Sentencia de homologación 7172 de septiembre 29 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

DERECHO DE HUELGA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

LA FALTA DE REGLAMENTACIÓN IMPIDE SU EJERCICIO

EXTRACTOS: «El árbitro Iván David Ortiz Palacios, se pronunció con salvamento de voto sobre la competencia de la Corte para conocer de la homologación del laudo bajo estudio. En su sentir, la Corte Suprema de Justicia no es el organismo competente para conocer del recurso, por cuanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Carta Política de la República, la huelga sólo está restringida por vía de excepción, para los servicios públicos esenciales. La educación aun cuando definida por el mismo estatuto como servicio público, no ha sido calificada aún como esencial, función que de acuerdo a dicha norma es privativa de la rama legislativa.

Como el Congreso sólo ha legislado parcialmente al respecto, esa circunstancia imposibilita establecer cuál es la totalidad de los servicios públicos esenciales, y siendo el derecho de huelga un derecho fundamental de los trabajadores no es posible restringirlo, de suerte que el tribunal de arbitramento decretado por el Ministerio de Trabajo como obligatorio, devino legal tan solo por la aprobación votada por la asamblea sindical que también hubiese podido optar por la huelga (fl. 204 Nº 6). De esta suerte, habiendo sido el tribunal de arbitramento convocado voluntariamente, la competencia para el recurso de homologación estaría radicada en el Tribunal Superior del Distrito Judicial y no en la Corte Suprema de Justicia, cuya competencia para el efecto aparece restringida a los laudos proferidos por tribunales de arbitramentos obligatorios.

Observa la Corte en primer término, que el tribunal de arbitramento obligatorio fue convocado mediante Resolución Nº 835 de 24 de marzo de 1994, proferida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acto administrativo amparado por la presunción de legalidad de los mismos. Contra éste procedía por la vía gubernativa el recurso de reposición con arreglo al artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. Siendo así que la resolución no fue impugnada, adquirió firmeza con las consecuencias legales pertinentes.

Ciertamente algunos principios consagrados en el artículo 56 de la Carta constitucional no han sido reglamentados mediante las leyes pertinentes, creándose una especie de vacío estructural en el derecho de huelga y consecuencialmente en el de la negociación colectiva. Pero es lo cierto que el Estado, ente regulador del bienestar común de la sociedad, está compelido por mandato del artículo 365 ibídem , a enderezar su actividad hacia el cumplimiento de los fines que la Constitución le impone, entre otros el de asegurar la prestación constante e ininterrumpida de los servicios públicos. El alcance de dicho propósito no ha de ser obstaculizado por la circunstancia de no haberse expedido la ley reglamentaria correspondiente, frente a la necesidad de la atención de aspectos y situaciones de tanta monta para la estructura económica y social de la Nación.

Entonces, sin mediar la calificación de la naturaleza de servicio público esencial, competencia exclusiva de la ley, tan solo compete al Estado a través de las restantes ramas, acudir a los principios superiores que encauzan la actividad estatal, para solucionar la situación de derechos que como éste, no han sido legalmente reglamentados.

Con arreglo al artículo primero de la Constitución Nacional, el interés general prima sobre el interés particular y constituye uno de los fines primordiales del Estado social de derecho, ente, se reitera, cuya finalidad, entre otras, es la de garantizar la prestación de los servicios públicos, necesidad que lo habilita para establecer en especiales coyunturas como es la presente, cuáles de éstos están ligados en forma estrecha e importante al devenir social constituyéndose en actividades de interés general y cuándo, y en qué medida, priman éstas sobre los intereses particulares de las personas.

Como antes se precisó, la educación es un servicio público definido por el propio constituyente, sin que su naturaleza de esencial haya sido calificada aún por el legislador. Sin embargo, su ligamento inexorable con los fines últimos del Estado y con los derechos fundamentales del individuo en relación con el desarrollo libre de la personalidad de que trata el artículo 16 de la Constitución, la libertad de enseñanza y aprendizaje del artículo 27, la libertad de conciencia del artículo 18, y las demás normas relacionadas con ella, determinan su condición de servicio de interés general y por ende, la necesidad de hacerlo prevalecer sobre los intereses particulares de las partes.

Es de apreciar además, que la falta de reglamentación legal sobre la huelga en los servicios públicos prevista en el mismo artículo 56 de la Carta, impide en últimas su ejercicio, pues su desarrollo en la práctica requeriría una reglamentación diferente e independiente a la del régimen de huelga ordinario, como que la parálisis en el servicio debe prever condiciones que no impidan el ejercicio de los derechos fundamentales del resto de los asociados, ni le causen a éstos un perjuicio generalizado por la falta de su prestación.

Así, hasta tanto la ley no reglamente el artículo 56 de la Constitución, el Estado no está autorizado para sustraerse de la obligación de garantizar a la sociedad la prevalencia del interés general expresado en la prestación de los servicios públicos.

La Constitución derogó las normas abiertamente incompatibles con sus mandatos, en tanto que las vigentes en relación con el derecho de huelga para el momento en que la Constitución cobró vigor, no lo han sido por no encerrar su tenor incompatibilidad con las normas superiores, resultando viable su aplicación en el presente caso.

Así, en firme la resolución que convocó el tribunal de arbitramento obligatorio; tratándose la educación de una actividad de interés general que prima sobre los intereses particulares tanto del sindicato como de la empleadora; carente de reglamentación el derecho de huelga en los servicios públicos circunstancia que lo hace inerjercible y estando vigentes las normas legales anteriores a la expedición de la Constitución de 1991 que reglamentan el derecho ordinario de huelga, es forzoso concluir en que el tribunal de arbitramento fue convocado en consideración a los principios esbozados y por lo mismo, la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia para dirimir los recursos de homologación interpuestos contra el laudo arbitral».

(Sentencia de homologación, septiembre 29 de 1994. Radicación 7172. Magistrado Ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valverde).

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