Sentencia 7189 de mayo 10 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

SOLIDARIDAD POR OBLIGACIONES LABORALES

DEMANDA CONTRA SOCIOS DE COMPAÑÍA LIQUIDADA

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Escobar Henríquez

Radicación Nº 7189

Santafé de Bogotá, D.C., mayo diez (10) de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de los demandados Berta Paredes de Villa, Ángela María, Gustavo Andrés y Diego Mauricio Villa Paredes, contra la sentencia de fecha 15 de junio de 1994, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio seguido por Pedro Juan Moreno Villa contra las personas inicialmente mencionadas así como también de Martha Elena Villa Paredes, Juan Guillermo Villa Paredes, Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. “AIA S.A.”, Gilberto Moreno Peláez y Cía. Ltda-Droguería Gutiérrez (GMP, Productos Químicos) y Virginia Villa Wolff de Moreno.

La demanda inicial

El accionante inició el proceso con el fin de obtener de los demandados, en su calidad de ex socios de la compañía Inversiones Finlandia Ltda., el pago de los salarios y prestaciones sociales por los servicios subordinados prestados a la sociedad mencionada.

Como soporte fáctico de las pretensiones antedichas, aduce el actor que fue vinculado laboralmente a la sociedad referida, como gerente, durante un lapso de 17 años, 5 meses y 22 días, comprendido entre el 22 de junio de 1973 y el 17 de diciembre de 1990 cuando fue liquidada la sociedad; que durante su administración permanentemente recibió órdenes e instrucciones de la junta de socios de la compañía; y de manera detallada presenta un recuento de todas las actividades y funciones realizadas por él durante su gestión gerencial.

Igualmente argumenta que no recibió de la empresa que administró y representó ningún salario por el desempeño de sus funciones laborales. Además, que los demandados son personas solventes que están en capacidad de asumir el pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados, y que deben responder a pro-rrata de las obligaciones pendientes por el hecho de haber sido liquidada la sociedad de la cual formaban parte.

Refiere también que fue nombrado liquidador de la sociedad por la junta de socios de Inversiones Finlandia Ltda., en consideración a la confianza que mereció su gestión como gerente de la misma compañía; así mismo que adelantó el proceso de liquidación de la sociedad mencionada, que terminó con el registro ante la Cámara de Comercio de Medellín del acta de liquidación de la sociedad y la consiguiente solicitud de cancelación de su matrícula mercantil.

Las contestaciones a la demanda

El demandado Gustavo Andrés Villa Paredes se opuso a las pretensiones del actor argumentando que no existió una relación laboral entre el Dr. Moreno Villa y la sociedad mencionada, que si bien se desempeñó como su gerente nunca tuvo la calidad de empleado, puesto que fue vinculado de manera estatutaria a la empresa lo que no constituye subordinación.

Agregó a lo anterior que la labor gerencial del Dr. Moreno en favor de la mencionada sociedad obedeció a un mandato no remunerado, derivado de una parte, del parentesco con las personas naturales demandadas y de otra, del interés por tener la calidad de socio.

Por su parte, la sociedad Gilberto Moreno Peláez y Cía. Ltda., por intermedio de su apoderado judicial aceptó que el actor “estuvo al servicio y bajo la subordinación de la junta de socios de la sociedad Inversiones Finlandia Ltda. durante el tiempo que se desempeñó en calidad de gerente” y en relación con las pretensiones del actor indicó que

“No es el deseo de la compañía entrabar un pleito con quien es actualmente su gerente principal y adicionalmente consideramos que en razón a que él no ha faltado a la verdad, la empresa está dispuesta a cancelarle lo que le corresponde por salarios y prestaciones sociales durante todo el tiempo que se desempeñó como gerente de Inversiones Finlandia Ltda. teniendo en cuenta un salario justo para las partes, fijado por el señor juez”.

En términos semejantes a los anteriores se pronunció la compañía Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. al expresar en la contestación de la demanda que

“Fueron muchos los años de trabajo compartidos con el Dr. Moreno Villa y en razón de lo expuesto no es el deseo de la sociedad Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. desconocer la labor eficiente y productiva que él desarrolló al servicio de Inversiones Finlandia Ltda.

Es cierto que nunca se le canceló dinero alguno por sus servicios, pues él no lo solicitó, quizás por los lazos afectivos que lo unían a los socios que conformaban la sociedad, en buena parte familiares suyos.

Hoy cuando se presenta esta demanda, no queremos desconocer los posibles derechos que le asisten al Dr. Moreno Villa, pero tampoco queremos ser víctimas de una extralimitación en la tasación de las prestaciones que por ley a él corresponden”.

De otro lado, los demandados Berta Paredes de Villa y sus hijos Ángela María y Diego Mauricio Villa Paredes al contestar la demanda se opusieron a las pretensiones del actor alegando que no existió la relación laboral aducida por él, sino un sometimiento de su parte a las normas estatutarias.

Decisiones de instancia

En primera instancia el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia pública celebrada el 15 de abril de 1994, absolvió a los demandados de todas las pretensiones formuladas y se abstuvo de condenar en costas.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en sentencia del 15 de junio de 1994, revocó la decisión del a quo y en su lugar condenó a todas las personas naturales y jurídicas demandadas a pagar al doctor Pedro Juan Moreno Villa en forma solidaria y a prorrata de los aportes que cada una de ellas tenía en la sociedad disuelta y liquidada Inversiones Finlandia Ltda., la sumas de $ 8.324.583,60 por salarios, $ 12.240. 278 por cesantía, $ 1.468.833 por intereses a la cesantía, $ 1.050.000 por vacaciones y $ 732.000 como prima de servicios; declaró acreditada parcialmente la excepción de prescripción y absolvió de las demás peticiones.

Recurso de casación

Interpuesto en tiempo, fue admitido y tramitado en legal forma y a través de él pretende la demandada:

“...obtener que, previa revocatoria de la sentencia de primera instancia, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Laboral, se declare inhibida para decidir el fondo del litigio. En subsidio, obtener que, anulada la sentencia recurrida en casación, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Laboral, decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, ordene la integración del litis-consorcio necesario ordenado por la ley comercial, citando al proceso a la sociedad para la cual se prestaron los servicios personales del demandante, Inversiones Finlandia Ltda., representada en la persona del liquidador, y se adelante el proceso con citación y audiencia no sólo de la sociedad liquidada sino también de los socios de ésta. Finalmente, y para el evento de que nada de lo anterior se ordenare, me propongo obtener que por la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, se anule la sentencia sometida al recurso de casación para, en su lugar, se confirme la sentencia absolutoria de la primera instancia, o bien, en subsidio, se limite la cuantía de las condenas proferidas a la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000) que es la cuantía a la que finalmente habían limitado su responsabilidad los socios de la sociedad disuelta y liquidada por el demandante”.

Primer cargo

Acusa la violación directa en el concepto de infracción directa del artículo 252 del Código de Comercio, en relación con los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 55, 127, 186, 189, 249 y 306 del CST, y 1º de la Ley 52 de 1975.

En la demostración del cargo sostienen el recurrente que el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo fue expedido cuando las sociedades de responsabilidad limitada se encontraban reguladas por la Ley 124 de 1937, que las consideraba como intermedias entre las sociedades eminentemente de personas y las de bienes. Que la disposición laboral referida estableció una acción judicial directa del trabajador en contra de los socios de las sociedades de personas, a quienes hizo solidariamente responsables con la sociedad y entre ellos mismos por todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo, pero sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio. Que posteriormente fue expedido el Código de Comercio, en el cual se encuentran reguladas íntegramente las materias que fueron objeto de sus disposiciones, especialmente lo relacionado con las sociedades, donde es aspecto importante el relativo a su liquidación, una vez se produce su disolución.

A lo anterior añade el impugnante que en el capítulo correspondiente a la liquidación de las sociedades está determinada de manera específica la forma como los terceros han de ejercer las acciones contra los socios por las obligaciones sociales, donde establece como norma general en el artículo 252 que no tienen acción contra los socios pero sí en contra de los liquidadores, sin embargo contempla como excepción que en el caso de las sociedades por cuotas o partes de interés la acción debe estar dirigida contra el liquidador en representación de los asociados pero con la citación de éstos al juicio.

En consonancia con lo expuesto, afirma el recurrente que por hallarse reguladas, en el Código de Comercio, de manera general y amplia las acciones de terceros en contra de los asociados, no es posible aseverar que las acciones conferidas a los trabajadores en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo no se encuentren también comprendidas en dicha normatividad.

Indica además que por ser el artículo 252 del Código de Comercio norma adjetiva, en la medida que establece la forma en que los terceros deben ejercer en juicio las acciones contra los asociados en sociedades por cuotas o partes de interés que se encuentren liquidadas o en ese proceso, tiene el carácter de orden público, por tanto de estricto cumplimiento según lo ordenado por el artículo 6º del CPC, y el 40 de la Ley 153 de 1887; norma que señala es de recibo en los juicios laborales en aplicación del artículo 145 del CPL, dado que este código guarda silencio sobre la materia.

Concluye la acusación diciendo que el Tribunal ha debido rechazar las pretensiones de la demanda o bien declararse inhibido de resolver el litigio propuesto, por haber sido dirigida la demanda inicial únicamente contra los asociados de Inversiones Finlandia Ltda. ya liquidada, sin haber incluido a sus liquidadores como lo exige el artículo 252 del C. Co.

Se considera

El artículo 87 del Código Procesal Laboral, relativo a las causales o motivos del recurso de casación, no incluyó como causal el hecho de que se haya presentado alguna nulidad procesal. Esta disposición original fue modificada por el Decreto 528 de 1964, artículo 60, que sí estableció como tercer motivo: “...haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad..., siempre que la nulidad no haya sido saneada de conformidad con la ley...”. No obstante, esta disposición fue derogada por la Ley 16 de 1969, artículo 23.

Entonces, por disposición legal no se contemplan actualmente las nulidades procesales como causal de casación laboral, de suerte que mal podría la Sala autorizar por vía jurisprudencial que con invocación de la causal primera relativa a la violación de la ley sustancial en la sentencia, se corrijan contra el querer del legislador, las nulidades que puedan darse en los procesos del trabajo.

Ahora bien, en este primer cargo el recurrente persigue que la Corte declare indebidamente representados a los demandados pues, en su sentir, se ignoró el inciso segundo del artículo 252 del Código de Comercio, en tanto ordena que las acciones que procedan contra los asociados, en razón de su responsabilidad por las obligaciones sociales, sean ejercidas contra los liquidadores, como representantes de los asociados.

La indebida representación es causal de nulidad (CPC, art. 140-7) y puede ser alegada como excepción previa (ibid, art. 97-5), de ahí que resulte a todas luces inoportuno y desde luego improcedente, que se quiera aducir en casación al amparo de la causal primera, la cual según se observó no está prevista para corregir irregularidades puramente procesales, máxime si se considera que en el presente caso los demandados comparecieron al proceso y propusieron excepciones sin advertir que estuviesen indebidamente representados, de forma que no se remite a duda que cualquier irregularidad con respecto de ellos se saneó (CPC, art. 144-3). Pero a más de lo antes expuesto, es característica esencial de las obligaciones solidarias en el derecho común la de que el acreedor pueda exigir su cumplimiento a cualquiera de los obligados, estando facultado en términos generales para dirigir su acción contra todos los deudores solidarios, o contra cualquiera de ellos según le parezca mejor.

Postulado que recoge el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando dispone que son solidariamente responsables de las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, pues no establece para el trabajador ninguna restricción a la regla mencionada en lo concerniente a la libertad que tiene de dirigir su acción contra cualquiera de los asociados, y menos le impone la carga de citar a persona distinta de ellos al juicio correspondiente.

La disposición laboral comentada no distingue si la solidaridad prevista por ella tiene lugar únicamente durante la vigencia de la sociedad; en consecuencia no es viable entender que excluya su aplicación cuando la sociedad está disuelta, en liquidación o ya liquidada, siendo comprensible entender que dicha normatividad no se haya ocupado de distinguir una serie de situaciones que afectan a la sociedad, dado que esa materia está fuera de su campo.

Además, la institución jurídica de la solidaridad, para los fines del derecho laboral, tiene mayor justificación cuando la sociedad se encuentra liquidada y por tanto distribuidos los aportes que fueron hechos al momento de ser ella constituida o los efectuados durante la vida social de la compañía, puesto que la norma persigue proteger al trabajador de la pérdida de sus acreencias laborales, lo mismo que facilitar su cobro judicial, siendo evidente que en principio resulta más práctico demandar a un deudor solvente, dentro de los límites de responsabilidad previstos en ese precepto, que a varios que no tienen modo de responder por el crédito reclamado o respecto de los cuales se desconoce el patrimonio.

De esta suerte, resulta inaplicable en materia laboral o al menos de manera imperativa, el inciso segundo del artículo 252 del Código de Comercio que exige a los terceros acreedores de obligaciones derivadas de las operaciones sociales, de una sociedad en proceso de liquidación o ya liquidada, dirigir la acción contra el liquidador como representante de los socios, quienes además deben ser citados al juicio, pues ello equivaldría a desconocer la solidaridad prevista expresamente en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo.

Tampoco es admisible entender, como lo indica la acusación, que son aplicables armónicamente las disposiciones laboral y comercial aludidas, puesto que se desnaturalizaría la acción que se deriva de la solidaridad que permite al trabajador demandar a cualquiera de los socios pertenecientes a la compañía liquidada, si estuviese obligado a vincular a todos ellos en la demanda por el pago de sus acreencias laborales, en razón a que la solidaridad prevista en el ordenamiento laboral perdería su razón de ser.

Ante el conflicto de normas que se plantea entre el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y 252 del Código de Comercio es claro que prevalece la norma laboral, que a más de ser sustantiva también tiene un contenido adjetivo pues conforme ya se dijo ella faculta o da la acción al trabajador de perseguir a cualquiera de los socios comprometidos en la sociedad, vigente o disuelta, que le adeuda salarios o prestaciones laborales. Es aplicable entonces el principio normativo, contenido en el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo según el cual en caso de conflicto de leyes del trabajo y cualesquiera otras, se prefieren aquéllas.

Pero, lo antes anotado no se opone a que el trabajador si lo prefiere dirija su acción contra el liquidador en representación de todos los asociados, con la citación de ellos al respectivo proceso, en el caso de las sociedades liquidadas, atendiendo lo previsto en el artículo 252 del Código de Comercio, pues tratándose de obligaciones solidarias el acreedor naturalmente puede dirigir su acción contra todos los deudores.

El cargo, por lo tanto, no está llamado a prosperar.

Segundo cargo

Denuncia la violación directa, en el concepto de interpretación errónea, del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 238, 241, 242, 243, 252, 253, 353, 899 del C. Co.; 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 55, 127, 186, 189, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; y 1º de la Ley 52 de 1975.

Plantea la acusación que el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo establece la responsabilidad solidaria entre las sociedades de personas y sus socios y de éstos entre sí, pero limitándola a la responsabilidad de cada socio. Preceptiva que afirma no fue entendida así por el Tribunal que, al aplicarla en este caso, condenó a los demandados sin límite alguno.

Acerca de este punto principal de la acusación dice que

“Si el Tribunal Superior de Medellín, en su Sala Laboral, al aplicar el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo lo hubiere hecho en un exacto y cabal entendimiento de los alcances de la norma, habría limitado sus efectos a sus verdaderos alcances y habría entendido que la responsabilidad total de los asociados en la sociedad Inversiones Finlandia Limitada sólo iba hasta la suma total de dos millones de pesos ($ 2.000.000.00), y que sólo hasta éste límite le permitía tal norma imponer la responsabilidad solidaria a los demandados, absteniéndose, en consecuencia, de imponer las condenas proferidas en beneficio del demandante en cuanto excedieran ese límite. En tal evento, la condena jamás habría sido impuesta hasta la suma total de casi veinticuatro millones de pesos ($ 24.000.000) con la que fulminó a los demandados”.

Se considera

Del fallo cuestionado no es viable desprender que el Tribunal haya interpretado erróneamente el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, pues a propósito del entendimiento que debe darse a este texto, se limitó a trascribir el criterio expuesto por la Sección Segunda de esta Sala, en sentencia del 26 de noviembre de 1992, radicación 5386(*), decisión en la cual básicamente se ratifica que con respecto a las sociedades de responsabilidad limitada, es aplicable el aludido artículo en cuanto a que sus socios son solidariamente responsables de todas las obligaciones laborales contraídas por la sociedad pero, según lo dice el mismo canon, “...sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio...” y es claro que, en los términos del artículo 353 del Código de Comercio, en este tipo de compañías “...los socios responden hasta el monto de sus aportes...”.

Consiguientemente, no hay lugar a presumir que la decisión condenatoria del ad quem en tanto involucra a los socios de una sociedad limitada en el pago de las obligaciones laborales sin tener en cuenta cuál fue el monto de sus aportes, se debió a la mala interpretación del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo. En sentir de la Sala lo que permite colegir la sentencia impugnada es que el fallador sin desconocer ni tergiversar la letra de esta disposición, encontró que entre los socios se dio un acuerdo particular complementario de la misma en el sentido de que asumirían “...en forma personal y directa, y a prorrata de su participación en el haber social, las obligaciones laborales contraídas por la sociedad empleadora con el demandante...”.

El censor cuestiona también la legalidad del convenio así enunciado porque en su sentir: “...dicho pacto no puede mantenerse por contrariar leyes de carácter imperativo que no pueden modificarse o derogarse en virtud de pactos entre particulares...”. Explica que los artículos 238-7, 241 y 242 del Código de Comercio imponen al liquidador de la sociedad que no distribuya suma alguna a los asociados mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad y que el pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones sobre prelación de créditos.

Sin embargo, no advierte la Sala que las aludidas disposiciones del estatuto mercantil destinadas a regular las atribuciones del liquidador, impidan que los socios de una compañía en liquidación se comprometan a título personal a satisfacer obligaciones laborales de la sociedad, pues tal actitud no castiga o afecta el patrimonio por liquidar sino el personal de los asociados quienes además ejercen así su autonomía negocial.

Adicionalmente, observa la Sala que en la parte resolutiva de la sentencia acusada el Tribunal no dio al artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo la aplicación que señala la acusación, pues allí aparece que las personas naturales y jurídicas accionadas fueron condenadas a pagar las obligaciones laborales dispuestas en forma solidaria y a prorrata de los aportes que cada una de ellas tenía en la sociedad disuelta y liquidada (fl. 310, cdno. ppal.), es decir, que según el fallo sólo están obligadas a responder solidariamente por las obligaciones laborales hasta una cantidad proporcional a los aportes que cada una de éstas tenía en la sociedad liquidada.

No es posible entender entonces, como lo hace el recurrente, que los demandados fueron condenados, en segunda instancia, a pagar solidaria e ilimitadamente el total de los créditos despachados. El aparte de la decisión de segundo grado a que hace alusión la Sala dice textualmente lo siguiente:

“...en su lugar CONDENA a Virginia Villa Wolff de Moreno, Gilberto Moreno Peláez y Cía. Ltda. —Droguería Gutiérrez (GMP Productos Químicos), Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.— AIA, Berta Paredes vda. de Villa, Ángela María Villa Paredes, Martha Elena Villa Paredes, Juan Guillermo Villa Paredes, Gustavo Andrés Villa Paredes y Diego Mauricio Villa Paredes, a pagar a Pedro Juan Moreno Villa, en forma solidaria y a prorrata de los aportes que cada uno de los demandados tenía en la sociedad ya disuelta y liquidada Inversiones Finlandia Ltda., los siguientes conceptos: $ 8.324.583,60 por salarios, $ 12.240.278 por cesantía, $ 1.468.833 como intereses a la cesantía, $ 1.050.000 por vacaciones y $ 732.559,60 como prima de servicios” (fl. 310, C. de inst.).

Resultan pues infundadas las transgresiones legales que acusa el cargo, de ahí que éste no sea próspero.

Tercer cargo

Denuncia la violación por vía indirecta, en el concepto de interpretación errónea del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 238, 241, 242, 243, 252, 253, 353 y 899 del C. Co., que dice resultan “violados por violación directa” y de los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 55, 127, 186, 189, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo y 1º de la Ley 52 de 1975, a consecuencia de los siguientes errores de hecho que atribuye al Tribunal:

“1. No dar por establecido en el proceso que la sociedad Inversiones Finlandia Limitada fue una sociedad de responsabilidad limitada en la cual sus asociados limitaron su responsabilidad, en forma expresa, a la suma total de dos millones de pesos ($ 2.000.000) .

2. No dar por establecido en el proceso que la sociedad Inversiones Finlandia Ltda. jamás tuvo aportes de los socios por valor total de casi veinticuatro millones de pesos, ni que en el mejor de los casos, apenas sí llegaron a la suma de cinco millones doscientos cuarenta y un mil doscientos pesos ($ 5.241.200), moneda legal.

3. No dar por establecido en el proceso, que el demandante, en su calidad de liquidador de la sociedad, hizo expresa manifestación de que el “pasivo externo” social había sido totalmente cancelado en forma previa a la liquidación definitiva de la sociedad.

4. Dar por establecido en el proceso, sin estarlo realmente, que entre el demandante Moreno V. y los asociados de la sociedad Inversiones Finlandia Ltda. se llegó a un acuerdo de que éstos asumían en forma personal y directa y a prorrata de su participación en el haber social, las obligaciones laborales contraídas por la sociedad empleadora con el demandante”.

En el desarrollo del cargo manifiesta la acusación que pretende la anulación del fallo acusado, para que la Sala, en sede de instancia efectúe las condenas correspondientes, pero limitándolas a “solo el límite de la responsabilidad de cada socio como lo ordena la norma legal violada”.

Se considera

Este cargo es formalmente irregular e inaceptable en cuanto acusa violaciones legales de la vía directa e indirecta al propio tiempo, siendo que aquella modalidad supone que el censor comparte las conclusiones probatorias del fallador, al paso que ésta implica contradecir dichas conclusiones. Así es como se denuncia la interpretación errónea del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, pero para demostrar la ocurrencia de dicha transgresión típicamente directa, se acusa entre otros errores de hecho, la falta de apreciación de los documentos que acreditan el límite de la responsabilidad de los asociados de la extinguida compañía a que se refieren los autos.

Con todo, aun si se admitiera la viabilidad del ataque, no sobra advertir que sus argumentos de fondo no conducen a desvirtuar la providencia cuestionada, pues como se vio respecto del anterior cargo, en sentir de la Sala, el ad quem sin desconocer ni distorsionar la letra de la aludida disposición, encontró que entre los socios de la fenecida compañía Inversiones Finlandia Limitada, se dio un acuerdo particular complementario de la misma norma en el sentido de que asumirían “...en forma personal y directa, y a prorrata de su participación en el haber social, las obligaciones laborales contraídas por la sociedad empleadora con el demandante...” y acontece que examinadas las pruebas calificadas en casación laboral, según la Ley 16 de 1969 artículo 7º, para generar yerros fácticos revisables por la Corte, ninguna desvirtúa la existencia de este acuerdo.

En efecto, las copias de las escrituras públicas señaladas en el ataque, anteriores al 19 de octubre de 1983, no se refieren en nada al acuerdo particular a que llegaron los socios de la compañía extinguida, a más de que tales instrumentos datan de varios años antes de la época en que tuvo ocurrencia el mencionado convenio, que según el Tribunal se produjo durante el proceso de liquidación de la sociedad aludida (fl. 305, cdno. ppal.), tramitado en el año de 1990 según el certificado de la Cámara de Comercio de Medellín actuante de folios 88 a 89 del cuaderno principal, señalado por el recurrente como dejado de apreciar.

Tampoco aparece en los documentos relativos a la disolución y liquidación de la sociedad Inversiones Finlandia Limitada, en su orden, el certificado de folios 88 a 89 y las actas números 24 y 25 de la junta de socios de la mencionada compañía visibles de folios 117 a 119 y 129 a 131, todos del cuaderno principal, ninguna manifestación de los socios o del actor que desvirtúe la existencia del acuerdo establecido por el Tribunal, con apoyo principal en declaraciones de terceros, que no son pruebas idóneas en este recurso.

De otro lado, no se observa en la demanda inicial ninguna aseveración relativa al acuerdo de los socios antes referido, que por ser contraria a los intereses del actor pueda ser considerada como una confesión, que es la prueba hábil en casación, en consecuencia de su apreciación no surge que el juzgador ad quem se haya equivocado al llegar a la conclusión aludida.

Por su parte, las sociedades AIA Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. y G.M. Productos Químicos y Gilberto Moreno Peláez y Cía Ltda., admiten en las respuestas a la demanda, obrantes de folios 157 a 160 y 168 a 170 respectivamente, la prestación personal de servicios por parte del demandante Pedro Juan Moreno Villa y se muestran dispuestas a pagar las acreencias laborales que en equidad considere el juzgado del conocimiento ellas adeudan al accionante, posición que permite considerar, como lo hizo el Tribunal, que las declaraciones de terceros referentes al convenio de los socios de asumir en forma personal y directa, a prorrata de su participación en el haber social, las obligaciones laborales contraídas por la sociedad con el actor son ciertas. Posición que reafirma la representante judicial de esas sociedades en la audiencia de conciliación (fl. 200, cdno. ppal.).

El cargo, por consiguiente, no está llamado a prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha quince (15) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio promovido por Pedro Juan Moreno Villa contra Berta Paredes vda. de Villa y otros.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Francisco Escobar Henríquez—Jorge Iván Palacio Palacio—Ramón Zúñiga Valverde. 

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

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