Sentencia 7219 de mayo 5 de 1994

 

Sentencia 7219 de mayo 5 de 1994

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente: 7219

Consejero Ponente:

Dr. Juan De Dios Montes Hernández

Actor: Édgar Campo Gaviria.

Demandado: La Nación - Superintendencia de Notariado y Registro.

Santafé de Bogotá, D.C., mayo cinco de mil novecientos noventa y cuatro.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala confirmará la sentencia apelada, con las precisiones siguientes:

Evidentemente sobre el inmueble de la carrera 7ª Nº 11-07, matrícula inmobiliaria 290000438 de Pereira, de propiedad del señor Misael Henao Rojas, se constituyó una hipoteca por medio de la escritura 79 del 6 de enero de 1989, de la Notaría Segunda del Círculo de la misma ciudad, para garantizar una deuda de $ 3.288.000 (fl. 2). A su vez, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó la cancelación de la inscripción de la hipoteca en la oficina de registro de instrumentos públicos, por falsedad material en documento público, cometida por un particular que suplantó a Misael Henao Rojas. Al cancelar el registro de hipoteca, el mutante Campo Gaviria quedó sin garantía y por ello procedió a demandar en reparación directa.

A folios 88 a 99 obra la declaración juramentada del doctor Armando Ossa Sosa, notario segundo, para el momento de los hechos, quién manifestó que identificó personalmente a Misael Henao Rojas, quien se presentó acompañado de Édgar Campo Gaviria, el cual dijo en una de sus respuestas:

“... Es cierto que ante el juzgado penal manifesté que quién se presentó a mi despacho como Misael Henao Rojas era mucho más joven que la persona que me presentaron en el juzgado como el presunto verdadero Misael Henao Rojas, porque el señor que se presentó en la notaría acompañado del doctor Campo Gaviria me presentó para su identificación una cédula completamente diferente a la que obra en este expediente y dizque corresponde al señor Misael Henao Rojas, hecho del cual me cercioré a plenitud cuando el señor Misael Henao Rojas, o presunto Misael Henao Rojas se presentó a mi despacho a presentar la cancelación o nulidad de la garantía hipotecaria que nos ocupa y caí en la cuenta de lo siguiente que me llamó y aún me llama la atención y es la diferencia tan grande que se dan en las firmas que como Misael Henao Rojas aparecen en las escrituras de hipoteca de venta a valorización y de cancelación o anulación de la hipoteca ...”.

Y continúa en otra respuesta:

“... Es cierto que en la notaría trabajamos sobre la presunción de la buena fe, de la corrección y de la honorabilidad de los presuntos solicitantes del servicio, que horror, digo yo y en que temor permanente viviríamos si todos los notarios, o si yo como notario trabajara bajo el fundamento de la mala fe de los presuntos otorgantes. Y lo que quise decir en el juzgado cuando afirmé que un presunto acompañante de un amigo mío, o de una persona de reconocida reputación y honorabilidad, da al notario más confianza, más credibilidad, más seguridad para prestar sus servicios, pero en ningún momento afirmé que esto fuera óbice para que yo descartara toda la actuación a que me referí antes para otorgar y autorizar cualquier escritura pública y mucho menos tener consideración alguna con la identificación de los mismos presuntos otorgantes” (fls. 93 y 94, cdno. 1).

El señor William Augusto Ángel (fl. 99), yerno del demandante Campo Gaviria, manifestó:

“Por la relación familiar con el doctor Campo, ya que soy casado con su hija Clara Inés, a principios del año de 1989 en una de sus visitas permanentes a mi casa me enteré del problema que se le había presentado con el préstamo de un dinero efectuado a través de un comisionista conocido de él. Me manifestó que esta persona intermediaria le había ido a solicitar que si tenía disponible alrededor de unos $ 3.200.000 para que fueran prestados a un cliente que él (el comisionista) tenía, después de discutidos los términos de la operación y discutidas las garantías, acordaron hipotecar un predio ubicado en la carrera 7ª, calle 11, si la memoria no me falla con relación a la dirección, se dirigieron a la Notaría Segunda del doctor Armando Ossa Sosa, efectuaron el documento respectivo y lo legalizaron, Édgar me manifestó que después de legalizado y llevado a la oficina de registro encontraron que la persona que se presentó en la notaría no era realmente el dueño del predio hipotecado ...” (fl. 100, cdno. 1).

La señorita Marleny Escobar (fls. 111 a 115) manifestó que el doctor Ossa les pidió la cédula a los contratantes, los identificó y que ella también lo hizo posteriormente.

La Sala observa que el notario solicitó el documento de identificación al mutuario, y al doctor Campo Gaviria, con el fin de suscribir la escritura de hipoteca. Que antes de firmarse ante el notario segundo, el mutante y el mutuario falsario hicieron tratativas para acordar un contrato de mutuo.

El contrato de mutuo, regulado en el artículo 2221 del Código Civil, es principal y no requiere de otro contrato, se perfecciona con la entrega de la cosa, no requiere solemnidades especiales. En el presente caso, una vez celebrado el “negocio jurídico”, los contratantes incluyeron como parte del mismo un contrato accesorio para garantizar el mutuo; en otros términos, constituyeron una hipoteca. Pero antes de suscribir la garantía hipotecaria el mutante había sido inducido a error, debido a que estaba negociando con una persona que suplantaba a otra. Ello sucedió porque el doctor Campo Gaviria no fue lo suficientemente diligente para saber con quién estaba negociando; se preocupó más por el respaldo de los intereses que por la identidad del mutuario.

Una vez acordado el mutuo, se dirigieron a la notaría segunda, donde el notario solicitó la cédula a los “contratantes”, pero el mutuario que era un impostor, con cédula presuntamente falsa indujo a error al notario, conducta que se agravó por presentarse el falsario acompañado por el doctor Campo Gaviria, persona conocida y amiga del notario.

En el proceso está plenamente probado el hecho de un tercero en concurrencia con la culpa de la víctima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es la del 19 de noviembre de 1991, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.»