Sentencia 7173 de febrero 10 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ACCIÓN DIRECTA DEL DAMNIFICADO CONTRA LA ASEGURADORA

EXTRACTOS: «Por tanto, si la aspiración va encaminada a la obtención de la indemnización derivada de la responsabilidad civil extracontractual en que pudiera incurrir el asegurado, que, a su vez, constituye el riesgo amparado por el asegurador, el seguro así concebido es uno de daños patrimoniales —voluntario—, pues, finalmente, como se desprende de la póliza, lo que cubre es el perjuicio que pudiera sufrir el asegurado con la ocurrencia del siniestro proveniente de hechos a él imputables (cdno. 5, fl. 83), entendiéndose, claro está, que en la actualidad tal cobertura, por ministerio de la ley, apunta a la reparación del daño padecido por la víctima (C. Co., art. 1127).

Empero, forzoso es precisar que para llegar a este escenario, el concepto ha recorrido varios estadios bien demarcados, los cuales se han estructurado conforme a la doctrina dominante en cada época, situación que posteriormente fue desbordada, entre otras razones, por la inusitada frecuencia de nuevos hechos a los que se hacía indispensable ampliar sus efectos jurídicos.

Una primera concepción del asunto repudió la posibilidad de reglamentar el seguro de responsabilidad civil, bajo el entendido de que el riesgo contratado solo podía obedecer al azar o al caso fortuito, que excluía aquella, generalmente vinculada a la culpa; en el punto, un claro ejemplo legislativo estaba dado por los artículos 635 y 676 del Código de Comercio Terrestre de 1887 que, por un lado, mostraba el riesgo como “la eventualidad de todo caso fortuito que pueda causar la pérdida o deterioro de los objetos asegurados” (se resalta) y, por el otro, impedía que el asegurador se hiciera responsable de los hechos personales del asegurado.

Ahora, la evolución de las nociones que integran el esquema del contrato de seguro y las que concurren a establecer la responsabilidad civil, permitió remover el obstáculo anterior, para que el ordenamiento positivo, a términos del artículo 1054 del Código de Comercio, aceptara los sucesos inciertos que no dependieran exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario, exceptuando de la protección del seguro solamente los eventos resultantes del dolo, la culpa grave o de la mera potestad de aquellos, lo que, a su turno, predispuso el ambiente para la consagración del seguro de responsabilidad, que el artículo 1127 del estatuto mercantil, en su contenido original, definió como aquel que “impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley”.

Siendo tradicionalmente la responsabilidad civil de dos clases, contractual y extracontractual, según el texto precitado habría de afirmarse que el seguro se constituía en favor del asegurado, por cuanto la prestación asumida por el asegurador era la de indemnizarlo a él, mas no al tercero damnificado, quien, además, en esta etapa normativa, por expreso mandato del artículo 1133 del Código de Comercio, estaba desprovisto de acción directa para exigir a la compañía el resarcimiento del daño causado por el siniestro.

En el estadio actual se le asigna otro rol al seguro de responsabilidad civil, pues ha cambiado sustancialmente el principio por el cual la obligación del asegurador era la de “indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley” (se resalta), para ser reemplazada por la de “indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado” (se resalta), conforme a la reforma que al mentado artículo 1127 del Código de Comercio introdujo el 84 de la Ley 45 de 1990.

Como se aprecia, a los seguros de esta clase, en sentido lato, se les ha otorgado una doble función de la que antes carecían, dado que, a más de proteger de algún modo y reflejamente el patrimonio del asegurado, pretenden directamente reparar a la víctima, quien, de paso, entra a ostentar la calidad de beneficiaria de la indemnización. Mírese así cómo esta, y por consiguiente sus herederos, según el caso, no ocupan la posición de asegurados, pues su derecho frente al asegurador surge de la propia ley, que ha dispuesto claramente una prestación en su favor (1) , en calidad de beneficiarios, aunque circunscrita a los lineamientos trazados por el contrato de seguro —y en lo pertinente por la misma ley—, de modo que la víctima, ha de reiterarse, no solo se tendrá como beneficiaria de la indemnización —art. 1127 in fine—-, sino que estará asistida, además, de una acción directa como instrumento contra el asegurador, como inequívocamente aflora del tenor del artículo 1133 ejusdem, modificado por el 87 de la Ley 45 de 1990, por el cual “en el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador”.

Sobre el particular, en providencia de la misma fecha, la Sala expuso que en consonancia “con la orientación legislativa vigente en materia del seguro de responsabilidad civil, ocurrido el siniestro, es decir, acaecido el hecho del cual emerge una deuda de responsabilidad a cargo del asegurado, causante del daño irrogado a la víctima —C. Co., art. 1131—, surge para el perjudicado el derecho de reclamarle al asegurador de la responsabilidad civil de aquel, la indemnización de los perjuicios patrimoniales experimentados, derecho que en Colombia deriva directamente de la ley, en cuanto lo instituye como beneficiario del seguro —art. 1127 ibíd. y que está delimitado por los términos del contrato y de la propia ley, más allá de los cuales no está llamado a operar, derecho para cuya efectividad se le otorga acción directa contra el asegurador —art. 1133 ejusdem—- la que constituye entonces una herramienta de la cual se le dota para hacer valer la prestación cuya titularidad se le reconoce por ministerio de la ley” (Exp. 7614, no publicada aún oficialmente).

Así las cosas, este preámbulo permite deducir, grosso modo, los presupuestos principales de la efectividad de la acción directa conferida al perjudicado frente a la compañía, destinada a obtener la realización de los mencionados y actuales fines del seguro, y que se integran, primeramente, por la existencia de un contrato cuya cobertura abarque la responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado, acompañada, en segundo término, de la acreditación de la “responsabilidad del asegurado” frente a la víctima, así como la de su cuantía, esto es, del hecho que a aquel sea atribuible la lesión producida, a voces del citado artículo 1133 del Código de Comercio. Por consiguiente, la legitimación en la causa para su promoción será la que corresponda en materia de responsabilidad civil a todo aquel que ha recibido directa o indirectamente un daño, esto es, a la víctima o sus herederos, siempre que sean titulares de intereses que se hayan visto afectados por la conducta nociva del agente del referido daño.

2. Conviene insistir una vez más que en lo tocante con la relación externa entre asegurador y víctima, la fuente del derecho de esta estriba en la ley, que expresa e inequívocamente la ha erigido como destinataria de la prestación emanada del contrato de seguro, o sea, como beneficiaria de la misma (C. Co., art. 1127). Acerca de la obligación condicional de la compañía (C. Co., art. 1045), en efecto, ella nace de esta especie de convenio celebrado con el tomador, en virtud del cual aquella asumirá, conforme a las circunstancias, la reparación del daño que el asegurado pueda producir a terceros y hasta por el monto pactado en el respectivo negocio jurídico, de suerte que la deuda del asegurador tiene como derecho correlativo el de la víctima —por ministerio de la ley—- para exigir la indemnización de dicho detrimento, llegado el caso. Con todo, fundamental resulta precisar que aunque el derecho que extiende al perjudicado los efectos del contrato brota de la propia ley, lo cierto es que aquel no podrá pretender cosa distinta de la que eficazmente delimite el objeto negocial, por lo menos en su relación directa con el asegurador, que como tal está sujeta a ciertas limitaciones.

Luego aparece palmario que si la facultad de la víctima tiene el origen que se deja explicado, que no siempre corresponde exacta ni íntegramente a la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, mal podría concurrir a demandar la indemnización directamente del asegurador, predicando únicamente como causa y extensión de su derecho la responsabilidad civil extracontractual resultante del ejercicio de actividades peligrosas, con total prescindencia de los presupuestos ya mencionados.

Así se entiende que el tercero afectado —o sus herederos—, cuando accionan en forma directa frente a la compañía de seguros, y por razón del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, no lo hacen, ni pueden hacerlo solamente, con estribo en los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, pues estos preceptos, entre otros, son ciertamente los que regulan la responsabilidad civil extracontractual, pero del asegurado, de modo que no pueden, por sí solos, determinar automáticamente los derechos, obligaciones y responsabilidades surgidas del seguro.

Síguese que la pretensión se tornará frustránea si no se logra establecer la responsabilidad civil del asegurado, pues este hecho estará en conexión con el otro presupuesto a cargo de la víctima, cual es el de evidenciar que la responsabilidad generada por la acción u omisión de aquel está cubierta o amparada por el asegurador a quien, por lo mismo, se reclama la indemnización.

(...).

No luce acertada la afirmación del recurrente, con arreglo a la cual las disposiciones llamadas a regir la situación de quien ejercía la acción directa contra el asegurador eran los artículos 2342 y 2356 del Código Civil, porque semejante aseveración desconoce francamente, como se ha visto, que el derecho del tercero damnificado por el siniestro para accionar contra el asegurador es el reconocido por los artículos 1127 y 1133 del Código de Comercio, modificados, en su orden, por los artículos 84 y 87 de la Ley 45 de 1990, y que la responsabilidad civil derivada del hecho imputable al asegurado, esta sí reglada por tales normas del Código Civil, entre otras, funge apenas como un medio o puente para hacer efectivo el amparo o cobertura otorgado por el contrato de seguro, en cuanto atañe a los derechos conferidos por la ley a la víctima. Acerca de la acción directa, justamente, el artículo 1133 ibídem enseña que “la víctima podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador”, de lo que se desprende nítidamente que la responsabilidad civil del asegurado actúa como presupuesto de la obligación resarcitoria del asegurador».

(1) En este sentido, el proyecto que se convirtió en la Ley 45 de 1990 indicaba que dicho seguro consagraba “un contrato en favor de terceros” (ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 113 de 1990-Cámara, publicada en “Antecedentes legislativos del derecho de seguros en Colombia”. Acoldese - Acoas, Bogotá, 2002, pág. 334).

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NO SE LE APLICA EL ARTÍCULO 1142 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

EXTRACTOS: «No puede relevarse la Corte de hacer la rectificación que impone la equivocada reflexión del tribunal acerca de la aplicación del artículo 1142 del Código de Comercio.

En el punto, es casi innecesario volver sobre el carácter de seguro de daños que ostenta el de responsabilidad civil, en contraposición al de personas. El pago de la prestación asegurada, por esa misma razón, no es uniforme en todos los casos, pues en el seguro de personas aquel se hace al beneficiario, que generalmente es un tercero designado por el asegurado en el contrato o por la ley, y en otros —seguros dotales— es al asegurado mismo mientras viva, o a sus herederos. Entre tanto, en los seguros de daños el interés asegurable lo tiene el asegurado y a él corresponde, en principio, el derecho a la indemnización prometida.

Actualmente, con la inclusión legal del damnificado como beneficiario de la indemnización, con ocasión de la responsabilidad civil en que incurra el asegurado, y al facilitar a los receptores del daño la posibilidad de demandar directamente a la compañía, a través de una acción ex lege, ello viene a explicar suficientemente que, dada la peculiar naturaleza del derecho del perjudicado en los seguros de responsabilidad civil, no le sean aplicables aquellas disposiciones como el artículo 1142 del Código de Comercio, concebidas para los seguros de personas.

De consiguiente, estando dispuesta por la propia ley, en forma supletiva de la convención, la manera de distribuir el monto asegurado, cuando no se designa beneficiario o la designación es ineficaz o queda sin efecto por cualquier causa, es factible acudir en los seguros de personas a la división prevista exclusivamente entre “el cónyuge del asegurado, en la mitad del seguro, y los herederos de este en la otra mitad”.

Con todo, esta fórmula no tiene cabida en los seguros de responsabilidad civil, pues hoy más que nunca, cuando cualquiera de las víctimas, en caso de concurrencia de estas en el daño causado por el acto u omisión del asegurado, puede reclamar en igualdad de condiciones, no se admite el privilegio que se generaría al distribuir la indemnización solamente entre “el cónyuge y los herederos”, por mitades, pues, en lo posible, debe prevalecer el principio de la indemnización para la totalidad de los damnificados, desde luego, dentro de las estrictas condiciones y linderos del pacto.

Así se logra exponer por qué no es posible acoger como parámetro el que adoptó sin reservas el tribunal en su sentencia, apoyado en el artículo 1142 del Código de Comercio, por el cual “el valor asegurado corresponde entonces a la cónyuge y a los herederos de la víctima” (cdno. 6, fl. 32), pues, como colofón, puede decirse que en el seguro de responsabilidad civil el derecho de reclamar incumbirá, en general, a los damnificados, según la clase de perjuicio que acrediten de acuerdo con las pautas que disponen la ley y la jurisprudencia, personas estas que, por lo anotado, no podrán determinarse por efecto de la actuación de la regla que ofrece, para situación bien diversa, la citada norma».

(Sentencia de casación, 10 de febrero de 2005. Expediente 7173. Magistrado Ponente: Dr. César Julio Valencia Copete).

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