “(...) ser propietarios en común y proindiviso del predio “Juan Frío””, calidad en la que dijeron transferir a los compradores el lote segregado de la finca, expresando además que: “Los vendedores se reservan el resto del predio denominado “Juan Frío” con un área aproximada de 50-2.440 Has...”; por otra parte, los mencionados condueños declararon haber recibido en dinero efectivo el precio del bien objeto del contrato y haber hecho entrega real y material del mismo a los compradores.

De manera que si en 1983 tanto el actor como los demandados se declaraban al unísono propietarios en común y proindiviso del inmueble, al punto que conjuntamente vendían parte del mismo y simultáneamente determinaban la zona de la finca que en adelante y en esa misma calidad de copropietarios se reservaban, forzoso es descartar el exclusivo ánimo de señor y dueño que alega tener el demandante desde 1974 sobre el bien en cuestión. En lugar entonces de demostrar este último inequívocamente, cual era su cometido, que veinte años antes de 1995 —cuando presentó la demanda—, había trocado su coposesión de comunero en la de poseedor exclusivo, antes bien demostró todo lo contrario, a saber, que para el año 1984 él y los otros dos copropietarios habían proclamado y exteriorizado con hechos inequívocos, pública e incuestionablemente, ser detentadores de un bien sobre el que a la sazón ejercían común señorío.

No prosperan, pues, los cargos.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, no casa la sentencia de 11 de noviembre de 1997, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en el proceso atrás reseñado.

Costa en casación a cargo del recurrente.

Notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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