Sentencia 7202 de diciembre 15 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

FIRMA DEL TESTAMENTO

DIFICULTADES DEL TESTADOR PARA FIRMAR

EXTRACTOS: «La crítica a la sentencia se edifica en dos puntuales aspectos, a través de los cuales los impugnadores arguyen el incumplimiento de ciertos requisitos tocantes con el testamento, que lo hacen nulo; por un lado, el relativo a la firma del interesado y, por otro, el inherente a la lectura de sus disposiciones testamentarias, por lo que la tarea de la Corte se circunscribirá a analizar cada uno de ellos, pues la naturaleza especialmente restringida del recurso extraordinario le impide ocuparse de temas no propuestos, en orden a lo cual empezará por el primero.

(...).

Ahora bien, la suficiencia de la rúbrica en un negocio jurídico como el que compromete este juicio o en cualquier otro acto público o privado, no depende, y jamás ha dependido, de la perfección de los rasgos caligráficos que resulten finalmente impresos en el documento, sino que su vigor probatorio tiene su génesis en la certeza de que el signo así resultante corresponda a un acto personal, del que, además, pueda atribuírsele la intención de ser expresión de su asentimiento frente al contenido del escrito. Así, la sola reducción permanente o temporal de la capacidad para plasmar los caracteres caligráficos usualmente utilizados para firmar deviene intrascendente si, a pesar de ello, no queda duda de que los finalmente materializados, aun realizados en condiciones de deficiencia o limitación física, emanan de aquel a quien se atribuyen, plasmados así con el propósito de que le sirvieran como su rúbrica, pues, como de vieja data lo ha señalado esta corporación, en “materia de firma del testador en testamentos nuncupativos la doctrina de casación ha sido abundante y reiterada en el sentido de estimar tal requisito simplemente como demostración de la voluntad de testar, sin dar excesiva importancia a la perfección de los signos caligráficos y pensando más en la confianza que inspira la intervención del notario” (G.J., t. LIX, pág. 671).

Y es que, como lo enseña la Real Academia Española, la firma es, en la acepción que para el caso resulta pertinente, la imposición en un documento del “nombre y apellido, o título, acompañado o no de rúbrica”, es decir, del “conjunto de rasgos de figura determinada que como parte [...] pone cada cual”, pudiendo suceder que se exprese “sin que vaya precedida” de aquellos datos de quien lo hace (Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomos I y II, págs. 971 y 1816), por lo que al constituir ella el acto de estampación de los aludidos elementos, que se caracteriza por tratarse de rasgos que nacen de la mano de quien los impone, como expresión de su individualidad personal y manifestación de la voluntad de asumir las consecuencias de lo que con ello refrenda, para nada interesa, entonces, la forma como finalmente resulte plasmada, vale decir, si es o no legible, si su conformación sugiere una presentación agradable, si describe o no los nombres y apellidos de quien la realiza, si se ciñe a las reglas de la ortografía, y menos las condiciones particulares del ejecutor, entre ellas, si es letrado, pues basta con la certeza de que los signos impuestos fueron de su autoría.

Debe reiterar la corporación, a este propósito, que “han sido muchos quienes han demostrado interés por darle fisonomía y precisar su concepto, destacándose si como nota predominante que ella [la firma, agrega ahora], no puede ser sino la expresión escrita del nombre, con la cual una persona suele darle identidad a lo que es de su autoría; dicha representación gráfica puede estar integrada por muchos o pocos rasgos o signos, alfabéticos o no, y en el primero de estos dos casos para nada interesa que sean ilegibles, que tengan incorrecciones o errores de ortografía (...)”, pues lo que finalmente importa tomar en cuenta alrededor del punto es que ella, “así entendida, debe ser escrita de la propia mano de la persona, vale decir, que ha de ser manuscrita, cuestión que va inmersa en su misma definición, tal como lo ha puesto de presente la Corte al enfatizar que ‘firma es el nombre y apellido que se pone de mano propia al final de un documento público o privado, sin que se exija que tal persona sepa leer, o sepa escribir...’” (G.J. t. CCXVI, pág.130).

Es esta una razón que explica el motivo por el cual el artículo 1075 citado ordena que se deje expresa constancia solamente de cara a la circunstancia de que el disponedor no supiere o no pudiere estampar el signo de aprobación, pero lo omite para los casos en que pueda ejecutarlo así sea imperfectamente o con caracteres caligráficos ilegibles o defectuosos, respecto de los que normalmente utiliza, evento este último que fue el que se presentó en aquel acto, de donde se sigue que la anotación de la “dificultad para firmar” que con relación al interesado se consignó en la mentada escritura pública no puede confundirse con el hecho de no saber o no poder producir la señal de asentir el acto, que son las situaciones previstas en la disposición que se comenta.

De esta manera, la circunstancia de que por el celo extremo en su perfección se haya recurrido innecesariamente a la firma de José Elías Montoya Rueda (*) , es claro que no le confería a la memoria testamentaria más aptitud que la ya adquirida con la rúbrica de Merino Montoya, por lo que es dable sostener, como en efecto lo estimó el tribunal, que no existió vicio en su perfeccionamiento por este aspecto; desde luego que el exceso de formalidades en actos dispositivos como el de esta especie no constituye causal que propicie su anulación, pues esta la genera es la falta de aquellas mínimas y no su abundancia; de ahí que solamente cuando el testador no estampa su firma, es cuando surge para el notario el deber de mencionar esa circunstancia en el cuerpo del documento, expresando la causa, requisito formal que no se requiere, itérase, cuando la señal de asentimiento que aparece allí impresa, aun con caracteres que reflejen poca conformidad con la conocida del causante, con certeza le corresponda, esto es, no haya duda que procede de su mano, porque, como lo ha dicho la Corte, “de lo que se trata es de que debe aparecer, del acto mismo del testamento, que el testador no se negó a firmarlo, pues en este caso no habría habido manifestación de su voluntad aprobatoria del testamento. Lo que debe aparecer en el testamento es que, si no está firmado por el testador, esa omisión tuvo como causa o su ignorancia o su imposibilidad física de firmar, porque de lo contrario, la renuencia a firmar, tendría que interpretarse como la expresión de la voluntad del testador de rechazar el testamento. Basta, pues, con que el notario certifique que el testador no firmó porque no podía o porque no podía materialmente firmar. Esta es la causa de que habla el artículo 1075” (G.J., t. LXXVIII, pág. 357).

En este orden de ideas, es claro que la presencia de José Elías Montoya Rueda carece de relevancia para fundamentar cualquier causa de anulación, comoquiera que la formalidad adicional que constituyó su llamamiento carecía de necesidad, devino inane, pues su actuación y el mecanismo de su convocatoria para nada inciden en la validez de esa última voluntad, siendo, por tanto, superflua la lectura del texto en su presencia, máxime cuando tal exigencia, conforme lo prevé el artículo 1072 ibídem, opera franca de cara a los testigos testamentarios, calidad en la que aquel ni fue llamado ni intervino, y por lo mismo, sobra por inútil la impresión de su huella dactilar, como también las menciones de la edad y su domicilio.

4. Por el otro aspecto de la acusación, esto es, el relacionado con la lectura de la memoria testamentaria, del mismo modo se advierte que el yerro fáctico que los censores le enrostran al ad quem no se estructuró, según se verá a continuación.

Desde esta otra perspectiva ha de verse que a términos del artículo 1074 del Código Civil, “sea que el testador lo tenga escrito, o que se escriba en uno o más actos, será todo él leído en alta voz por el notario, si lo hubiere, o, a falta de notario, por uno de los testigos designados por el testador a este efecto”, y que mientras “el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones”, de lo que es menester destacar que a pesar de ordenarse en esta misma norma su lectura en alta voz como requisito, en todo caso ese precepto legal no exige que de ese acontecer se deje expresa constancia en el escrito, pues lo que allí exige el legislador es que, en el caso del testamento abierto, “sea leído en alta voz por el notario, cuando este concurre al acto; pero este artículo no prescribe que se deje constancia de tal formalidad en el testamento. De suerte que lo que constituye la nulidad es la omisión de la lectura en alta voz, pero no el haberse dejado de expresar en el testamento esa formalidad” (G.J., t. XXX, pág. 165).

Como por este lado el cargo está enderezado a cuestionar la circunstancia de que en el cuerpo del acto escriturario no figura registrada la constancia que testimonie que la memoria testamentaria fue leída, o, para decirlo con las propias palabras de los inconformes, que “haya sido escuchada por los testigos, ni esta, ni su aceptación”, y como es claro, según se dejó sentado, que esa omisión literal no es requisito legalmente impuesto, no puede pregonarse violación de las normas que sobre el particular invoca la acusación, menos cuando, ha de resaltarse, los recurrentes ciertamente no discuten el hecho de que ese requisito, esto es, el de leerse el testamento como manda la ley, se acató.

5. No prospera, pues, el cargo».

(Sentencia de 15 de diciembre de 2004. Expediente 7202. Magistrado Ponente: Dr. César Julio Valencia Copete).

(*) José Elías Montoya “firmó a ruego” ante las dificultades que tenía el testador Merino Montoya para firmar (N. del D.).

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