Sentencia 7244 de noviembre 10 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

COMPENSACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA

INTERESES CAUSADOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

EXTRACTOS: «Con fundamento en el principio de legalidad de la actuación administrativa que nace desde el deber constitucional del Presidente de la República de velar por la “estricta recaudación” de las rentas públicas y en observancia del principio de justicia que consagra el estatuto tributario artículo 683, como rector en la relación fisco-contribuyente, ha querido la ley que, cuando por pagos hechos en exceso por el contribuyente, en lo relativo a sus obligaciones tributarias, resulte una suma a su favor, ésta le sea devuelta.

Cuando tales saldos a favor son liquidados en las declaraciones tributarias los contribuyentes o responsables pueden solicitar su devolución.

Prevé así la ley que los saldos a favor de los contribuyentes que resultan del exceso de pago de sus obligaciones les sean reintegrados en su totalidad, esto es respetando su valor adquisitivo para lo cual consagró el reconocimiento de intereses corrientes y moratorios, en armonía con las normas de la ley tributaria que consagran el espíritu de justicia tributaria, conforme con el cual el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación (L. 52/77, art. 683 del E.T.).

Los saldos a favor que resulten por exceso de pago de la obligación del contribuyente o en las declaraciones tributarias, conforme lo señalan los artículos 815, 816, 850 a 865, pueden ser objeto de imputación dentro de la liquidación privada del mismo impuesto correspondiente al siguiente período gravable, solicitar su compensación con deudas por conceptos de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo (E.T., art. 815), o solicitar su devolución.

Cuando se solicite devolución de un saldo y existan deudas fiscales a cargo del solicitante, la compensación debe efectuarse de oficio por la administración por mandato del artículo 816, parágrafo.

También prevé el estatuto tributario, en el título X, artículo 865, al tratar el tema específico de las devoluciones que:

“El Gobierno efectuará las apropiaciones pre-supuestales que sean necesarias para garantizar la devolución de los saldos a favor a que tengan derecho los contribuyentes” (subraya la Sala).

Concepto de devolución que, como antes se anotó, es distinto de los conceptos imputación y compensación. No dispuso entonces la ley, que en materia de compensación e imputación, debía la administración para aceptarlo sujetarse a las apropiaciones presupuestales, toda vez que en estos casos no existe una erogación del erario público como sí ocurre en el caso de las devoluciones de saldos a favor.

Que la compensación no implica ninguna salida de dinero del erario público sino un manejo de asientos de activos y pasivos en la cuenta corriente del contribuyente, es hecho que corrobora claramente la Instrucción 009 de abril 6 de 1990, al dar el ejemplo del manejo de débitos y créditos para efectuar las mencionadas cuentas en los códigos señalados.

Tampoco prevé la ley tributaria, y en ello tiene razón el actor, que tratándose de sumas pagadas en exceso de la obligación tributaria, que devengan intereses en favor del contribuyente, sólo puedan compensarse el principal y no los intereses. Ni que sobre los mismos sólo sea viable la devolución.

Por el contrario, del artículo 816, parágrafo, antes citado, debe la administración antes de proceder a una devolución —sea del principal o de sus intereses, la ley no distingue— efectuar la compensación con las deudas insolutas del contribuyente. Sería ilógico compensar sólo el principal y devolver los intereses cuando existen deudas pendientes de pago del contribuyente.

A juicio de la Sala no existe razón legal válida para que la administración no admita la compensación de los intereses causados a favor del contribuyente, ya reconocidos por ésta, que aunque no liquidó en concreto, eran claramente determinables, aplicando al período transcurrido la tasa moratoria o corriente, señalada en la ley, y que obligue al contribuyente al pago de una suma por concepto de impuesto, cuando a su vez le adeuda intereses reconocidos por la ley (E.T., art. 863) y que ya habían sido formalmente reconocidos por la división de recaudo.

No es válida la interpretación que sobre este artículo hace la apoderada de la demandada cuando limita el significado del término “pagos” allí contenida para deducir equivocadamente que no procede la compensación de intereses. En efecto, dice la norma:

Intereses a favor del contribuyente. Cuando hu-biere un pago en exceso o en las declaraciones tribu-tarias resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses corrientes y moratorios en los siguientes casos:

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.

Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

Lo dispuesto en este artículo sólo se aplicará a las solicitudes de devolución que se presenten a partir de la vigencia de esta ley”.

Prevé así la disposición, la devolución y el reconocimiento de interés sobre el valor pagado por el contribuyente en exceso; pero no dice que sólo deba compensarse el valor de la suma principal recibida por la administración y no de los intereses, y en consecuencia su compensación no sólo es posible sino que debe hacerse de oficio, como antes se anotó, si existen deudas pendientes de pago del solicitante; porque es indudable, como lo enseña el Código Civil, que la compensación es un modo de extinguir la obligación y equivale al pago.

Adicionalmente observa la Sala que se encuentran cumplidos los requisitos que para la procedencia de la compensación prevé el Código Civil, norma aplicable por no existir otra regulación sobre la materia, en cuanto a la exigibilidad de los intereses se refiere, pues los intereses previstos en la ley fueron reconocidos y ordenado su pago en la Resolución 780008 de febrero 13 de 1990. Si bien es cierto que su cuantía no se liquidó en una cifra concreta, sí era determinable, pues la administración debía conocer tanto la tasa de interés corriente como moratoria fijada en la ley (E.T., art. 864); más aún cuando anualmente es la propia administración la que debe publicarlas en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 635 del estatuto tributario.

Es indudable entonces que al expedir, la administración, los actos administrativos acusados, para negar la compensación de los intereses al pago del impuesto sobre las ventas del tercer bimestre de 1990, violó las normas superiores que señala la demanda y por tal razón merecen ser anulados, previa revocación de la sentencia de primera instancia.

A título de restablecimiento del derecho se ordena a la administración compensar el valor de los intereses causados a favor del contribuyente, a las obligaciones pendientes del IVA por el tercer bimestre de 1990.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia apelada.

2. ANÚLANSE las resoluciones 375 del 28 de junio de 1991, UAE-4803 del 26 de mayo de 1992 y UAE-46018 del 1º de julio de 1992 expedidas por la administración especial grandes contribuyentes de Santafé de Bogotá.

3. En su lugar, ORDÉNASE a la administración de impuestos de grandes contribuyentes de Santafé de Bogotá compensar el valor de los intereses causados en favor de la sociedad Fabricación de Automotores S.A. “Sofasa Renault”, cuyo reconocimiento se hizo en la Resolución 780008 de 1990, con el valor del impuesto sobre las ventas a cargo del contribuyente por el tercer bimestre de 1990, previa liquidación de los mismos como manda la ley.

4. RECONÓCESE personería a la abogada Lucette Guarín, conforme al poder que obra a folio 155 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(Sentencia de noviembre 10 de 1995. Expediente 7244. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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