Sentencia 7200 de noviembre 17 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CÓMPUTO DE TÉRMINOS

DETERMINACIÓN DEL PRIMERO Y DEL ÚLTIMO DÍA

EXTRACTOS:«En materia de la fijación del principio y fin de los términos, los ordenamientos tributario y contencioso administrativo carecen de norma específica, pero el segundo remite, en su artículo 267, al Código de Procedimiento Civil, de cuyo artículo 120 y concordantes, en armonía con el 68, inciso tercero, del Código Civil, se desprende, claramente, que cualquier término, de días, meses o años, debe empezar a contarse desde el día siguiente al de notificación de la providencia que lo otorgue, o al de realización del hecho o acto que lo requiera para su ejecutoria, impugnación o decisión.

Esto significa, que el primer día del término no es, como lo sostiene la actora, el de la notificación o realización del respectivo acto procesal, sino el inmediatamente posterior a dicho acto, hábil o no; cabe precisar, igualmente, que la regla del inciso 2º del artículo 68 del Código Civil, invocada por la misma parte, de que, “el primero y el último día de un plazo de meses o años, deberán tener el mismo número en los respectivos meses”, no es absoluta, pues, en el citado inciso y en el que le sigue, se prevén plazos, de un mes, de 28, 29, 30 y 31 días, y de un año, de 365 y 366 días, de suerte que si el mes en que empieza un plazo de meses o años, tiene más días que el mes en que debe concluir dicho plazo y éste corre desde alguno de los días en que el primer mes excede al segundo, “el último día del plazo, será el último día de este segundo mes”, con lo cual queda exceptuada la regla en cuestión.

Así, un plazo de cuatro meses, iniciado el 31 de octubre, no puede concluir en un día “del mismo número”, es decir 31, sencillamente porque siendo febrero el mes en que debe cumplirse el plazo, la conclusión de éste debe tener lugar, necesariamente, el 28 o el 29.

Otra excepción, es la dada por el artículo 70, parte segunda, ib., para el caso de que el plazo de meses o años expire en día, “feriado o de vacante”, en el que, obviamente, los números extremos de los días del plazo no serían coincidentes.

La Sala advierte, así mismo, que cuando el comentado inciso 2º del artículo 67 del Código Civil, habla de “el primero y el último día de un plazo de meses o años”, la expresión, “el primero”, no tiene la connotación estrictamente literal que, en apariencia, fluye de su texto, esto es, que no se refiere propiamente al día en que debe empezar a contarse el plazo, sino al día en que se notifica o realiza el acto procesal sujeto a plazo de ejecutoria impugnación o decisión; de otro modo, el mencionado inciso 2º resultaría incompatible con el inciso 3º del artículo 68 ib., según el cual “cuando se dice que una cosa debe observarse desde tal día, se entiende que ha de observarse desde el momento siguiente a la media noche del día anterior”, incompatibilidad que se repetiría frente al ya estudiado artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, cuyo sentido natural es el de que el día de la notificación o realización del acto no cuenta como primer día del término que deba computarse.

La norma de la paridad de los días extremos, así entendida, es, por lo demás, perfectamente demostrable, pues, si la notificación de un acto liquidatorio se efectúa, por ejemplo, el 31 de julio, con plazo de un mes para su reposición, es claro que el término del recurso vencería el 31 de agosto, habiéndose empezado a contar el mismo, no el 31 de julio, sino el 1º de agosto.

Ahora bien, en el caso, según lo probado en el proceso, la sustentación del recurso subsidiario de apelación, tuvo lugar el 5 de mayo de 1993, luego, de conformidad con el artículo 64 del Acuerdo 21 de 1983, la decisión de dicho recurso debía notificarse, a más tardar, el 5 de noviembre de 1993, no habiéndose realizado ninguno de los supuestos de hecho que obviaban la aplicación de la norma de que “el primero y el último día de un plazo de meses o años, deberán tener el mismo número en los respectivos meses”, pues, aunque el mes en que empezó el plazo tenía un día más que el mes en que concluyó, dicho plazo no comenzó en el día de más (el 31), ni expiró en día inhábil.

De otro lado, no es cierto que para el reconocimiento del beneficio del silencio administrativo positivo, por vía de los recursos gubernativos o de la demanda jurisdiccional, la actora debiera cumplir las exigencias de los artículos 5º, 41 y 42 del Código Contencioso Administrativo porque, como bien se dice en la sentencia recurrida, las indicadas disposiciones no pueden preferirse a la norma especial del propio artículo 64 del Acuerdo 21 de 1983, cuya eficacia no dependía de otro supuesto de hecho, que el de haber omitido la administración un pronunciamiento oportuno.

Tampoco es válido el argumento de la apelante, en el sentido que el sólo “pronunciamiento” de la administración, o la sola citación para notificación de éste, suplan la notificación que legalmente procede; ya que para hacer útil y eficaz la ley, se deben aplicar rigurosamente los procedimientos establecidos en la misma, que constituyen, además, garantía del derecho de defensa y del debido proceso, consagrados en la Carta Política.

Por último y en relación con la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, invocada por el apelante, encuentra la Sala que fue confirmada por esta corporación, mediante sentencia del 10 de abril de 1992, pero en ella se da aplicación a normas de carácter nacional reguladoras del procedimiento aplicable al impuesto de renta y por lo tanto, sus criterios no resultan válidos para decidir, a la luz de una norma de carácter local, el Acuerdo 21 de 1983, el cual contiene disposiciones diferentes, un caso referido a un impuesto, también diferente como lo es el de industria y comercio.

Así las cosas, resulta incuestionable que habiéndose notificado la resolución que desató el recurso de apelación subsidiaria, el 8 de noviembre de 1993, y no el 5 de los citados mes y año, como legalmente correspondía, se produjo el fenómeno del silencio administrativo positivo, que es el fundamento de la decisión de primera instancia, no estando así llamado a prosperar el recurso de que se ocupa la Sala».

(Sentencia de noviembre 17 de 1995. Expediente 7200. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

SALVAMENTO DE VOTO

El punto de controversia, definido en la sentencia, es el del cómputo de términos frente al artículo 64 del Acuerdo 21 de 1983 del Concejo de Bogotá, relativo al impuesto de industria y comercio, que establece:

“La Junta de Hacienda deberá pronunciarse sobre todo recurso de apelación a más tardar seis (6) meses calendario después de su sustentación. El silencio administrativo se entenderá como aceptando los argumentos del contribuyente”.

Y se trata de definir, a la luz del texto legal transcrito, hasta cuándo tenía término la administración distrital para resolver y notificar un recurso de apelación sustentado el 5 de mayo de 1993.

En los considerandos de la sentencia adoptada por los honorables magistrados se expresa que del artículo 120 del CPC, en armonía con el 68, inciso tercero, del C.C. (modificado por el artículo 60 del CRPM) “se desprende, claramente, que cualquier término, de días, meses, o años, debe empezar a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo otorgue, o al de la realización del hecho o acto que lo requiera para su ejecutoria, impugnación o decisión”, afirmación con la cual estoy de acuerdo por corresponder a los mandatos legales y a la jurisprudencia.

Y estimo que esta norma general sobre cómputo de términos, en cuanto al día desde el cuaI se empiezan a contar, es aplicable al caso controvertido, sin que el artículo 64 del Acuerdo 21 de 1983 lleve a conclusión distinta, cuando expresa que la apelación deberá fallarse “a más tardar seis (6) meses calendario después de su sustentación”, porque efectuada la sustentación del recurso, de acuerdo con las normas generales aceptadas en la sentencia, el término se empieza a contar desde el día siguiente, tanto más cuanto que en el caso de autos, el acuerdo habla de seis meses “después de su sustentación”, expresión que no deja, a mi juicio, duda de que el término se empieza a contar desde el día siguiente al de la sustentación de la apelación.

Se tiene entonces que si la apelación, en el caso de autos, se sustentó el 5 de mayo de 1993, el término para resolverla y notificarla se empezaba a contar desde el 6 de mayo y vencía el 6 de noviembre del mismo año. Y por ser este último día sábado, no hábil, la notificación se podía hacer hasta el día lunes 8 de noviembre, que fue la fecha en que se efectuó, quedando surtida dentro del término legal de los seis meses después de la sustentación.

Discrepo, pues, respetuosamente de la conclusión adoptada en la sentencia sobre que la notificación debía haberse efectuado el día 5 de noviembre de 1983 y que fue extemporánea al hacerse el 8 de noviembre.

Héctor Julio Becerra, Conjuez.

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