Sentencia 71901 de febrero 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 3

Rad.: 71.901

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

STP - 2014

Bogotá, D. C., dieciocho de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, como pasará a verse.

Para ello, debe indicar la Sala que es pacífica la jurisprudencia de la Corte Constitucional en señalar que:

(…) cuando hay carencia de objeto, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado.

En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que “(…) si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser”.

En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales.

De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado (así puede consultarse en las decisiones CC T-170/09, CC T-314/11 y CC T-146/12, entre otras).

En el caso, William A. Rosas M. acudió a la vía constitucional por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición por parte de la Procuraduría General de la Nación, aduciendo que el Ministerio Público no le dio respuesta a una solicitud que elevó.

Sin embargo, como bien lo refirió el a quo y obra en el expediente, su comunicación fue remitida a la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, quien dentro del ámbito de su competencia se pronunció en los siguientes términos:

El quejoso no relaciona ningún funcionario público determinado en la ocurrencia de hechos materia de conocimiento de este órgano de control, además no señala las presuntas faltas cometidas ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos relevantes disciplinariamente.

Señala el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, parágrafo primero:

“Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna”.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Distrital, en ejercicio de sus facultades legales:

RESUELVE:

PRIMERO: Inhibirse de iniciar acción disciplinaria conforme se analizó en la parte motiva y en consecuencia ordenar el archivo de las diligencias(1).

Por lo anterior, es claro que la presunta vulneración de los derechos fundamentales de William Rosas, cesó, porque previo al inicio del trámite de tutela se subsanó la vulneración que había originado la acción constitucional, dando respuesta a su solicitud, la que como se constata del contenido del expediente, fue remitida a su domicilio(2).

Así, la Sala advierte la improcedencia del amparo, razón por la cual lo procedente será confirmar el fallo impugnado, que negó el amparo constitucional invocado por carencia actual de objeto.

Como cuestión final, debe indicar la Sala al libelista que no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno sobre las afirmaciones que eleva, relativas a la sanción disciplinaria impuesta al Alcalde Mayor de Bogotá, como quiera que ese asunto no hace parte del derecho fundamental de petición que considera conculcado y por el cual acudió a la extraordinaria vía constitucional, amén que tampoco está legitimado en la causa por activa para acudir a la vía de tutela en favor del burgomaestre de esta ciudad y lo que expone, son elucubraciones genéricas sobre la destitución que en contra del Alcalde cursa y que escapan a la esfera del presente proceso constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal – en Sala de Decisión de acciones de tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo impugnado.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Folio 10 del cuaderno original.

(2) A folio 12 obra guía de correo certificado dirigida al accionante.